Prólogo

Como se señaló en la Recomendación de 2012 del Consejo de la OCDE sobre Política y Gobernanza Regulatoria, cada gobierno debería tratar de establecer un marco regulatorio que contenga regulaciones de calidad, que logren objetivos legítimos de política pública sin imponer costos innecesarios a las empresas y los ciudadanos.

La Recomendación brinda a los gobiernos una guía clara y oportuna acerca de los principios, mecanismos e instituciones que se necesitan para mejorar el diseño, la aplicación y la revisión de sus marcos regulatorios, con una orientación hacia los estándares más elevados. Uno de los principales mecanismos que promueve la Recomendación es la adopción de un sistema de evaluación ex ante de la normativa prospectiva, a fin de asegurar su calidad.

Las regulaciones de calidad pueden fomentar la innovación, facilitar el ingreso a nuevos mercados, promover la adopción de estándares internacionales y mejorar la competencia; al mismo tiempo, pueden ayudar a alcanzar objetivos sociales como la protección del medio ambiente, de los consumidores y de los trabajadores. Todo esto contribuye a una mayor productividad y crecimiento inclusivo.

El informe identifica el marco legal e institucional, y los procesos seguidos en Perú para emitir normatividad entre el periodo 2014-16. Evalúa aquellos elementos que toman como referencia las prácticas más relevantes del sistema de evaluación de impacto regulatorio en los países de la OCDE. Ofrece recomendaciones para ayudar a Perú a intensificar sus esfuerzos para mejorar la calidad de sus normas y así contribuir a mejorar el crecimiento económico y el desarrollo social en el país.

El informe también presenta los avances más importantes que ha implementado el Perú en materia de evaluación ex ante de normativa, en respuesta a las recomendaciones del reporte de 2016 Revisiones de la OCDE sobre reforma regulatoria: Política Regulatoria en el Perú, Uniendo el Marco para la Calidad Regulatoria, el cual sugirió que el Perú debería introducir un sistema de evaluación de impacto regulatorio para los borradores de normatividad y para normatividad que están sujetas a modificaciones, como parte de sus procedimientos administrativos.

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