Resumen ejecutivo
En las últimas décadas, la igualdad de género en el Perú ha avanzado en varias dimensiones. Los progresos incluyen un mayor logro educativo en todos los niveles, en particular para las mujeres; mayores retornos a la educación entre las mujeres; y su mayor inclusión en el mercado laboral. En el Perú, cerca de seis de cada diez mujeres tienen un empleo, una cifra superior a la de los países de comparación de América Latina utilizados para este estudio (Chile, Colombia y Costa Rica), pero inferior al promedio de la OCDE.
A pesar de estos logros significativos, siguen existiendo muchos desafíos por superar. Como en todos los países, hombres y mujeres no comparten por igual las actividades laborales remuneradas y no remuneradas. Es menos probable que las mujeres trabajen por un salario y que lo hagan a tiempo completo. En cambio, suelen pasar más horas cuidando a los niños y a los familiares mayores y haciendo labores domésticas. En promedio, las mujeres peruanas dedican 24 horas más por semana que los hombres a tareas no remuneradas, y los hombres dedican 21 horas más por semana a actividades laborales remuneradas que las mujeres, lo que revela la existencia una fuerte brecha de género.
Incluso cuando trabajan por una remuneración, las mujeres peruanas tienden a estar sobrerrepresentadas en el sector informal relativamente grande, lo que crea una barrera que les impide acceder a trabajos más productivos, mejor pagados y de mejor calidad. Con un 75%, la tasa de empleo informal de las mujeres trabajadoras es significativamente más alta en el Perú que en Chile, Costa Rica y Colombia, por ejemplo. Al mismo tiempo, es más probable que las trabajadoras perciban un ingreso bajo y menos probable que asciendan a puestos gerenciales. Además, es mucho menos probable que las niñas estudien en los campos más lucrativos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM).
El Perú ha sufrido la tasa de mortalidad por la COVID-19 más alta del mundo. Esto contrasta con el hecho de que, inmediatamente después del brote de la pandemia, la comunidad internacional reconoció en gran medida al Perú por ser el primer país de América Latina en implementar acciones de respuesta firmes. La divergencia tan significativa que hubo entre los esfuerzos desplegados y los resultados ha revelado el alcance total de los desafíos económicos y sociales preexistentes. Uno de estos desafíos clave se refiere a las dificultades para conciliar el trabajo remunerado con las responsabilidades familiares, con medidas de distanciamiento social y cierre de colegios que han llevado a muchas mujeres peruanas con niños pequeños a retirarse del mercado laboral. Estas medidas también provocaron estrés y problemas de salud mental y un aumento de los episodios de violencia contra las mujeres. Los efectos sanitarios, laborales y sociales de la crisis del COVID-19 han sido más fuertes entre las mujeres de grupos indígenas y mujeres afrodescendientes.
El estudio de la OCDE sobre la Igualdad de Género en el Perú presenta una estrategia política integral para reducir las barreras que se interponen en el camino hacia una distribución más equitativa del tiempo y las responsabilidades entre hombres y mujeres, y para aumentar la participación de las mujeres en el mercado laboral. También analiza el impacto por la pandemia de la COVID-19 y cómo ha exacerbado los desafíos preexistentes para alcanzar una mayor igualdad de género en el Perú, sugiriendo medidas políticas sobre cómo superar tales barreras.
Aumentar la capacidad de los servicios de cuidado infantil para que las familias de bajos ingresos también puedan acceder a ellos. En particular, ampliar gradualmente el número de plazas de cuidado infantil junto con el incremento del umbral de ingresos para calificar para el acceso. Esta última medida satisfaría la necesidad de muchos padres que trabajan cuyos ingresos combinados son demasiado altos para calificar para un lugar en una guardería pública, o demasiado bajos para permitirse una guardería privada de calidad. Desarrollar y fomentar el diálogo entre empleadores y empleados para satisfacer el creciente interés por involucrar al sector privado en la provisión de servicios de cuidado infantil.
Mejorar los derechos de licencia parental complementando la licencia de maternidad —la cual ya cumple con el estándar internacional establecido por la OIT—, con el establecimiento de una licencia de paternidad reservada, como una forma de incentivar la inclusión de los padres. Al mismo tiempo, fortalecer la ampliación de la protección parental a las categorías de trabajadores sin cobertura, elevando el límite de ingresos para tener derecho al programa Juntos, junto con el nivel de los beneficios otorgados. Simplificar los procedimientos de inscripción a través de unidades de registro descentralizadas y móviles, y registro sin papel.
La reciente reforma del Currículo Nacional de Educación Básica tiene el potencial de establecer una base sólida para sensibilizar a las futuras generaciones sobre la importancia de la representación igualitaria de hombres y mujeres en todos los aspectos de la vida. Para implementar el espíritu del nuevo Currículo, es necesario poner en práctica lo siguiente: i) fomentar el recurso al lenguaje inclusivo y lograr una representación equilibrada de modelos masculinos y femeninos en los libros de texto; ii) capacitar a los docentes para abordar las actitudes y estereotipos de género en la escuela; y iii) involucrar el rol solidario de los padres, a través de campañas informativas, talleres y charlas.
Intensificar los esfuerzos para atraer a las niñas hacia las disciplinas relacionadas a la Ciencia-Tecnología-Ingeniería-Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) ampliando la formación docente para abordar los prejuicios de género en dichas áreas. Esto podría incluir equipar a los maestros con herramientas pedagógicas apropiadas para ayudar a los niños a superar la ansiedad sobre las matemáticas y la falta de confianza en sus habilidades científicas y matemáticas.
Aumentar los esfuerzos en curso para aumentar los niveles de seguridad y protección en el transporte público, incluso mediante el refuerzo de la formación ad hoc para los trabajadores del sector transporte y la realización de campañas de prevención en los vehículos y estaciones de transporte público.
Garantizar el acceso a una educación de calidad para todos, proporcionando apoyo adicional a niñas vulnerables y madres adolescentes, y recompensando los beneficios de completar los estudios. Sensibilizar sobre los beneficios de culminar los estudios mediante la implementación de programas de comunicación e información, como el programa piloto Decidiendo para un futuro mejor, que fue ideado por el MineduLAB.
Promover el acceso de las mujeres a puestos de liderazgo y logros en carreras no tradicionales, con especial énfasis en: i) el papel de las asociaciones y redes empresariales en el apoyo a las mujeres destacadas que actúan como modelos a seguir; ii) promover una cultura académica que integre a las mujeres docentes y las apoye para sobresalir; y iii) continuar los esfuerzos para fortalecer la representación de las mujeres en el liderazgo público.
Aumentar el atractivo del mercado laboral formal para las trabajadoras, mediante el desarrollo de programas de protección social capaces de compensar a las personas por las pérdidas de contribuciones incurridas mientras trabajaban a tiempo parcial o durante el tiempo que pasaban fuera de la fuerza laboral cuidando a dependientes –por ejemplo, en la forma de pensiones “top ups” o “care credits”–. Promover mecanismos de consulta para involucrar a las trabajadoras informales en el diseño de políticas. Fomentar los esfuerzos en curso para mejorar la formalización y los derechos laborales de las trabajadoras del hogar.
Apoyar el emprendimiento femenino mediante el desarrollo y la mejora de estrategias en paquete o “bundle”, que combinan el acceso a servicios formales de ahorro y condiciones flexibles de pago de la deuda con medidas no financieras, como mercados y capacitación empresarial, por ejemplo, junto con educación financiera y la adquisición de habilidades digitales.
Facilitar el acceso de las familias de bajos ingresos –en particular los monoparentales, las cuales son predominantemente mujeres– a los beneficios y programas de seguridad social que apoyen a las familias en su conjunto y permitan a las mujeres retornar al empleo formal.
Anticipándose a posibles nuevas olas de infecciones, intensificar los esfuerzos para preparar a las empresas para que utilicen medidas de emergencia contra el aumento de la inactividad y la exclusión de las mujeres en el mercado laboral, por ejemplo, con la reducción de las horas de trabajo y recurso a opciones laborales flexibles, alivio para los padres que trabajan, y la gestión de indemnizaciones por despidos relacionados con los despidos temporales y las bajas por enfermedad.
Asegurándose de que cualquier cierre adicional de las instituciones educativas sea lo más limitado posible y se base en una evaluación de las condiciones de infección específicas del área. Esto es esencial para preservar la continuidad de los programas educativos y para ayudar a las mujeres a permanecer en el trabajo o buscar activamente un nuevo empleo.
Mejorar los esfuerzos para hacer retroceder la aceptación social de la violencia doméstica, mediante el fortalecimiento de la integración de los servicios para las víctimas en todas las esferas pertinentes. Esto requiere que todas las agencias públicas relevantes involucradas, en los dominios de la salud, los servicios sociales, la educación, el empleo y la justicia, trabajen de manera estrechamente coordinada y articulada para brindar acceso oportuno a la justicia. Intensificar los mecanismos existentes para facilitar la denuncia de estas situaciones en los lugares de trabajo, escuelas y universidades, y brindar servicios sociales integrados para las sobrevivientes y sus hijos.
Esencialmente, las medidas de políticas económicas y sociales mencionadas anteriormente deben integrarse a un esfuerzo más amplio en donde se incorpore la perspectiva de género a las respuestas del gobierno. A corto plazo, esto significa, en la medida que sea posible, aplicar una óptica de género a las políticas de emergencia. A más largo plazo, significa implementar mecanismos de integración de la perspectiva de género, basándose en el fácil acceso a datos desagregados por género en todos los sectores, de modo que se pueda evaluar fácilmente el impacto diferenciado en mujeres y hombres.