Prefacio
La crisis financiera de 2008 y la pandemia de COVID-19 han puesto en manifiesto la interdependencia y la complejidad del mundo actual. Abordar ambas crisis requirió esfuerzos de cooperación multilateral sin precedentes. De manera similar, muchos de los desafíos que enfrentamos, el cambio climático y la biodiversidad, la contaminación transfronteriza, la evasión y elusión fiscal, la digitalización, la inestabilidad del mercado financiero o los flujos migratorios, no pueden ser abordados individualmente por los gobiernos. Estos desafíos y muchos otros solo pueden abordarse de manera eficaz con la cooperación regulatoria internacional en todos los temas relevantes de política pública. Aun así, continuamos siendo testigos de cómo los marcos institucionales y procesos regulatorios tradicionales, están sujetos a los límites jurisdiccionales, y por tanto, no logran reconocer la dimensión global de los problemas que enfrentan.
Es por eso que los gobiernos deben ajustar su enfoque para la elaboración de la regulación. Deben considerar la realidad internacional al desarrollar sus leyes y regulaciones domésticas. Al aplicar un enfoque internacional más sólido y sistemático en sus prácticas de elaboración de normas, los gobiernos estarán mejor equipados para aprender unos de otros y, cuando sea necesario, articular respuestas regulatorias coordinadas y consistentes mientras preservan sus prerrogativas nacionales. Hay muchos ejemplos de los beneficios de la cooperación regulatoria, desde el número de vidas salvadas gracias a la colaboración de los reguladores en la aprobación de vacunas, hasta la coordinación de los protocolos de seguridad sanitaria en el transporte aéreo durante la pandemia, la mejora de la calidad del aire o del agua como resultado de la coordinación en normas de contaminación, la seguridad que ofrece a los consumidores la aplicación más allá de las fronteras y los grandes beneficios financieros para los comerciantes e inversionistas al limitar la divergencia regulatoria innecesaria en los requisitos de los productos.
El informe de los Principios de Buenas Prácticas de la OCDE sobre Cooperación Regulatoria Internacional establece los principios clave y los enfoques prioritarios sobre cómo los procedimientos de elaboración de las normas pueden transformarse fundamentalmente para fortalecer la resiliencia ante las disrupciones de una economía mundial interconectada. Estos principios tienen como objetivo ayudar a los gobiernos a hacer un uso más eficaz y estratégico de las diferentes alternativas de cooperación, incluidos los instrumentos internacionales.
Fue visionario cuando el Comité de Política Regulatoria de la OCDE hizo de la cooperación regulatoria internacional un pilar de la calidad regulatoria en 2012. No es casualidad que estos Principios de Buenas Prácticas – la primera y única guía sobre el tema a nivel internacional, basándose en casi 10 años de investigación y análisis de políticas en el campo – sean publicados cuando la OCDE está promoviendo la cooperación global como clave para optimizar la fuerza y la calidad de la recuperación económica en el marco del COVID-19 y abordar otros desafíos globales apremiantes. Los Principios de Buenas Prácticas confirman la dedicación de la Organización para apoyar a los gobiernos a fin de aprovechar todas las facetas de la globalización, la gestión de los bienes comunes globales y la promoción del multilateralismo para lograr compromisos globales ambiciosos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El desarrollo de estos Principios de Buenas Prácticas en Cooperación Regulatoria Internacional es un hito clave e invito a todos los países a utilizarlos activamente para que los gobiernos sean más conscientes del alcance transfronterizo de sus acciones y para diseñar mejores políticas para una vida mejor.
