Prefacio
En la Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Integridad Pública 2017 se reconoce que la integridad es la piedra angular de una buena gobernanza. La integridad es esencial para el bienestar económico y social, así como la prosperidad individual y de la sociedad en su conjunto. Al promulgar la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad demostró su compromiso con el fortalecimiento de su sistema de integridad.
La participación activa de los gobiernos subnacionales es fundamental para que el Sistema Nacional Anticorrupción alcance su pleno potencial. Las entidades federativas y los municipios de México son responsables de prestar diversos servicios públicos que influyen en la calidad de vida y en el entorno empresarial. Los servicios públicos esenciales, como el suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado, pavimentación de las calles, alumbrado público, mercados y panteones públicos, son responsabilidad de los gobiernos locales. Además, los gobiernos locales tienen la autoridad de regular actividades económicas como construcción, planeación urbana y licencias comerciales.
De acuerdo con una encuesta que levantó en 2017 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), una inmensa mayoría de los habitantes de la Ciudad de México considera que la corrupción es un problema endémico. La percepción de abuso de autoridad y corrupción puede ejercer efectos devastadores en la confianza que los ciudadanos depositan en el gobierno. De instaurarse en forma adecuada, el Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México no solo combatirá la corrupción y elevará el desarrollo económico y social sostenible, sino que fortalecerá el Estado de derecho y restablecerá la confianza en el gobierno y las instituciones públicas.
El Estudio de la OCDE sobre Integridad en la Ciudad de México es el segundo estudio sobre integridad en el ámbito subnacional realizado por la OCDE en México, y ofrece una evaluación integral del sistema local de integridad. Presenta recomendaciones de política pública para maximizar la eficacia del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México. Asimismo, plantea la necesidad de emprender acciones sostenidas para crear una cultura de integridad, que incluyan el establecimiento de un marco eficaz de control y gestión de riesgos, alentar la participación de los actores interesados, vigilar y evaluar políticas públicas de integridad, salvaguardar la contratación pública y optimizar el uso de los recursos (o valor por el dinero) en esta actividad.
En este estudio se examinan las buenas prácticas internacionales que pueden servir como guía para las autoridades de la Ciudad de México al poner en marcha el Sistema Anticorrupción local. Además, recomienda adoptar un enfoque de integridad basado en datos y evidencias, lo que incluye identificar áreas prioritarias de acción y evaluar el sistema para sustentar mejor las políticas públicas y futuras reformas.
El principal reto para el gobierno de la Ciudad de México consiste en traducir las leyes y regulaciones anticorrupción en un cambio real. Quizá se requiera cierto tiempo para que el nuevo sistema alcance su pleno potencial, pero su verdadero impacto dependerá de su carácter incluyente y de la capacidad del gobierno de crear una cultura de integridad, no solo en el sector público sino también en el privado y en la sociedad en su conjunto.
La Ciudad de México, el área metropolitana de mayor tamaño del país, tendría que encabezar el combate a la corrupción que emprendan los gobiernos locales. La OCDE está dispuesta a apoyar la implantación de las recomendaciones de política pública presentadas en este informe y a colaborar en el seguimiento de sus avances, con el fin de garantizar su cabal cumplimiento.