4. Recomendaciones para implementar sistemas de integridad en las regiones del Perú

Abstract

Este capítulo ofrece una visión general de las acciones propuestas en el informe para implementar, en el Perú, sub-sistemas de integridad a nivel regional. Las recomendaciones se organizan en dos cuadros. Un cuadro incluye las recomendaciones destinadas a mejorar la integridad en los gobiernos regionales, en particular a través de la función de integridad. El segundo cuadro resume las recomendaciones relacionadas con el fortalecimiento de las Comisiones Regionales Anticorrupción (CRA). Para cada recomendación, los cuadros aclaran los actores responsables y, cuando sea pertinente, aquellos con los que debería establecerse una coordinación.

    

La Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Integridad Pública (OCDE, 2017[1]) subraya la necesidad de establecer un sistema de integridad basado en riesgos en todos los niveles de gobierno para fortalecer la integridad y prevenir la corrupción de manera eficaz. Aunque la coordinación es decisiva, también es vital que el sistema de integridad refleje los desafíos y oportunidades específicas de la integridad. En principio, crear las Comisiones Regionales Anticorrupción (CRA) y establecer la función de integridad en los gobiernos regionales tienen potencial para abordar los riesgos de corrupción y los desafíos de integridad a nivel regional en coordinación con el nivel nacional. Sin embargo, es necesario esforzarse más para consolidar a las CRA e institucionalizar la función de integridad para, en última instancia, promover eficazmente la integridad y combatir la corrupción en el nivel regional.

Cuadro 4.1. Resumen de las principales recomendaciones para la integridad y la función de integridad en el gobierno regional en términos generales
Recomendación	Instancia responsable
Fortalecer en los Gobiernos Regionales un enfoque estratégico para la integridad basado en evidencia, en coordinación con la Secretaría de Integridad Pública, podría involucrar: 1. Identificar prioridades a partir de un instrumento de diagnóstico que evalúe las fortalezas y debilidades internas, así como las oportunidades y amenazas externas del gobierno regional (también conocido como análisis FODA); y 2. Sustentado en el diagnóstico, elegir las prioridades para fortalecer la integridad, determinar la entidad o unidad responsable de definir un plan para implementar esas prioridades y elaborar indicadores para supervisar los avances en ese rubro.	Gobiernos Regionales en colaboración con la Secretaría de Integridad Pública
Responder a las oportunidades y desafíos específicos en cada región, mediante el diseño de un método progresivo para la implementación de la función de integridad. Las regiones se clasificarían conforme a los siguientes aspectos: tamaño, que también podría utilizarse como valor sustituto del nivel de capacidades institucionales, recursos disponibles y apoyo necesario niveles de riesgo de integridad exógenos o ambientales y tipologías de cada región. Las tareas propias del ejercicio de la función de integridad deberían relacionarse, como mínimo, con la evaluación de riesgos, la política de integridad y la vigilancia de la implementación del modelo de integridad.	Secretaría de Integridad Pública (elaborar un método progresivo en coordinación con los gobiernos regionales)
Para incorporar eficazmente a la integridad como un aspecto dominante, la función de integridad en los gobiernos regionales debe articular y contribuir a implementar los distintos componentes del modelo de integridad, desempeñando las siguientes funciones: Liderazgo en: Estrategia de la entidad Supervisión del modelo de integridad Vigilancia Asesoría/apoyo para: Gestión de riesgos Capacitación Control disciplinario Implementación del Código de Ética Coordinar las denuncias con Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios Ministerio Público Órgano de Control Institucional	Responsables de la función de integridad en los gobiernos regionales
Apoyar la función de integridad. La SIP podría aumentar a escala el apoyo directo e indirecto a la vez, al: Movilizar un compromiso de alto nivel al exponer las razones para la integridad, por ejemplo, durante actividades como el GORE Ejecutivo. De modo parecido, la Presidencia del Consejo de Ministros —a través de la Secretaría de Descentralización y la SIP, y con el apoyo de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales— podría promover la organización de una reunión GORE Integridad anual, similar al modelo de GORE Digital. Apoyar y fortalecer las capacidades del personal que labora en la función de integridad en las regiones, mediante talleres de capacitación por grupos de regiones, además de material y actividades de aprendizaje electrónico. • Promover el diálogo entre los responsables de implementar las funciones de integridad mediante una plataforma intranet o reuniones anuales, para asegurar la coherencia, el intercambio de experiencias, el aprendizaje mutuo y el apoyo para diseñar y poner en práctica las actividades y planes.	Secretaría de Integridad Pública
Crear conciencia entre los Gobiernos Regionales. La SIP podría ofrecer capacitación ad hoc a los gobernadores (y posiblemente a los asesores más cercanos) mediante cursos de inducción sobre integridad pública al principio de su mandato.	SIP en coordinación con la Secretaría de Descentralización
Al proporcionar pruebas valiosas sobre la integridad, deben continuarse los esfuerzos para vigilar el entorno ético entre los funcionarios públicos en el nivel regional.	SERVIR en coordinación con la SIP
Garantizar la coherencia y transferencia de conocimientos entre los niveles nacional y regional, mediante un mecanismo de coordinación eficaz que aproveche las herramientas y plataformas informáticas entre la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) y el nivel regional, concretamente, las Comisiones Regionales Anticorrupción y los responsables de la función de integridad para contribuir a su institucionalización. Esto también podría incluir una plataforma en Internet para presentar información sobre el avance o indicadores de integridad pública para facilitar el control social y la evaluación comparativa.	Comisión de Alto Nivel Anticorrupción
La Presidencia del Consejo de Ministros podría dirigir los trabajos para promover la coordinación sobre integridad entre las instancias del Ejecutivo con influencia directa sobre las políticas de integridad y las principales entidades en áreas clave donde la integridad está en riesgo, como la contratación pública. Podría proponer la creación de un grupo de trabajo interministerial centrado en elaborar herramientas y metodologías para apoyar la identificación y disminución de los riesgos de integridad en los procesos de adquisiciones en el nivel regional. Ese grupo podría incluir representantes del Ministerio de Finanzas (OSCE y Perú Compras), junto con entidades de la PCM como la Secretaría de Integridad Pública y la Secretaría de Descentralización. Al mismo tiempo, el grupo podría aprovechar el último informe del OSCE, Diagnóstico y Estrategia para la Gestión de Riesgos en la Contratación Pública, que identifica 81 riesgos que afectan la eficiencia, competencia e integridad del ciclo de contratación pública.	PCM en colaboración con el OSCE y Perú Compras
Promover la integridad en las Agencias Regionales de Desarrollo. La Presidencia del Consejo de Ministros podría probar en forma experimental el siguiente enfoque: 1. Encomendar a los responsables de la función de integridad del Gobierno Regional la tarea de asesorar a las ARD para que articulen y coordinen las iniciativas de integridad pertinentes. 2. Definir políticas de integridad internas mínimas que aborden los riesgos inherentes de captura de las ARD, por ejemplo, una política de divulgación de conflictos de interés para quienes toman decisiones clave.	PCM con colaboración con Gobiernos Regionales
Promover y crear incentivos para implementar los sistemas de integridad a nivel regional. La SIP podría diseñar mecanismos de supervisión y evaluaciones comparativas regionales para el desempeño de integridad de los gobiernos regionales mediante índices relacionados con temas como la implementación de la función de integridad (para el gobierno) y de las Comisiones Regionales Anticorrupción (para las regiones en su conjunto). De este modo, también se podría dar a conocer el progreso a los ciudadanos y se podría crear presión política y social para implementar reformas en el caso de regiones rezagadas.	Secretaría de Integridad Pública

Cuadro 4.2. Resumen de las recomendaciones para las Comisiones Regionales Anticorrupción
Recomendación	Instancia responsable
Fortalecer la adopción de un enfoque basado en riesgos. Las Comisiones Regionales Anticorrupción podrían pensar en incluir —como invitados o miembros permanentes— a otras instancias regionales que supervisen procesos y riesgos clave, por ejemplo, las oficinas descentralizadas del OSCE o las Agencias Regionales de Desarrollo. Además, también podrían tomarse en cuenta ideas pertinentes sobre riesgos a nivel municipal invitando a representantes locales de asociaciones municipales, como la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE) y la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú (REMURPE).	Comisiones Regionales Anticorrupción
Apoyar la institucionalización de las CRA no solo entre las dependencias públicas, sino también entre la población, para que las estructuras organizacionales y el funcionamiento de las CRA puedan estandarizarse. La SIP, en su función de brindar apoyo técnico a la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), podría elaborar un modelo de reglamento interno que cada CRA apruebe. Además, la CAN podría pensar en establecer un periodo razonable durante el cual se celebren sesiones ordinarias para garantizar la regularidad de las actividades de las CRA.	SIP y Comisión de Alto Nivel Anticorrupción
Facilitar la presencia de todas las instituciones en las sesiones. El reglamento interno podría incluir la posibilidad de nombrar a un representante suplente. Este representante debe ser de alto rango y estar facultado para votar en las sesiones de la CRA. Además, las ausencias sin el nombramiento de un representante deben comunicarse al público para crear rendición de cuentas externa.	Secretaría de Integridad Pública y Comisiones Regionales Anticorrupción
En el reglamento interno se podría ordenar que cada miembro de la CRA nombre un punto de contacto permanente para atraer a los miembros de la CRA a fin de que contribuyan activamente con propuestas y sugerencias. El punto de contacto sería el responsable de preparar los debates en la CRA, proporcionar toda la información necesaria, hacer el seguimiento de los compromisos contraídos y de cualquier tarea prevista en el Plan Regional Anticorrupción, e informar el progreso realizado por la entidad respectiva. Además, los puntos de contacto podrían crear una red para el intercambio de información.	SIP Secretaría de Integridad Pública
Fortalecer las capacidades. La SIP podría capacitar personal de la secretaría técnica de las Comisiones Regionales Anticorrupción. Los esfuerzos podrían ser apoyados por los miembros de la CAN. Estas actividades de capacitación deben centrarse en los aspectos operativos del funcionamiento de la CRA, incluida la evaluación de riesgos, el establecimiento de prioridades, la planeación y los procedimientos internos.	SIP (en colaboración con miembros de la CAN)
Proporcionar a las Comisiones Regionales Anticorrupción los recursos financieros adecuados. El reglamento interno de las CRA podría exigir que cada miembro de las CRA dedique un determinado presupuesto para la secretaria técnica con el fin de garantizar las operaciones y fortalecer sus capacidades.	Secretaría de Integridad Pública en coordinación con las CRA
Contemplar el intercambio y generación de información, a través de una plataforma virtual para las CRA. Esto podría ofrecer oportunidades para el aprendizaje interregional y la formulación de políticas en campos específicos, por ejemplo, mejorar el diseño y ejecución de los planes regionales anticorrupción.	Secretaría de Integridad Pública
El responsable de la función de integridad podría asumir el cargo de secretario técnico de las CRA, asegurando la coordinación entre la CRA y el gobierno regional.	Comisiones Regionales Anticorrupción
Crear conciencia sobre la integridad y el mandato de las CRA. Las Comisiones Regionales Anticorrupción —en estrecha colaboración con las universidades locales e instancias activas de la sociedad civil— podrían promover cursos de capacitación en línea sobre los beneficios sociales de temas relacionados con la integridad pública, como la cultura de la legalidad y las responsabilidades cívicas.	Comisiones Regionales Anticorrupción
Promover y crear incentivos para implementar los sistemas de integridad a nivel regional. La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción podría elaborar un índice que mida el desempeño de las CRA. De este modo, también se podría dar a conocer el progreso a los ciudadanos y crear presión política y social para implementar reformas en el caso de regiones rezagadas.	Comisión de Alto Nivel Anticorrupción

Referencias

[1] OCDE (2017), Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Integridad Pública, OECD/LEGAL/0435, https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0435.