Capítulo 4. Simplificación administrativa y gestión del inventario de regulaciones en Argentina
En este capítulo se describen y analizan las iniciativas y prácticas recientes y vigentes que el Gobierno de Argentina ha instaurado en materia de simplificación administrativa y análisis ex post de las regulaciones.
Políticas y prácticas de simplificación administrativa
El Gobierno argentino adoptó el máximo compromiso político de emprender la modernización de la Administración Pública Nacional. Con el establecimiento de una agenda ambiciosa, las autoridades nacionales reconocieron la importancia de aumentar la calidad de los servicios públicos, mediante el aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) con miras a reducir las cargas administrativas para los ciudadanos y las empresas del país. En Argentina, las iniciativas de simplificación administrativa dependen de cuatro actores principales: la Secretaría de Gobierno de Modernización, la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia y, desde fechas más recientes, del Ministerio de Producción y Trabajo, el cual ha asumido una función de mayor relevancia en este sentido, en particular después de la implementación del Decreto 62/2018, que crea la Secretaría de Simplificación Productiva.
La Secretaría de Gobierno de Modernización y el Plan de Modernización del Estado
La Secretaría de Gobierno de Modernización es responsable de diseñar, proponer y coordinar las políticas de transformación y modernización de la Administración Pública Nacional (Decreto 13/2015). Se encarga de implementar herramientas y soluciones TIC que permitan la digitalización de los trámites dentro de la administración y en la interacción con empresas y ciudadanos. El principal objetivo de la Secretaría de Gobierno de Modernización es la plena implementación de trámites gubernamentales sin papeles. La Secretaría de Gobierno de Modernización informa que, hasta la fecha, virtualmente todos los procedimientos gubernamentales internos están digitalizados y que 1,325 trámites para empresas y ciudadanos pueden gestionarse, en mayor o menor medida, en línea a través del portal tramitesadistancia.gob.ar. Si bien los beneficios para los ciudadanos y las empresas de realizar trámites gubernamentales digitalizados en vez de los tradicionales en papel y presenciales son obvios, la evidencia que la OCDE recabó señala que durante este proceso no hubo estrategias explícitas de simplificación administrativa.
La política de gobierno electrónico que adopta y sustenta las actividades de digitalización de los procesos gubernamentales de Argentina forma parte del Plan de Modernización del Estado, puesto en marcha con el Decreto 434/2016 en marzo de 2016. El Plan sigue una estrategia similar emprendida hace unos años en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las disposiciones establecidas en el Decreto mencionado aplican a todas las instituciones de la administración pública central, los organismos descentralizados y desconcentrados, y a las empresas y sociedades del Estado. El Plan se basa en cinco ejes o componentes clave:
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Tecnología y Gobierno Digital.
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Recursos Humanos.
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Gestión por Resultados y Compromisos Públicos.
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Gobierno Abierto e Innovación Pública.
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Estrategia País Digital.
En particular, el componente de Tecnología y Gobierno Digital del Plan de Modernización implica desarrollar una mejor gestión de los procesos de la administración, además de implementar trámites a distancia y servicios digitales para los ciudadanos y las empresas.
El Plan de Modernización proporcionó al Gobierno nacional el marco general de política a partir del cual se promulgaron los instrumentos jurídicos requeridos para el desarrollo y puesta en marcha de la política de gobierno electrónico. El objetivo de este conjunto de instrumentos jurídicos fue renovar a la administración pública, sobre todo mediante el uso de herramientas TIC. En el cuadro 4.1 se incluye el marco jurídico que sostiene las iniciativas de gobierno electrónico de Argentina.
La Secretaría de Gobierno de Modernización ha contado con el apoyo de la Secretaría Legal y Técnica (SLyT) en la tarea de elaborar, promulgar y aplicar el marco jurídico necesario para poner en marcha la política de gobierno electrónico. En la actualidad, la SLyT, consciente de la importancia de disponer de una política de simplificación administrativa sólida, se ha comprometido firmemente con la modernización de la administración pública. Desde el inicio de la actual administración, la SLyT ha sido un actor clave en la promulgación de instrumentos jurídicos requeridos para utilizar herramientas TIC en los trámites gubernamentales.
La implementación de un gobierno sin papel
En términos de la estrategia para mejorar los procesos gubernamentales, la estrategia de Argentina se centra en la digitalización generalizada de los procesos y trámites gubernamentales. Se trata de crear un gobierno sin papeles, en el cual todos los trámites se realicen de manera digital. La evidencia recabada por la OCDE muestra que, si bien se logró una clara mejora y simplificación de los procesos al convertir a los trámites físicos en sistemas sin soporte papel, Argentina no procuró activamente la reingeniería de los procesos.
El primer paso hacia la digitalización de los trámites consistió en crear el Sistema de Gestión Documental Electrónica. Con esta plataforma se declaró obligatorio el uso de documentos y expedientes digitales en la Administración Pública. Los primeros trámites que se incorporaron al sistema fueron los relacionados con recursos humanos y con asuntos presupuestarios, pues son comunes a todos los ministerios y entes. Si bien la plataforma replica los formularios físicos, se han obtenido importantes ganancias al reducir el tiempo que toma procesar una solicitud.
Ahora, la plataforma de Gestión Documental Electrónica (GDE) está en pleno funcionamiento y ha digitalizado por completo la comunicación entre los entes y los funcionarios públicos del ámbito federal. El sistema permite que varias áreas administrativas trabajen en un expediente de manera simultánea, facilita la localización y permite adjuntar información. Más aún, los funcionarios tienen la posibilidad de suscribir documentos y resoluciones con su firma digital, con lo que disminuye la burocracia
La segunda etapa de la estrategia de digitalización implica la interacción de los ciudadanos y las empresas con la administración pública mediante una plataforma digital. El Sistema de Trámites a Distancia permite a los ciudadanos y las empresas enviar y recibir información requerida para un trámite (Decreto 1063/2016). El sitio tramitesadistancia.gob.ar reúne todos los trámites que los ciudadanos y las empresas pueden gestionar a distancia, en mayor o menor medida, esto es, enviar información al gobierno, recibir información de este, obtener respuesta oficial, o todo esto en conjunto. El sitio está organizado por trámite, organismo, tema o categoría. En la actualidad, el gobierno argentino ofrece 1,244 trámites que pueden gestionarse a distancia y es probable que la cifra aumente con rapidez.
Como complemento del Sistema de Trámites a Distancia, la Secretaría de Gobierno de Modernización emitió las disposiciones para la creación de la Plataforma de Autenticación Electrónica. Esta verifica las referencias de los usuarios del sistema y da certeza a las autoridades sobre la persona que accede a la plataforma. El instrumento fortalece la confianza de los ciudadanos y las empresas en las herramientas electrónicas del gobierno. Además, representa un paso necesario para desarrollar más trámites y procedimientos a distancia.
En enero de 2017, la Secretaría de Gobierno de Modernización instauró las Pautas Técnicas de Interoperabilidad de Sistemas. Estas pautas especifican los requisitos técnicos para el diseño, los alcances y la arquitectura de los sistemas utilizados para el intercambio de información entre instituciones1. La institución que necesita información controlada por otra organización debe presentar una solicitud a través de un módulo del Sistema de Gestión Documental Electrónica.
Muchas de las iniciativas ya mencionadas convergen en la plataforma digital del sector público. La administración pública instauró la plataforma en febrero de 2017 con la intención de mejorar la calidad de los servicios ofrecidos a los ciudadanos, en especial aquellos que pueden gestionarse a distancia.
El sitio web argentina.gob.ar incluye el perfil digital de los ciudadanos, permite a los usuarios concertar citas para llevar a cabo un trámite administrativo y contiene una lista de los trámites organizada por eventos de vida; en una sección posterior se proporcionan mayores detalles. Asimismo, la plataforma debería incluir todas las páginas web disponibles en la actualidad, así como las que se creen en el futuro (Decreto 87/2017).
En agosto de 2018 se expidió el Decreto 733/2018. Este instrumento jurídico es el último incorporado en la lista de normas que promueven la instalación de un gobierno sin papeles y la simplificación de trámites. El decreto cubre algunos de los puntos ya analizados, pues obliga a los organismos y entes de la Administración Pública Nacional a tener plazos definidos para los trámites administrativos que los ciudadanos y las empresas deben realizar, elimina la posibilidad de solicitar documentación física y restringe el número de veces que puede requerirse al administrado la misma información. Si bien este decreto reduce significativamente la carga administrativa para la sociedad, eso no implica que todos los trámites realizados por ciudadanos y empresas estén disponibles en forma digital.
Otras instituciones, políticas y prácticas de simplificación administrativa de Argentina
Decreto 891/2017 Buenas Prácticas en Materia de Simplificación
En el segundo semestre de 2017, Argentina promulgó el Decreto 891/2017 Buenas Prácticas en Materia de Simplificación, cuyo principal objetivo era eliminar normas obsoletas y simplificar leyes, trámites y regulaciones como elementos necesarios para mejorar la calidad de los servicios públicos. Asimismo, resulta particularmente relevante, ya que hace hincapié en cuatro elementos que reducen la burocracia y se orientan a controlar el acervo regulatorio:
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Simplificación normativa: Las regulaciones deberán ser simples, claras, precisas y de fácil comprensión. En muchos casos se formulan usando un lenguaje confuso y poco claro, lo cual genera malentendidos y dificultades en términos de aplicación y cumplimiento. Al elaborar normas mejor redactadas y modificar las existentes, el gobierno reduce la carga administrativa para los ciudadanos y las empresas.
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Mejora continua: La administración pública deberá fomentar la utilización de herramientas TIC para mejorar los procesos y, por consiguiente, reducir los tiempos de respuesta a los asuntos presentados por los ciudadanos. Según evidencias anecdóticas, una de las principales quejas de las empresas se refiere a la incertidumbre con respecto al tiempo de respuesta. Crear trámites simplificados en los que las instituciones públicas cumplan con los plazos impuestos por la normativa mejora el entorno empresarial y fomenta una mejor relación con los sujetos regulados.
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Gobierno digital: El gobierno federal deberá promover la colaboración con los gobiernos sub-nacionales, en especial mediante el uso de las TIC. La interoperabilidad de los sistemas y plataformas utilizados por los diferentes niveles administrativos e instituciones (también promovida por el Decreto 87/2017) deberá facilitar la interacción de los ciudadanos con el gobierno. Además, el desarrollo de un entorno en el que las instituciones intercambien información deberá reducir los requerimientos de información y el papeleo para los ciudadanos y las empresas. Esto es de particular importancia, ya que “el papeleo suele ser identificado por los sujetos regulados como el símbolo de la burocracia más molesto y negativo” (OECD, 2010[1]).
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Creación de registros: Los nuevos registros de la administración central deberán ser digitales y estar autorizados por el Jefe de Gabinete de Ministros. El objetivo es limitar el establecimiento de nuevos requisitos para los administrados y ofrecer acceso a los registros existentes en línea y de manera gratuita. En reuniones con los ministerios competentes, funcionarios mencionaron que la constante creación de registros, y la carga administrativa que estos implican, representan un problema.
Las medidas estipuladas en el Decreto 891/2017 Buenas Prácticas en Materia de Simplificación se orientan en la dirección correcta y siguen prácticas implementadas en los países miembros de la OCDE, pero es recomendable que se complementen con mecanismos de supervisión adecuados. Por otra parte, la falta de lineamientos formales podría limitar la puesta en marcha de las prácticas incluidas en el instrumento jurídico.
Todas las iniciativas mencionadas son de tipo horizontal y pueden ser utilizadas por todas las instituciones del gobierno argentino. Sin embargo, también se han simplificado y digitalizado trámites y procedimientos en sectores específicos como el comercio y las pequeñas y medianas empresas (PyMEs). La Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino y la creación de un nuevo tipo societario para apoyar a las PyMEs, la Sociedad por Acciones Simplificada, son las iniciativas más destacadas.
Ventanilla Única de Comercio Exterior
El Gobierno argentino reconoció la importancia de simplificar los trámites y procedimientos que las empresas enfrentan cuando pretenden importar o exportar mercancías. Por tal razón, en octubre de 2016 el Ministerio de Producción promulgó el Decreto 1079/2016 que crea la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), con los siguientes objetivos:
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Proveer mayor eficiencia en la gestión de trámites.
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Juntar trámites, regulaciones y procedimientos administrativos para optimizar su aplicación.
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Simplificar y optimizar la gestión de los trámites.
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Gestionar la información de las entidades públicas.
Dos organismos principales se encargan de crear la VUCE: el Comité de Coordinación y la Unidad Ejecutora del Régimen de Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino. El Comité de Coordinación se compone de representantes de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la Secretaría de Gobierno de Modernización, el Ministerio de Producción y Trabajo y la Administración Federal de Ingresos Públicos. Es responsable de propiciar e impulsar regulaciones relevantes, desarrollar herramientas TIC y facilitar la interconexión de diferentes sistemas de tecnología de la información. Además, debe establecer lineamientos que habrán de orientar la VUCE para cumplir con las reglas del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y la Organización Mundial de Aduanas (OMA).
Como complementos de los objetivos del Comité, la Unidad Ejecutora del Régimen de Ventanilla Única se centra en la implementación y administración del VUCE (Decreto 416/2017). La Unidad es un órgano desconcentrado del Ministerio de Producción y Trabajo y sus objetivos están estrechamente vinculados con la simplificación de procesos, normas, reglamentos y trámites relacionados con el comercio exterior, para proveer mayor eficiencia, propiciar el gobierno electrónico y coordinar a los actores institucionales que participen en el VUCE. Cabe mencionar que se prevé que la unidad dejará de existir en 2021, cuando la VUCE esté en pleno funcionamiento, según el plan fijado por el gobierno argentino.
Los usuarios pueden acceder a la VUCE a través del sitio https://www.argentina.gob.ar/vuce, que contiene información relevante organizada por institución. Al momento de redactar este informe, la VUCE incluía 291 trámites distribuidos como se muestra en el cuadro 4.2.
Además, la VUCE incluye un módulo llamado Exporta Simple, que simplifica el proceso de exportación, en especial para las PyMEs. Para utilizar esta plataforma, las empresas deben cumplir con cuatro requisitos principales: i) los productos deben ser nuevos; ii) los envíos deben pesar menos de 300 kg; iii) el valor de la mercancía no puede superar los USD 15 000 y iv) el monto máximo de exportación anual es USD 600 000. Esta plataforma ofrece una opción completamente a distancia para pequeñas empresas que desean exportar. Elimina los trámites, facilita el procedimiento y reduce los costos y cargas administrativas.
Al igual que sucede con otras iniciativas para mejorar los procesos gubernamentales, el objetivo de la VUCE era ofrecer trámites sin papeles. Esto ha beneficiado a ciudadanos y empresas debido a que las cargas administrativas se redujeron con el ahorro de tiempo, al no tener que visitar físicamente oficinas gubernamentales y poder gestionar los trámites en línea. Y, como ocurre con las demás iniciativas de gobierno electrónico, se encontró poca evidencia de una estrategia activa de simplificación administrativa en la puesta en marcha de la VUCE, como la eliminación de requisitos de información.
Sociedad por Acciones Simplificada
El gobierno argentino promulgó la Ley 27.349 de Apoyo al Capital Emprendedor como una manera de apoyar la actividad emprendedora en el país y promover su ingreso a los mercados internacionales. La ley creó un nuevo tipo de figura jurídica que simplifica y reduce los trámites que las empresas, y en especial las PyMEs, necesitan realizar para formalizar su actividad. La Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) puede crearse y registrarse a distancia con la participación de uno o más socios. Eso reduce el tiempo y los recursos que los emprendedores destinan a cumplir con la regulación (Ley 27349).
En la actualidad, las SAS solo están disponibles para empresas ubicadas en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires; sin embargo, el Ministerio de Producción y Trabajo colabora con las demás provincias para poner en marcha los cambios necesarios para incorporar a las SAS en su legislación.
La Secretaría de Simplificación Productiva
En enero de 2018 el Ministerio de Producción y Trabajo (MPT) creó e incorporó a la Secretaría de Simplificación Productiva. La Secretaría se centra en la desburocratización de procesos, leyes y trámites relacionados con la industria, las empresas y la inversión (Decreto 62/2018).
En la práctica, la Secretaría de Simplificación Productiva se ha enfocado en dos tareas: la evaluación ex ante de proyectos de regulación provenientes del MPT y la reducción de cargas administrativas de trámites del MPT para los ciudadanos y las empresas. Si bien la Secretaría se creó recientemente, ha definido lineamientos sobre temas como el análisis costo-beneficio y la cuantificación de los costos de cumplimiento para llevar a cabo estas tareas.
En lo que respecta a la evaluación ex ante, la Secretaría ha evaluado proyectos de ley relacionados con el mercado automotriz y de autopartes y con los certificados de origen. Las evaluaciones de estas regulaciones incluyen recomendaciones sobre el lenguaje que se usa, la identificación de los requisitos de información que son superfluos y la detección de párrafos que deberían eliminarse de la propuesta regulatoria. Véase más información sobre el tema en los Capítulos 2 y 3.
En lo referente a la reducción de cargas, la Secretaría de Simplificación Productiva ha intervenido activamente en la implementación de un programa dentro del MPT para reducir las cargas administrativas para los ciudadanos y las empresas, utilizando la metodología del Modelo de Costeo Estándar (MCE) como el marco guía. Los gobiernos de los países de la OCDE están sumamente interesados en llevar a cabo programas de reducción de cargas administrativas, pues sus resultados son fáciles de entender y comunicar a los ciudadanos (OECD, 2010[1]). Medir las cargas administrativas es también útil pues define un nivel básico para que los gobiernos empiecen a mejorar sus regulaciones y permite definir prioridades respecto a qué trámites y procedimientos conviene simplificar primero.
La mayoría de los países miembros de la OCDE utilizan el Modelo de Costeo Estándar, o una adaptación de este, para medir sus cargas administrativas. El MCE considera el tiempo que los ciudadanos (o las personas que tienen que cumplir con una regulación) dedican a preparar el papeleo, el tiempo que les toma trasladarse a la oficina gubernamental en cuestión, el tiempo de espera en ella y el costo de los materiales necesarios para cubrir todos los requisitos establecidos en el trámite o regulación (SCM Network, s.f.[2]).
En la actualidad, si bien en el gobierno argentino no hay obligación legal de medir las cargas administrativas de las regulaciones y los trámites, la Secretaría de Simplificación Productiva está poniendo el tema sobre la mesa y ha expedido documentos que describen el MCE y la importancia de medir las cargas administrativas. Asimismo, la Secretaría informa que ha aplicado medidas de simplificación administrativa a 43 trámites pertenecientes al MPT y, utilizando el MCE, ha comprobado que estas medidas redujeron las cargas para los ciudadanos y las empresas por un monto de ARS 21 millones.
Gestión del acervo regulatorio
Acceso al acervo de trámites y regulaciones administrativos
Brindar a ciudadanos y empresas acceso al acervo de trámites y regulaciones administrativos es una manera de aumentar la transparencia y reducir el margen para que ocurran actos de corrupción. De hecho, la Ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública reconoce esto y promueve la participación de la sociedad y la transparencia en la administración pública al brindar acceso a la información gestionada por entes del gobierno argentino.
El gobierno argentino brinda libre acceso a su acervo regulatorio a través de varias bases de datos: el Boletín Oficial (www.boletinoficial.gob.ar), ii) bases de datos legislativos (www.infoleg.gob.ar) y iii) repositorios judiciales (www.saij.gob.ar). Se puede acceder a estos sitios web de forma gratuita y se encuentran alineados a prácticas seguidas por países de la OCDE.
Además, el sitio www.argentina.gob.ar contiene trámites organizados por eventos de vida y por servicios. Esta organización facilita a los ciudadanos y a las empresas la tarea de encontrar información relevante. Sin embargo, durante las diversas reuniones que el equipo de revisión de pares y el Secretariado de la OCDE sostuvieron con funcionarios de ministerios y organismos del gobierno argentino, estos dijeron que no podían confirmar que en este sitio web esté incluido el acervo completo de trámites y procedimientos administrativos.
De igual forma, es necesario señalar que la mayoría de los ministerios e instituciones públicas no conocen con exactitud el número de trámites que gestionan y no cuentan con un inventario para que los ciudadanos utilicen como referencia. Dicho inventario está en proceso de elaboración, pues cada vez que se incorpora un nuevo trámite en el sitio web Trámites a Distancia, este se registra. Si bien el inventario de trámites a distancia es una iniciativa útil, es importante desarrollar un catálogo con todos los trámites administrativos de cada ministerio e institución pública.
Crear un inventario completo con todos los trámites y requisitos de información a los que se sujeta a ciudadanos y empresas es un paso necesario para evaluar correctamente el acervo regulatorio y las cargas administrativas. El inventario debe estar actualizado, de acceso fácil y gratuito.
Revisiones ex post del acervo regulatorio
“Es necesario evaluar las políticas existentes mediante un análisis de impacto ex post para garantizar que las regulaciones sean efectivas y eficientes” (OECD, 2012[3]); sin embargo, esta es una de las prácticas menos desarrolladas en los países de la OCDE. De hecho, dos tercios de los países pertenecientes a la Organización no tienen un mandato formal de realizar evaluaciones ex post (OECD, 2018[4]). Argentina ha emprendido iniciativas para implementar análisis ex post de sus regulaciones, pero estos son aún aislados y no están del todo articulados.
En el Decreto 891/2017 Buenas Prácticas en Materia de Simplificación se menciona la necesidad de evaluar el inventario normativo de la Administración Pública Nacional, eliminar las normas innecesarias y reducir el inventario de cargas administrativas. Al igual que en los demás elementos incluidos en el decreto, en el sistema institucional no figura un organismo o una institución responsable de supervisar la realización de estas evaluaciones.
En enero de 2018, el gobierno argentino promulgó un decreto en el que instaba a los entes de la administración pública a eliminar normas y cargas administrativas que afectaran la producción y la actividad empresarial en el país y que eran urgentes de eliminar del acervo regulatorio. El Decreto 27/2018 de Desburocratización y Simplificación implementó más de 100 eliminaciones o modificaciones de regulaciones con base en consultas realizadas a instituciones de la administración pública.
Puesto que el Decreto 27/2018 fue un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el Congreso promulgó tres leyes para reemplazarlo. Las leyes reúnen la mayoría de las modificaciones incluidas en el decreto y se dividen como sigue:
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Ley 27.444 de Simplificación y Desburocratización para el Desarrollo Productivo de la Nación, que se centra en las regulaciones pertinentes para las PyMEs y otras empresas.
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Ley 27.445 de Simplificación y Desburocratización para el Desarrollo de la Infraestructura, que aborda la carga administrativa en puertos, aeropuertos y carreteras.
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Ley 27.446 de Simplificación y Desburocratización de la Administración Pública Nacional, que incluye modificaciones a la administración de bienes públicos y el uso de expedientes electrónicos.
Es importante señalar que la mayoría de las regulaciones incluidas en las leyes mencionadas representaron párrafos o regulaciones obsoletos, por lo que en la práctica cabe suponer que generaban poca carga administrativa para los ciudadanos y las empresas.
Referencias
[7] OECD (2019), Digital Government Review of Argentina, Accelerating the Digitalisation of the Public Sector, Key Findings, OECD, http://www.oecd.org/gov/digital-government/digital-government-review-argentina-key-findings-2018.pdf.
[4] OECD (2018), OECD Regulatory Policy Outlook 2018, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264303072-en.
[5] OECD (2017), OECD Economic Surveys: Argentina 2017: Multi-dimensional Economic Survey, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/eco_surveys-arg-2017-en.
[8] OECD (2015), OECD Regulatory Policy Outlook 2015, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/9789264238770-en.
[3] OECD (2012), Recomendación del Consejo sobre Política y Gobernanza Regulatoria, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264209046-es.
[6] OECD (2011), Regulatory Policy and Governance: Supporting Economic Growth and Serving the Public Interest, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/9789264116573-en.
[1] OECD (2010), Why Is Administrative Simplification So Complicated?: Looking Beyond 2010, Cutting Red Tape, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264089754-en.
[2] SCM Network (s.f.), International Standard Cost Model Manual, http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/34227698.pdf.
Nota
← 1. En marzo de 2018 la Secretaría de Gobierno de Modernización actualizó las pautas mediante la Resolución 19/2018.