Prólogo
El estado de Nuevo León es la tercera economía más grande de México; en 2016 contribuyó con 7.3% del PIB nacional. Sin embargo, según encuestas de organismos como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y de la sociedad civil, existe una alta percepción pública de la corrupción, que se considera muy frecuente tanto en el nivel estatal (53% a 54%) como en el municipal (46% a 49%). Por tanto, Nuevo León se ha propuesto crear un sistema de integridad pública viable y resistente. Para tal efecto, el gobierno instituyó el Sistema Estatal Anticorrupción para el Estado de Nuevo León (SEANL), a fin de implementar el Sistema Nacional Anticorrupción (SNAC) en el ámbito local.
Este Estudio evalúa las principales características del sistema de integridad pública de Nuevo León y lo compara con la Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Integridad Pública y las buenas prácticas internacionales. También ofrece recomendaciones y un plan de acción para aprovechar las reformas en curso de manera viable y estratégica. En particular, el Estudio analiza el marco de integridad pública de Nuevo León e iniciativas para crear una cultura de integridad en la administración pública, así como mecanismos para dar asesoría y orientación a los funcionarios públicos cuando enfrenten dudas y dilemas relacionados con la integridad. Además, analiza los puntos fuertes y débiles del esquema de control interno y gestión de riesgos, y considera si las reformas de integridad de Nuevo León promueven un enfoque de toda la sociedad para la integridad mediante la participación efectiva de los ciudadanos y del sector privado.
El gobierno del estado de Nuevo León ha tomado medidas concretas para demostrar su compromiso de fomentar la integridad pública. En 2013 creó el Consejo Nuevo León para la Planeación Estratégica, integrado por múltiples interesados, el cual ha establecido objetivos estratégicos relacionados con el combate a la corrupción y la integridad. En 2016 empezó un ambicioso programa de concientización para funcionarios públicos y dio lugar a una red de “agentes del cambio” dentro de la administración pública. El Comité de Participación Ciudadana tendrá una función prominente en el Sistema Estatal Anticorrupción para el Estado de Nuevo León, pues tres de sus representantes participan en el Comité Coordinador, el órgano de gobierno del SEANL. Además, en 2013 se aprobó la Ley para Incentivar la Denuncia de Actos de Corrupción de Servidores Públicos del Estado de Nuevo León, instrumento único en México, para promover la denuncia de conductas corruptas que cometan los servidores públicos. Sin embargo, es necesario esforzarse más para infundir mayor confianza en la capacidad de Nuevo León para prevenir y atacar la corrupción. Estas acciones incluirían establecer mecanismos eficaces para la coordinación entre los órdenes de gobierno, revisar el marco de integridad para promover una cultura de integridad tanto al interior del sector público como de manera más amplia en toda la sociedad; y garantizar la rendición de cuentas mediante un esquema de control interno y gestión de riesgos más robusto.
Este estudio fue realizado por la Dirección de Gobernanza Pública de la OCDE, como parte de una serie de estudios sobre integridad de la OCDE efectuados en el ámbito estatal en México. La participación de los gobiernos subnacionales es decisiva para maximizar el efecto del Sistema Nacional Anticorrupción de México, que incluye mecanismos de coordinación para garantizar la aplicación uniforme del sistema y sus políticas en todos los órdenes de gobierno. También es fundamental para crear confianza en las instituciones públicas y mejorar la calidad de los servicios públicos.
El Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Estado de Nuevo León, México incluye un Plan de Acción para abordar los continuos desafíos al crear un sistema de integridad pública viable en el estado mediante la asignación de acciones, responsabilidades y cronogramas concretos para llevar a cabo sus recomendaciones. La OCDE proporcionará a Nuevo León asesoría y apoyo continuo, al verificar el Plan de Acción, ayudándole a maximizar el efecto de sus medidas de integridad y lograr su visión estratégica de convertirse en “el mejor lugar para vivir”.
Marcos Bonturi
Director
Departamento de Gobernanza Pública de la OCDE