Costa Rica

La pobreza en Costa Rica aumentó del 16.5% en 2016 al 19.4% en 2020 debido, en parte, a las repercusiones de la pandemia de COVID-19, situándose por debajo del promedio, 26.3%, registrado en América Latina y el Caribe (ALC). La pobreza extrema disminuyó ligeramente en ese periodo, pasando del 4.2% al 4.0%, y sigue siendo inferior al promedio de ALC (8.7%). La población que vive en hogares completamente informales se mantuvo constante, situándose en el 26.9% en 2010 y en el 27.0% en 2019, en comparación con el promedio de ALC del 36.3% en 2018. En lo que respecta a los indicadores medioambientales, en 2019 se registraron emisiones totales de gases de efecto invernadero (GEI) per cápita de 3.1 toneladas equivalentes de dióxido de carbono (t CO2e), inferiores a los promedios de ALC (6.3) y de los países miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) (9.1). Ese año, la proporción de población expuesta a niveles de contaminación del aire que suponen un riesgo para la salud humana (PM2.5 a más de 10 µg/m3) fue de 99.9%, situándose por encima del 95.2% registrado en ALC y del 61.0% en los países miembros de la OCDE. La zona marina protegida representó el 2.7% de las aguas territoriales a principios de 2021, frente al 7.3% registrado en ALC y al 18.6% en la OCDE. En diciembre de 2021, se aprobó el decreto que amplía la zona protegida del Área de Conservación Marina Coco a 161.129 km2, lo cual aumenta a 30% el área de aguas territoriales protegidas. En materia fiscal, los ingresos tributarios ambientales representaron el 2.3% del producto interno bruto (PIB) en 2019, por encima de ALC (1.0% en 2020) y de la OCDE (2.1% en 2020). El total de ingresos tributarios expresado como porcentaje del PIB (22.9%) sigue siendo superior al promedio de ALC (21.9%), aunque inferior al promedio de la OCDE (33.5%).

Costa Rica es el único país tropical del mundo que ha logrado revertir la deforestación, en gran parte gracias al programa de Pagos por Servicios Ecosistémicos y a un Sistema de Áreas de Conservación que cubre el 26.2% del territorio nacional. El Plan Nacional de Descarbonización 2018-2050 pretende alcanzar un nivel de cero emisiones netas para el año 2050. La Estrategia Nacional de Bioeconomía (2020) proporciona un marco para integrar los sectores productivos y medioambientales. El Plan de Implementación de la Estrategia Nacional REDD+ (Reducción de Emisiones Derivadas de la Deforestación y la Degradación de los bosques) establece un marco operativo para la conservación de los bosques durante el periodo 2018-2024.

En cuanto a las medidas de mitigación, Costa Rica modificó en 2019 el Decreto 36693-MINAET, que introduce una moratoria nacional a la explotación petrolera. El Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) están diseñando una Reforma Fiscal Verde que prioriza determinadas líneas en función de su impacto ambiental, así como una reforma al impuesto selectivo al consumo con arreglo a criterios ambientales. Junto con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), también están estudiando una reforma del impuesto a los combustibles y la creación de un impuesto a los residuos sólidos. El MINAE, en colaboración con la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ), diseñó un plan de producción y consumo de hidrógeno verde. Entre las políticas de adaptación, Costa Rica aprobó la Política Nacional de Adaptación 2018-2030, que establece una hoja de ruta para fortalecer la resiliencia del país frente a los efectos del cambio climático.

En lo que concierne a las alianzas internacionales dentro de la región, actualmente Costa Rica preside el Foro de Ministros de Medio Ambiente de ALC, el cual analiza el papel de la región ante la crisis ambiental planetaria. Fuera de la región de ALC, Costa Rica forma parte de un consorcio que en 2022 creó la Coalición Global para Carbono Azul, cuyo objetivo es acelerar las inversiones en sumideros de carbono costeros. El MINAE lidera varios proyectos ambientales con financiación del Fondo Mundial para el Medio Ambiente y ejecutados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

En lo que respecta a la financiación verde, la Superintendencia General de Valores autorizó tres bonos verdes. Los proyectos Acción Clima II y Políticas Climáticas Verticalmente Integradas, gestionados por la GIZ, realizaron un diagnóstico de las posibles fuentes de financiación para implementar acciones climáticas en los municipios de Costa Rica, lo que contribuyó a la elaboración de la Taxonomía de Financiación Climática. El Gobierno está trabajando en la publicación de la Guía Oficial de Acceso a los recursos del Fondo Verde del Clima en Costa Rica, para orientar a los actores públicos o privados interesados en acceder a la financiación verde. La Superintendencia General de Entidades Financieras desarrolló una metodología para recabar información vinculada al cambio climático en las operaciones de crédito gestionadas por las instituciones financieras supervisadas.

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