El Salvador

El Salvador sigue avanzando en la mejora del acceso digital de todos sus ciudadanos, aunque sigue existiendo una brecha digital considerable. A pesar del progreso en los últimos años, las suscripciones a servicios de banda ancha móvil activa en 2018 fueron inferiores a los promedios de América Latina y el Caribe (ALC) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los usuarios de Internet representaron el 33.8% de la población, en comparación con el 62.9% en ALC y el 83.4% en la OCDE en 2017. Se requiere avanzar en la mejora de la confianza en el ecosistema digital. En particular, la confianza en la privacidad en línea y el Índice de ciberseguridad global están por debajo de los promedios de ALC y OCDE.

El desempeño de El Salvador en términos de facilitar la innovación digital sigue siendo moderado. A pesar del aumento del gasto en investigación y desarrollo entre 2007 y 2016, las solicitudes de patentes presentadas en virtud del PCT (tratado de cooperación en materia de patentes) siguen siendo bajas.

La Agenda Digital 2020-2030 es el principal documento de referencia para el desarrollo y la transformación digital de El Salvador. La agenda detalla una serie de acciones para integrar a todos los actores que participan en el desarrollo del país a través de la innovación y la aplicación de las TIC. Establece un plan de diez años de duración para potenciar la transformación digital. Sus cuatro ejes de trabajo son: la identidad digital, la gobernanza digital, la modernización del Estado y la innovación, educación y competitividad. La agenda digital está armonizada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y con ocho proyectos estratégicos nacionales.

La Secretaría de Innovación de la Presidencia de la República gestiona, supervisa y evalúa los avances en la implantación de la agenda digital. Entre otras responsabilidades, esta secretaría de reciente creación es responsable de desarrollar e implementar servicios de identidad digital y firma electrónica que se basan en el Número Único de Identidad. Para ello, se están normalizando los sistemas de registro de información mediante la adopción de un sistema informático único en el registro de actas de estado civil y familiares.

Otros proyectos previstos son la adopción de sistemas interoperables para facilitar el intercambio de información digital en las administraciones públicas, la integración de las tecnologías digitales en los currículos educativos a todos los niveles y la creación de un marco regulatorio en el ámbito Fintech. La Política Nacional de Datos Abiertos, introducida en 2018, y el portal de datos abiertos Datos.gob.sv forman parte de una iniciativa pública para promover la transparencia y combatir la corrupción. Para mitigar el impacto económico del coronavirus (Covid-19), el Gobierno aprobó medidas para suspender el cobro de los servicios de telecomunicaciones durante tres meses. Se presentó a la Asamblea Legislativa una iniciativa para implementar un instrumento de telemedicina que permita a los pacientes consultar al médico desde casa (CAF, 2020).

En materia de cooperación internacional, El Salvador recibe asistencia técnica experta en temas digitales de la Agencia Uruguaya de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información. Los proyectos tienen por objeto capacitar a los funcionarios públicos, promoviendo la transformación digital de las instituciones gubernamentales. El país también participa en el Proyecto Mesoamérica y su Agenda Digital, que buscan promover el desarrollo de las infraestructuras de las TIC y las políticas públicas para la integración de los servicios TIC.

El Salvador celebró en octubre de 2017 la VII Reunión de Altos Funcionarios en Ciencia y Tecnología de la Iniciativa Conjunta de Investigación e Innovación entre la Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Los países destacaron la pertinencia estratégica de la investigación e innovación de cara a aplicar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y reconocieron las aportaciones de los proyectos y programas birregionales en materia de política estratégica.

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