copy the linklink copied! 7.1. Tendencias generales y arreglos institucionales
Los efectos diarios de las regulaciones se pueden sentir en todas partes: proporcionando un lugar seguro de trabajo para los ciudadanos, ayudando a proteger el medio ambiente y estableciendo requisitos para los negocios. Sin embargo, las regulaciones mal diseñadas o administradas pueden presentar riesgos para los ciudadanos, exacerbar los efectos ambientales y reducir la inversión privada. Peor aún, las reglas diseñadas de manera inapropiada pueden no lograr sus objetivos y dar lugar a una falta de confianza en las instituciones y en los gobiernos en general.
Los gobiernos de países de la OCDE han adoptado ampliamente políticas regulatorias para garantizar la calidad de sus regulaciones (OCDE, 2018). La política regulatoria se refiere al conjunto de reglas, procedimientos e instituciones introducidos por los gobiernos con el propósito expreso de desarrollar, administrar y revisar las regulaciones. Los elementos centrales de la política regulatoria son el uso de evidencia y el involucramiento de los actores interesados para mejorar estas tres etapas.
Los países de América Latina y el Caribe (ALC) están prestando cada vez más atención a la calidad de sus regulaciones. Desde 2015, varios países de ALC, tanto miembros como no miembros de la OCDE, han introducido o reformado sus bases legales para promover mejor la calidad regulatoria. En este sentido, Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Perú y República Dominicana han adoptado nuevos documentos que detallan los principios de sus políticas regulatorias. Asimismo, Chile introdujo nuevas medidas para mejorar la calidad regulatoria, y México fortaleció el marco legal existente sobre política regulatoria mediante la adopción de una nueva Ley General de Mejora Regulatoria y estableciendo que las autoridades públicas de todos los niveles de gobierno tienen la obligación de adoptar políticas de mejora regulatoria. Además, todos los países encuestados en la región, excepto Brasil, Chile y Perú, han asignado a un ministro específico u oficial de alto nivel la responsabilidad de reforma regulatoria para garantizar un apoyo político continuo.
Sin embargo, el alcance de las políticas regulatorias es aún limitado en muchos países de ALC. La reducción de las cargas administrativas y la simplificación de las regulaciones han sido razones sólidas para que los gobiernos adopten políticas e inviertan en capacidades para mejorar su calidad de las regulaciones. Esto se puede observar, por ejemplo, en Argentina, Perú y República Dominicana. Pocos países han ido más allá de este enfoque y han adoptado una perspectiva más amplia para la calidad regulatoria, abarcando su desarrollo, cumplimiento y evaluación. México sigue siendo una excepción en la región con respecto a la profundidad y el alcance de los requisitos para utilizar herramientas de política regulatoria.
A pesar de las reformas recientes, el marco institucional para la política regulatoria en los países de ALC requiere de un mayor desarrollo. Invertir en funciones apropiadas y capacidad suficiente para la supervisión es esencial para garantizar la aplicación coherente en la práctica de la política regulatoria. Junto con los esfuerzos recientes de reforma, países como Argentina, Ecuador y El Salvador reformaron sus arreglos institucionales o establecieron nuevos organismos responsables de la promoción de políticas regulatorias. Las funciones de estos organismos varían desde la coordinación de la política en toda la administración, hasta la supervisión de los programas de simplificación administrativa o garantizar la calidad legal de las regulaciones. Sin embargo, en comparación con los países de la OCDE, es menos frecuente en los países de ALC encontrar mecanismos efectivos de supervisión, como la posibilidad de evaluar la calidad del análisis de impacto regulatorio (AIR) o revisar si los reguladores toman en cuenta los comentarios provistos durante las consultas. La adopción de estos mecanismos sigue siendo un desafío clave en todos los países de ALC.
El indicador iREG para América Latina 2019 se basa en las respuestas a las encuestas de la OCDE-BID sobre Políticas y Gobernanza Regulatoria 2015-2016 y 2019. Los países encuestados en 2015-2016 fueron Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Perú. La encuesta de 2019 actualiza esos países y, además, incorpora datos de Argentina, El Salvador y República Dominicana, encuestados por primera vez en 2019. Las respuestas fueron proporcionadas por funcionarios de gobierno y reflejan la situación al 31 de marzo de 2019. Los datos cubren las regulaciones iniciadas por el ejecutivo a nivel nacional, con enfoque en regulaciones subordinadas.
El término regulación se refiere al conjunto diverso de instrumentos mediante3 el cual los gobiernos establecen requisitos para las empresas y los ciudadanos. Ministro se refiere a la función política más importante dentro de una cartera. Funcionario de alto nivel se refiere a un funcionario público de alto rango en el ministerio, por ejemplo, un secretario permanente, secretario departamental, secretario de estado, secretario general o viceministro.
Bibliografía complementaria
OCDE (2018), Regulatory Policy Outlook 2018, OECD Publishing, Paris.
OCDE (2012), Recommendation of the Council on Regulatory Policy and Governance, OECD, Paris.
Querbach, T. and C. Arndt (2017), “Regulatory policy in Latin America: An analysis of the state of play”, OCDE Regulatory Policy Working Papers, No. 7, OECD Publishing, Paris.
Notas para los gráficos
Los datos de 2015 incluyen Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador México y Perú. Los datos de 2019 también incluyen a Argentina, El Salvador y República Dominicana.
Fuente: Indicadores de Política y Gobernanza Regulatoria de la OCDE (iREG) para América Latina 2016 y 2019, http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/ireg-lac.htm.
Fuente: Indicadores de Política y Gobernanza Regulatoria de la OCDE (iREG) para América Latina 2016 y 2019, http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/ireg-lac.htm.
Fuente: Indicadores de Política y Gobernanza Regulatoria de la OCDE (iREG) para América Latina 2016 y 2019, http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/ireg-lac.htm.
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https://doi.org/10.1787/1256b68d-es
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