Prólogo
En el año 2015, México emprendió un gran esfuerzo para mejorar sus políticas y programas anticorrupción, derivando en el establecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción (SNAC). Como parte de este proceso, las 32 entidades federativas de México debieron replicar la iniciativa estableciendo sus propios sistemas estatales anticorrupción. Sin embargo, el compromiso y el avance con estas reformas varían en cada entidad federativa.
En este contexto de reforma en las entidades federativas de México, este informe presenta los hallazgos y recomendaciones del Estudio sobre Integridad en el Estado de México. El Estudio aborda las brechas estratégicas y operativas existentes y reflexiona sobre lo que puede hacer el estado para mejorar sus políticas e instituciones para el combate a la corrupción. También emite recomendaciones para desarrollar una cultura de integridad en el servicio público, con el fin de influir positivamente en el comportamiento de los servidores públicos. El objetivo es ir más allá del mero cumplimiento y crear un ambiente de integridad, respaldado por pilares institucionales sólidos de elementos como la gestión de riesgos, el control interno y la protección de denunciantes.
El Estudio concluye que el Estado de México fue pionero en la implementación de su sistema (Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, SAEMM) al constituir su Comité de Participación Ciudadana (CPC) y su Comité Coordinador desde etapas tempranas del proceso de reforma. El diálogo y la cooperación en el Comité Coordinador del Estado de México facilitan la implementación, lo que no siempre sucede en otras entidades federativas. Además, hasta febrero de 2021, el Estado de México era uno de solo tres entidades federativas que habían emitido su política anticorrupción (Política Anticorrupción del Estado de México y Municipios, PEA), que no solo fue desarrollada con base en una amplia consulta y reconocida como plenamente alineada con los lineamientos del SNAC, sino que también incluyó un eje sobre ética pública e integridad, de acuerdo con estándares de la OCDE.
Estos avances son congruentes con el objetivo del Plan Estatal de Desarrollo 2017-23 relativo a lograr la implementación plena del SAEMM. Aún más importante, el compromiso del Gobierno del Estado con el SAEMM ayuda a superar el déficit de confianza ilustrado en encuestas de percepción ciudadana, como las producidas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Este estudio se realizó a petición del Estado de México para informar sus políticas de integridad, facilitar la innovación, avanzar en la implementación y comparar sus esfuerzos con referencias nacionales e internacionales. De hecho, el Estado de México es la cuarta entidad federativa en ser evaluada por la OCDE, ayudando a construir la base empírica para guiar las reformas anticorrupción.
Como parte del proceso del Estudio, se organizaron talleres de capacitación sobre políticas y consideraciones clave de integridad, como la gestión de conflictos de interés, el orgullo de pertenecer al servicio público y aproximaciones conductuales, con el apoyo de pares expertos del Consejo de Conflictos de Interés de la Ciudad de Nueva York, la Contraloría General de la Unión de Brasil y un ex titular del Departamento Administrativo de la Función Pública de Colombia (DAFP).
La OCDE continuará apoyando al Estado de México en sus esfuerzos por mejorar sus políticas de integridad.
Este informe fue aprobado por el Grupo de Trabajo de la OCDE de Altos Funcionarios sobre Integridad (SPIO) y desclasificado por el Comité de Gobernanza Pública el 22 de marzo de 2021. Su preparación para publicación estuvo a cargo del Secretariado de la OCDE.