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Los resultados de la jubilación mejoran al combinar las pensiones con sistema de reparto
y las financiadas, los mecanismos automáticos y una sólida red de seguridad social
para los pensionados.
Los responsables de formular las políticas que diseñan sistemas de pensiones deben
reflexionar sobre sus objetivos (ayuda para la pobreza, redistribución, viabilidad
y ajuste del consumo) y los riesgos (demográficos, sociales, laborales, macroeconómicos
y financieros).
Una red de seguridad social robusta para los pensionados, así como un sistema de pensiones
equilibrado y diversificado que incorpore un componente financiado es importante,
sobre todo cuando se promueven y reasignan los ahorros nacionales para inversiones
a largo plazo es una meta de política pública. Además, los sistemas de pensiones bien
diseñados necesitan mecanismos automáticos que hagan coincidir los beneficios con
las realidades demográficas y económicas. Los sistemas deben ser financieramente viables
y proporcionar parte de la seguridad que se transmite mediante los planes de beneficios
definidos.
Al diversificar los sistemas de pensiones, los países deben introducir planes financiados,
sobre todo cuando las aportaciones sustituirán en forma parcial o total un sistema
de reparto existente. Los responsables de formular las políticas deben evaluar cuidadosamente
la transición ya que puede ejercer una presión adicional, de corto plazo, sobre las
finanzas públicas y aumentar los riesgos para las personas.
Los países pueden mejorar el diseño de los incentivos financieros para ahorrar para
la jubilación
Los incentivos financieros fiscales y no fiscales pueden promover el ahorro para el
retiro al proporcionar una ventaja fiscal general a las personas a través de una reducción
en el total de los impuestos pagados en el curso de la vida, aunque esto tiene un
costo fiscal. El diseño de los incentivos debe justificar las necesidades y capacidades
de ahorro para el retiro para todos los grupos de ingresos y, como requisito mínimo,
prever la neutralidad fiscal entre el consumo y el ahorro.
Las normas fiscales deben ser sencillas, estables y uniformes en todos los planes
de ahorro para el retiro. Los créditos fiscales, las deducciones fiscales de tasa
fija o las aportaciones de contrapartida pueden utilizarse para proporcionar una ventaja
fiscal equivalente en todos los grupos de ingresos. Los países que utilizan créditos
fiscales pueden considerar que sean reembolsables y pagarlos en las cuentas de pensiones.
Los incentivos no fiscales, en especial los subsidios nominales fijos, ayudan a fomentar
el ahorro de los trabajadores con bajos ingresos. Los países con un régimen fiscal
EET (siglas en inglés de exento, exento, gravado) deben mantener la estructura de
tributación diferida y todos los países que estén pensando en introducir incentivos
financieros deben examinar su capacidad fiscal y tendencias demográficas.
Hacer coincidir los cargos gravados con el costo de administrar los ahorros para el
retiro requiere una mejor divulgación, reglamentos para fijar precios y soluciones
estructurales.
La prestación de servicios de pensiones implica costos como la administración y actividades
de inversión que pagan los miembros y los empleadores. Estos costos pueden afectar
considerablemente el valor final de los ahorros para el retiro acumulados. Algunos
planes de pensiones pueden ser más caros, como los que ofrecen más opciones.
Las medidas para mejorar la transparencia son esenciales, pero no bastan para hacer
coincidir los costos y los cargos. Funcionan mejor cuando están respaldadas por reglamentos
para fijar precios y soluciones estructurales. A fin de maximizar la rentabilidad
neta, los responsables de formular las políticas y los órganos reguladores también
pueden usar medidas como la evaluación comparativa y ligar los gastos de inversión
de manera más estrecha con el rendimiento de la cartera.
Los enfoques de gobernanza e inversiones de las instituciones de inversión importantes
a nivel nacional proporcionan directrices útiles para fortalecer los marcos reguladores
Varias instituciones de inversión importantes a nivel nacional tienen características
comunes y proporcionan evidencia de buenos enfoques de gobernanza e inversión. Tienen
marcos legales y reguladores desligados del gobierno, misiones enunciadas con claridad
para guiar la política de inversión, un consejo de supervisión que es responsable
ante las autoridades competentes y los miembros, y transparencia sobre sus acuerdos
de gobernanza y su gestión de inversiones y de riesgos para que rindan cuentas antes
las diferentes partes interesadas.
Estas instituciones expresan sus objetivos de desempeño en cuanto a su misión y verifican
los resultados contra esta meta de largo plazo más que contra un parámetro del mercado.
Los fondos de inversión a fecha fija y los que se basan en la edad son la estrategia
preferida por las instituciones con cuentas individuales. Las estrategias de rentabilidad
a largo plazo pueden ofrecer mejores ganancias, pero con un mayor riesgo de que no
haya fondos suficientes para los miembros al jubilarse.
Las características automáticas, las opciones predeterminadas, la información y opciones
simples, los incentivos financieros y la educación financiera generan mejores resultados
para la jubilación
Los niveles bajos de conocimiento financiero y los prejuicios conductuales pueden
inducir a las personas a tomar decisiones inadecuadas.
Los mecanismos como la inscripción automática y la progresividad de las aportaciones
pueden aprovechar la inercia para que los sistemas de pensiones sean más incluyentes
y coadyuven a aumentar los niveles de las aportaciones. Las personas que no pueden,
o no quieren, elegir una tasa de aportaciones, un proveedor de pensiones, una estrategia
de inversión o un producto posterior a la jubilación, pueden beneficiarse de las opciones
predeterminadas.
También hay otras herramientas para ayudar en la toma de decisiones, entre las que
cabe mencionar: aplicaciones web, limitar las opciones y facilitar más las comparaciones
e incentivos financieros. Los estados de cuenta de la pensión pueden transmitir información
importante de manera sencilla, mientras que los seminarios de educación financiera
y la asesoría financiera pueden ayudar a las personas a entender la información.
La mayor flexibilidad en la edad de jubilación, las pensiones públicas progresivas
y las normas fiscales abordan las desventajas financieras de los grupos demográficos
con menor esperanza de vida.
Las personas en grupos socioeconómicos bajos tienen una esperanza de vida menor que
los grupos socioeconómicos altos. Pueden tener desventajas financieras si su vida
de jubilados es más corta que su vida laboral, al recibir un menor “rendimiento” de
las aportaciones hechas a su fuente de pensión financiada. Las pensiones públicas
y las normas fiscales pueden ayudar a compensar parte de esta desventaja
Las políticas para mejorar la viabilidad de los sistemas de pensiones ante los aumentos
en la esperanza de vida deberán considerar cómo pueden verse afectadas las personas
de diferentes grupos socioeconómicos y de uno u otro sexo. En general, se requerirá
trabajar más tiempo, pero no todos los grupos necesariamente podrán hacerlo. La mayor
flexibilidad en torno a la edad de jubilación es fundamental para mejorar los resultados
de las pensiones para todos los grupos, y asegurar que no se perjudique a los grupos
socioeconómicos más bajos al jubilarse por tener esperanzas de vida más cortas.
Las pensiones de viudez siguen desempeñando una función importante, pero no deben
limitar los incentivos para trabajar o redistribuir de solteros a parejas.
Las pensiones de viudez siguen siendo necesarias para ajustar los niveles de vida
después de la muerte del compañero. Sin embargo, los beneficiarios no deben ser elegibles
para una pensión de viudez permanente antes de la edad de jubilación. En cambio, debe
contarse con beneficios temporales para ayudar a adaptarse a la nueva situación.
El costo de las pensiones de viudez debe internalizarse dentro de cada pareja o, como
mínimo, entre todas las parejas. En una reforma de presupuesto neutral, esto significa
que el nivel de la pensión de los solteros será mayor al de quien vive en pareja y
se beneficia de las pensiones de viudez.
Los compañeros de uniones anteriores no deben ser elegibles ya que no tienen un consumo
actual que ajustar. Dividir los derechos de la pensión ofrece algunas ventajas, aunque
algunos países favorecen el tratamiento individual de los compañeros, incluso para
promover la igualdad entre ambos sexos.