Paraguay

La pobreza en Paraguay disminuyó del 24.0% en 2016 al 22.3% en 2020, y se mantuvo por debajo del promedio, 26.3%, registrado en América Latina y el Caribe (ALC). Sin embargo, estas cifras ocultan el efecto de los sólidos esfuerzos adoptados para disminuir la pobreza antes de la pandemia de COVID-19, con los que se llegó a reducir dicha cifra hasta el 19.4% en 2019. La pobreza extrema también disminuyó de manera sistemática durante ese periodo, pasando del 7.9% al 6.0%, situándose por debajo del promedio de ALC (8.7%). La población que vive en hogares completamente informales disminuyó del 66.4% en 2009 al 58.0% en 2018, por encima del promedio de ALC del 36.3%. En lo que respecta a los indicadores medioambientales, en 2019 se registraron emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) per cápita de 7.0 toneladas equivalentes de dióxido de carbono (t CO2e), superiores al promedio de ALC (6.3) e inferiores al promedio de los países miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) (9.1). Ese año, la proporción de población expuesta a niveles de contaminación del aire que suponen un riesgo para la salud humana (PM2.5 a más de 10 µg/m3) fue del 100%, situándose por encima del 95.4% registrado en ALC y del 61.0% en los países miembros de la OCDE. En materia fiscal, los ingresos tributarios ambientales supusieron el 0.9% del producto interno bruto (PIB) en 2020, por debajo de los promedios de ALC (1.0%) y de la OCDE (2.1%). El total de ingresos tributarios expresado como porcentaje del PIB en 2020 (13.4%) siguió siendo muy inferior a los promedios de ALC (21.9%) y de la OCDE (33.5%).

Paraguay depende económicamente de las condiciones climáticas para generar ingresos a través de la agricultura, la energía y el transporte. Los esfuerzos de mitigación y adaptación se convirtieron en una prioridad nacional en 2011 a través de la Política Nacional de Cambio Climático. El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2030 de Paraguay incluye objetivos estratégicos como el desarrollo de hábitats sostenibles, la valoración y protección del capital ambiental y la promoción de la diversificación productiva.

Para lograr sus objetivos en materia de mitigación, Paraguay adoptó en 2017 un Plan Nacional que incluye programas de gestión integrada del sector del transporte, prácticas no contaminantes para cocinar, sustitución de cocinas de gas licuado de petróleo (LGP), uso sostenible de los bosques en la región del Chaco, restauración del paisaje forestal, gestión de residuos y arquitectura sostenible. Se ha desarrollado una estrategia nacional de electromovilidad y el Gobierno está evaluando la posibilidad de producir hidrógeno verde. Entre las políticas de adaptación figura el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2022-2030, que se elaboró mediante un proceso participativo. Incluye 25 objetivos en sectores como ciudades y comunidades resilientes, salud y epidemiología, ecosistemas y biodiversidad, energía, agricultura y seguridad alimentaria, silvicultura, recursos hídricos y transporte. La resiliencia de las comunidades se fomenta a través de proyectos de adaptación como AbE Chaco, que se basa en el ecosistema y pretende reducir la vulnerabilidad de la región frente a los impactos del cambio climático en la seguridad alimentaria.

En lo que concierne a las alianzas internacionales dentro de la región, Paraguay participa en una iniciativa regional para avanzar en la electromovilidad, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Fondo Verde para el Clima (FVC). Para reactivar el turismo sostenible tras la pandemia de COVID-19, el país está intercambiando información con Costa Rica y Ecuador. Fuera de la región de ALC, Paraguay está fortaleciendo las acciones basadas en evidencia y promoviendo la participación del sector privado, con la asistencia del Programa de Apoyo a las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Otros focos importantes de colaboración son la agricultura y el desarrollo rural sostenibles (proyecto Samaeul Undong, con apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea), la producción y el consumo agrícola responsables (en colaboración con el Fondo Mundial para la Naturaleza [WWF]) y el desarrollo de capacidades en la gobernanza territorial (junto con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo [AECID]). Paraguay también apoya los esfuerzos de plantación y reforestación realizados por 17.000 familias vulnerables con el proyecto PROEZA (2017), en colaboración con el FVC y la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

En lo que respecta a la financiación verde, Paraguay creó la Mesa de Finanzas Sostenibles, una plataforma nacional de colaboración voluntaria entre actores financieros para desarrollar sistemas de análisis de riesgos ambientales y sociales y directrices para la financiación sostenible de actividades agrícolas, ganaderas y agroindustriales. El país también está revisando sus políticas medioambientales e incentivos fiscales para estimular la financiación de la agricultura sostenible, en colaboración con la iniciativa Good Growth Partnership de Naciones Unidas. Paraguay también participa en la estrategia voluntaria REDD+ (Reducción de Emisiones Derivadas de la Deforestación y la Degradación de los bosques) para recibir pagos en función de los resultados conseguidos en materia de gestión sostenible de bosques. Hasta la fecha, ha recibido pagos del FCV por la reducción de emisiones de 23 Mt CO2e lograda en 2015-17.

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