Antecedentes y contexto
La Cooperación Regulatoria Internacional (CRI) consiste en promover la interoperabilidad de los marcos legales y regulatorios. Las crisis mundiales nos recuerdan con claridad la importancia de contar con sistemas eficaces de CRI. La crisis financiera de 2008 reveló algunas de las deficiencias en la coordinación internacional de la regulación financiera y sus consecuencias para la estabilidad financiera mundial. Tras ella surgieron diferentes iniciativas de CRI, por ejemplo, en lo que respecta a la regulación y supervisión prudencial de los bancos a nivel mundial (OECD, 2013[1]) o el Marco de Políticas de la OCDE para una Regulación Financiera Eficaz y Eficiente, que fue especialmente importante para ayudar a la convergencia regulatoria en la era posterior a la Crisis Financiera Mundial (OECD, 2010[2]). Más recientemente, la crisis del COVID-19 ha reforzado la importancia de la CRI como elemento fundamental de la política regulatoria. Ha ilustrado la necesidad de una mayor coordinación de las leyes y los reglamentos para apoyar la disponibilidad transfronteriza de bienes de primera necesidad, como los suministros médicos y alimentarios, para promover el intercambio de trabajo, el aprendizaje mutuo y la centralización de los recursos entre los gobiernos para adaptar sus respuestas a la crisis y para mejorar la resiliencia de los marcos regulatorios frente a las perturbaciones.
Los Principios de buenas prácticas de la OCDE sobre cooperación internacional en materia regulatoria (el proyecto de Principios de Buenas Prácticas) buscan a apoyar la implementación de la Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Política y Gobernanza Regulatoria [OECD/LEGAL/0390] (la Recomendación de 2012), que anima a los países Miembros y a los no Miembros que se han adherido a ella (en lo sucesivo, Adherentes) a "Tomar en cuenta, al desarrollar medidas regulatorias, todos los estándares y marcos internacionales de cooperación pertinentes en la misma área y, cuando sea adecuado, los probables efectos que tengan en terceros fuera de su jurisdicción” (Principio 12). Como tal, Los Principios de Buenas Prácticas brinda a los responsables de la elaboración de políticas y a los funcionarios de los países adherentes una orientación práctica para hacer un mejor uso de la CRI.
Los Principios de Mejores Prácticas tienen como objeto continuar la serie de informes sobre los principios de mejores prácticas para la política regulatoria producidos bajo los auspicios del Comité de Política Regulatoria (CPR) de la OCDE, que proporciona una mayor orientación y elaboración de los principios plasmados en la Recomendación de 2012 (OECD, 2012[3]).1
Este documento se basa y sintetiza el trabajo de la OCDE sobre la CRI realizado desde 2011 (Recuadro 1). El trabajo del CPR en este sentido ha tomado varias direcciones, incluyendo la estabilización de las definiciones y los conceptos clave en torno a la CRI; la investigación de los diversos enfoques de la CRI a través de una serie de estudios de sectores específicos (por ejemplo, el sector financiero), áreas de política (por ejemplo, la competencia) o enfoques (por ejemplo, el reconocimiento mutuo), desentrañando la interfaz entre la política reguladora y la política comercial, destacando la contribución de las organizaciones internacionales, así como el análisis de los impulsores nacionales para la incorporación de la CRI en la elaboración de normas a nivel nacional.
Los Principios de Buenas Prácticas proporcionan una lista de elementos o componentes esenciales para promover y fortalecer los esfuerzos de cooperación regulatoria internacional que pueden ser utilizados por los gobiernos interesados. Pretenden adaptarse a la variedad de sistemas jurídicos y culturas administrativas entre la OCDE y los países asociados. Pueden informar a los gobiernos en lo particular, dejando un grado suficiente de flexibilidad para que las administraciones adapten esas políticas según las condiciones locales. También pueden constituir una referencia útil para las iniciativas de orientación práctica y de desarrollo de capacidades de los gobiernos. Se acompañan del desarrollo de otras herramientas, como el Recurso CRI APEC-OCDE, que pretende ofrecer un banco de datos de estudios de casos de CRI y un Compendio de Prácticas de OI.
La columna vertebral de la labor del Comité de Política Regulatoria de la OCDE sobre la CRI es la Recomendación de 2012, cuyo objetivo es crear y fortalecer la capacidad de la calidad y reforma regulatoria. Para apoyar a los Adherentes en la implementación del Principio 12 de la Recomendación, el Comité de Política Regulatoria de la OCDE ha llevado a cabo un trabajo analítico a profundidad para aclarar el alcance, los beneficios y los desafíos de la CRI. En este sentido, (OECD, 2013[4]) comenzó por establecer una definición de trabajo de CRI y una tipología de las distintas formas en que un país puede abordar la cooperación regulatoria. La tipología distingue 11 enfoques de CRI, desde el más restrictivo (escasa armonización a través de instituciones conjuntas) hasta la forma más ligera de cooperación (intercambio de información). El CPR fue más allá y definió la gama de beneficios y costos/desafíos que cabe esperar de las distintas formas identificadas de CRI (OECD, 2013[4]) (OECD, 2017[5]).
Los documentos posteriores han profundizado en la descripción de los costos y beneficios respectivos a través de la CRI, incluyendo los acuerdos de reconocimiento mutuo (Correia de Brito, Kauffmann and Pelkmans, 2016[6]), la contribución de las buenas prácticas regulatorias (Kauffmann and Basedow, 2016[7]), el papel de los organismos internacionales (OECD, 2016[8]) y de las redes transgubernamentales de reguladores regulators (Abbott, Kauffmann and Lee, 2018[9]), así como explorar la interfaz específica entre la CRI y la política comercial (OECD, 2017[5]). Esta aclaración de la CRI se ha acompañado de estudios de casos ilustrativos en diferentes áreas temáticas (Kauffmann and Saffirio, 2020[10]) (OECD, 2013[11]) (OECD, 2013[1]) (OECD, 2013[12]).
Posteriormente, el trabajo del CPR (OECD, 2013[4]) sobre CRI se ha centrado en dos pilares fundamentales: explorar la inserción de consideraciones internacionales en la elaboración de normas nacionales y comprender la contribución de la elaboración de reglas internacionales a la CRI. El primer pilar ha consistido en identificar las principales prácticas que los responsables de la elaboración de políticas pueden adoptar a nivel nacional para sistematizar la CRI. Esto se exploró incorporando preguntas relevantes en la encuesta de Política y Gobernanza Regulatoria y se reflejó en el Panorama de la Política Regulatoria 2018 (OECD, 2018[13]), así como a través de la realización de revisiones exhaustivas de México (OECD, 2018[13]) y del Reino Unido (OECD, 2020[14]). Este trabajo ha puesto de manifiesto la importancia de desarrollar un lenguaje común y de catalizar los esfuerzos de las distintas comunidades políticas para fomentar la CRI, incluidas las de supervisión regulatoria, diversos portafolios sectoriales y responsables de la elaboración de políticas comerciales.
El segundo pilar consistió en investigar el papel que desempeñan los organismos internacionales, tal y como se definen en el presente documento, como plataformas de cooperación regulatoria internacional (OECD, 2016[15]) (OECD, 2019[16]), un ámbito en el que hasta la fecha existe poca información comparativa estructurada. En consecuencia, en 2014 se creó un Partenariado de organizaciones internacionales para la elaboración eficaz de las reglas internacionales con el fin de proporcionar un marco para el intercambio de prácticas, la recopilación de datos y el trabajo analítico sobre la eficacia de la elaboración de reglas internacionales. El trabajo ha tratado de analizar las prácticas de los organismos internacionales en la elaboración de instrumentos internacionales que, a su vez, se utilizan a nivel nacional, así como el papel respectivo de los OI, sus miembros y sus secretariados, para garantizar la calidad de dichos instrumentos.
Referencias
[9] Abbott, K., C. Kauffmann and J. Lee (2018), “The contribution of trans-governmental networks of regulators to international regulatory co-operation”, OECD Regulatory Policy Working Papers, No. 10, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/538ff99b-en.
[6] Correia de Brito, A., C. Kauffmann and J. Pelkmans (2016), “The contribution of mutual recognition to international regulatory co-operation”, OECD Regulatory Policy Working Papers, No. 2, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/5jm56fqsfxmx-en.
[7] Kauffmann, C. and R. Basedow (2016), “The political economy of international co-operation – a theoretical framework to understand international regulatory co-operation (IRC)”, OECD, Paris.
[10] Kauffmann, C. and C. Saffirio (2020), “Study of International Regulatory Co-operation (IRC) arrangements for air quality: The cases of the Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution, the Canada-United States Air Quality Agreement, and co-operation in North East Asia”, OECD Regulatory Policy Working Papers, No. 12, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/dc34d5e3-en.
[14] OECD (2020), Review of International Regulatory Co-operation of the United Kingdom, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/09be52f0-en.
[16] OECD (2019), The Contribution of International Organisations to a Rule-Based International System: Key Results from the Partnership of International Organisations for Effective Rulemaking, https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/IO-Rule-Based%20System.pdf.
[13] OECD (2018), OECD Regulatory Policy Outlook 2018, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/9789264303072-en.
[5] OECD (2017), International Regulatory Co-operation and Trade: Understanding the Trade Costs of Regulatory Divergence and the Remedies, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/9789264275942-en.
[8] OECD (2016), International Regulatory Co-operation: The Role of International Organisations, OECD Publishing.
[15] OECD (2016), International Regulatory Co-operation: The Role of International Organisations, OECD Publishing.
[11] OECD (2013), International Regulatory Co-operation: Case Studies, Vol. 1: Chemicals, Consumer Products, Tax and Competition, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/9789264200487-en.
[1] OECD (2013), International Regulatory Co-operation: Case Studies, Vol. 2: Canada-US Co-operation, EU Energy Regulation, Risk Assessment and Banking Supervision, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/9789264200500-en.
[12] OECD (2013), International Regulatory Co-operation: Case Studies, Vol. 3: Transnational Private Regulation and Water Management, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/9789264200524-en.
[4] OECD (2013), International Regulatory Co-operation: Addressing Global Challenges, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/9789264200463-en.
[3] OECD (2012), Recommendation of the Council on Regulatory Policy and Governance, http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/2012-recommendation.htm (accessed on 14 March 2019).
[2] OECD (2010), Policy Framework for Effective and Efficient Financial Regulation, OECD Publishing, Paris, http://www.oecd.org/daf/fin. (accessed on 19 March 2021).
Nota
← 1. Hasta la fecha, la serie incluye directrices sobre las Ventanillas Únicas para los Ciudadanos y las Empresas (2020), la Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR), el Conjunto de Herramientas para la Aplicación de la Regulación y las Inspecciones (2018), La Gobernanza de los Reguladores (2014) y la Aplicación de la Regulación y las Inspecciones (2014).