Resumen ejecutivo

Los países de América Latina y el Caribe continúan enfrentando retos en el diseño y ejecución de políticas públicas que promuevan la buena gobernanza y sociedades inclusivas. De la mano de las difíciles condiciones económicas, estos retrocesos han provocado niveles decrecientes de confianza en las instituciones públicas. Para mantener el crecimiento inclusivo, América Latina y el Caribe deben continuar promoviendo la implementación de reformas al sector público que persigan la equidad para todos.

Panorama de las Administraciones Públicas América Latina y el Caribe 2020 presenta indicadores de prácticas y reformas de gobernanza pública, muestra cómo éstas se implementan y los resultados que alcanzan. Los indicadores permiten la comparación de las mejores prácticas en la región ALC con los países de la OCDE e muestra qué áreas deberían mejorar si los países desean alcanzar resultados tales como mayor confianza en el gobierno.

Resultados principales

Los países de ALC lograron una mejora significativa del bienestar durante las últimas dos décadas; sin embargo, estos logros están en riesgo y la confianza en el gobierno ha disminuido

• En 2018, 34% de la población en ALC reportó tener confianza en el gobierno, 4 puntos porcentuales más que en 2007.

• La desigualdad en el ingreso (medida por el coeficiente GINI) decreció en la mayoría de los países de ALC en el período 2000-2017. Sin embargo, en 2017 la desigualdad en el ingreso era más alta en todos los países de América Latina y el Caribe que en los cinco países más desiguales de la OCDE.

• La confianza en el poder judicial es baja, pero entre 2007 y 2017, en los países de ALC, aumentó de 31% a 34% en promedio.

• La satisfacción ciudadana con la salud y la educación decrecieron del 55% al 49% y del 65% al 63% en promedio, respectivamente. Ha habido una reducción marcada en algunos países (p.ej. la satisfacción con la educación decayó 12 puntos porcentuales en Uruguay, a su vez en Brasil, Chile y Colombia cayó 7 puntos porcentuales)

Las perspectivas económicas y fiscales de los países de ALC se han deteriorado como resultado del lento crecimiento económico; por su parte las elecciones respecto del gasto público no necesariamente promueven el crecimiento inclusivo.

• En 2018, los países de ALC reportaron un déficit promedio de 4,3% del PIB, 3,4 puntos porcentuales más que en 2007

• La deuda pública bruta alcanzó 65% del PIB en 2018 en los países de ALC, un incremento de 17,2 puntos porcentuales desde 2007, reduciendo el margen de maniobra de los países

• Aunque la región necesita inversión substancial en infraestructura, la inversión pública solo representó 1,6% del PIB en América Latina y el Caribe en 2017, lo que representa alrededor de la mitad de lo que se invirtió en promedio en los países de la OCDE (3,1%) y 0,7 puntos porcentuales más bajo que en 2007.

• Los países de ALC gastan proporcionalmente menos que los de la OCDE en beneficios sociales, tales como pensiones y transferencias monetarias condicionadas (30% de los gastos comparado con 41% en los países de la OCDE) y más en subvenciones y otros gastos, tales como transferencias corrientes y de capital a otros actores de la economía (10% en la región comparado con 6% en la OCDE)

Muchos países de ALC tienen marcos metodológicos para promover la rendición de cuentas, la transparencia e integridad en el proceso de toma de decisiones públicas, pero su implementación varia en gran medida.

• Para contrarrestar la influencia indebida en las elecciones, la mayoría de los países de ALC prohíben las donaciones políticas anónimas; sin embargo, 92% de los países encuestados permiten contribuciones en efectivo, lo que dificulta el rastreo de las fuentes de recursos. Los partidos o los candidatos tienen permitido dar regalos a los votantes en 25% de los países.

• Ocho de los doce países de ALC encuestados tienen mecanismos basados en el mérito para la contratación de personal, tales como exámenes competitivos de entrada al servicio civil. No obstante, una proporción significativa del personal temporal no está sujeta a tales procedimientos (p.ej. el 57% del servicio civil en Chile, 40% en Perú y 34% en Argentina en 2018)

• En 2019, los 10 países de ALC encuestados cuentan con un requerimiento para consultar a los actores interesados durante el desarrollo de regulaciones subordinadas. Sin embargo, en la práctica, solo tres de ellos los involucran de manera sistemática durante el proceso regulatorio.

• El índice de la OCDE de Datos Abiertos, Útiles y Reutilizables (OUR data) mide la disponibilidad, accesibilidad y el apoyo del gobierno a la re-utilización de los datos abiertos gubernamentales. En promedio, en 2018, los países de ALC obtuvieron un puntaje de 0,43 comparado con un promedio para la OCDE de 0,60. Colombia (0,88), Mexico (0,71), Brasil (0,63) y Uruguay (0,62) tienen puntajes más altos que el promedio de la OCDE.

Coordinación de política, gestión pública y capacidad institucional más robustas mejorarán la eficacia del sector y contribuirán a recuperar la confianza ciudadana

• Los centros de gobierno (CdG), que apoyan al gabinete ministerial y al jefe de gobierno, tienen un rol débil en la planeación estratégica en los países de América Latina y el Caribe. La mayoría de CdG en los países de la OCDE coordinan el diseño y la implementación de prioridades estratégicas, pero solo la mitad de CdG en América Latina y el Caribe se encargan de ello.

• Varios países de ALC tienen reglas fiscales para mejorar la predictibilidad de las finanzas públicas. Diez de los trece países encuestados han establecido techos o niveles de gasto, y siete han establecido techos de deuda o metas de reducción. Sin embargo, ocho de los trece países encuestados han utilizado presupuestos complementarios cada año entre 2010 y 2017, lo que puede reflejar mala planeación o control financiero.

• La fuerza de trabajo en el sector público es más pequeña en América Latina y el Caribe (ALC) que en los países de la OCDE (12% del empleo total en 2018 en ALC y 21% en la OCDE). Las mujeres representan 51% del empleo en el sector público en América Latina y el Caribe contra 60,2% entre los países de la OCDE.

• La contratación pública en los países de ALC alcanza, en promedio, 6% del PIB. La mayoría de los países del ALC tienen políticas y estrategias de contratación pública que persiguen objetivos de política complementarios, tales como el apoyo a las PYMES. Sin embargo, solo dos tercios tienen sistemas de contratación pública electrónicos, que promueven la transparencia, la justicia y la eficiencia, mientras todos los países de la OCDE los tienen.