Prólogo
La función de los reguladores económicos es fundamental para garantizar la asequibilidad, la calidad y la accesibilidad de los servicios esenciales, como el agua y el saneamiento. Los riesgos son altos: las medidas tomadas por los reguladores afectan de manera directa los servicios prestados a los consumidores y pueden tener implicaciones sociales y ambientales importantes. Las perturbaciones exógenas, como la pandemia de COVID-19, dificultan aún más el equilibrio en la prestación de dichos servicios. Se espera que los reguladores económicos ofrezcan estabilidad a los mercados y a los inversionistas, y que elaboren regulaciones dirigidas a proteger el interés público sin impedir la innovación. Una buena gobernanza es imprescindible para garantizar la eficacia del regulador y apoyar la obtención de mejores servicios, especialmente en tiempos de cambio.
En la última década, Perú asignó un carácter prioritario a la seguridad del agua en su agenda política, pero los problemas de gobernanza de tipo más general pusieron en peligro la continuidad y la ejecución de las políticas públicas. La agitación política y social experimentada en tiempos recientes repercutió en la implementación eficaz de las políticas públicas, incluyendo las de agua y saneamiento. Con invitación del propio regulador, este informe realiza una aplicación del Marco de Evaluación del Desempeño de los Reguladores Económicos (PAFER, por sus siglas en inglés) de la OCDE al regulador económico de los servicios de agua y saneamiento de Perú, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass).
Según la evaluación del PAFER, la Sunass es un regulador técnicamente sólido y ambicioso que avanza con firmeza en la mejora de las prácticas regulatorias y en el cumplimiento de un mandato ampliado. El regulador opera en un contexto difícil que complica la urgente tarea de incrementar el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento. El informe recomienda que la Sunass comunique de for manera ma proactiva los riesgos y las expectativas involucrados, y amplíe su conjunto de herramientas regulatorias para promover el cambio de comportamiento. Para ello, será necesario que consolide su transformación institucional, actualice su identidad y su cultura, y refuerce la colaboración y la coordinación externas entre todas sus oficinas regionales, así como con los principales actores del sector.
La OCDE desarrolló el marco PAFER para ayudar a los reguladores a evaluar y reforzar su desempeño organizacional y su estructura de gobierno. El marco, basado en los Principios de Buenas Prácticas de la OCDE sobre la Gobernanza de los Reguladores, analiza la gobernanza interna y externa de dichos órganos, incluidas su estructura organizacional, comportamiento, rendición de cuentas, procesos, presentación de informes y gestión del desempeño, así como la claridad de sus funciones, relaciones y distribución de poderes y responsabilidades con otras partes interesadas gubernamentales y no gubernamentales.
Este informe se basa en el trabajo realizado por la OCDE sobre el sector del agua en Perú, en particular el Diálogo sobre Políticas de Gobernanza del Agua en Perú, sostenido durante dos años y dirigido por el Centro de la OCDE para el Emprendimiento, las Pymes, las Regiones y las Ciudades (CFE), el cual culminó con la publicación en marzo de 2021 del informe Gobernanza del Agua en Perú.
Este informe forma parte del programa de trabajo de la OCDE sobre gobernanza de los reguladores y política regulatoria, dirigido por la Red de Reguladores Económicos y el Comité de Política Regulatoria de la OCDE, con el apoyo de la División de Política Regulatoria de la Dirección de Gobernanza Pública y Desarrollo Territorial de la OCDE. La misión de la Dirección es ayudar a los gobiernos de todos los niveles a formular y aplicar políticas estratégicas, innovadoras y basadas en evidencias que apoyen el desarrollo económico y social sostenible. El informe se presentó a la Red de Reguladores Económicos de la OCDE en su 17ª reunión, celebrada en noviembre de 2021, para obtener sus comentarios y su aprobación. El 4 de enero de 2022 se desclasificó mediante un procedimiento establecido por escrito por el Comité de Política Regulatoria. El Secretariado se encargó de prepararlo para su publicación.