Capítulo 3. Marco y objetivos de las políticas agrícolas
Las políticas agrícolas en Argentina han sufrido la misma volatilidad que otras políticas, especialmente las políticas macroeconómicas y comerciales. El enfoque de economía abierta de la década de 1990 fue seguido por un período de aislamiento económico con aranceles más altos e impuestos a la exportación durante 2001-15. El gobierno actual ha renovado el enfoque de economía abierta desde el año 2015. El Ministerio de Agricultura recién se separó del Ministerio de Economía en 2009, mientras que en 2015 se introdujo un enfoque más amplio en toda la cadena de valor, lo que se reflejó en el nuevo nombre de Ministerio de Agroindustria, y más recientemente desde septiembre 2018 La Secretaría de Agroindustria la cual forma parte de la cartera del Ministerio de Producción y Trabajo. Varias instituciones descentralizadas que tienen la responsabilidad de implementar políticas y servicios agrícolas tienen una larga tradición y profesionalismo; estas incluyen al instituto de investigación y extensión, INTA, y al servicio de sanidad animal y vegetal, SENASA. Hay muy pocos subsidios a los insumos o pagos a la producción en Argentina, con la excepción de los programas del Fondo Especial del Tabaco (FET), crédito preferencial que es destinado principalmente a pequeños productores a través de FINAGRO y algunos programas de infraestructura como PROSAP.
3.1. Una historia de ida y vuelta sobre la apertura comercial
Desde principios del siglo XX, las políticas agrícolas argentinas se han movido de un lado a otro entre el libre comercio y la sustitución de importaciones bajo diferentes marcos de política económica (Tabla 3.1). El país experimentó una edad de oro entre 1860 y 1915, en la que crecieron sus exportaciones agropecuarias. Pero después de la crisis de 1929, el país tomó una serie de medidas que pusieron fin al libre comercio. La economía volvió a abrirse gradualmente en el período previo a la Segunda Guerra Mundial, pero después de 1945 el país decidió mantener las barreras comerciales (Lema, 2018[1]).
Una liberalización temporal del comercio tuvo lugar a fines de la década de 1970, y en la segunda mitad de la década de 1980, Argentina exploró formas de comerciar más con sus vecinos y con el mundo. El primer paso fue la integración económica dentro del MERCOSUR en 1991 y luego la firma del acuerdo de la OMC en 1994. A esto le siguió una importante liberalización del comercio a lo largo de los años noventa, la mayor apertura de la economía en más de 60 años. Una medida clave fue la reducción sustancial de los aranceles, con un arancel externo promedio del 11% a fines de los años noventa y sin restricciones a la exportación (Lema, 2018[1]).
Sin embargo, después de experimentar una crisis financiera en 2001, el país cambió una vez más su paradigma político y volvió al de los mercados cerrados. Con una fuerte depreciación real del peso, estaban en juego la estabilidad de los precios internos y el balance fiscal, y se reintrodujeron los impuestos (retenciones) a las exportaciones de productos agrícolas. Los impuestos sobre las exportaciones agrícolas fueron el instrumento preferido para mantener el equilibrio fiscal porque eran fáciles de implementar y efectivos para aumentar los ingresos públicos (Capítulo 5). En el contexto del alza de los precios agrícolas internacionales, estos impuestos permitieron un aumento en los ingresos del gobierno.
En 2015, el nuevo gobierno revirtió las políticas agrícolas anteriores al eliminar los impuestos a la exportación para la mayoría de los productos agrícolas y ganaderos (excepto aquellos para la soja y el aceite de soja, que se redujeron significativamente)1. Se eliminaron todos los cupos de exportación y se desreguló el tipo de cambio (es decir, se dejó flotar). Esto dio lugar a cambios favorables en los precios relacionados y mayores ingresos para los productores de granos y carne. La política agrícola se centra ahora en la integración en los mercados mundiales. Cuando el nuevo gobierno llegó al poder en 2015, llevó a cabo un proceso de consulta y creación de consenso con diferentes partes interesadas en los subsectores agroindustriales, con los gobiernos provinciales y locales, y los ministerios nacionales relacionados con el sector. Sobre la base de este proceso de consulta, se desarrolló un plan estratégico de política agrícola para el período 2015-20.
El objetivo general de este plan es hacer de Argentina un país de referencia en el desarrollo agroindustrial de alimentos, basado en la productividad, la competitividad y el desarrollo en tecnología e innovación, con acciones que conduzcan a la integración productiva y comercial del sector en los mercados internacionales (Ministerio de Agroindustria, 2018[2]). Para lograr este objetivo general, se desarrollaron cinco lineamientos estratégicos:
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Lograr el máximo potencial productivo de las regiones de manera sostenible, preservando la biodiversidad y mejorando la calidad de los recursos naturales.
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Promover la diferenciación de productos y agregar valor, al fomentar el desarrollo nacional en todo el sector agroindustrial.
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Mejorar la competitividad y transparencia de la cadena agroindustrial, y aumentar el valor agregado y las exportaciones a través de la diversificación de mercados.
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Promover el desarrollo territorial con un enfoque en los agricultores familiares, los pequeños y medianos agricultores, y los trabajadores rurales.
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Contribuir a la seguridad alimentaria mundial mejorando la diversidad y el acceso a los alimentos, y garantizando la inocuidad y calidad de los alimentos.
Además, el objetivo general fue apoyado por dos iniciativas de alto nivel: el Plan de Fortalecimiento de la Agroindustria y el Plan de Riego. Estas iniciativas forman parte del marco de desarrollo a largo plazo del gobierno nacional bajo los objetivos del Acuerdo Productivo Nacional y de Desarrollo de la Infraestructura, respectivamente2. Además, otras inversiones públicas que afectan al sector se enmarcan en la estrategia nacional de inversiones públicas del Plan Belgrano, que prioriza las inversiones sociales, productivas y de infraestructura en las regiones menos desarrolladas del norte de Argentina (Recuadro 3.1).
El Plan Belgrano es un conjunto de iniciativas para promover el desarrollo de la región norte de Argentina, que incluye las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones. Estas provincias tienen niveles más bajos de desarrollo económico y social que el resto del país. El Plan se centra en áreas sociales, de infraestructura y de producción. El Plan, administrado por el Jefe del Gabinete de Ministros y establecido en el Decreto 435/2016, no tiene un presupuesto específico; en su lugar, coordina toda la infraestructura y las acciones sociales en las provincias del norte. El Plan trabaja de manera articulada con los diferentes ministerios nacionales, a través de grupos de trabajo establecidos, dando seguimiento a proyectos, programas y trabajos realizados en toda la región del Norte.
Hay cuatro juntas de trabajo: desarrollo social, desarrollo productivo, infraestructura e integración regional. Cada junta tiene una composición diferente de ministerios. La Secretaría de Agroindustria solo está representado en la Junta de Desarrollo Productivo.
El Plan Belgrano coordina las acciones de todas las agencias nacionales en las provincias para mejorar las políticas para la región, así como las iniciativas que no están enfocadas en la región pero que tienen un impacto en ella.
El Plan busca mejorar: 1) El Índice de desarrollo humano (10 de las provincias que conforman el Plan Belgrano están más bajas en el Índice que el resto del país); 2) La vivienda, especialmente el alcantarillado, para el 61% de la población de la región; 3) Las exportaciones (la región representa solo el 10% de las exportaciones totales del país).
El gobierno nacional ha desarrollado acciones en las siguientes áreas: mejorar las condiciones sociales y de vivienda, infraestructura de vivienda y planificación urbana; inversiones para consolidar la conectividad e integración social y económica de la región; rehabilitación y renovación de caminos y corredores, incluido el Ferrocarril General Belgrano Cargas; inversiones en servicios de transporte; construcción de carreteras más allá de la red nacional de carreteras; infraestructura para un uso múltiple racional, integral y equitativo de los recursos hídricos, incluso con fines productivos en el sector agroindustrial, donde el 34% de las inversiones se incluyen en “Políticas para aumentar la producción y la productividad en cadenas agroindustriales de manera sostenible”; y el desarrollo turístico. El 35% del Fondo Federal de Solidaridad para obras de infraestructura se transfiere a las provincias de Belgrano.
3.2. Arreglos institucionales3
En Argentina, la Secretaría de Agroindustria (Ministerio de Agroindustria hasta septiembre de 2018) es responsable de la gestión, formulación e implementación de las políticas agrícolas. Hasta 2009, la responsabilidad de las políticas agrícolas correspondía al Ministerio de Economía. El Ministerio de Agroindustria se creó en 2016 después de una reforma institucional del Ministerio de Agricultura anterior (Decretos 13/15, 32/2016 y 302/2017), con el objetivo de ampliar el alcance del Ministerio de solo enfocarse en la producción primaria a también incorporar el sector agroindustrial. Este cambio refleja la opinión de que el sector productivo primario y las industrias relacionadas son participantes estratégicos clave en el desarrollo económico del país (Ministerio de Agroindustria, 2018[2]). La reforma también respondió a las necesidades de eficiencia para reducir la burocracia, mejorar la coordinación y evitar funciones superpuestas entre las agencias públicas nacionales y provinciales. Argentina es un país federal y algunas competencias de políticas y su aplicación corresponden a las provincias. Los gobiernos provinciales tienen un papel de liderazgo en las estrategias de desarrollo regional intersectorial (OECD, 2016[3]).
Las competencias del Ministerio de Agroindustria, (ahora Secretaría de Agroindustria) no cambiaron completamente en 2016 ni en 2018 cuando se convirtió en Secretaría dentro del Ministerio de Producción, solo cambió el énfasis en las áreas de acción y en los mecanismos de implementación y coordinación. La Secretaría de Agroindustria tiene cuatro secretarías y siete subsecretarías. Cada secretaría tiene su propia función y asiste al Secretario de Gobierno de Agroindustria en el diseño, implementación y coordinación de diferentes políticas y acciones. Las cuatro secretarías son la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, la Secretaría de Alimentación y Bioeconomía, la Secretaría de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial, y la Secretaría de Mercados Agroindustriales.
Como parte de las reformas institucionales emprendidas por el nuevo Gobierno en 2016, el Consejo Federal de Agricultura (CFA) se fortaleció y amplió para mejorar el diálogo con el sector agroindustrial en las provincias. El CFA tiene como objetivo fomentar el diálogo entre las autoridades nacionales y provinciales identificando, priorizando y resolviendo problemas a nivel local, regional y nacional, y brindando apoyo y cooperación técnica. El CFA es un organismo consultivo y de coordinación sectorial del Poder Ejecutivo Nacional (creado por la Ley Nº 23843/1990). Aprueba el plan sectorial y el presupuesto, y se reúne cada seis meses. El CFA está presidido por el Secretario de Agroindustria e incluye a los jefes de los ministerios de cada provincia. El CFA tiene cinco comisiones regionales: Noroeste, Noreste, Nuevo Cuyo, Pampas y Patagonia. Las principales responsabilidades del CFA incluyen: 1) preparación de iniciativas legislativas con aplicación federal y de regulaciones administrativas; 2) identificación de instrumentos para la promoción de economías regionales (producción agrícola fuera de la región de las Pampas); 3) diseño estratégico de políticas públicas orientadas al desarrollo provincial, regional y nacional; 4) definición de estrategias productivas por cadena de valor.
Otras reformas institucionales implementadas en 2016 se centraron en reducir la burocracia en el sector. La creación de la Plataforma de Trámites a distancia (TAD) permite que todos los procedimientos relacionados con un ministerio se realicen de forma remota. Del mismo modo, el Decreto 1079/2016 creó la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) con el objetivo de optimizar y unificar digitalmente la información y la documentación para la importación, exportación y tránsito aduanero (Ministerio de Agroindustria, 2018[2]).
Nota: A principios de septiembre de 2018, varios arreglos institucionales en el gobierno cambiaron, incluida la integración del ex Ministerio de Agroindustria en el Ministerio de Producción.
Fuente: (Ministerio de Agroindustria, 2018[2]).
Agencias descentralizadas
El marco institucional público en Argentina es relativamente sencillo y comprende cinco instituciones principales bajo la Secretaría de Agroindustria (Figura 3.2): el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), el Instituto Nacional de Semillas (INASE), el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP). Estas instituciones son independientes desde el punto de vista financiero y político, pero deben seguir los lineamientos principales de la política agrícola e informar al Secretario de Agroindustria para obtener orientación.
INTA es, con mucho, la institución más importante dentro del sistema público, tanto en términos de asignación presupuestaria como de número de empleados. El INTA fue creado en 1956 por el Decreto Ley N°. 21680/56 y tiene dos funciones principales: investigación y desarrollo agrícola, y servicios de extensión. El INTA es una institución descentralizada con autonomía operativa y financiera, y se financia principalmente mediante una asignación presupuestaria del 0,45% del valor de costo, seguro y flete (CIF) de las importaciones (Ley N°. 25641). INTA presta servicios a un amplio espectro de agricultores, desde aquellos que producen para el autoconsumo hasta aquellos que producen para mercados internacionales. El INTA ha desempeñado un papel clave en la generación y transferencia de conocimiento, y está presente en todo el país. Sin embargo, en los últimos años, sus actividades principales se han orientado hacia la implementación de políticas sociales rurales financiadas por diferentes ministerios, tanto a nivel nacional como provincial. Esto puede afectar su efectividad en la prestación de servicios de innovación (Capítulo 6).
Las funciones del SENASA se remontan a fines del siglo XIX y consisten básicamente en proporcionar garantías sanitarias para las exportaciones. Sin embargo, SENASA se creó formalmente en 1996 (Decreto N°. 660 y Ley N°. 24629) para fusionar los distintos institutos de sanidad animal y vegetal. El SENASA es financieramente autónomo y está financiado por la asignación presupuestaria y por las tarifas cobradas a los agricultores por los servicios prestados. La misión del SENASA es planificar, regular, ejecutar, supervisar y certificar procesos y productos, así como implementar controles de sanidad animal y vegetal, seguridad alimentaria, higiene y calidad, seguridad de productos e insumos asociados, en las diferentes etapas de la producción primaria, procesamiento, transformación, transporte y comercio. El principal desafío del SENASA es garantizar la capacidad y el alcance de su personal técnico para cubrir todo el país y hacer cumplir las leyes relacionadas con sus objetivos (Capítulo 8).
Fuente: Autores basados en información del (Ministerio de Agroindustria, 2018[2]).
El instituto de semillas INASE se creó originalmente en 1973 (Ley N°. 20247/73), pero luego cambió su nombre y sus funciones se redirigieron en 1991 (Decreto 2817/91). Desmantelado (Decreto 1104) en 2000 y recreado en 2003 según el Decreto original (2817/73), su función principal es promover la producción y comercialización eficiente de semillas, al tiempo que garantiza la identidad y calidad de las semillas adquiridas y protege los derechos de propiedad sobre las creaciones fitogenéticas. INASE reporta directamente al Secretario de Agroindustria y es financiado con fondos públicos.
Los principales objetivos del INASE son: i) interpretar y aplicar la ley de semillas y la ley de creaciones fitogenéticas (Nº. 20247); ii) ejercer la aplicación de la ley derivada de su implementación; iii) emitir certificaciones nacionales e internacionales para cualquier órgano vegetal destinado a la siembra, plantación o propagación, cumpliendo con cualquier acuerdo relevante firmado por Argentina; iv) proteger y registrar la propiedad intelectual de las semillas y creaciones fitogenéticas y biotecnológicas; v) proponer y aplicar regulaciones sobre la identidad y calidad de las semillas. El principal desafío de INASE es mejorar la aplicación de las leyes de derechos de propiedad intelectual (DPI) (Capítulo 6).
El Instituto de viticultura, INV, supervisa el control técnico de la producción, la industrialización y la comercialización de la uva y el vino, y el control de la producción, circulación y comercialización de alcohol etílico y metanol. El INV regula e implementa varias leyes: Ley Nº. 14878 sobre el vino; Ley N°. 24566 sobre las bebidas alcohólicas; Ley N°. 25163 sobre las normas generales para la designación y presentación de vinos y bebidas alcohólicas, su indicación de origen geográfico y su denominación de origen controlada; Ley N°. 26093 sobre regulación y promoción para la producción y el uso sostenible de biocombustibles. El INV se financia a través de las tarifas por los servicios que presta y de las multas que aplica (Capítulos 6 y 9).
El instituto pesquero, INIDEP, es una institución descentralizada creada por la Ley Nº. 21673 que lleva a cabo la investigación y el desarrollo de la pesca. El INIDEP está completamente financiado con fondos públicos. La Ley N°. 24922 establece que el Consejo Federal de la Pesca establece los objetivos, políticas y requisitos de la investigación científica y técnica relacionada con los recursos marinos vivos, mientras que el INIDEP lleva a cabo la planificación y ejecución de actividades científicas y técnicas con las provincias y otros organismos o entidades. El programa de investigación del INIDEP genera y adapta el conocimiento, la información, los métodos y la tecnología para el desarrollo, uso y conservación de la pesca marina argentina (Ministerio de Agroindustria, 2018[2]).
Instituciones privadas
Argentina tiene una larga historia de instituciones privadas que organizan grupos de interés y agricultores. Estas incluyen cooperativas, confederaciones, federaciones, organizaciones de productores, de cadenas de suministro, cámaras y sociedades, entre otros. Algunas de estas instituciones privadas son: Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (CONINAGRO); Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); Federación Agraria Argentina (FAA); Sociedad Rural Argentina (SRA); Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA); Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID); Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL); Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME); Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (ACSOJA); Asociación Maíz Argentino (MAIZAR); Asociación Argentina de Trigo (ARGENTRIGO); Asociación Argentina de Girasol (ASAGIR); Cámara de la Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE); Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (CIAFA); Fertilizar Asociación Civil (FERTILIZAR); Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA); Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA); Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) entre otras (Capítulos 4 y 9, y Anexo A).
Estas instituciones privadas han desempeñado un papel importante en el desarrollo del sector agrícola; por ejemplo, en el establecimiento de la propiedad de la tierra, la generación y adopción de nuevas tecnologías, y en el diseño de políticas agrícolas a largo plazo. En varias ocasiones han servido de contrapeso a políticas inestables.
3.3. Descripción general de las principales áreas de la política agrícola
Las medidas de política que brindan apoyo a la agricultura en Argentina son decididas e implementadas no solo por la Secretaría de Agroindustria, sino también por otros ministerios y agencias gubernamentales. Siguiendo la metodología de la OCDE para estimar el apoyo al sector en función de los criterios de implementación, las medidas políticas se pueden clasificar en diferentes categorías (OECD, 2016[4]). La primera distinción es entre: políticas que brindan apoyo directo positivo o negativo a los agricultores, por ejemplo, a través de precios de referencia mínimos, impuestos o retenciones, subsidios o pagos directos al productor; y aquellas políticas que brindan apoyo al sector agrícola en general, como los gastos públicos en I+D y servicios de extensión o sanidad animal y vegetal. Argentina concentra la mayoría de los programas presupuestarios en las disposiciones de servicios generales, como el sistema de innovación agrícola o los servicios de inspección. En comparación con el apoyo del productor, estos programas son menos distorsivos y están mejor orientados para mejorar la productividad y la sostenibilidad del sector. El país ofrece pocos pagos a los agricultores o medidas altamente distorsionantes, excepto los impuestos a la exportación.
Apoyo a productores
En Argentina, la mayoría de los productos agrícolas no reciben apoyos relacionados con los precios; por el contrario, se han impuesto (particularmente hasta el 2015) impuestos (retenciones) y restricciones a la exportación de varios productos agrícolas en las últimas décadas. Una excepción es el apoyo positivo brindado a los productores de tabaco en forma de un complemento a los precios del mercado (pago basado en la producción) como parte de un acuerdo político más amplio denominado Fondo Especial del Tabaco (FET, Recuadro 3.2).
Argentina proporciona subsidios a los insumos muy limitados, principalmente en forma de subsidios implícitos de tasas de interés a través de un crédito preferencial otorgado por FINAGRO. Estos créditos están dirigidos a una gama de productos e inversiones financieras y capital de trabajo. Un nuevo fondo, FONDAGRO, fue creado en 2017 para financiar inversiones en el sector a tasas de interés preferenciales, pero su alcance actualmente es limitado.
Casi no hay pagos directos a productores en Argentina. Se proporcionan montos limitados como asistencia en caso de desastre en respuesta a fenómenos meteorológicos extremos, principalmente sequías (Capítulo 8). No existen pagos directos nacionales para los servicios agroambientales, y existen pocos pagos a nivel provincial. Entre ellos, desde 2017, se han efectuado pagos voluntarios por área en la provincia de Córdoba sujeto a la aplicación de buenas prácticas agrícolas.
El Fondo Especial del Tabaco (FET) fue creado en 1972 (Decreto Ley 19.800) para proporcionar ingresos adicionales a los productores. El fondo se financia con un impuesto del 7% sobre todo el tabaco vendido en Argentina, que se transfiere directamente a la Secretaría de Agroindustria. Estos fondos no se mezclan con el presupuesto ordinario: el 20% de los fondos son gastados por la Secretaría de Agroindustria y el 80% se transfiere a las provincias productoras de tabaco en proporción a su participación en la producción nacional. Las provincias beneficiarias son, en orden decreciente, Jujuy, Salta, Misiones, Tucumán, Corrientes, Chaco y Catamarca. El sector está dominado por pequeños productores con dificultades económicas y sociales críticas. Las regiones beneficiarias también están incluidas en el Plan Belgrano.
Históricamente, la parte del fondo administrado por las provincias se gastó principalmente para complementar los precios para los productores. Sin embargo, después de la firma del acuerdo de la OMC en 1994, Argentina se comprometió a reducir este apoyo en un 1,3% anual durante tres años. El nivel de compromiso de la Medida Global de la Ayuda Total (MGA Total) en la OMC limita los gastos para apoyar el precio del productor de tabaco. Actualmente, solo el 20% de los fondos del FET gastados por las provincias se dedican a respaldar los precios del tabaco, mientras que el resto se destina a programas para apoyar el capital fijo y de trabajo de los productores, para brindar asistencia técnica, para invertir en infraestructura local e incluso para brindar servicios sociales y asistencia para la salud. Estos programas están declarados bajo la caja Verde de la OMC; De acuerdo con la metodología del EAP, cubren pagos basados en insumos, servicios generales y algunos no son específicos para la agricultura, incluso si se implementan en áreas productoras de tabaco.
Cada provincia aprueba su conjunto de Proyectos Operativos Anuales (POA) que luego son aprobados por la Secretaría de Agroindustria antes de que se transfieran los fondos. Cada provincia distribuye los fondos con diferentes criterios en función de su POA.
En 2017, el FET total fue de 5 762 millones de pesos argentinos, el mismo orden de magnitud que los gastos en el INTA. El fondo se centró inicialmente en apoyar a los productores de tabaco en las provincias pobres, pero su implementación ahora está limitada por la OMC y sus objetivos son borrosos. El programa tendría que redefinir sus objetivos y su implementación para facilitar el ajuste y el desarrollo económico de los productores de tabaco y sus familias.
Servicios generales al sector
Una parte importante del gasto público en el sector agrícola se dirige a servicios generales, principalmente conocimiento e innovación agrícola, e inspección y control de alimentos. Los servicios de investigación y desarrollo y extensión son principalmente proporcionados por INTA, mientras que los servicios de sanidad animal y vegetal, y de control de insumos son proporcionados principalmente por el SENASA.
La infraestructura agrícola y rural ha recibido muy poca inversión en las últimas décadas, y se han realizado limitadas obras de irrigación a gran escala. El Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP), financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y administrado por la Secretaría de Agroindustria ha sido la excepción, invirtiendo principalmente en grandes infraestructuras de riego agrícola.
Medidas para el consumidor
Durante el período 2007-10, la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) subsidió el precio de algunos productos alimenticios comprados por los primeros procesadores, incluidos el trigo, la carne vacuna y la leche. Argentina no tiene programas de protección social para apoyar el consumo de alimentos o distribuir alimentos entre los hogares necesitados. Sin embargo, el país tiene una larga historia de proporcionar servicios gratuitos a su población, como la atención médica pública y la educación básica, así como subsidios para servicios públicos como la electricidad, el combustible y el agua. Estos últimos están siendo retirados progresivamente.
Política de biocombustibles
Argentina es un gran exportador de biodiésel producido a partir de la soja y tiene una política activa de biocombustibles. La Ley de Biocombustibles 26.093 aprobada en 2006 establece mandatos de mezclas obligatorias desde 2010, comenzando en un 5% pero luego progresivamente incrementándose a un 10% para el diésel y 12% para la gasolina. La Ley también asegura que, hasta el final de la Ley en 2021, la producción de biocombustible suministrada en el mercado nacional se comprará a un precio calculado de acuerdo con una fórmula. La producción de biocombustibles también puede beneficiarse de algunas medidas fiscales. Primero, las exportaciones de biocombustibles históricamente han tenido una tasa de impuestos más baja que la exportación de granos y oleaginosas, creando incentivos para el procesamiento en lugar de exportar insumos sin procesar (Capítulo 5). En segundo lugar, la Ley establece que el consumo interno de biocombustibles se beneficia de una devolución del IVA en ciertas condiciones, que, sin embargo, no han sido satisfechas por las empresas exportadoras.
References
[1] Lema, D. (2018), Agricultural policies in Argentina, Insituto de Economía- INTA, Buenos Aires.
[2] Ministerio de Agroindustria (2018), Sector background information provided by the Ministry of Agroindustry for the OECD Review of Agricultural Policies of Argentina.
[3] OECD (2016), OECD Territorial Reviews: Córdoba, Argentina, https://doi.org/10.1787/19900759.
[4] OECD (2016), OECD's Producer Support Estimate and Related Indicators of Agriculture Suport: Concepts, Calculations, Interpretation and Use (The PSE Manual), Trade and Agriculture Directorate, http://www.oecd.org/tad/agricultural-policies/full%20text.pdf (accessed on 07 June 2018).
Notas
← 1. A principios de septiembre de 2018, mientras se escribía este estudio, el gobierno decidió varias medidas de política en respuesta a una crisis económica provocada por la gran depreciación del peso. Entre estas medidas, la introducción de impuestos sobre todas las exportaciones afectará directamente el sector agrícola y al indicador del estimado de apoyo productor (EAP).
← 2. De manera similar, el marco de desarrollo nacional del Plan de Modernización del Estado incluye el objetivo de fortalecer el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) para mejorar la seguridad alimentaria y simplificar el proceso de exportaciones agroindustriales (Ministerio de Agroindustria, 2018[2]).
← 3. Entre las medidas de política adoptadas a principios de septiembre de 2018, la reducción en el número de ministerios ha cambiado los arreglos institucionales del sector público agrícola. El Ministerio de Agroindustria está ahora bajo los auspicios del Ministerio de Producción y Trabajo como una Secretaría que tiene un nivel institucional más bajo. Como estas medidas aún están en curso, esta sección podría estar sujeta a cambios adicionales para reflejar los cambios institucionales.