1. ¿Cómo va la vida en América Latina? Introducción y aspectos clave
Los avances en materia de bienestar en la región de ALC entre 2000 y 2019 fueron considerables. No obstante, el ritmo de los progresos se ralentizó de forma notable desde mediados de la década de 2010. Por otra parte, muchos de los recursos naturales, humanos, sociales y económicos que mantienen la sostenibilidad del bienestar ya se veían amenazados o estaban en declive antes de la pandemia, y problemas estructurales como los altos niveles de informalidad y las desigualdades se mantuvieron hasta 2019. Existe el riesgo de que la pandemia de COVID-19 haga que se malogren muchos de los avances en materia de bienestar alcanzados en las últimas décadas, y agrave los problemas ya existentes. Un enfoque de bienestar en las políticas ayudaría a los países de ALC a afrontar las dificultades sociales sumamente interconectadas a las que se enfrentan, aunque integrar este tipo de enfoque en América Latina requerirá del apoyo generalizado tanto público como político, además de mecanismos institucionales que afiancen las prioridades de bienestar en las operaciones de los gobiernos a largo plazo. Asimismo, es necesario introducir mejoras en los datos sobre todos los aspectos del bienestar relevantes a efectos de las políticas.
¿Cómo va la vida en América Latina? Medición del bienestar para la formulación de políticas públicas es un informe conjunto elaborado por el Centro de Bienestar, Inclusión, Sostenibilidad e Igualdad de Oportunidades (WISE) y el Centro de Desarrollo (DEV) de la OCDE. Este supone culminar un proyecto de colaboración de tres años entre la OCDE, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Comisión Europea con el objeto de identificar indicadores de bienestar comparables para la región de América Latina y el Caribe (ALC) (véase el Recuadro 1.1). La región ha registrado una agitación extraordinaria desde la puesta en marcha del proyecto en 2018, empezando por la ola de protestas sociales que comenzó a finales de 2019, a la que pronto siguió la irrupción de la pandemia de COVID-19 en el arranque de 2020, y sus posteriores efectos socioeconómicos sin precedentes, que afectaron sobre todo al bienestar de las poblaciones más vulnerables. Describir la progresión del bienestar en la región durante este período ha sido como apuntar a un blanco móvil, ya que sus repercusiones han ido evolucionando en tiempo real. En todo caso, estos acontecimientos, que ni siquiera se preveían al comienzo del proyecto, han acentuado todavía más la necesidad de ampliar la visión del progreso para que su eje sea el bienestar de las personas, para “construir un futuro mejor”.
Este informe sirve a tres propósitos. El primero consiste en promover un mayor conocimiento de los resultados de bienestar en América Latina, presentando aquellos relativos a una serie de dimensiones importantes para la vida de las personas, tanto en el presente como en el futuro. A lo largo de cuatro capítulos, el informe analiza los indicadores de condiciones materiales, calidad de vida, recursos para el bienestar futuro y experiencias para los distintos grupos de población. Si bien para la mayoría de indicadores se incluye el promedio de ALC, el informe se centra en particular en 11 países latinoamericanos —Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, la República Dominicana, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay—, que fueron seleccionados por su condición de países de ingresos altos y medios-altos en el contexto del instrumento para el desarrollo en transición de la Unión Europea, así como, en muchos casos, por haber manifestado su interés y su compromiso con este proyecto (véase el Recuadro 1.1). El segundo es contribuir al objetivo de medir mejor el bienestar en la región, identificando ámbitos de mejora clave en la recopilación y la cobertura de los datos: por cada dimensión del bienestar o grupo de población cubierto, una sección específica pone de relieve los principales aspectos para el desarrollo estadístico, a fin de valorar mejor el estado de la región. El tercero defiende que, para que las medidas de bienestar puedan emplearse en la toma de decisiones políticas, no basta con limitarse a elaborar más estadísticas y de mejor calidad; también se requiere innovación institucional, analítica y operativa en el modo en que los gobiernos formulan las políticas. Este tema se trata en profundidad en el último capítulo del informe. Partiendo del trabajo previo que analiza el uso de los marcos de bienestar en las políticas de los países de la OCDE, profundiza en los restos y los logros que plantea aplicar un enfoque de bienestar a la política en la región de ALC.
El presente informe constituye el producto final del proyecto Métricas para políticas del bienestar y del desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe, dirigido por el Centro de Bienestar, Inclusión, Sostenibilidad e Igualdad de Oportunidades (WISE) de la OCDE y el Centro de Desarrollo de la OCDE, en colaboración con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Comisión Europea. Este proyecto forma parte del instrumento para el desarrollo en transición de la Unión Europea, una herramienta regional de apoyo al diseño y la aplicación de políticas para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en ALC.
El concepto de “desarrollo en transición” se refiere a aquellos países que están alcanzando mayores niveles de ingresos pero siguen enfrentándose a problemas estructurales (o “trampas del desarrollo”) que tienen que ver con aspectos como las desigualdades, la movilización de recursos internos, marcos sociales débiles, disparidades a nivel subnacional, capacidades de innovación limitadas y escasa diversificación económica (OCDE et al., 2019[1]). Para obtener una descripción más pormenorizada de las trampas del desarrollo específicas que existen en la región de ALC consulte el Capítulo 6. A escala internacional, la transición de los países hacia unos mayores niveles de ingreso nacional bruto (INB) per cápita tiene entre sus consecuencias que dejan de poder optar a la ayuda oficial al desarrollo (AOD). Esto implica perder una importante fuente de apoyo financiero externo incluso pese a que sigan afrontando complejos retos de desarrollo. En este contexto, el proyecto Métricas para las políticas del desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe se centra en la necesidad de contar con medidas más amplias del desarrollo, más allá de los ingresos, que sirvan de base para las políticas nacionales y la cooperación internacional. Si bien las medidas empleadas en el informe aspiran a ser relevantes para el conjunto de la región, los datos que se recogen en los capítulos expositivos del informe (Capítulos 1 a 5) se centran en los 11 países de ingresos altos y medios-altos antes mencionados: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, la República Dominicana, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay.
El proyecto ha tenido como objetivo general respaldar el desarrollo sostenible y emplear las métricas de bienestar relevantes en la formulación de políticas, en aras de lograr el desarrollo sostenible en la región de ALC. Esta es una labor tanto estadística como política. En el plazo de tres años, el proyecto ha ofrecido numerosas plataformas para el diálogo internacional entre los organismos políticos, así como entre los estadísticos y los responsables de la formulación de políticas. Se han celebrado numerosos actos presenciales y virtuales que han promovido el intercambio de conocimientos y experiencias en una red regional de expertos durante el proyecto, entre los que se incluyen:
“Métricas que marcan la diferencia: uso de los indicadores de bienestar y del desarrollo sostenible en las políticas públicas de América Latina y el Caribe”, conferencia internacional celebrada en Bogotá en octubre de 2019 (OCDE, 2019[2]). Durante los dos días de la conferencia tomaron parte más de 50 oradores y 200 asistentes. En ella se expusieron distintas perspectivas y experiencias sobre el uso de los indicadores de bienestar en las políticas, por medio de un taller técnico (primer día) y un acto de alto nivel (segundo día), inaugurado por el presidente colombiano Iván Duque. Este evento estuvo organizado de forma conjunta en asociación con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Universidad del Rosario de Colombia.
“Towards a Comprehensive Measurement of Well-being” (“Hacia una medición integral del bienestar”), serie de conferencias de expertos celebradas entre junio y julio de 2020. Esta serie, compuesta por seis actos en línea, atrajo a una audiencia internacional para debatir temas clave entre los que se incluyen experiencias de diseño de encuestas multidimensionales, el uso de registros administrativos y la mejora en la medición de la desigualdad en los ingresos. La serie, organizada conjuntamente con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México, sirvió también como base para las deliberaciones del grupo mexicano de expertos encargado del diseño de una nueva encuesta nacional de bienestar.
“Medición de las percepciones, evaluaciones y experiencias de las personas: cuestiones clave y mejores prácticas en América Latina y el mundo”, serie de seminarios virtuales celebrada de septiembre a octubre de 2020. Coorganizados con la División de Estadísticas de la CEPAL, estos cuatro seminarios virtuales dieron respuesta al interés suscitado en la región por medir una serie de aspectos subjetivos de la vida de las personas (su percepción de los cambios que se están produciendo en el conjunto del país, sus evaluaciones de aspectos clave de la vida y sus experiencias personales en un gran número de campos). También abordaron la metodología de recopilación de datos sobre bienestar subjetivo, confianza y discriminación, además de analizar las experiencias del país. Como continuación a estos seminarios virtuales, la División de Estadísticas de la CEPAL ha adoptado medidas para establecer un grupo de trabajo específico (en el contexto de la Conferencia Estadística de las Américas) con miras a analizar vías para mejorar la medición comparativa de estos aspectos en toda la región de ALC.
“Llevando el bienestar al centro de las políticas públicas en América Latina y el Caribe”, que formó parte de la serie de seminarios virtuales Desarrollo en transición, celebrada el 7 de julio de 2021. Este seminario web sirvió de espacio para la presentación y el debate de las experiencias nacionales en el uso de herramientas multidimensionales y marcos de bienestar en las políticas de los países de ALC. Tuvo como objetivo compartir las principales lecciones extraídas y las dificultades encontradas en la formulación de políticas para lograr incidir en el bienestar de los ciudadanos en el contexto de la pandemia de COVID-19. Las Jornadas sobre Desarrollo en transición relativas a América Latina y el Caribe, organizadas en el marco del instrumento para el desarrollo en transición de la Unión Europea con las principales partes interesadas de la región, sirvieron de oportunidad para hacer balance de las valiosas experiencias e ideas para una recuperación sostenible e inclusiva tras la crisis en ALC.
Medir el bienestar implica adoptar un enfoque multidimensional y centrado en las personas para evaluar la progresión nacional, en lugar de centrarse exclusivamente en los indicadores de crecimiento económico. Durante décadas, medidas como el ingreso nacional bruto (INB) y el producto interno bruto (PIB) han servido de sustitutos de los niveles de desarrollo de los países. Esta prioridad otorgada a los indicadores macroeconómicos se ha basado en gran parte en el supuesto de que el aumento de los ingresos nacionales (o la productividad) conduce a una mejora automática y general de los resultados sociales. No obstante, cada vez existe un mayor reconocimiento de que la relación entre crecimiento económico, por una parte, y desarrollo sostenible e inclusivo, por otra, es más compleja, y que es necesario contar con un conjunto de información más amplio para obtener una imagen más completa.
Las iniciativas para ir “más allá del PIB” por lo general no pretenden sustituirlo por otra medida única, sino complementarlo con varias métricas adicionales, con el objetivo de compensar sus carencias y aquellos aspectos a los que da un protagonismo excesivo1. Según Joseph Stiglitz, Jean-Paul Fitoussi y Martine Durand, “lo que medimos afecta lo que hacemos, y si medimos lo incorrecto, haremos lo incorrecto. Si no medimos algo, lo pasaremos por alto, como si el problema no existiese” (Stiglitz, Fitoussi and Durand, 2018[3]). Teniendo en cuenta que mejorar el bienestar de las personas de manera sostenible y equitativa se considera, en general, un objetivo fundamental de la política (el cual constituye la esencia de los ODS, a los que se han adherido todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas), se necesita un conjunto de indicadores más amplio para valorar si las políticas contribuyen a este propósito.
La idea de que la ampliación de las perspectivas del progreso nacional y el desarrollo debe ir más allá del PIB, de los promedios y de las personas y las empresas no es en absoluto novedosa. Especialmente en los últimos quince años, varias iniciativas han contribuido a dar una mayor visibilidad a esta necesidad de medir el bienestar y las reservas de recursos que lo sustentan. Esto incluye, en especial, prestar más atención al capital natural, social y humano, así como su papel para mantener el bienestar en el tiempo y para las generaciones futuras. Tuvieron una gran influencia en este sentido las recomendaciones de la Comisión sobre la medición del desempeño económico y el progreso social (establecida en 2008 y conocidas comúnmente como informe “Stiglitz-Sen-Fitoussi”, por sus presidentes Joseph Stiglitz, Amartya Sen y Jean-Paul Fitoussi), que establecieron una hoja de ruta para el desarrollo estadístico necesario con miras a obtener una instantánea más exacta de la vida de las personas y los factores de la sostenibilidad (Stiglitz, Sen and Fitoussi, 2009[4]). La OCDE también lleva tiempo haciendo énfasis en la necesidad de ampliar el alcance de los indicadores empleados para evaluar el progreso de la sociedad más allá de los indicadores macroeconómicos. De hecho, en 2011 puso en marcha su Iniciativa para una Vida Mejor, que tiene como objetivo promover la medición del bienestar y que este concepto forme parte del núcleo central de la formulación de políticas públicas. Esta Iniciativa engloba una serie de productos, que van desde la publicación regular ¿Cómo va la vida? (OCDE, 2020[5]) hasta la herramienta interactiva en línea Índice para una Vida Mejor (http://www.oecdbetterlifeindex.org/es/), y muchos otros informes, directrices metodológicas, documentos de trabajo y artículos. A nivel europeo, en septiembre de 2009 la Comisión Europea emitió una comunicación titulada “Más allá del PIB”, en la que se identifican acciones clave destinadas a mejorar la métrica del progreso (Comisión Europea, 2009[6]). Desde entonces, las instituciones europeas han proseguido innovando y reflexionando sobre la mejor forma de incorporar una perspectiva más centrada en las personas en la medición y la política a nivel regional (Consejo de la Unión Europea, 2021[7]; Consejo de la Unión Europea, 2019[8]).
Teniendo presente esta idea, muchos países del mundo ya han hecho esfuerzos por establecer marcos multidimensionales para medir el bienestar. Más de la mitad de los países de la OCDE han desarrollado algún tipo de cuadro de indicadores del bienestar nacional, entre los que se incluyen Francia, Nueva Zelanda, Italia, Israel, los Países Bajos, el Reino Unido, Eslovenia y Noruega (OCDE, 2019[9]). Los países de ALC (incluidos tanto los pertenecientes como los no pertenecientes a la OCDE) también son pioneros en la medición del bienestar desde hace años. Conceptos como “Vivir Bien”, empleado en Bolivia, y “Buen Vivir”, empleado en Ecuador, encarnan el principio del bienestar sostenible y equitativo para todas las personas, y se han empleado como base en la recopilación de datos y la acción política. Países de la región como Chile, Colombia, México y muchos otros pretenden ampliar los límites del desarrollo de herramientas de medición multidimensionales, englobando aspectos como bienestar subjetivo, delincuencia y seguridad, calidad de vida y otros relativos al bienestar de las personas (para más información consúltese el Capítulo 6).
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas también representa este cambio de paradigma, al reconocer el bienestar de las personas y del planeta como objetivos últimos del desarrollo. La Agenda 2030 consta de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas interrelacionados, con 231 indicadores únicos convenidos por la comunidad estadística internacional con el propósito de medir los progresos. El gran número de indicadores ilustra la importante tensión que se genera al ir “más allá del PIB”, es decir, cómo equilibrar la facilidad de comunicación (la necesidad de contar con un número menor de indicadores o incluso un solo índice compuesto) con la exhaustividad de la información (que requiere un conjunto de indicadores mayor). Ambos aspectos son importantes y, en última instancia, tanto el alcance como la cobertura adecuados de un conjunto de indicadores de bienestar dependerá de su finalidad prevista. Un análisis de los cuadros de indicadores de bienestar desarrollados en 28 países de la OCDE permitió establecer una distinción clara entre los marcos centrados en medir, monitorear y elaborar informes sobre el bienestar (normalmente, dirigidos por las oficinas nacionales de estadísticas (ONE), aunque no siempre) y los elaborados como apoyo a la aplicación de políticas (con frecuencia dirigidas por los departamentos del Tesoro u otros departamentos del núcleo del gobierno) (OCDE, 2019[9]). En términos generales, los cuadros de indicadores de monitoreo suelen ser mayores (con hasta 147 indicadores en el caso de Measures of Australia’s Progress (Medidas del progreso de Australia)), mientras que aquellos orientados a la política son de menor tamaño, con un rango de 5 a 15 indicadores en la mayoría de los casos (OCDE, 2019[9]).
El cuadro de indicadores que se presenta en este informe prioriza la exhaustividad sobre la brevedad, y presenta 107 indicadores como apoyo a la medición y la elaboración de informes sobre bienestar en la región de ALC. No obstante, cabe señalar que la relevancia política de los indicadores ha sido un criterio importante a la hora de seleccionarlos (véase más adelante la sección sobre el proceso de selección de indicadores). Es de esperar que las conclusiones expuestas en este informe establezcan los trabajos preparatorios para el proceso de carácter más político de seleccionar un conjunto de indicadores más limitado que respalde el diálogo político entre los países de la región y los asociados para el desarrollo. En el Anexo 1.A. de este capítulo se recoge una lista preliminar de 30 candidatos a conceptos principales y los indicadores que los acompañan. Dichos indicadores han servido de orientación a las notas por países en línea que acompañan al informe.
Tanto la descripción como el análisis que se recogen en el presente informe se basan en el marco de la OCDE, que en el último decenio ha servido de orientación para la medición y la investigación sobre el bienestar, tanto dentro como fuera de la Organización. Dicho marco concibe el bienestar en función de 11 dimensiones del bienestar actual y cuatro tipos de recursos para el bienestar futuro (capital humano, natural, económico y social) (Gráfico 1.1). Como reflejo del trabajo previo sobre el significado del desarrollo y las deliberaciones sobre la naturaleza del bienestar humano2, el marco de la OCDE presenta cuatro características distintivas:
En primer lugar, se concentra en las personas (es decir, tanto los particulares como las familias), su situación y cómo se relacionan con otros miembros de la comunidad en la que viven y trabajan. Es importante centrarse en ellas y no en el sistema económico, ya que habitualmente existen diferencias entre la evaluación de la economía de un país en su conjunto y las experiencias de bienestar de sus habitantes.
En segundo lugar, se concentra tanto en los resultados para el bienestar actual y los recursos en los que se basa el bienestar futuro. Resulta fundamental concentrarse en los resultados del bienestar actual (p. ej., el desempeño de los alumnos) y no en los insumos (p. ej., el gasto en educación) o los productos (p. ej., los alumnos que se gradúan), ya que los resultados proporcionan información directa sobre la vida de las personas.
En tercer lugar, tiene en cuenta la distribución del bienestar en la población junto con los logros promedios; esto permite analizar las desigualdades en las distintas dimensiones del bienestar, y también por edad, género, condición socioeconómica y otras características.
Por último, analiza aspectos tanto objetivos como subjetivos del bienestar, ya que las experiencias personales y las valoraciones que hacen las personas de las circunstancias de su vida aportan información importante, además de las medidas objetivas de dichas circunstancias.
Fuente: OCDE (2020[5]), How's Life? 2020: Measuring Well-being, OECD Publishing, París, https://doi.org/10.1787/9870c393-en.
El marco de la OCDE no representa una expresión definitiva de lo que constituye una “buena vida”, ya que aquello más importante para las personas difiere entre individuos y contextos nacionales, en función de las circunstancias, la cultura y muchos otros factores. No obstante, proporciona una lista exhaustiva de “ingredientes” para el bienestar inclusivo y sostenible3. El marco pretende proporcionar una estructura para llevar a la práctica el concepto de bienestar en distintos contextos4. En esta perspectiva, el marco aportó un punto de partida para identificar un conjunto de indicadores comparables para medir el bienestar en ALC.
En la adaptación del marco para reflejar las prioridades de la región han influido consideraciones tanto conceptuales como pragmáticas. En primer lugar, era importante determinar si el marco de la OCDE pasaba por alto aspectos de especial importancia para los latinoamericanos, o si, por el contrario, prestaba una atención excesiva a temas menos relevantes en la región. A fin de evaluar los componentes necesarios del marco de bienestar de ALC se recurrió a varios métodos y fuentes, entre los que se incluyen:
Los resultados de una consulta realizada en 2016 a las oficinas nacionales de estadísticas (ONE) de la región de ALC5, además de intercambios adicionales con las ONE regionales y la División de Estadísticas de la CEPAL.
El contenido de los planes nacionales de desarrollo y otros documentos de políticas estratégicas, además de los marcos de medición multidimensional, elaborados por los países de la región.
Dos documentos clave de un ejercicio realizado por el Grupo de coordinación estadística de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL.
El primero, una ambiciosa propuesta para un marco regional de indicadores de los ODS que engloba 307 indicadores, de los que 143 proceden del marco de indicadores mundiales de las Naciones Unidas, 135 fueron indicadores complementarios propuestos y 29 fueron indicadores sustitutos propuestos (CEPAL, 2017[10]).
El segundo, el informe final del ejercicio de priorización, en el que se presentaron los indicadores conservados entre los propuestos tras el extenso debate celebrado entre los miembros del Grupo de coordinación estadística. Este informe incluyó 154 indicadores, de los que 120 proceden del marco de indicadores mundiales de las Naciones Unidas, 30 son indicadores complementarios y 4 son indicadores sustitutos (CEPAL, 2019[11]).
Estos documentos constituyen recursos importantes, ya que, en conjunto, ofrecen una amplia imagen general de los aspectos que deben tenerse en cuenta en el monitoreo del desarrollo sostenible, desde la perspectiva de los expertos regionales en medición.
Por último, varios actos presenciales y virtuales celebrados durante el proyecto (véase el Recuadro 1.1) brindaron la oportunidad de intercambiar conocimientos y propiciaron el debate con un amplio abanico de expertos sobre los aspectos más importantes de la medición del bienestar para las políticas en América Latina y el Caribe.
Tanto la investigación como la consulta permitieron determinar que, a nivel de dimensión, el marco de la OCDE ha englobado los diversos aspectos que se consideran importantes para el bienestar en la región. No obstante, también demostró que, en lo que se refiere a los conceptos clave que deben destacarse y la selección de indicadores resultante, era necesario que la expresión de las dimensiones difiriera del enfoque de la OCDE en algunos ámbitos. En concreto, si bien todos los conceptos incluidos en ¿Cómo va la vida? (OCDE, 2020[5]) (punto de referencia para llevar a la práctica el marco de bienestar en los países de la OCDE) fueron también relevantes para el bienestar en los países de ALC, se excluyeron varios aspectos de gran importancia para la región, o se hizo un énfasis menor del necesario en ellos. En el Cuadro 1.1 se resumen los conceptos clave que aborda el marco del informe ¿Cómo va la vida? de la OCDE, así como aspectos adicionales relevantes identificados para ALC. El cuadro definitivo de indicadores en el que se fundamenta este informe no incluye todos estos conceptos, debido a la limitación de los datos (como se expone en la sección siguiente). Sin embargo, este inventario ha servido de ambiciosa guía del ideal que se espera alcanzar en una lista pormenorizada de métricas de bienestar para la región.
En el Cuadro 1.1 no se ha incluido cada uno de los conceptos específicos de ALC que identificó la investigación, sino únicamente aquellos que numerosas fuentes señalaron como relevantes para la región. Un grupo de aspectos omitido en la actual versión, pero que podría considerar incluirse en futuras versiones del marco, tiene que ver con las creencias y prácticas culturales, que revisten especial importancia para las comunidades indígenas y sobre las que la disponibilidad de datos también continúa planteando dificultades.
Una vez establecido el marco conceptual, el siguiente paso consistió en analizar las fuentes de datos disponibles, a fin de seleccionar los más adecuados para el cuadro de indicadores. Para la selección se contó con un conjunto de indicadores estandarizados a modo de orientación. Se basaron en los criterios de evaluación de la calidad empleados en la primera edición de ¿Cómo va la vida? de 2011 (OCDE, 2011[12]) y se mejoraron con la revisión de la calidad hecha en 2019 del conjunto de indicadores de la OCDE de ¿Cómo va la vida? (Exton and Fleischer, a continuación[13]). En el Cuadro 1.2 se presentan los distintos criterios (relevancia, disponibilidad de desgloses de población para calcular las medidas de la desigualdad, exactitud, credibilidad y comparabilidad, oportunidad y frecuencia, capacidad de interpretación y limitaciones del trabajo) y se explican los principales aspectos considerados en cada una de las categorías.
En conjunto, los criterios de calidad del Cuadro 1.1 describen las características ideales de una métrica de bienestar, pero incluso en el cuadro de indicadores de ¿Cómo va la vida? de la OCDE, no todos los indicadores cumplen por completo cada uno de estos criterios. Para este informe se adoptó un planteamiento más pragmático. Si bien se consideraron importantes todos los aspectos de calidad, se otorgó prioridad a los siguientes:
Relevancia: El valor del indicador destinado a medir y monitorear el bienestar debía ser claro, tener un elevado grado de relevancia política y referirse o bien a los hogares o a las personas (con respecto al bienestar actual) o a los distintos tipos de recursos relevantes para el bienestar futuro.
Capacidad de interpretación: El significado del indicador debía ser evidente, y la variación en este inequívocamente positiva o negativa.
Oportunidad: Siempre que sea posible, los datos deben basarse en recopilaciones de datos recurrentes, con series de tiempo anuales que al menos se remonten a 2000. En la medida de lo posible, se dio prioridad a los datos que se publican con un desfase no superior a dos años.
Credibilidad y comparabilidad: Dentro de lo posible, los datos únicamente se obtuvieron de estadísticas oficiales basadas en definiciones comparables, o, en aquellos casos en que no estaban disponibles, de instrumentos bien consolidados. En general, se prefirieron aquellos indicadores que permiten la comparación directa con el promedio de la OCDE.
Limitaciones del trabajo: Se dio prioridad a los indicadores con cobertura de datos de los 11 países analizados (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, la República Dominicana, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay); por norma general, para ser incluido, cada indicador debía disponer de datos de series de tiempo de al menos 7 de los 11 países.
No obstante, dado que este proyecto también tenía por objeto dar una mayor visibilidad a aspectos que por lo general no se tienen en cuenta en los ejercicios de establecimiento de valores de referencia, se permitió una serie de excepciones a estas normas. En estos casos, en su lugar se emplearon los “siguientes mejores” indicadores disponibles cuando la importancia del concepto era mayor que la necesidad de cumplir todos los criterios de calidad. Por ejemplo, en el caso de los ingresos y el consumo, respecto a los que se carece de datos comparables a nivel de los hogares de la región, se han empleado dos indicadores obtenidos de las cuentas nacionales (Ingreso Nacional Bruto per cápita y Gasto en Consumo Final de los Hogares) como sustitutos de la medida de ingreso disponible del hogar per cápita incluido en ¿Cómo va la vida? En otros casos se han empleado datos cuya oportunidad, comparabilidad y cobertura nacional distaban de ser las ideales, a fin de proporcionar una indicación de la situación, además de poner de relieve la necesidad de disponer de mejores datos en estos ámbitos. Sin embargo, incluso con este planteamiento de mayor flexibilidad faltan datos comparables en algunos ámbitos importantes para el bienestar en la región de ALC (como el patrimonio del hogar y la desigualdad de patrimonio, y las actividades de uso del tiempo que van más allá del trabajo remunerado y no remunerado). Cada una de las secciones de los Capítulos 2 a 4 del presente informe (correspondientes a cada una de las dimensiones del marco) y el Capítulo 5 (correspondiente a cada tipo de desigualdad del grupo analizado) concluye con un análisis de los “Aspectos para el desarrollo estadístico”, que tiene por objeto mejorar la medición del bienestar en los distintos ámbitos.
Debe hacerse especial mención al uso de la Encuesta Gallup Mundial y a los datos del Latinobarómetro para una serie de medidas subjetivas que recoge el informe. En los casos en que ha sido posible, los datos se han obtenido de organizaciones internacionales, que a su vez recogen los datos de las ONE, y armonizan las medidas a posteriori con miras a obtener resultados más comparables. No obstante, pese a que un número cada vez mayor de ONE de la región están recopilando indicadores subjetivos sobre diversos temas, la disponibilidad de datos comparables sigue sin ser suficiente como para permitir compilar indicadores basados en fuentes oficiales. Como ya se ha hecho en el pasado con la serie ¿Cómo va la vida? de la OCDE, en estos casos se han empleado fuentes alternativas (aunque de gran calidad). Tanto Gallup como el Latinobarómetro constituyen órganos de elaboración de encuestas consolidados, cuyos resultados nacionales se basan en preguntas comparables y los tamaños de sus muestras cuentan al menos 1.000 observaciones.
Por último, en el proceso de selección de indicadores se tuvo como consideración general emplear en la medida de lo posible los procedentes del marco de indicadores de los ODS. En la sección siguiente se compara el marco de los ODS con el de bienestar de la OCDE, y se explica el grado de relevancia de los indicadores empleados en este informe a efectos del primero.
El marco de bienestar de la OCDE y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas presentan numerosos aspectos comunes en lo referente a contenido y propósito, así como el objetivo compartido de mejorar la vida de las personas en ámbitos sociales, medioambientales y económicos clave. De hecho, salvo el Objetivo 17, orientado a los procesos, todos los ODS se representan en el marco de bienestar (véase el Gráfico 1.2). No obstante, también presentan importantes diferencias. El enfoque de bienestar de la OCDE pretende ser una herramienta de diagnóstico, analítica y viable a efectos de políticas, integrada en un marco conceptual claro. Por su parte, la Agenda de los ODS constituye una serie de compromisos políticos y ambiciosos. La Agenda 2030 pone de relieve que todas las metas importan y que, para tener éxito, los países deben lograr todos los objetivos y metas. Pero realmente es necesario que los países sean capaces de comprender la mejor forma de secuenciar las políticas. Esto requiere un planteamiento conceptual que contribuya a priorizar las acciones e identificar los equilibrios y las sinergias. En este sentido, ambos planteamientos se complementan: abordar los ODS desde la óptica del bienestar puede ayudar a los países a identificar los indicadores más relevantes para monitorear los progresos hacia el desarrollo sostenible.
En la medida de lo posible, los indicadores empleados para completar el marco de bienestar de la región de ALC se seleccionaron mediante referencia al marco de indicadores de los ODS, teniendo en cuenta tanto el Marco mundial de los ODS (elaborado por el Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los ODS de las Naciones Unidas) (Naciones Unidas Estadísticas, 2021[14]) como los indicadores complementarios y sustitutos de los ODS para ALC, identificados por el Grupo de Coordinación Estadística de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL (CEPAL, 2019[11]).
En el Gráfico 1.3 se establece el grado de relevancia para el marco de indicadores de los ODS correspondiente a los distintos indicadores que se contemplan en este informe. En conjunto, 37 de los 107 indicadores (algo más de una tercera parte) se han tomado directamente de la lista del Marco mundial de los ODS, y otros 9, de la lista priorizada de indicadores de los ODS para la región de ALC. Otros 56 indicadores adicionales (más de la mitad del conjunto) se consideran directamente relevantes para una meta de los ODS, pese a no estar incluidos ni en el Marco mundial ni en la lista priorizada para ALC. Por ejemplo, se han incluido tanto la proporción entre los quintiles S80/S20 (Capítulo 1) como el coeficiente de Gini de ingresos del trabajo (Capítulo 2), ya que proporcionan información resumida sobre los ingresos y la desigualdad salarial respectivamente, lo cual sirve como base para la meta 10.4 de los ODS de “Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad”. Del mismo modo, en la dimensión del capital social se ha empleado una serie de indicadores principalmente subjetivos para captar conceptos relevantes a efectos de las metas 16.5 (Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas), 16.6 (Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas) y 16.7 (Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades). En algunos casos, los indicadores empleados fueron los sustitutos más próximos disponibles para los indicadores del Marco mundial. Por ejemplo, en ausencia de una cobertura de datos adecuada por países sobre el indicador 10.3.1, se emplearon los datos del Latinobarómetro sobre la proporción de la población que asegura pertenecer a un grupo que ha sido objeto de discriminación.6
Nota: Las cifras entre paréntesis de cada denominación se corresponden con el número de indicadores de cada dimensión. Marco mundial de los ODS hace referencia a la lista oficial de indicadores elaborada por el Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los ODS de las Naciones Unidas (Naciones Unidas Estadísticas, 2021[14]). ODS ALC hace referencia a los indicadores complementarios y sustitutos de los ODS correspondientes a la región de ALC identificados por el Grupo de Coordinación Estadística de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL (2019[11]). “Directamente/no directamente relacionado con una meta” se refiere a la lista oficial de metas de los ODS (Naciones Unidas Estadísticas, 2021[14]).
En la mayoría de los casos, el motivo para emplear un indicador alternativo o complementario en lugar de uno tomado del Marco mundial o de la lista priorizada para ALC fue una de las tres consideraciones expuestas a continuación: en primer lugar, la necesidad de centrarse en medidas de resultados resumidas cuya interpretación sea inequívoca. Como ya se ha señalado, muchos de los indicadores de los ODS están orientados a políticas o procesos, y no a los resultados. También suelen centrarse en problemas políticos limitados, en lugar de hacer énfasis en los resultados de alto nivel. Las métricas clave para monitorear el bienestar social general, como la esperanza de vida o la participación electoral, no se incluyen en las listas de indicadores de los ODS, pese a incluirse aquí. En segundo lugar, en enfoque de la medición del bienestar de la OCDE (al igual que muchos otros) destaca el valor de las medidas subjetivas además de las objetivas, mientras que las listas de indicadores de los ODS incluyen muy pocas medidas subjetivas. En tercer lugar, pese a los progresos continuados desde 2015, todavía no existen datos de calidad cobertura y comparabilidad suficientes para todos los indicadores de los ODS; en estos casos fue necesario buscar los indicadores alternativos más próximos disponibles.
Por último, de los 107 indicadores que figuran en este informe, respecto a cinco de ellos no puede establecerse una relación directa con una meta de los ODS. Esto se aplica en concreto a todos los indicadores de relaciones sociales (la proporción de personas que asegura tener a alguien con quien contar en caso de necesidad) y bienestar subjetivo (satisfacción con la vida reportada por la propia persona, balance negativo de afecto, proporción de personas con baja satisfacción con la vida) y a un indicador de capital social (la proporción de personas que hacen voluntariado). Esto es un reflejo de las diferencias conceptuales entre los dos marcos: pese a que existe un notable grado de solapamiento, las dimensiones que se consideran importantes para el bienestar inclusivo y sostenible no son exactamente las mismas en ambos. Si bien no se mencionan en concreto en ninguna de las metas, las relaciones sociales sólidas, los elevados niveles de bienestar subjetivo y la participación cívica activa son todos ellos aspectos de las metas de desarrollo sostenible centrado en las personas que se detalla en los ODS.
Para comprender de forma más precisa los retos de desarrollo a los que se enfrentan los distintos países, resulta esencial contar con marcos de indicadores de gran calidad, exhaustivos y multidimensionales. No obstante, a fin de garantizar que estas métricas se emplean posteriormente en la toma de decisiones, que es el objetivo último de este empeño, no basta con producir más datos y de mejor calidad sobre el bienestar y la sostenibilidad. Para que los gobiernos avancen en la adopción de un enfoque de política de bienestar, se requieren innovaciones institucionales, analíticas y operativas, así como mejoras estadísticas. Además del análisis estadístico que se recoge en el presente informe, otro aspecto igualmente importante de la investigación consistió en estudiar cómo podrían emplearse los marcos de bienestar a lo largo del ciclo de formulación de políticas en la región de ALC, partiendo de la experiencia acumulada en otros países de la OCDE. En esto se centra el Capítulo 6.
Un enfoque de bienestar en la política emplea los datos contrastados en este ámbito de forma integrada a lo largo de su ciclo de formulación —desde la fase de programación de la agenda (pasando por la planificación del desarrollo), hasta la formulación de políticas y la elaboración de presupuestos, la implementación, el monitoreo y la evaluación— para trabajar en pro de una visión más completa, a largo plazo e integral del desarrollo. Debería centrar enérgicamente la acción del gobierno en aquello que más importa a las personas y la sociedad, en lugar de hacerlo en un solo objetivo (o una serie muy limitada de objetivos), como el crecimiento del PIB. Cada vez son más los gobiernos de todo el mundo que incorporan elementos de este enfoque (con independencia de si emplean o no una etiqueta específica de “bienestar”), ya que reconocen que para afrontar los grandes retos actuales es necesario distanciarse de las formas de pensar y actuar tradicionales, cortoplacistas y orientadas al aislamiento.
En el Capítulo 6 se presentan los conocimientos y la experiencia adquiridos sobre el uso de los marcos de bienestar en las políticas de los países de ALC y otros países de la OCDE. En él se identifican una serie de lecciones clave que sirven de base a la política nacional y la cooperación internacional:
Adoptar una perspectiva multidimensional puede ayudar a los países de ALC a afrontar los cambios sociales extremadamente interrelacionados a los que se enfrentan, que se han visto agravados de forma adicional por la crisis del COVID-19. Al respaldar los esfuerzos pangubernamentales y centrar la atención de los gobiernos en aquellos ámbitos que presentan mayores necesidades, los marcos multidimensionales de bienestar pueden contribuir a reforzar la eficacia y la eficiencia de los procesos de formulación de políticas. Durante la recuperación pos-COVID, más que nunca antes, los gobiernos de ALC están llamados a idear respuestas políticas a la crisis que evalúen y aborden el carácter multidimensional del bienestar de las personas.
Aplicar un enfoque de bienestar en la política puede orientar el proceso de construir un futuro mejor tras la pandemia, al ayudar a los gobiernos a restablecer, rediseñar, realinear y reconectar sus prioridades de varias formas. Esta crisis ha puesto de relieve la importancia de los principales retos a los que se enfrenta la región, como la universalización de la protección social, las demandas de los ciudadanos de replantear un nuevo contrato social y el fortalecimiento de la integración regional y la cooperación internacional (OCDE et al., a continuación[15]). Un enfoque de bienestar puede arrojar claridad a los objetivos, las prioridades y las medidas del éxito: articular qué significa en la práctica construir un futuro mejor. Contribuye a identificar las vulnerabilidades tanto previamente existentes como nuevas, o las acumuladas, a fin de dirigir el apoyo de forma más eficaz. Aborda temas que en ocasiones tienen menor visibilidad en la política, pero que revisten una gran importancia para la calidad de vida de las personas y que se han visto gravemente afectados durante la pandemia, como las relaciones sociales, la salud mental y el bienestar subjetivo. Fomenta la resiliencia de los sistemas, lo que no solo engloba los sistemas económicos y naturales, sino también los sociales (como son las instituciones y la confianza). Asimismo, contribuye a establecer redes de colaboración entre los departamentos y las agencias del gobierno para que puedan centrarse en mayor medida en los resultados comunes, necesarias para cumplir las agendas integradas multidimensionales como las que se requerirán en la aplicación de los planes inclusivos y sostenibles de recuperación de la pandemia.
Los gobiernos de los países de ALC ya han adoptado medidas importantes para aplicar un enfoque de la política que va “más allá del PIB”. Si bien no siembre se emplea la palabra “bienestar”, los países de ALC están muy avanzados en la incorporación de un enfoque multidimensional y centrado en las personas en la medición y las políticas (Montoya and Nieto-Parra, a continuación[16]). Por ejemplo, muchos países de la región cuentan con una prolongada trayectoria en el uso del Índice de Pobreza Multidimensional (incluso para focalizar las políticas sociales durante la crisis del COVID-19), mientras que las oficinas de estadística de la región han adoptado por completo la agenda de los ODS y están haciendo grandes esfuerzos por dar seguimiento a su logro. Tanto los planes nacionales de desarrollo como otras estrategias de desarrollo de la región también incluyen, cada vez con más frecuencia, un enfoque integral del desarrollo que tiene en cuenta los objetivos sociales y medioambientales, además de los objetivos económicos.
Los enfoques participativos en el desarrollo de marcos multidimensionales y el establecimiento de prioridades sociales pueden contribuir a reforzar el contrato social entre gobiernos y ciudadanos. Para garantizar la legitimidad y el apoyo público a este tipo de marcos, resulta esencial una participación amplia del público en el desarrollo y la revisión periódica de los marcos multidimensionales de bienestar, además de movilizar la acción colectiva para lograr los objetivos sociales identificados. Esto cobra especial importancia en un momento en que los esfuerzos por reforzar el contrato social entre gobiernos y ciudadanos son muy necesarios en la región, con miras a implementar reformas fundamentales y lograr una recuperación sólida, sostenible e inclusiva (OCDE et al., a continuación[15]).
Si bien los planes nacionales de desarrollo adoptan una perspectiva cada vez más multidimensional, los objetivos económicos continúan predominando en gran medida, en parte debido a las lagunas de información sobre los objetivos no económicos. El análisis de los planes nacionales de desarrollo (PND) de ALC, incluido en el capítulo, ha demostrado que, aunque los PND incluyen cada vez más objetivos sociales y medioambientales, continúan predominando los objetivos económicos, y se presta menos atención a dimensiones más amplias del bienestar, o a otras formas de capital necesarias para mantener en bienestar en el tiempo, más allá del capital económico.
Se precisan vínculos más sólidos entre los objetivos multidimensionales establecidos en los marcos jurídicos y los planes nacionales de desarrollo, por una parte y, por otra, su aplicación mediante la dotación presupuestaria, el diseño de políticas y la focalización, así como otros mecanismos políticos. Aprovechar las buenas prácticas existentes y reforzar las relaciones entre los “objetivos” y la “implementación” —incluida la dimensión presupuestaria— puede marcar la diferencia entre un plan de desarrollo nacional, que sigue siendo una visión de alto nivel, frente a otro basado en objetivos sociales compartidos de forma general, y que puede llevarse a la práctica y movilizar la acción colectiva para mejorar la vida de las personas.
Por último, el informe argumenta que los marcos multidimensionales tienen el potencial de orientar la toma de decisiones a escala regional e internacional, así como a nivel nacional (y subnacional). Esto cobra especial relevancia en el contexto de la crisis de la COVID-19, y otros desafíos mundiales como el cambio climático y la migración. Construir un futuro mejor también dependerá de unas formas más robustas e innovadoras de cooperación y colaboración internacional. Convenir un único conjunto de prioridades al que dar seguimiento con indicadores comunes en toda la región (un proceso a la vez político y técnico) ayudaría a los países de ALC a identificar las prioridades y dificultades que comparten, así como sus puntos fuertes y débiles, y también a ampliar el ámbito de aprendizaje entre pares y de actuación coordinada. A su vez, esto contribuiría a que surja una serie más amplia y flexible de modalidades de asociación internacional (sin limitarse únicamente a la ayuda financiera), más adaptada a las necesidades de los países en una era de desarrollo en transición (OCDE et al., 2019[1]).
En el resto de este capítulo se presentan los aspectos clave de los Capítulos 2 a 5 del informe. Estos aspectos clave proporcionan un resumen de alto nivel de la evolución de las tendencias en el tiempo, presentando series de tiempo promedias correspondientes a los 11 países analizados (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, la República Dominicana, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay) y, en los casos en que sea posible, el promedio regional de ALC y el promedio de la OCDE. En la sección de aspectos clave se resumen los avances y los retrocesos generales observados en los distintos ámbitos del bienestar en los países objeto de estudio (al tiempo que se reconoce que en muchos casos el promedio oculta divergencias de patrones entre los países analizados y dentro de estos, como se muestra más detalladamente en los Capítulos 2 a 5). También se resumen las principales desigualdades en materia de bienestar entre los distintos grupos de población, que se tratan en el Capítulo 5, y concluye con un resumen de los datos contrastados sobre el impacto de la pandemia, además de los aspectos para el desarrollo estadístico, que se señalan a lo largo del informe.
En los Capítulos 2 a 5 se aborda más detalladamente la evolución de todos los ámbitos comprendidos en el marco de bienestar de la OCDE:
El Capítulo 2, sobre las condiciones materiales, abarca los ingresos y el consumo, el trabajo y la calidad del empleo y la vivienda, analizando tanto los patrones promedios (a nivel de país) como las desigualdades verticales (es decir la distribución general en la sociedad de los resultados de bienestar seleccionados), así como las carencias (es decir, la proporción de personas que se encuentran por debajo de determinado umbral de bienestar);
El Capítulo 3 sobre calidad de vida, adopta el mismo planteamiento para abordar la salud, los conocimientos y competencias, la seguridad, la calidad del medioambiente, el compromiso cívico, las relaciones sociales, la conciliación de la vida personal y laboral y el bienestar subjetivo;
En el Capítulo 4, sobre los recursos para el bienestar futuro, se presentan los indicadores de las cuatro reservas de capital consideradas en el marco de bienestar de la OCDE, es decir, el capital económico, natural, humano y social;
El Capítulo 5, sobre desigualdades en materia de bienestar entre los grupos sociales y los territorios, analiza las desigualdades horizontales por género, edad (niños, jóvenes y ancianos), territorios (centrándose en las diferencias entre zonas urbanas y rurales), origen étnico y raza (por la condición de indígena o afrodescendiente), así como la educación.
En cada uno de estos capítulos se muestran los resultados a nivel del país a partir de los últimos datos disponibles para cada indicador,7 y se comparan con el año 2000 o el año más próximo disponible, en caso de que existan series de tiempo adecuadas. En la mayor parte de los casos, los datos más recientes corresponden a 2019 y la mayoría de los resultados describen las variaciones en el bienestar desde comienzos del siglo XXI hasta el inicio de la pandemia de COVID-19. Los resultados se organizan por secciones, en función de la dimensión del bienestar en los Capítulos 2 y 3, por tipos de reservas de capital destinadas a los recursos para el bienestar futuro en el Capítulo 4, y en función de los distintos grupos de población en el Capítulo 5. Cada una de las secciones concluye con dos subsecciones especiales sobre:
El impacto de la pandemia de COVID-19 sobre la dimensión, el recurso o el grupo de población objeto de análisis. Si bien, en general, en el cuerpo principal de cada una de las secciones no se aborda la pandemia como tal, sí se recogen datos contrastados sobre los factores de resiliencia y vulnerabilidad que han configurado las repercusiones de la crisis en los distintos países. Además, esta subsección se basa en las investigaciones y las proyecciones disponibles para abordar la posible repercusión de la pandemia en cada uno de los aspectos. En los casos en los que es posible, también se presentan datos que reflejan las diferencias entre los niveles de 2019 y 2020.
Aspectos para el desarrollo estadístico. En estas subsecciones se analizan las carencias estadísticas que deben abordarse, así como los problemas metodológicos que deben tenerse en cuenta para mejorar la medición de los distintos aspectos del bienestar tanto actual como futuro.
Por último, el Capítulo 6 analiza a la política a través de una óptica del bienestar: experiencias de ALC y del conjunto de los países de la OCDE. Como ya se ha descrito, en él se presentan las experiencias de uso de los marcos multidimensionales de bienestar en las políticas de los países de la región de ALC, y otros países de la OCDE, así como las enseñanzas para la política de bienestar a nivel nacional e internacional.
En 2019, varios aspectos de la vida habían mejorado en toda la región de ALC con respecto al año 2000. Ahora bien, el proceso de desarrollo del bienestar no fue sencillo, e incluso antes de que la pandemia afectara a la región en 2020 ya existían importantes dificultades. En los 11 países analizados, los avances significativos en las condiciones materiales, incluida la reducción de la pobreza absoluta y la desigualdad en los ingresos, así como las mejoras en las condiciones de la vivienda, no siempre han ido acompañados de mejoras similares en la calidad de vida (p.e., en aspectos de seguridad, conexiones sociales y compromiso cívico). La ralentización del progreso económico a mediados de la década de 2010 incidió directamente en el nivel de vida (p.e., reduciendo la disponibilidad de empleos formales y aumentando el desempleo), pero también se asoció con un descenso de la satisfacción de las personas con sus condiciones, y de su confianza en el gobierno.
La sostenibilidad del bienestar en el tiempo enfrenta amenazas mundiales a las que la región es especialmente vulnerable (como la pérdida de biodiversidad y el cambio climático que afectan al capital natural), y para afrontarlas será necesaria una acción nacional combinada con la cooperación internacional. Entretanto, la debilidad del capital social de la región pone de relieve lo frágil que es la relación entre las personas y las instituciones públicas que les prestan servicios. El capital humano se ve afectado por niveles sistemáticamente altos de jóvenes en empleo informal o que no estudian ni trabajan ni reciben formación (ninis), así como unos niveles cada vez mayores de obesidad. El bajo capital económico, aunque en ascenso, comenzó a estancarse incluso antes de la llegada de la pandemia. Resulta crucial adoptar un enfoque pangubernamental de la inversión en recursos para el bienestar futuro, a fin de garantizar que la actuación en un ámbito no socava los progresos en los restantes.
Si se analiza más allá del promedio nacional, es posible observar grandes variaciones entre las experiencias de las personas. Para poder adoptar decisiones de forma efectiva se necesita una imagen más desglosada y localizada de los datos de bienestar. El bienestar no se distribuye de forma equitativa: en general, las mujeres, los niños y los jóvenes, las personas que viven en zonas rurales, las personas indígenas y afrodescendientes, y aquellas con menos educación suelen registrar peores resultados y tener menos oportunidades, en especial en lo que se refiere a las condiciones materiales. No obstante, junto con estas desventajas, todavía existen algunos ámbitos en los que destacan estos grupos, como las tasas superiores de logro educativo de las mujeres, en promedio; la solidez de las conexiones sociales de los jóvenes; los niveles superiores de capital social en las zonas rurales; y las mayores tasas de empleo de las personas indígenas y afrodescendientes.
La COVID-19 está teniendo un profundo impacto en el bienestar de la región, y podría invertir muchos de los avances logrados en las dos últimas décadas, además de agravar los problemas existentes. Llegó en un momento en el que ya estaban surgiendo importantes vulnerabilidades en materia de bienestar: el crecimiento de los ingresos y la reducción de la pobreza ya estaban disminuyendo; el empleo estaba reduciéndose y el desempleo aumentando; y la satisfacción de las personas con sus condiciones de vida y su confianza en las instituciones públicas se estaban reduciendo. En 2020, la pobreza absoluta y el desempleo aumentaron drásticamente, mientras que se redujeron los ingresos, el empleo y la participación en la fuerza de trabajo. Las condiciones deficientes de las viviendas de la región han dificultado la lucha contra el virus, en tanto que la brecha digital dificulta las oportunidades de aprendizaje, trabajo y acceso a los servicios a distancia. Los marcados descensos observados en la satisfacción con la vida y las relaciones sociales ponen de relieve el costo humano de la crisis. Al mismo tiempo, la pandemia ha acentuado las vulnerabilidades del capital humano, social, económico y natural, y agravado las desventajas a las que se enfrentan los jóvenes y los jóvenes adultos. Esto implica que es necesario redoblar esfuerzos para mejorar el bienestar, recurriendo a planes de recuperación y al estímulo fiscal como herramientas para hacer frente a las vulnerabilidades previamente existentes y a las nuevas que han surgido. La pandemia ha afectado a cada uno de los aspectos de la vida de las personas, y las profundas interrelaciones que existen entre los resultados económicos, sociales y medioambientales. Ha servido de crudo recordatorio de que el éxito de las políticas no puede definirse únicamente en términos económicos limitados, y ha puesto de manifiesto el valor de los enfoques más integrados y multidimensionales del desarrollo en transición.
En los dos decenios previos a la pandemia se registraron avances considerables en el promedio de bienestar, aunque también se retrocedió en algunos ámbitos.
Durante los dos decenios previos a la pandemia, el bienestar material había experimentado varios avances importantes en los 11 países de ALC analizados (ALC 11) (Gráfico 1.4). Entre los primeros años del milenio y aproximadamente 2019, el promedio del gasto en consumo final de los hogares creció más de un tercio de forma acumulada, un avance superior al de un cuarto experimentado en promedio por los países de la OCDE. En torno a 2006, una de cada tres personas vivía en la pobreza (según la línea regional de pobreza absoluta de la CEPAL); en 2019 esta cifra se había reducido a una de cada cinco. El análisis de las distintas líneas de pobreza absoluta (1,90 UDS al día; 3,20 UDS al día; y 5,50 UDS al día) indican que los mayores avances se produjeron al sacar a las personas más pobres de la pobreza. Pese a que la desigualdad en los ingresos sigue siendo alta en comparación con el promedio de la OCDE, se ha reducido: el índice de Gini bajó del 0,51 en 2008-2009 al 0,44 en 2018-2019, y la proporción de los ingresos percibidos por el 20% más rico de la población se redujo de 15 veces los percibidos por el 20% más pobre en 2008-2009, a 10 veces en 2018-2019. También se observaron mejoras en varios indicadores relativos a la vivienda y la infraestructura. Por ejemplo, la proporción de población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos informales o viviendas inadecuadas se redujo del 23% al 17%. Si bien todavía es baja, también mejoró la proporción de hogares con acceso a servicios de agua e Internet (Gráfico 1.4).
Nota: Indicadores seleccionados de los Capítulos 2 y 3. *La serie de tiempo completa de 2000 a 2019 no está disponible para varios indicadores; cabe destacar que la serie de tiempo correspondiente a los resultados del mercado laboral por lo general comienza en 2011 o 2012. En los Capítulos 2 y 3 de este informe se recogen detalles sobre las definiciones de los indicadores, sus fuentes y los períodos comprendidos.
Fuente: Capítulos 2 y 3, y Gráficos 1.5 a 1.11, a continuación.
Pese a estos avances positivos, con frecuencia los progresos de las condiciones materiales se ralentizaron, o incluso se invirtieron, con el fin del auge de los precios de las materias primas. En concreto, los resultados de la fuerza de trabajo y las percepciones de las personas sobre su nivel de vida se deterioraron después de 2014, al tiempo que disminuyó también el ritmo de reducción de la desigualdad en los ingresos (Capítulo 2). Después de 2015 se estancaron tanto el crecimiento del INB per cápita como la reducción de la pobreza en los países de ALC analizados, mientras que descendían los niveles de empleo entre las personas de 25 años o mayores, y el desempleo aumentaba incluso antes de la llegada de la pandemia (Gráfico 1.5; Gráfico 1.6).8 Los niveles promedios de empleo informal en ALC 11 cayeron un punto porcentual entre 2010 y 2019, aunque siguen siendo altos. La informalidad afecta a más de la mitad del total de trabajadores (57%), con una proporción similar entre los trabajadores no agrícolas (Capítulo 2). El crecimiento del gasto en consumo final de los hogares per cápita también se redujo después de 2014, sumado a una caída de la satisfacción de las personas con su nivel de vida (Gráfico 1.7).
Nota: En el panel A, ALC 8 excluye a Brasil, Costa Rica y la República Dominicana, debido a interrupciones en las series de tiempo. Los datos correspondientes a Argentina únicamente se refieren a poblaciones urbanas. ALC corresponde al promedio regional para América Latina y el Caribe calculado por la CEPAL. En el panel B no están disponibles los datos de las series de tiempo anteriores a 2012. ALC 7 excluye a Argentina, la República Dominicana, Ecuador y Uruguay. ALC corresponde al promedio regional para América Latina y el Caribe calculado por la OIT.
Fuente: Estadísticas de la CEPAL, base de datos CEPALSTAT, https://cepalstat-prod.cepal.org/cepalstat/tabulador/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=3328&idioma=i (panel A) y OIT, https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer34/?lang=en&segment=indicator&id=EMP_DWAP_SEX_AGE_RT_A para obtener los datos de los países, y https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer13/?lang=en&segment=indicator&id=EMP_2WAP_SEX_AGE_RT_A para obtener el promedio regional de América Latina y el Caribe (panel B). Para ALC 7 datos a nivel de país: series no basadas en modelos de la OIT, https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer22/?lang=en&segment=indicator&id=UNE_DEAP_SEX_AGE_RT_A; para el promedio de ALC en su conjunto, series basadas en modelos de la OIT https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer22/?lang=en&segment=indicator&id=UNE_DEAP_SEX_AGE_RT_A.
Nota: En el panel A, ALC corresponde al promedio regional para América Latina y el Caribe calculado por el Banco Mundial. En el panel B, ALC 7 excluye Argentina, la República Dominicana, Ecuador y Uruguay, debido a interrupciones en las series. El promedio de ALC corresponde a la media regional para América Latina y el Caribe calculada por la OIT.
Fuente: Base de datos del Banco Mundial https://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.PP.KD (panel A) y OIT, https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer22/?lang=en&segment=indicator&id=UNE_DEAP_SEX_AGE_RT_A para los datos de países https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer59/?lang=en&segment=indicator&id=UNE_2EAP_SEX_AGE_RT_A para el promedio regional de América Latina y el Caribe (panel B).
Nota: ALC 10 excluye Uruguay, ya que no existen datos disponibles.
Fuente: Base de datos del Banco Mundial, https://data.worldbank.org/indicador/NE.CON.PRVT.PP.KD y cálculos de la OCDE basados en la Encuesta Gallup Mundial, https://www.gallup.com/analytics/232838/world-poll.aspx.
Entre 2000 y 2019 también se registraron avances en varios ámbitos de la calidad de vida en ALC 11 —en especial en materia de salud física, logro educativo, homicidios y victimización por delitos—. El promedio de esperanza de vida al nacer aumentó de 73 años en 2000 a 76,7 años en 2018; y las tasas de mortalidad de los menores de 5 años se redujeron prácticamente un 50%, mientras que la mortalidad materna cayó un 30%. Pese a estos avances en materia de salud física, las tasas de suicidio se incrementaron un 5% desde 2000. En lo que a conocimientos y competencias se refiere, la proporción de la población que ha completado el segundo ciclo de enseñanza secundaria aumentó del 34% al 46%, en tanto que la proporción de las personas con enseñanza terciaria ascendió del 12% al 19%. Si bien sigue siendo casi cinco veces superior a la del promedio de la OCDE, la tasa de homicidios se redujo casi un cuarto en las últimas dos décadas, aunque se observan fuertes divergencias entre las tendencias dentro de los países de ALC 11 (y de forma más general en el conjunto de la región)9. El promedio de la proporción de la población que asegura haber sido víctima de un delito en los últimos 12 meses también se redujo del 43% en 2001 al 25% en 2018.
Como reflejo del deterioro de los resultados del mercado laboral después de 2013 —pese a mantenerse por encima de los niveles alcanzados en la década de 2000—, algunos de los resultados en materia de calidad de vida comenzaron a empeorar incluso antes de la pandemia. Esto se produjo pese a mantenerse el crecimiento del PIB per cápita durante ese mismo período, aunque debilitado (Gráfico 1.8, panel A). Por ejemplo, a pesar de que durante el período de tiempo completo analizado se observó una ganancia neta en satisfacción con la vida, alcanzó su nivel más alto, de 6,4 en 2013, y después se redujo levemente (Gráfico 1.8, panel A). Del mismo modo, la proporción de la población que declara bajos niveles de satisfacción con la vida anotó su nivel más bajo en 2013, para posteriormente subir (Gráfico 1.8, panel B). La tasa de homicidios también ha aumentado en ALC 11 desde 2015.
Nota: En el panel B, ALC 8 excluye Chile, la República Dominicana y Perú.
Fuente: Base de datos del Banco Mundial, https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.KD y Encuesta Gallup Mundial, //www.gallup.com/analytics/232838/world-poll.aspx (panel A) y base de datos de UNODC, https://dataunodc.un.org/GSH_app, y cálculos de la OCDE basados en la Encuesta Gallup Mundial, https://www.gallup.com/analytics/232838/world-poll.aspx (panel B).
En las últimas dos décadas también se han estancado algunos aspectos de la seguridad personal y las conexiones sociales. Las muertes por accidentes de tráfico y la sensación de seguridad de las personas al caminar a solas de noche se han mantenido estables en el promedio de ALC 11, lo cual contrasta con la marcada mejora de ambos indicadores en el promedio de la OCDE. Del mismo modo, la calidad del aire ha registrado algunas mejoras, aunque son escasas en comparación con los grandes avances registrados por el promedio de la OCDE en ese mismo período: la proporción de la población expuesta a niveles peligrosos de contaminación del aire en los países analizados sigue siendo muy alta, del 91% en 2019. Por último, la proporción de personas con amigos y familia a la que recurrir en momentos de necesidad rondó entre el 86% y el 87% en las dos décadas previas a la pandemia.
La confianza en el gobierno y algunos servicios públicos se deterioró en los países de ALC 11. El acceso a la atención sanitaria (cuantificado mediante el Índice de cobertura sanitaria universal)10, experimentó notables avances entre 2000 y 2015, aunque se redujo la satisfacción de las personas con la atención sanitaria —una tendencia que ya estaba presente antes de la llegada de la pandemia— (Gráfico 1.9). La participación electoral se ha mantenido relativamente estable desde 2000, aunque han sido menos las personas que han expresado su opinión a un funcionario (Gráfico 1.10, panel A) y cada vez son más las personas que consideran que el Estado está en manos de los intereses de las élites que ostentan el poder (Gráfico 1.10, panel B).
Nota: En el panel A, el Índice de cobertura sanitaria universal está compuesto por las tasas de cobertura en 14 intervenciones esenciales; el promedio de la OCDE excluye a Costa Rica. En el panel B, los datos hacen referencia a la proporción de consultados que respondieron “sí” a la pregunta: “¿Está satisfecho con la disponibilidad de atención sanitaria de calidad en la ciudad o zona en la que usted vive?”; el promedio regional de ALC incluye 15 países, entre ellos los 11 analizados. OCDE 33 excluye a la República Checa, Islandia, Luxemburgo y Noruega, debido a que sus series de tiempo están incompletas.
Fuente: Base de datos mundial de indicadores de los ODS del DAES de las Naciones Unidas, indicador 3.8.1, https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database (panel A) y Encuesta Gallup Mundial, https://www.gallup.com/analytics/232838/world-poll.aspx (panel B).
Nota: En el panel A, el promedio regional de ALC incluye a Bolivia, El Salvador, Nicaragua y Venezuela, además del grupo de países analizados. OCDE 30 excluye a la República Checa, Estonia, Islandia, Letonia, Luxemburgo, Noruega y Suiza, debido a que sus series de tiempo están incompletas. En el panel B, los datos se refieren al porcentaje de la población mayor de 18 años que considera que el país está gobernado por grupos poderosos en su propio beneficio. No se incluyen los años 2012 y 2014, ya que no existen datos disponibles. Además del grupo de países analizados, el promedio regional de ALC incluye a Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Venezuela.
Fuente: Encuesta Gallup Mundial, https://www.gallup.com/analytics/232838/world-poll.aspx (panel A) y Latinobarómetro, https://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp (panel B).
La importancia de adoptar una perspectiva multidimensional se pone de manifiesto una vez más al considerar la evolución a medio plazo de los recursos que sustentan el bienestar futuro. Aunque algunos de estos recursos aumentaron en el período 2000-2019, también se produjeron retrocesos significativos (Gráfico 1.11). El comportamiento tanto dentro de los cuatro tipos de capitales como entre estos sigue siendo desigual. Algunos elementos del capital natural y el social se han reducido desde 2000, aunque no de forma general. La mayoría de los indicadores del capital económico han mejorado, pese a que partían de una posición muy inferior a la del conjunto de los países de la OCDE. Entretanto, el capital humano registró algunos avances positivos en lo que a conocimientos y competencias se refiere, si bien continúan existiendo desafíos recurrentes relativos a los resultados de los jóvenes en el mercado laboral, así como al aumento de algunos riesgos para la salud futura (Gráfico 1.11).
Nota: Incluye indicadores seleccionados del Capítulo 4. La serie de tiempo completa de 2000 a 2019 no está disponible para varios indicadores; los pormenores de los períodos de tiempo considerados, así como las definiciones de los indicadores y sus fuentes pueden consultarse en el Capítulo 4.
Fuente: Capítulo 4 y gráficos 1.13 a 1.18, a continuación.
La región de América Latina y el Caribe es rica en recursos naturales, aunque especialmente vulnerable al cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Los países de ALC 11 partían de una posición de solidez relativa con respecto al promedio de la OCDE sobre varios indicadores del capital natural, aunque las tendencias a largo plazo han mostrado un deterioro de estos activos. Por ejemplo, la región alberga gran parte de la biodiversidad mundial, aunque, según el Índice de la Lista Roja de especies amenazadas, en los países de ALC 11 la biodiversidad se está reduciendo al doble de velocidad que en el promedio de la OCDE. La estabilidad regional de la cubierta terrestre natural y seminatural del promedio de ALC 11 entre 2004 y 2019 oculta patrones que difieren entre los distintos países (véase el Capítulo 4), y los avances en la cubierta terrestre natural (p. ej., mediante la reforestación) no reemplazan en todos los casos la biodiversidad perdida cuando la intervención del hombre provoca cambios en la cubierta terrestre en otros lugares. Diez de los países analizados todavía conservan paisajes forestales intactos, que suponen el 30% de las reservas totales del mundo (la región de ALC en su conjunto representa el 36% de estas). No obstante, en los 10 países del grupo analizado de los que se dispone de datos, su superficie se ha reducido un 8% desde 2000.
Los países de ALC analizados se encuentran en una mejor posición que el promedio de la OCDE en lo que se refiere a emisiones, energías renovables y huella material, aunque sus tendencias muestran una trayectoria insostenible. Existen pocos datos recientes sobre emisiones de gases de efecto invernadero11 per cápita, pero de los 5 países del grupo analizado que cuentan con datos de la serie de tiempo, el nivel promedio de 2012 (5,5 toneladas de CO2 equivalente por persona) era la mitad del de los países de la OCDE. No obstante, si bien las emisiones per cápita en los países de la OCDE se redujeron un 16% entre 2000 y 2018, en estos 5 países del grupo analizado las emisiones aumentaron un 8% entre 2000 y 2012 (Gráfico 1.12, panel A). Del mismo modo, la huella material per cápita de ALC 11, que nuevamente suponía la mitad de la de los países de la OCDE en 2000, creció un 39% entre 2000 y 2017. La proporción de energías renovables en el grupo de países analizados (35%) es tres veces superior a la del promedio de la OCDE (11%), aunque, si bien las energías renovables cada vez tienen un papel mayor en el conjunto de suministro de energía de la OCDE, su papel se ha visto reducido desde 2000 en ALC 11 (descenso con respecto al 39% registrado en 2000) (Gráfico 1.12, panel B). En contraste, entre 2000 y 2019 ha aumentado sustancialmente la proporción de zonas terrestres y marinas protegidas (Gráfico 1.11), evolución que también se ha producido en los países de la OCDE.
Nota: En el panel A, ALC 5 incluye a Argentina, Brasil, Colombia, Chile y México. OCDE 31 excluye a Chile, Colombia, Israel, Italia, Corea y México debido a que sus series de tiempo están incompletas. En el panel B, el promedio regional de ALC incluye 23 países de América Latina y el Caribe, entre ellos los países analizados.
Fuente: OCDE, emisiones de gases de efecto invernadero (base de datos), https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=AIR_GHG (panel A) e Indicadores de Crecimiento Verde de la OCDE: Productividad medioambiental y de los recursos (base de datos), https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=77867 (panel B).
El capital social se ha debilitado en la última década. Las recientes revueltas son un indicio de la fragilidad del contrato social en la región, que presenta un apoyo cada vez menor a la democracia electoral, escasa confianza en el gobierno, y altos niveles de percepción de la corrupción, discriminación y sensación de que la distribución de los ingresos es injusta (OCDE/CAF/CEPAL, 2018[17]; OCDE, 2021[18]). Tanto la confianza en el gobierno nacional como el apoyo a la democracia alcanzaron su nivel máximo en torno a 2010, pero comenzaron a deteriorarse después, y la tendencia se ha ido pronunciando en los últimos años (Gráfico 1.13). El Índice de Percepción de la Corrupción de Transparency International se ha mantenido relativamente estable durante el período, aunque ha aumentado del 71% al 76% la proporción de personas que consideran que el gobierno es corrupto. Además, la moral fiscal se encuentra en niveles bajos: tan solo la mitad de la población coincide con la afirmación de que la evasión fiscal nunca está justificada, y esta proporción se ha reducido desde principios de la década de 2000. La confianza en los demás, indicador clave del capital social, mostró ciertos avances entre 2000 y 2011, aunque estos se perdieron en la década posterior. Los niveles de confianza en los demás se sitúan aproximadamente cuatro veces por debajo de los de los países de la OCDE en promedio (véase el Capítulo 4)12.
Nota: En el panel A, el promedio regional de ALC incluye a Bolivia, El Salvador, Nicaragua y Guatemala, además de los países analizados. OCDE 33 excluye a Costa Rica, la República Checa, Islandia, Luxemburgo y Noruega, debido a que sus series de tiempo están incompletas. En el panel B, ALC 10 excluye a la República Dominicana, debido a que su serie de tiempo está incompleta. El promedio regional de ALC incluye a Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Venezuela, además de los 10 países del grupo analizado que cuentan con datos disponibles.
Fuente: Encuesta Gallup Mundial, https://www.gallup.com/analytics/232838/world-poll.aspx (panel A) y Latinobarómetro (base de datos), http://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp (panel B).
El empleo informal de los jóvenes y las elevadas proporciones de ninis siguen siendo un reto constante, mientras que el aumento de la obesidad es una amenaza para el futuro de la salud. Invertir en las competencias de los niños y los jóvenes reviste especial importancia para el capital humano y el bienestar futuro (OCDE/CAF/CEPAL, 2016[19]). En promedio, en los países analizados la proporción de jóvenes adultos (de 20 a 24 años) que han completado el segundo ciclo de enseñanza secundaria aumentó del 49% en torno al año 2000 al 69% en 2019. Sin embargo, la proporción de jóvenes que no estudian ni trabajan ni reciben formación (ninis) descendió tan solo 1 punto porcentual, y se mantiene 5 puntos porcentuales por encima del promedio de la OCDE (Gráfico 1.14, panel A). El empleo informal entre los jóvenes sigue siendo alto y, pese a haberse observado una leve mejora entre 2010 y 2016-2017, la situación volvió a deteriorarse en 2018-2019, incluso antes de la llegada de la pandemia (Gráfico 1.14, panel B). En lo que a los factores determinantes de la salud actual y futura se refiere, entre 2000 y aproximadamente 2018 las tasas de malnutrición infantil se redujeron más de un tercio, y el consumo de tabaco descendió prácticamente a la mitad, y el consumo de alcohol cayó un 4%. No obstante, la obesidad aumentó de forma sustancial —en 2016 afectaba a uno de cada cuatro adultos, lo que supone un ascenso con respecto a la cifra registrada en 2000, de uno de cada seis— (Gráfico 1.15).
Nota: en el panel A, ALC 7 excluye Brasil, Chile, Costa Rica y la República Dominicana, debido a que los datos son incompletos o a interrupciones en las series. ALC corresponde al promedio regional calculado por la CEPAL. OCDE 30 excluye a Chile, Costa Rica, Islandia, Irlanda, Japón, Corea, Luxemburgo y Suiza, debido a que sus series de tiempo están incompletas. En el panel B, ALC 6 hace referencia a Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay; quedan excluidos otros países analizados debido a que los datos son incompletos o a interrupciones en las series. El promedio regional de ALC incluye a Panamá, además de los 6 países analizados de los que se dispone de datos.
Fuente: Estadísticas de la CEPAL, base de datos CEPALSTAT, https://cepalstat-prod.cepal.org/cepalstat/tabulador/ ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=3469&idioma=I y OCDE, Transición de la escuela al trabajo (base de datos), https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=EAG_TRANS (panel A) e ILOSTAT, https://ilostat.ilo.org/data/# (panel B).
En 2019, algunos indicadores del capital económico mostraban un comportamiento en general mejor que en 2000, aunque algunos elementos se debilitaron considerablemente después de 2014. Los niveles de capital económico de la región partían de una base baja en comparación con los países de la OCDE, pese a que registraron algunos avances sobre todo en la década previa a 2013. El crecimiento anual de la formación bruta de capital fijo (como proporción del PIB) alcanzó su nivel más alto en 2008 y 2012 y, pese a que el valor de 2019 sigue siendo superior al de 2000, desde 2014 se ha observado una tendencia de importante debilitamiento (Gráfico 1.16, panel A). El valor total de los activos fijos producidos en el grupo de países analizados se ha incrementado más de un 50% desde 2000, pero, dado que los países de la OCDE han crecido a un ritmo próximo al 40%, la brecha entre ambos grupos se ha ampliado en términos absolutos. El promedio de inversión en I+D en los países analizados (del 0,4% del PIB en 2018) sigue siendo muy bajo, equivalente a una sexta parte del nivel promedio de la OCDE (2,6%), y este tan solo ha avanzado 0,1 puntos porcentuales desde 2000. La inversión en infraestructura de transporte en los países analizados (0,9% del PIB en 2014-2019) ha aumentado ligeramente (un ascenso con respecto al 0,8% de 2008), aunque se mantiene por debajo del promedio regional de ALC del 1,1%. En el sector público, en general el servicio de la deuda se ha reducido más de un tercio desde 2000, aunque ha aumentado drásticamente desde 2013 (Gráfico 1.16, panel B). Entretanto, los ingresos tributarios públicos como proporción del PIB han aumentado del 17,2% al 21,4%, si bien se mantienen muy por debajo del promedio de la OCDE (33,8% en 2019).
Nota: ALC 10 excluye a Ecuador, ya que no existen datos disponibles.
Fuente: Base de datos mundial de indicadores de los ODS del DAES de las Naciones Unidas, indicador 3.a.1, https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database (para el consumo de tabaco); Observatorio mundial de la salud (GHO) de la OMS (base de datos), https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/alcohol-recorded-per-capita-(15-)-consumption-(in-litres-of-pure-alcohol) y GHO de la OMS (base de datos) https://apps.who.int/gho/data/view.main.CTRY2430A.
Nota: En el panel A, ALC corresponde al promedio regional para América Latina y el Caribe calculado por el Banco Mundial, y OCDE corresponde al promedio de la OCDE calculado también por el Banco Mundial. Las regiones se consideran una sola entidad, a cuya suma contribuye cada país proporcionalmente. En el panel B, ALC 9 excluye a Chile y Uruguay, ya que no existen datos disponibles. ALC corresponde al promedio regional para América Latina y el Caribe calculado por el DAES de las Naciones Unidas.
Fuente: Panel A: Base de datos del Banco Mundial, https://data.worldbank.org/indicator/NE.GDI.FTOT.ZS?locations=ZJ; panel B: Base de datos mundial de indicadores de los ODS del DAES de las Naciones Unidas, indicador 17.4.1, https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/, https://w3.unece.org/SDG/Indicator?id=74.
Concentrarse en el desempeño promedio contribuye a pasar por alto la importante diversidad existente entre países y dentro de estos. En los Capítulos 2, 3 y 4 se recogen datos a nivel de país correspondiente a cada uno de los integrantes del grupo analizado de ALC 11. El análisis a nivel de país muestra que existen aspectos del bienestar en los que prácticamente todos los países han registrado mejoras significativas de su desempeño (es decir, de al menos media desviación típica) entre 2000 y 2019. Por ejemplo, el desempeño en acceso a Internet, el gasto en consumo final de los hogares, la pobreza absoluta, la desigualdad en los ingresos (medida según el índice de Gini), la victimización por delitos, la cobertura de atención sanitaria, la mortalidad de los niños menores de cinco años, el consumo de tabaco y las zonas terrestres protegidas mejoraron prácticamente en todos los países de ALC 11 que disponen de datos. Sin embargo, en el caso de la mayoría de los indicadores, pese a que se observa una mejora en el desempeño promedio de ALC 11, la imagen a nivel de país es más desigual, ya que algunos mejoran, otros registran escasos cambios e incluso algunos empeoran. La imagen es igualmente dispar en lo que se refiere a los ámbitos en los que el desempeño promedio se deteriora en todos los países analizados. De hecho, prácticamente no existe ningún indicador en los que todos los países del grupo analizado hayan experimentado un deterioro significativo (es decir, de al menos media desviación típica) entre 2000 y 2019; la única excepción es el sobrepeso y la obesidad. La moral fiscal también se debilitó en 9 de los 11 países del grupo analizado, mientras que las percepciones de captura del Estado por parte de las élites aumentaron en 8 de los 11 países.
Las desigualdades tienen carácter multidimensional, y los distintos grupos de población se enfrentan a distintos obstáculos para su bienestar. En el Capítulo 5 se analiza la distribución del bienestar en diversos grupos de población diferentes dentro del grupo de países analizados —incluidos los resultados en distintas etapas de la vida, los resultados por tipo de educación y las variaciones regionales (subnacionales) en el bienestar (o las desigualdades espaciales). A continuación se recoge un resumen de una selección de conclusiones relativas a las diferencias en materia de bienestar basadas en el género, la raza y el origen étnico, relativas a los jóvenes (en comparación con las personas de mediana edad) y entre las zonas urbanas y rurales. En general, los datos señalan menos oportunidades, en especial en las condiciones materiales, para las mujeres, los jóvenes, las personas indígenas, los afrodescendientes y las personas que viven en zonas rurales. Sin embargo, estos grupos de población también presentan una fortaleza relativa en determinados ámbitos, como la educación en el caso de las mujeres, el apoyo de la red social en el de los jóvenes, las tasas de empleo en el de las personas indígenas, y el capital social en el de quienes viven en zonas rurales. Con miras al desarrollo futuro, uno de los principales retos consistirá en igualar las oportunidades al alza, aprovechando estas ventajas (p. ej., la educación de las mujeres), en lugar de hacerlo a la baja (de forma que las mujeres deban afrontar la misma carga de horario de trabajo prolongado y altos porcentajes de inseguridad laboral que los hombres).
Diferencias en el bienestar entre los géneros
Pese a que en los últimos años se han hecho avances considerables en la mejora de los resultados de bienestar de las mujeres en el grupo de países analizados, continúan existiendo desigualdades de género persistentes que frenan el desarrollo económico y social más amplio. Superar las brechas de género implica eliminar varias barreras estructurales, entre las que se incluyen la desigualdad socioeconómica y la pobreza; los patrones culturales discriminatorios, violentos y patriarcales; el reparto desigual del trabajo y la atención; y la concentración del poder y las relaciones jerárquicas en el ámbito público (CEPAL, 2017[20]).
En los países analizados, las mujeres salen mucho peor paradas que los hombres en numerosos aspectos de las condiciones materiales. En promedio, las mujeres tienen muchas menos probabilidades de estar empleadas, y prácticamente un tercio de probabilidades más de estar desempleadas, y sus ingresos mensuales son un 13,7% inferiores a los de los hombres13. Además, la proporción de mujeres que no dispone de ingresos propios duplica con creces la de los hombres (Gráfico 1.17). Las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de vivir en la pobreza, diferencia que se ha ampliado en las últimas dos décadas, y sus probabilidades de ocupar empleos informales son también ligeramente mayores. En contraste, son más los hombres que las mujeres que trabajan jornadas muy largas de trabajo remunerado, y los que temen perder sus empleos en el plazo de los próximos 12 meses.
Nota: Los valores se refieren al promedio de ALC 11, aunque puede que no existan datos disponibles para los 11 países del grupo analizado; los datos se refieren al último año disponible.
Fuente: Capítulo 5, Gráfico 5.1.
Las mujeres salen mejor libradas que los hombres en varios resultados en materia de educación y salud, aunque hacen más trabajo no remunerado. Pese a que sus resultados del mercado laboral son mucho peores que los de los hombres, las mujeres registran mayores tasas de logro educativo en el grupo de países analizados. Por ejemplo, el 70% de las mujeres ha alcanzado un nivel mínimo de educación de segundo ciclo de enseñanza secundaria (que contrasta con el 62% de los hombres) y el 20% de ellas ha completado la enseñanza terciaria (en contraste con el 18% de los hombres). Las mujeres viven 6 años más que los hombres, y su esperanza de vida al nacer es de 79,8 años. En cambio, los hombres tienen tres veces más probabilidades que las mujeres de morir a causa de suicidio, y ocho veces más de morir de homicidio. No obstante, las mujeres se enfrentan a amenazas generalizadas en lo que a agresiones sexuales y violencia doméstica o de pareja se refiere, no tan bien cuantificadas mediante estadísticas comparables. Por ejemplo, se calcula que una de cada cuatro mujeres de 15 a 49 años de los países analizados ha experimentado violencia de pareja a lo largo de su vida. Son menos las mujeres que se sienten seguras al caminar solas en su vecindad (el 38%, en contraste con el 51% de los hombres). Las mujeres desempeñan más del doble de la atención y el trabajo doméstico no remunerado14 que los hombres: en promedio dedican 36,5 horas semanales a este tipo de trabajos, en comparación con las 16,2 horas que destinan los hombres. Esto genera una carga de “doble jornada” para las mujeres que tienen un empleo remunerado; las mujeres trabajadoras dedican al menos 10 horas más de su tiempo de trabajo total (que incluye el trabajo remunerado y no remunerado) que los hombres, con una jornada laboral total que en promedio se acerca a las 72 horas semanales, en contraste con las 62 horas de la de los hombres.
Las mujeres tienen una menor participación ciudadana y política, así como menores niveles de confianza que los hombres, mientras que los perfiles de riesgo para el capital humano difieren entre hombres y mujeres. En promedio, la proporción de escaños ocupados por mujeres en los parlamentos nacionales en el grupo de países analizados se ha duplicado en las últimas dos décadas hasta alcanzar el 30% (un porcentaje ligeramente superior al del promedio de la OCDE). Sin embargo, la falta de paridad de género también se extiende al compromiso cívico y la confianza entre la población general. Por ejemplo, son menos las mujeres que aseguran haber expresado su opinión a un funcionario público en los últimos 12 meses; ellas manifiestan un apoyo ligeramente menor a la democracia; y también son menos las que confían en su gobierno nacional. En términos más generales, las mujeres presentan asimismo menores niveles de confianza interpersonal, con un 13% que consideran que puede confiarse en la mayoría de las personas, cifra que contrasta con el 16% de los hombres. En lo que respecta a los riesgos para el capital humano, la proporción de mujeres jóvenes (de 15 a 24 años) que no tiene empleo, educación o formación (21%) es mucho mayor que la de los hombres jóvenes (11%), lo que significa que cuentan con menos oportunidades de desarrollar sus conocimientos y competencias en una transición crítica de sus vidas. Los riesgos futuros para la salud también muestran diferencias entre hombres y mujeres: si bien los hombres tienen el doble de posibilidades de consumir tabaco regularmente y presentar un consumo excesivo de alcohol, el 28% de las mujeres son obesas, dato que contrasta con el 21% de los hombres.
Diferencias en el bienestar por edades
Tanto los jóvenes como los jóvenes adultos se enfrentan a niveles muy altos de desempleo e informalidad, pero también salen mucho peor parados que las personas de mediana edad en varios ámbitos de la calidad de vida. Siguiendo un patrón común por igual a los países de la OCDE y de ALC, muchos jóvenes y jóvenes adultos (es decir, de edades comprendidas entre los 15 y los 29 años) tienen dificultades para abrirse paso en el mercado laboral (Gráfico 1.18). En el grupo de países analizados, en 2020 el desempleo entre los jóvenes era en promedio tres veces superior al de las personas de mediana edad, y la proporción de jóvenes con empleo informal también era muy alta (64% frente al 48% de las personas de mediana edad). Las personas más jóvenes registran una mejor salud física, con la mitad de prevalencia de limitaciones para sus actividades cotidianas por problemas de salud, pero los escasos datos disponibles sugieren que sus resultados en salud mental son mucho peores que los de los adultos de mediana edad, con tasas de suicidio más elevadas. Las tasas de homicidios entre los jóvenes de los países de ALC 11 casi multiplican por 1,5 las de las personas de mediana edad. Los patrones de capital social varían muy poco entre estos dos grupos de edad, salvo la confianza en el gobierno (que presenta porcentajes más altos en el caso de los jóvenes) y la confianza en la policía local (en la que los jóvenes registran porcentajes más bajos que las personas de mediana edad). Pese a las distintas dificultades a las que se enfrentan los jóvenes de la región, el apoyo de su red social y la satisfacción con la vida son mayores entre los jóvenes que entre las personas de mediana edad. Este patrón suele mantenerse a nivel mundial —pese a que el descenso de la satisfacción con la vida en 2020 ha sido mayor en el caso de los jóvenes que en el de otros grupos de edad— (a continuación).
Si bien los niños de la región afrontan una mayor prevalencia de pobreza absoluta, trabajo infantil y malnutrición, las personas de 50 años o mayores se enfrentan a problemas de bienestar distintos. Los niños del grupo de países analizados registran tasas de pobreza que duplican las de los adultos, en promedio: en 2019, el 31% de los niños de 0 a 14 años vivía en la pobreza de ingresos absoluta, y el 9% en la pobreza extrema, mientras que las personas de 25 a 54 años registraban tasas del 17% y el 4% respectivamente. Todavía queda bastante por hacer para poder eliminar el trabajo infantil: en 2018, el 5% de los niños de 10 a 14 años de la región de ALC 11 trabajaba, con porcentajes incluso mayores entre los varones y en las comunidades rurales, más pobres e indígenas. Las tasas de retraso del crecimiento entre los niños del grupo de países analizados se han reducido a la mitad desde 2000, aunque esta condición continúa afectando a uno de cada diez niños menores de 5 años. Entre los 5 y los 19 años, la prevalencia de obesidad ha aumentado del 22% registrado en 2000 al 31% en 2016, lo cual refleja la misma tendencia que en los adultos. Las personas de 50 años o mayores, situadas en el extremo opuesto del espectro etario, registran mayores ingresos por hora obtenidos del empleo formal, menos pobreza, menos homicidios y un mayor capital social que el promedio de los adultos de otros grupos de edad —aunque, como cabría esperar, las limitaciones de salud empeoran considerablemente con la edad (seis veces más que entre los jóvenes y los jóvenes adultos; casi tres veces más que entre las personas de mediana edad)—. Los suicidios y el empleo informal también son ligeramente más comunes entre las personas de 50 años o mayores, en comparación con las de mediana edad. Para los jubilados, la escasa cobertura de las pensiones sigue siendo un problema importante en toda la región: en promedio, en el grupo de países analizados, tan solo dos tercios de la población en edad de percibir una pensión recibe una pensión social, lo que contrasta con la media de cobertura prácticamente universal (95%) de los países de la OCDE.
Nota: Los valores se refieren al promedio de ALC 11, aunque puede que no existan datos disponibles para los 11 países del grupo analizado; los datos se refieren al último año disponible. Para la mayoría de los indicadores que aquí se recogen, “jóvenes” se refiere a jóvenes y jóvenes adultos, de 15 a 29 años; el desempleo y el empleo informal constituyen una excepción (ya que el rango de edad considerado es de 15 a 24 años) así como el suicidio (con un rango de edad de 20 a 29 años). Por lo general el grupo de mediana edad se refiere a los adultos de 30 a 49, con excepciones en los casos del desempleo y el empleo informal (25 a 54 años); los ingresos por hora del empleo formal (30 a 54 años); y los homicidios (30 a 59 años).
Fuente: Capítulo 5, Gráfico 5.13.
Diferencias en el bienestar por origen étnico y racial
Las poblaciones indígenas y afrodescendientes se enfrentan a algunos problemas comunes en lo que a exclusión, carencias y discriminación se refiere. En América Latina, el concepto de origen étnico se refiere habitualmente a las personas indígenas y el concepto de raza se emplea sobre todo con los afrodescendientes (CEPAL, 2016[21]). En promedio, en los países analizados, el 8% de la población se identifica como indígena y otro 8% como afrodescendiente. La disponibilidad y la oportunidad de los datos sobre bienestar es especialmente limitada en el caso de los desgloses por raza y origen étnico, tanto en lo que se refiere a los indicadores de bienestar como a los países del grupo analizado. Sin embargo, en prácticamente todos los indicadores disponibles correspondientes a condiciones materiales, calidad de vida y capital social y humano, en promedio, las personas indígenas suelen obtener menores resultados de bienestar que las no indígenas, y los afrodescendientes suelen registrar resultados de bienestar más bajos que los no afrodescendientes.
Las personas indígenas del grupo de países analizados obtienen mejores resultados que las no indígenas en materia de empleo y desempleo, pero en general presentan resultados peores en condiciones materiales, salud e indicadores relacionados con la educación. Por ejemplo, las tasas de pobreza absoluta (con arreglo a la definición regional de la CEPAL) son prácticamente el doble de altas entre las personas indígenas, y la pobreza extrema es tres veces mayor, en comparación con las personas no indígenas. Este dato se da pese a que registran mayores tasas de empleo y ligeramente menos desempleo (Gráfico 1.19). El aumento de la pobreza va acompañado de la reducción de los ingresos, un mayor hacinamiento de las viviendas, menores niveles de educación secundaria entre los jóvenes adultos y mayores niveles de analfabetismo. Si bien el temor a ser víctima de la delincuencia es ligeramente menor entre las personas indígenas, el porcentaje de personas que aseguran haber sido víctimas de un delito en los 12 meses previos es muy similar para las personas indígenas y no indígenas (aproximadamente el 30%). Los indicadores del capital social, como la confianza en los demás y en el gobierno, también muestran similitudes entre las comunidades indígenas y no indígenas. Sin embargo, la confianza en la policía local y el apoyo a la democracia como mejor forma de gobierno son ligeramente menores en las personas indígenas. Además, más de una de cada cuatro personas indígenas considera que pertenecen a un grupo discriminado, en comparación con una de cada seis personas no indígenas.
Los afrodescendientes registran mayores tasas de empleo que los no afrodescendientes, aunque se enfrentan a numerosas dificultades en las dimensiones de las condiciones materiales, la calidad de vida, y el capital humano y social. En el grupo de países analizados, el 22% de los afrodescendientes viven en la pobreza absoluta (con arreglo a la definición regional de la CEPAL) y el 5,3% en la pobreza extrema —porcentajes muy superiores a los de los no afrodescendientes—. Sus tasas de empleo alcanzan el 67,6% (que contrasta con el 66,5% de los no afrodescendientes), aunque el desempleo, la percepción de la inseguridad laboral y la proporción de jóvenes que no estudian ni trabajan ni reciben formación son mayores entre los afrodescendientes. Los obstáculos a las oportunidades a los que se enfrentan los afrodescendientes incluyen unas tasas de menor logro educativo secundario y terciario, así como mayores tasas de mortalidad de lactantes (aproximadamente un tercio mayores) y de mortalidad materna (tres veces mayores, en promedio). Una cuarta parte de afrodescendientes también considera que pertenece a un grupo discriminado. La confianza en los demás y en el gobierno nacional son muy similares entre las personas afrodescendientes y las no afrodescendientes, aunque la participación electoral, la confianza en la policía, el apoyo a la democracia y la moral fiscal son entre 3 y 8 puntos porcentuales más bajos entre los afrodescendientes.
Nota: Los valores se refieren al promedio de ALC 11, aunque puede que no existan datos disponibles para los 11 países del grupo analizado; los datos se refieren al último año disponible.
Fuente: Capítulo 5, Gráfico 5.26.
Diferencias en el bienestar entre zonas urbanas y rurales
Las oportunidades para una vida mejor no se distribuyen de forma equitativa entre las zonas urbanas y rurales en los países del grupo analizado. Las zonas rurales presentan condiciones de la vivienda mucho más deficientes, mayores tasas de pobreza e ingresos formales más reducidos. La proporción de personas que vive en hogares sin ingresos suficientes para adquirir una canasta básica de alimentos (la definición regional de pobreza extrema de la CEPAL) es tres veces mayor en las zonas rurales que en las zonas urbanas, mientras que la pobreza absoluta (según la definición regional de la CEPAL) es aproximadamente 1,5 veces mayor (Gráfico 1.20). Las proporciones entre empleo y población son en general similares, aunque el empleo informal es mucho más alto en las zonas rurales (65%) que en las urbanas (43%), y los ingresos rurales medios (ya sea en el sector formal o informal) se sitúan a tan solo dos tercios del nivel de los ingresos urbanos. Algunas de las diferencias más llamativas entre zonas urbanas y rurales tienen que ver con las condiciones y la infraestructura de la vivienda, que limitan las oportunidades de los residentes en zonas rurales de vivir de forma saludable y digitalmente conectada. Por ejemplo, solamente unos dos tercios de la población rural tienen acceso a servicios de agua potable o instalaciones sanitarias higiénicas (en las zonas urbanas, el 96% y el 93% respectivamente); y algo más de uno de cada cuatro hogares rurales tienen acceso a Internet, mientras que en el caso de los hogares urbanos es uno de cada dos.
Nota: Los valores se refieren al promedio de ALC 11, aunque puede que no existan datos disponibles para los 11 países del grupo analizado; los datos se refieren al último año disponible.
Fuente: Capítulo 5, Gráfico 5.19.
Los conocimientos, competencias y perspectivas de los jóvenes también son menores en las zonas rurales, aunque el capital social y la sensación de seguridad son mayores. En las zonas rurales, tan solo el 53% de las personas han alcanzado como mínimo un nivel educativo de segundo ciclo de enseñanza secundaria, mientras que la proporción de jóvenes que no estudian ni trabajan ni reciben formación es también mayor (18%) en comparación con las zonas urbanas (15%). En contraste, en el capital social se observan algunos ámbitos de solidez comparativa de las zonas rurales: las tasas de voluntariado son mayores, existe una mayor confianza tanto en la policía local como en el gobierno nacional, y la percepción de la corrupción del gobierno es algo menor. Las personas de las zonas rurales también se sienten más seguras. Mientras que el 54% se sienten seguras al caminar solas en su vecindad, tan solo el 35% de los habitantes urbanos se sienten de la misma forma.
La pandemia ha afectado prácticamente a todos los aspectos del bienestar de las personas y asestado duros golpes a las condiciones materiales y la calidad de vida
La pandemia de COVID-19 ha golpeado con especial dureza a América Latina y el Caribe. A 28 de junio de 2021, la región había registrado 1,26 millones de muertes a causa del coronavirus, prácticamente un tercio del total de la cifra mundial, pese a albergar tan solo el 8,4% de la población del mundo (CEPAL, 2021[22]). Dado que la crisis sanitaria se transformó rápidamente en una crisis económica y social, las consecuencias para el bienestar de las personas han sido de mucho más calado. Concretamente, el efecto de la crisis fue asimétrico para los ciudadanos y afectó especialmente a los grupos más vulnerables. Los confinamientos y las medidas de contención destinados a mitigar la pandemia afectaron con especial dureza a los trabajadores informales y escasamente remunerados. Hasta el 38% del total de trabajadores (y el 61% de los trabajadores informales vulnerables) no tienen acceso a ningún tipo de protección social. La ausencia de redes de seguridad hace que se vean expuestos a un mayor riesgo (OCDE, 2020[23]). Durante la primera ola de la pandemia, en 2020, la población de América Latina soportó uno de los confinamientos más prolongados a nivel mundial (Parkin, Phillips and Agren, 2020[24]), se vio sometida a algunas de las restricciones más rigurosas a la movilidad y los contactos (Alicea-Planas, Trudeau and Vásquez Mazariegos, 2021[25]; Hale et al., 2021[26]; OCDE et al., a continuación[15])) con implicaciones significativas para la educación, ya que las escuelas se cerraron con mayor frecuencia que en otras regiones (OCDE et al., a continuación[15]). Dado que la pandemia prosigue y la situación sanitaria ha alterado la recopilación de datos en todo el mundo, tardará algún tiempo en conocerse la verdadera dimensión de los efectos en el bienestar en muchas de las estadísticas recopiladas en este informe.
La pobreza absoluta y el desempleo aumentaron drásticamente en 2020, mientras que se redujeron los ingresos, el empleo y la participación. Entre 2019 y 2020, el INB per cápita del grupo de países analizados se contrajo un 7,4% y el gasto en consumo final de los hogares un 8,8%. Según indican las estimaciones para el conjunto de la región de ALC, el número de personas que ha caído por debajo de la línea de pobreza absoluta de la CEPAL ascendía a 209 millones a finales de 2020, 22 millones más que en 2019 (CEPAL, 2021[27]). De estas se calcula que aproximadamente 78 millones vivían en condiciones de pobreza extrema, lo que supone un incremento de 8 millones en comparación con 2019 (CEPAL, 2021[27]). Estos cambios sitúan la pobreza absoluta en su nivel más alto desde 2008, y el de la pobreza extrema en el más alto desde 2000. La crisis también ha tenido efectos pronunciados sobre el empleo: los siete países analizados para los que se dispone de datos experimentaron un descenso de 9 puntos porcentuales el promedio de su tasa de empleo, y un aumento de 3,6 en el desempleo entre 2019 y 2020. Muchas personas en edad de trabajar también abandonaron por completo la fuerza de trabajo (CEPAL/OIT, 2020[28]), y se prevé que aumente el trabajo informal (Altamirano et al., 2020[29]).
Las condiciones deficientes de las viviendas de la región han dificultado la lucha contra el virus, y la brecha digital ha obstaculizado las oportunidades de aprendizaje, trabajo y asistencia médica a distancia, entre otros. A medida que la transmisión comunitaria del COVID-19 se afianzaba en América Latina, el mayor riesgo de exposición se ha observado entre los habitantes de viviendas hacinadas, cuyo acceso a agua y saneamiento a menudo es escaso o nulo (Lustig and Tommasi, 2020[30]), lo cual dificulta tanto el distanciamiento físico como aplicar prácticas de higiene adicionales. Varias de las medidas adoptadas a nivel mundial para mitigar los efectos del confinamiento sobre la economía y el bienestar de las personas —desde el teletrabajo a gran escala hasta la educación en el hogar, pasando por la telemedicina— requieren disponer de acceso fiable a Internet de alta velocidad en el hogar.
La pandemia ha afectado considerablemente a la educación en la región. A mediados de mayo de 2020, más de 160 millones de alumnos de todos los niveles educativos de América Latina y el Caribe vieron interrumpidas las clases presenciales y, en general, este cierre de las escuelas en el grupo de países analizados tuvo una duración total superior a 41 semanas (UNESCO, 2021[31]). Los datos de la Encuesta Gallup Mundial muestran un claro descenso de la proporción de personas satisfechas con el sistema educativo en 2020 con respecto a los niveles de 2019: el descenso interanual de 11 puntos porcentuales dejó el nivel promedio entre los países del grupo analizado en el 52% para 2020, que contrasta con el 67% de la OCDE. Durante el cierre de las escuelas se establecieron soluciones de aprendizaje a distancia en toda la región, pero impartir la formación en línea resulta complicado cuando el 46% de los niños de 5 a 12 años vive en hogares sin conectividad (CEPAL, 2020[32]), y menos del 14% de los alumnos pobres (los que viven con menos de 5,5 USD al día, PPA 2011) de educación primaria cuentan con una computadora conectada a Internet en casa, dato que contrasta con más del 80% de los alumnos acomodados (es decir, los que viven con más de 70 USD al día) (Basto-Aguirre, Cerutti and Nieto-Parra, 2020[33]). Además, las dificultades relacionadas con las competencias digitales también afectan a la inclusividad de la región. Para mejorar los resultados no basta con proporcionar más computadoras y TIC a las escuelas y los alumnos desfavorecidos — resulta fundamental desarrollar las competencias digitales para aprovechar las oportunidades de mayor transformación digital (OCDE et al., 2020[34]).
La pandemia ha puesto de relieve la importancia del acceso a la atención sanitaria para los problemas de salud física y mental. Antes de la pandemia, aproximadamente el 25% de la población de América Latina en su conjunto no tenía acceso a servicios esenciales de atención sanitaria. Estas personas habrán visto su acceso todavía más restringido durante 2020. Los problemas de salud también pueden tener un efecto significativo en las finanzas del hogar: de los seis países analizados para los que se dispone de datos, en el período 2010-2018, aproximadamente el 9% de los hogares incurrió en gastos sanitarios superiores al 10% de sus ingresos que debieron pagar de su propio bolsillo. Si bien se ha prestado una gran atención a los efectos de la pandemia de COVID-19 en las condiciones médicas físicas, también existen inquietudes con respecto a su efecto en la salud mental. Por ejemplo, uno de cada dos mexicanos aseguró que la pandemia había incidido negativamente en su salud mental (51%), y casi uno de cada cuatro indicó sufrir al menos un problema de salud mental (22%) (YouGov, 2020[35]). En términos más generales, el 27% de los jóvenes latinoamericanos (de 13 a 29 años) aseguró haber sentido ansiedad y el 15% depresión en los 7 días previos durante los primeros meses de la pandemia (UNICEF, 2020[36]). Es probable que las medidas de confinamiento hayan incrementado la soledad de las personas, el consumo de sustancias y las autolesiones (OMS, 2020[37]).
Los confinamientos prolongados en América Latina y el Caribe sacaron a las personas de las calles, con consecuencias dispares en materia de delincuencia. En la actualidad existen muy pocos datos comparativos que permitan evaluar el efecto de la pandemia en la seguridad personal. A nivel mundial ha habido una gran preocupación por el posible impacto de las órdenes de permanecer en casa en los adultos y los niños que viven en hogares con riesgo de violencia doméstica. Las noticias de aumento de la violencia doméstica en cuatro de los países del grupo analizado (Argentina, Chile, Colombia y México) durante las primeras semanas del confinamiento lo confirman (Statista, 2020[38]). Es probable que las condiciones del confinamiento hayan modificado los patrones delictivos: durante el primer semestre de 2020, el 22% de los hogares de México fue objeto de robo, allanamiento o hurto, lo que contrasta con el 35% de un año antes (2019) (INEGI, 2020[39]), al tiempo que los delitos cometidos fuera de viviendas privadas se redujeron del 17% al 9%. Sin embargo, el número de homicidios en México experimentó un escaso cambio (Gobierno de Mexico, 2020[40]; UNODC, 2020[41]). También es posible que la pandemia haya creado una ventana de oportunidad para que los grupos de delincuencia organizada consoliden su poder local, participando en actividades benéficas (Felbab-Brown, 2020[42]) e imponiendo sus propias restricciones a las comunidades (Asmann, 2020[43]), al tiempo que las dificultades materiales provocadas por la pandemia pueden servir de caldo de cultivo para la captación de delincuentes (Nugent, 2020[44]).
La pandemia de COVID-19 ha alterado los procesos electorales de varios países latinoamericanos, lo que provocó que se pospusieran las citas electorales en Chile, la República Dominicana, Paraguay y Uruguay. Según los datos contrastados obtenidos de 14 elecciones al parlamento y presidenciales, la pandemia puede haber afectado la conducta de voto de la región (López-Calva, 2021[45]). Si se comparan las elecciones que tuvieron lugar durante la pandemia con los promedios históricos, la participación electoral mostró un leve incremento en la mitad de los países, y se redujo en la otra mitad. Sin embargo, si se comparan con las elecciones más recientes, la mayoría de estos países (11 de los 14) vieron reducida la participación electoral (López-Calva, 2021[45]).
La pandemia ha pasado factura al bienestar subjetivo de las personas y sus relaciones sociales. Entre 2019 y 2020, la satisfacción con la vida se redujo un 7% en el grupo de países analizados —un descenso que ha borrado por completo los avances en satisfacción con la vida logrados en dichos países entre 2006 y 2008—. Del mismo modo, aumentó la proporción de personas que declara niveles muy bajos de satisfacción con la vida, lo que afectaba a una de cada cuatro personas en 2020, mientras que tan solo un año antes esta proporción era de una de cada cinco. El bienestar emocional también se ha visto afectado: en promedio, el 17% de los encuestados de los países del grupo analizado experimentaron más sentimientos negativos que positivos en un día normal de 2020, aproximadamente 6 puntos porcentuales más que en 2019. Tanto el distanciamiento social voluntario como las políticas de confinamiento obligatorias han tenido implicaciones en la capacidad de las personas para mantener las relaciones sociales más allá de los miembros más próximos del hogar. En el grupo de países analizados, la proporción de personas que cuentan con amigos o familia a la que recurrir en momentos de necesidad se redujo del 87% en 2019 al 83% en 2020. Esto contrasta con la pauta en los países de la OCDE, en los que se ha mantenido un nivel ligeramente superior al 90% tanto durante 2020 como antes de este año.
La pandemia de COVID-19 ha acentuado las vulnerabilidades del capital humano, social, económico y natural
La pandemia tiene un profundo impacto en el capital humano, con consecuencias para los jóvenes, la educación y la salud, y es probable que deje secuelas a largo plazo. Según estimaciones del Banco Mundial, las pérdidas de aprendizaje, capital humano y productividad podrían traducirse en un descenso de aproximadamente 1,7 billones de USD en los ingresos agregados de la región de América Latina y el Caribe, lo que supone un 10% de los niveles de la línea de base (Banco Mundial, 2021[46]). La crisis ha azotado con especial dureza a los jóvenes trabajadores, sobrerrepresentados en los sectores que más afectados se han visto por la pandemia, como el comercio minorista, la hospitalidad y el turismo —y que ya tenían dificultades para acceder al mercado de trabajo formal antes de la llegada de esta—. La mala salud aumenta la vulnerabilidad a los efectos del COVID-19, y se calcula que el 21% de la población de América Latina presenta al menos un problema de salud previo que provoca que se vean expuestos a un mayor riesgo de padecer consecuencias severas de esta dolencia (LSHTM CMMID COVID-19 working group, 2020[47]).15 Las altas tasas de obesidad y los elevados niveles de exposición a la contaminación del aire (arriba) plantean otros riesgos (Pozzer et al., 2020[48]; Wu et al., 2020[49]). El papel de la contaminación del aire interior, un problema importante en los países de ingresos bajos y medios, también cobra nueva relevancia al pasar más tiempo en casa (Du and Wang, 2020[50]).
En la región de ALC el capital social ya mostraba debilidad antes de la pandemia, lo que constituye un factor de riesgo de cara a la recuperación. Incluso antes de la pandemia, existía una importante insatisfacción con las permanentes desigualdades, y también con el funcionamiento del sistema político, además de una creciente desconfianza en las instituciones y un escaso y decreciente apoyo a la democracia. A largo plazo, puede que estas percepciones se vean todavía más agravadas por el papel que ha tenido la pandemia en la ampliación de las desigualdades, por las restricciones a las libertades personales y por la rápida movilización de fondos públicos, en ocasiones con escasa supervisión (ONU, 2020[51]). Sin embargo, a corto plazo, en los países del grupo analizado se observó un aumento de la proporción de personas que confían en su gobierno nacional, del 32% en 2019 al 37% en promedio en 2020, mientras que la proporción de quienes consideran que el gobierno es corrupto se contrajo del 77% al 72%. Este efecto de unión en torno a la bandera también se ha observado en los países de la OCDE, y parece reflejar un fenómeno de mayor unidad nacional ante una amenaza común —aunque con arreglo a los datos contrastados de la OCDE, también se indica que puede que no sea un efecto duradero con relación al COVID-19 (OCDE, a continuación[52]).
El capital económico, en proceso de debilitamiento desde 2015, se verá socavado en mayor medida por los descensos de la inversión. Entre los principales elementos de los programas de estímulo fiscal se han incluido pagos directos a las familias, desgravaciones y aplazamientos fiscales, programas de préstamos a empresas y gasto adicional en salud. El aumento del gasto público se ha financiado mayoritariamente mediante deuda pública, pero también mediante préstamos oficiales. La respuesta de política monetaria también ha tenido varias facetas, entre las que se ha incluido el suministro de liquidez; el relajamiento temporal de los requisitos de reservas a la banca; las rebajas en la política de tipos de interés; la intervención de los mercados de divisas; y, en el caso de Chile y Colombia, programas de flexibilización cuantitativa. A pesar de estas medidas, la pandemia ha provocado una contracción del 6,8% del PIB en 2020 en el conjunto de América Latina y el Caribe (CEPAL, 2021[22]). Simultáneamente, los programas de estímulo han agotado en gran medida el espacio fiscal limitado del que disponían los países de la región. La deuda pública en la economía mediana de ALC ha pasado del 53% del PIB en 2019 al 69% en 2020 (Banco Mundial, 2021[53]), lo que ha provocado que América Latina y el Caribe sea la región en desarrollo más endeudada (CEPAL, 2021[54]). La gran incertidumbre y el endurecimiento de las condiciones de financiación durante la pandemia han provocado demoras en el gasto en infraestructuras y recortes en investigación y desarrollo —cuyos niveles ya se encuentran muy por debajo del promedio de la OCDE y que resulta fundamental para garantizar la productividad futura—.
Los recursos naturales se han visto expuestos a un mayor riesgo a causa de las unidades para aplicar la protección de determinados bienes naturales durante la pandemia. El colapso de la actividad económica durante esta provocó un descenso temporal de las emisiones de carbono, aunque su repercusión será escasa en el cambio climático, salvo que durante la recuperación se les dé continuidad con medidas políticas enérgicas, ya que su efecto en la reserva global de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera es muy reducida, y los datos obtenidos de crisis previas apuntan a una fuerte recuperación de las emisiones en cuanto repunte la economía (OCDE, 2020[55]). Entretanto, las restricciones provocadas por la pandemia no han detenido la deforestación en América Latina (León and Cárdenas, 2020[56]). En el último decenio, han aumentado considerablemente las amenazas externas para estos bosques causadas por las empresas mineras, petrolíferas, agrícolas y madereras, los ganaderos, los agricultores, los grupos ilegales y los especuladores de tierras (Walker et al., 2020[57]; Ellis et al., 2017[58]). Mientras tanto, los esfuerzos de los gobiernos por controlar las incursiones ilegales en territorios indígenas se han visto reducidos en varios países de la región. Esta situación ha empeorado todavía más con la pandemia, ya que los gobiernos se vieron obligados a reducir sus esfuerzos de vigilancia por motivos tanto de salud como presupuestarios, lo que agravó la vulnerabilidad de los bosques, el agua y otros recursos naturales en territorios indígenas (CEPAL, 2020[59]).
La pandemia ha agravado las brechas de oportunidades existentes y provocado nuevas vulnerabilidades
Hombres y mujeres se han enfrentado a distintas repercusiones económicas, sociales y de salud durante la pandemia. Los hombres han registrado mayores tasas de mortalidad hasta el momento, pero los trabajos de las mujeres con frecuencia las ha situado en primera línea. América Latina registra la mayor proporción mundial de trabajadoras en la atención sanitaria (la mitad de los doctores y más del 80% de los enfermeros) (Banco Interamericano de Desarrollo, 2018[60]). Al mismo tiempo, las mujeres también están sobrerrepresentadas en sectores que sufrieron más trastornos y pérdidas de empleo, como la restauración y los hoteles, el comercio minorista y los servicios domésticos (CEPAL/OIT, 2020[61]). Se prevé que el desempleo femenino para el conjunto de la región alcance el 22,2% en 2020, lo que supone un incremento interanual de 12,6 puntos porcentuales (ONU CEPAL, 2021[62]). Las mujeres de América Latina también experimentaron un mayor descenso proporcional del empleo (del 18,1%, que contrasta con el 15,1% registrado por los hombres), así como más salidas del mercado laboral (15,4%, en comparación con el 11,8% de los hombres) (CEPAL/OIT, 2020[61]). Se prevé que, en total, el efecto negativo de la pandemia en la participación de las mujeres en el mercado laboral de América Latina suponga suprimir una década de avances (ONU CEPAL, 2021[62]). Las mayores tasas de pobreza que registraban las mujeres incluso antes de la pandemia implican que cuenten con menos oportunidades de generar ahorros que les permitan mitigar futuras pérdidas de ingresos. Se calcula que, tras la crisis, 118 millones de mujeres de la región vivirán en la pobreza absoluta (cifra que contrasta con la población total de pobres de 187 millones de personas que se registraba en 2019) (ONU CEPAL, 2021[62]; ONU CEPAL, 2021[63]). Por último, los confinamientos, sumados a las dificultades económicas, pueden haber puesto en una situación de especial vulnerabilidad a las personas que viven con un miembro de la familia violento o que comete abusos.
Antes de la llegada de la pandemia, los jóvenes ya enfrentaban dificultades considerables en el mercado laboral, que ahora se han visto agravadas por la crisis. Por ejemplo, la tasa de desempleo de los jóvenes en el grupo de países analizados era del 18% en 2020, tres veces mayor que la de los trabajadores de edad más avanzada. La COVID-19 expone a los jóvenes vulnerables de la región a mayores riesgos de desinterés y abandono de la educación y la formación, y puede incrementar el número global de ninis. Si bien los motivos del desinterés y el abandono son complejos y evolucionan con el tiempo (Aarkrog et al., 2018[64]), la pandemia puede tener un potente efecto multiplicador debido a la pérdida de motivación provocada por varios factores, entre los que se incluyen las interrupciones de la educación o la formación; la pérdida de conexiones con adultos que proporcionan apoyo y las interacciones positivas entre iguales; los aumentos de la pobreza de los hogares; y un mayor estrés en el hogar (OCDE, 2020[65]).
Los datos de las encuestas proporcionan una primera idea de cómo se han mantenido el estado psicológico y los apoyos sociales de las personas en 2020. Como muestra el Gráfico 1.21, el promedio de satisfacción con la vida en el grupo de países analizados descendió prácticamente en todos los grupos de población, con la excepción de las personas con enseñanza terciaria, que han contado con una mayor protección ante la repercusiones más duras de la pandemia sobre las condiciones de vida. Las mujeres, los residentes en zonas rurales, los jóvenes y los adultos jóvenes de 15 a 29 años, y las personas con menores niveles de logro educativo fueron los que vieron más reducidos sus niveles de satisfacción con la vida. En el caso del apoyo de la red social, entre 2019 y 2020, las mujeres y los habitantes de zonas rurales nuevamente experimentaron descensos ligeramente mayores que los hombres y los habitantes de zonas urbanas (respectivamente). Sin embargo, en el caso del apoyo social, los gradientes por edad y nivel educativo no estuvieron tan claramente definidos: las personas de mediana edad y aquellas con enseñanza secundaria fueron las que experimentaron los mayores descensos en comparación con las personas más jóvenes y mayores (así como con enseñanza primaria o terciaria), aunque también se observaron descensos pronunciados en el caso de los jóvenes adultos (como puede observarse en el Capítulo 5).
Nota: Los datos se refieren a las respuestas (escala del 0 al 10) a las preguntas siguientes: “Imagine una escalera con escalones numerados de 0 en la parte inferior a 10 en la parte superior. Suponga que la parte de arriba de la escalera representa la mejor vida posible para usted, y la parte de abajo representa la peor vida posible para usted. ¿En qué escalón diría que siente que se encuentra en lo personal en este momento, suponiendo que cuanto más arriba esté el escalón, mejor se sentirá respecto a su vida, y cuanto más abajo esté el escalón, peor se sentirá respecto a su vida? ¿Qué escalón se aproxima más a la forma en que se siente?». ALC 11 excluye a Argentina, Colombia, la República Dominicana, México y Perú, con respecto a la enseñanza primaria, secundaria y terciaria. OCDE se refiere a la OCDE 35 en el caso de los hombres y las mujeres y excluye la República Checa y Luxemburgo; es la OCDE 36 en el caso de las zonas rurales y urbanas, y excluye Luxemburgo; es la OCDE 28 para las edades de 15 a 29 años, de 30 a 49 años y los mayores de 50 años, y excluye Australia, la República Checa, Finlandia, Islandia, Italia, Japón, Luxemburgo, los Países Bajos y Eslovenia, ya que no existen datos disponibles para ambos años.
Fuente: Encuesta Gallup Mundial (base de datos), https://www.gallup.com/analytics/232838/world-poll.aspx
Las condiciones deficientes de las viviendas y la falta de servicios, que agravan los problemas asociados a la pandemia, presentan especial prevalencia en las zonas rurales, pero la densidad de las poblaciones urbanas también las sitúa en una posición de alto riesgo. La pronunciada concentración espacial y la densidad de población de las principales zonas urbanas de América Latina aceleraron la propagación del COVID-19, en especial en los segmentos de población que fueron objeto de importantes vulnerabilidades y carencias (CEPAL, 2020[66]). Las personas expuestas a un mayor riesgo epidemiológico, así como las más vulnerables a los efectos socioeconómicos de la pandemia, son aquellas que viven en condiciones de hacinamiento, sin agua o saneamiento —en especial las que viven en barrios marginales o asentamientos informales de zonas urbanas—. En su mayoría son trabajadores informales, con escasos o limitados recursos, sin seguridad social y con frecuencia sin acceso a Internet. El acceso al agua, las instalaciones para la higiene de manos y el saneamiento son esenciales para contener la propagación del COVID-19, mientras que el acceso a Internet y las tecnologías digitales (cuando proceda) han resultado claves para poder acceder al aprendizaje a distancia y el teletrabajo, la información pública y para mantener los contactos sociales.
Las carencias relativas de las poblaciones tanto indígenas como afrodescendientes hacen que se vean expuestas a un nivel desproporcionado de vulnerabilidad ante las consecuencias de la pandemia. Los desafíos comunes a los que se enfrentan ambos grupos —en lo que a pobreza, informalidad, falta de protección social y condiciones inadecuadas de la vivienda se refiere— incrementan los riesgos a los que se ven expuestos durante la pandemia, tanto en lo referente al impacto directo en la salud, como a los resultados socioeconómicos más amplios (CEPAL et al., 2020[67]; CEPAL, 2021[68]). Sin embargo, estos dos grupos también presentan diferencias que condicionan la forma en la que pueden evolucionar estos riesgos, entre las que se incluyen la gran proporción de población indígena que vive en zonas rurales, y los patrones principalmente urbanos que presenta la población afrodescendiente.
La disponibilidad de datos sobre bienestar sigue siendo un importante reto para los países del grupo analizado, y de forma más generalizada en la región de América Latina y el Caribe. En los Capítulos 2 a 5 de este informe se ponen de relieve diversas carencias de datos importantes para comprender los niveles, las tendencias y las distribuciones de los resultados de bienestar en la región. En general, los principales problemas en materia de datos pueden resumirse como se detalla a continuación. Es preciso:
Comprender mejor las desigualdades entre las dimensiones del bienestar. Esto incluye el desarrollo de la capacidad de desglosar las medidas fundamentales del bienestar por género, edad, raza y origen étnico, además de comprender mejor la distribución geográfica de los resultados de bienestar dentro de los países.
Profundizar en los ámbitos del bienestar muy preocupantes, como los niveles y las pautas de trabajo informal, el uso del tiempo, el efecto de la violencia y las experiencias de seguridad en el bienestar de las personas, y una comprensión más precisa de las situaciones financieras de los hogares (mediante mejores datos sobre el ingreso familiar, la riqueza, el gasto).
Recopilar datos sobre bienestar de forma más armonizada que permita establecer comparaciones con otros países y regiones, y mejore la oportunidad de los datos —ya que la mayoría de los indicadores que se abordan en el presente informe normalmente presentan un retraso de al menos 2 o 3 años—. Resulta crucial disponer de datos más oportunos para que los indicadores de bienestar se integren de forma más general en la toma de decisiones políticas, como ha puesto de relieve la crisis de la pandemia.
Reforzar la medición de las experiencias de bienestar subjetivo en los países de ALC. La reciente ola de protestas y descontento social en los países de la región han subrayado la necesidad de comprender mejor las experiencias vividas por los ciudadanos a la hora de tomar decisiones políticas. Dado que no existen estadísticas oficiales armonizadas correspondientes a aspectos subjetivos de la calidad de vida y el capital social en particular, para este informe se han utilizado fuentes de datos no oficiales, como la Encuesta Gallup Mundial y el Latinobarómetro, que, a pesar del menor tamaño de sus muestras presentan la ventaja de aplicar métodos comparables en todos los países y disponer de recopilaciones de datos frecuentes y recurrentes.
Por último, las oficinas de estadística de la región podrían colaborar en la elaboración de una lista prioritaria de indicadores principales para evaluar el desarrollo en transición, más allá del PIB. Todos los países de la región tienen compromiso con las actividades de monitoreo de los ODS, y varias de las oficinas de estadística y ministerios de los gobiernos del grupo de países analizados ya han comenzado a trabajar para cuantificar el bienestar, entre los que se incluyen México, Colombia, Chile y Ecuador (para más información véase el Capítulo 6). En un contexto en el que los recursos son limitados, las oficinas nacionales de estadísticas no pueden dar prioridad a cada uno de los indicadores para recopilar datos de forma frecuente y recurrente. Sin embargo, las oficinas de estadísticas y sus partes interesadas en la región podrían convenir una reducida selección de medidas “principales” (desglosadas por los principales grupos de población de interés) como prioritarias para detectar los retos de desarrollo que presentan los países en su proceso de transición de ingresos bajos ingresos altos. Partiendo de los análisis y la información que se recogen en este informe, así como del trabajo previo de la OCDE, en el Anexo 1.A. se propone una lista de candidatos como punto de partida para su posterior elaboración y debate.
La comunidad internacional reconoce de forma general la necesidad de ir “más allá del PIB” y este cambio de paradigma se ha plasmado en la agenda de los ODS, así como en muchas otras iniciativas nacionales e internacionales en materia de bienestar. En la región de ALC es especialmente importante emplear un conjunto más amplio de métricas relevantes a efectos de la política, en especial para el grupo de países que se encuentran en proceso de transición a países de ingresos medianos-altos y de ingresos altos, pero que continúan enfrentando problemas estructurales. La pandemia de COVID-19 y sus profundos efectos socioeconómicos han subrayado todavía más la necesidad de los países de la región (y de otras partes del mundo) de aplicar estrategias de recuperación basadas en una visión multidimensional, centrada en las personas y con visión de futuro del desarrollo. Contar con una idea común de las prioridades políticas y emplear un mismo marco para identificar las fortalezas y las carencias relativas también puede contribuir a mejorar la cooperación regional y a respaldar alianzas internacionales más eficaces.
El marco de indicadores que se presenta en este informe se ha adaptado a partir del marco de bienestar original de la OCDE, con el fin de reflejar mejor los aspectos de especial relevancia para la región, incluyendo las condiciones materiales, la calidad de vida, los recursos para el bienestar futuro y las desigualdades entre grupos y territorios. No obstante, el informe también pone de relieve que, para que las métricas puedan suponer una diferencia en la política, se requieren innovaciones institucionales, analíticas y operativas, además de los avances estadísticos. Los países de la región de ALC muestran grandes avances en la incorporación de un enfoque de la medición y la política multidimensional y centrado en las personas, aunque (al igual que en otras regiones) se precisan vínculos más sólidos entre los objetivos multidimensionales establecidos en los marcos jurídicos y los planes nacionales de desarrollo, por una parte y, su aplicación efectiva mediante la dotación presupuestaria, el desarrollo de políticas y la focalización, por otra.
A fin de avanzar en la incorporación de un enfoque de bienestar en la medición y la política a nivel tanto nacional como regional en América Latina, es necesario que los agentes políticos, los organismos estadísticos y diversas partes interesadas de la sociedad civil sigan debatiendo. Las conclusiones de este informe pretenden contribuir a estos debates y reforzar la base para el trabajo y las deliberaciones futuros.
Referencias
[64] Aarkrog, V. et al. (2018), “Decision-making processes among potential dropouts in vocational education and training and adult learning”, International Journal for Research in Vocational Education and Training, Vol. 5/2, pp. 112-129, https://doi.org/10.13152/ijrvet.5.2.2.
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Notas
← 1. Concretamente, el PIB suele dominar el discurso sobre el progreso. Si bien el indicador del PIB nunca ha tenido por objeto plasmar el bienestar de las personas en sentido general, su facilidad de comunicación, la frecuencia y la oportunidad con la que se notifica, el marco bien consolidado de cuentas nacionales en el que se basa y el elevado nivel de estandarización aplicado a su recopilación —además del hecho de que resume información del conjunto de la economía— lo convierten en una herramienta excepcionalmente útil para monitorear los resultados macroeconómicos. Sin embargo, como medida meramente económica a nivel del sistema, el PIB no aporta ninguna información sobre los resultados sociales y medioambientales que no se negocian en los mercados, pero que tienen un gran valor para las personas; el PIB no proporciona información sobre cómo se distribuye el bienestar en la sociedad (con lo que pasa por alto aspectos de desigualdad); y, sobre todo, carece de una perspectiva de futuro que le permita abarcar aspectos de sostenibilidad e impacto intergeneracional. El PIB excluye el valor de numerosas actividades no remuneradas que contribuyen de forma indirecta a la economía (y son indispensables para la sociedad), pero a las que actualmente no puede darse seguimiento a través del Sistema de Cuentas Nacionales. Este es el caso del trabajo doméstico no remunerado, los cuidados domésticos y el voluntariado. Asimismo, incluye el valor de otras actividades que no pueden considerarse aspectos del “progreso”, o que incluso son perjudiciales para el bienestar y la sostenibilidad, como el costo de incrementar los presupuestos policiales y penitenciarios para hacer frente al aumento de la delincuencia, o los costos de limpieza tras catástrofes medioambientales.
← 2. Entre los principales conceptos que han influido en el marco se incluyen el enfoque de competencias, como recogen Sen (1999[69]) y Nussbaum (2001[70]), así como las recomendaciones de la Comisión sobre la medición del desempeño económico y el progreso social, dirigida por Joseph Stiglitz (Stiglitz, Sen and Fitoussi, 2009[4]). Además de la literatura académica y especializada, el marco se basa asimismo en las experiencias tanto nacionales como regionales, incluidas las consultas públicas, centradas en el objetivo de ir “más allá del PIB”, y también en las interacciones con cientos de profesionales de todos los sectores de la sociedad durante los Foros Mundiales de la OCDE sobre Estadísticas, Conocimiento y Política que se celebran cada dos o tres años desde 2004. Para obtener más información sobre los antecedentes y los fundamentos conceptuales del marco, véanse las ediciones anteriores de ¿Cómo va la vida? (OCDE, 2011[12]) (OCDE, 2013[72]).
← 3. La comparación de 20 cuadros de indicadores nacionales de medición del bienestar con los indicadores del marco de la OCDE muestra que existe un elevado grado de solapamiento en la mayoría de los casos (Exton and Fleischer, a continuación[13]).
← 4. Por ejemplo, la OCDE y su Centro de Desarrollo han elaborado un marco adaptado que reformula algunas de las dimensiones con el propósito de considerar mejor las perspectivas de los países en desarrollo (Boarini, Kolev and McGregor, 2014[71]). El marco también se ha adaptado para concentrarse en las necesidades o prioridades concretas de las regiones (https://www.oecdregionalwellbeing.org/), los niños (OCDE, 2015[73]), y los migrantes (OCDE, 2017[74]), además de para aplicarse a contextos nacionales como el de Israel (OCDE, 2016[75]).
← 5. Siete oficinas nacionales de estadísticas de la región de ALC (Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá y Uruguay) respondieron al cuestionario remitido en mayo de 2016 relativo a qué habría que modificar en el marco de la OCDE para reflejar las prioridades de ALC.
← 6. Indicador 10.3.1 del Marco mundial de los ODS: proporción de la población que declara haberse sentido personalmente víctima de discriminación o acoso en los 12 meses anteriores por motivos de discriminación prohibidos por el derecho internacional de los derechos humanos.
← 7. Con la excepción parcial del Capítulo 5, en el que, debido a las limitaciones de datos, así como a la necesidad de mantener una longitud razonable de los capítulos, únicamente se presenta una pequeña selección de indicadores con resultados a nivel de país, y el resto se resume con promedios correspondientes a los 11 países analizados (o al número máximo de países analizados de los que se dispone de datos).
← 8. No se dispone de datos comparables del promedio de ALC 11 previos a 2012 respecto de la fuerza de trabajo aquí incluidos: la serie de tiempo comienza en 2012 en el caso del empleo y el desempleo; en 2011-2013 en el del subempleo por insuficiencia de horas; y en 2012-2013 en el del empleo informal como proporción del total del empleo.
← 9. La tendencia media está condicionada principalmente por un descenso drástico en Colombia (-42 puntos), así como bajadas considerables en Paraguay (-12 puntos) y Ecuador (-9 puntos). No obstante, se han producido aumentos sustanciales en México (+18 puntos), Perú (+8 puntos) y Uruguay (+6 puntos).
← 10. Este índice fue elaborado por la OMS para medir el avance en el logro de la meta 3.8 de los ODS, y se define como la cobertura media de los servicios esenciales entre la población general y los más desfavorecidos, calculada a partir de intervenciones con trazadores, como las relacionadas con la salud reproductiva, materna, neonatal e infantil, las enfermedades infecciosas, las enfermedades no transmisibles y la capacidad de los servicios y el acceso a ellos. El índice emplea una escala de 0 a 100 sin unidades, y se calcula como la media geométrica de 14 indicadores trazadores de la cobertura de los servicios de salud. Los indicadores trazadores son los que se detallan a continuación, organizados con arreglo a cuatro componentes de la cobertura del servicio: 1. 1. salud reproductiva, materna, neonatal e infantil; 2. enfermedades infecciosas; 3. enfermedades no transmisibles; y 4. capacidad de los servicios y acceso a ellos. Véase el informe de seguimiento de 2019 para consultar el indicador trazador de cada componente. Para más información, véase: https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/uhc-index-of-service-coverage
← 11. De producción doméstica, excluye las emisiones generadas por uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura (UTS).
← 12. No se dispone de datos comparables de la OCDE para el Gráfico 1.12; esta conclusión se extrae de la Encuesta Mundial de Valores (véase el Capítulo 4 para obtener más información).
← 13. La brecha salarial de género se define como la diferencia entre los ingresos mensuales medios de los hombres y las mujeres, con relación a los ingresos mensuales medios de los hombres.
← 14. Según la definición de la CEPAL, el trabajo no remunerado incluye los bienes y servicios no remunerados producidos por los miembros del hogar para su propio consumo, así como la atención domiciliaria y el trabajo doméstico y comunitario.
← 15. Se extrajeron las estimaciones de prevalencia para las siguientes categorías de enfermedad por edad, sexo y país: (1) enfermedades cardiovasculares, incluidas las enfermedades cardiovasculares provocadas por la hipertensión; (2) enfermedad renal crónica, incluida la enfermedad renal crónica provocada por la hipertensión; (3) enfermedad respiratoria crónica; (4) enfermedad hepática crónica; (5) diabetes; (6) cánceres con inmunosupresión directa; (7) cánceres sin inmunosupresión directa, pero con posible inmunosupresión provocada por el tratamiento; (8) VIH/sida; (9) tuberculosis; (10) trastornos neurológicos crónicos; y (11) drepanocitosis.