Prólogo y Agradecimientos
Prólogo
La contratación pública es una actividad económica clave para los gobiernos. Por tanto, tiene efectos importantes sobre la forma en que el dinero de los contribuyentes se destina a prestar servicios públicos. En México, el gasto en contratación gubernamental en 2015 fue de alrededor de 111.5 mil millones de dólares estadounidenses, representando 21% del gasto total del gobierno. Dado que el sector público es un elemento crucial para la productividad de la economía, el impacto del gasto público sobre los intereses nacionales va más allá de la mera prestación de servicios públicos. Los gobiernos apoyan la productividad a través del monto de sus gastos, pero también desarrollando y respaldando un entorno que sea capaz de crear condiciones adecuadas para que las empresas inviertan e innoven, y para que las sociedades prosperen.
La eficiencia y la integridad de los servicios públicos de México, en particular en lo relacionado con el uso de recursos del estado, están sujetas a la supervisión de diversos actores. El carácter horizontal de la contratación pública y su vulnerabilidad ante actos de corrupción han centrado la atención en garantizar que los recursos públicos se gasten de manera eficaz y equitativa. El trabajo continuo del gobierno federal para incrementar la eficiencia en el gasto público y minimizar el riesgo de corrupción ha sido desprestigiado por escándalos que dañan la percepción del público sobre las compras gubernamentales. Eliminar la corrupción forma parte importante de los esfuerzos por aumentar la productividad, ya que esta afecta a los determinantes clave de su crecimiento, tales como la innovación y la difusión de nuevas tecnologías, un entorno de mercado favorable y la asignación de recursos. Por consiguiente, mitigar el riesgo de corrupción representa un paso importante en el camino del país hacia un desarrollo sostenible e incluyente.
El ‘Estudio del Sistema Electrónico de Contratación Pública de México: Rediseñando CompraNet de Manera Incluyente’ destaca que reformar el sistema de contratación pública no solo es necesario para mostrar que el uso de los fondos públicos es eficaz y equitativo al brindar servicios, sino también para reconstruir la confianza de los mexicanos en su gobierno. La digitalización de la actividad gubernamental representa una oportunidad de mejorar radicalmente la interacción del gobierno con los ciudadanos, las empresas y la sociedad civil. En este sentido, la Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Estrategias de Gobierno Digital apoya las políticas públicas y los métodos destinados a alcanzar una mayor transparencia, apertura e inclusión de los procesos y operaciones gubernamentales. Las experiencias de los países de la OCDE han demostrado que la contratación electrónica tiene el potencial de lograr estos objetivos.
Desde 1996, el gobierno federal ha utilizado el sistema CompraNet para interactuar con el mercado de proveedores. En el momento de su creación, CompraNet representó un método innovador de contratación electrónica en América Latina. Se trata de una interfaz fundamental tanto para el gobierno como para los proveedores, y ha sido una herramienta poderosa para incrementar la participación de las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) en la contratación gubernamental. Ahora, la actual administración desea aprovechar los avances tecnológicos para establecer una visión del futuro del sistema. Las tendencias actuales indican que la siguiente generación de reformas a la contratación electrónica implicará la integración digital de todas las entidades gubernamentales y el enlace con otras áreas de gobierno, como la financiera y la fiscal. En el corto plazo, esto permitirá recabar datos y utilizarlos para garantizar la rendición de cuentas respecto al gasto público, mientras que en el largo plazo será importante para diseñar la política gubernamental en la materia.
La OCDE fue invitada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) a armonizar las perspectivas de un amplio grupo de actores en una sola visión que coincida con las mejores prácticas internacionales. De implementarse con eficacia, la reforma de CompraNet elevará la productividad del servicio público, mejorará la calidad y reducirá el costo de los bienes y servicios adquiridos por el gobierno. También constituirá un hito en el desarrollo de la Estrategia Digital Nacional, la cual servirá como catalizador para el crecimiento del país, de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo.
La hoja de ruta presentada en este estudio, producto de una revisión entre pares, traza un enfoque por etapas para rediseñar el sistema. Este enfoque permite vigilar de cerca la ejecución y, en un país donde la contratación electrónica está bien arraigada, amortigua el impacto que los cambios puedan generar en los usuarios. La primera etapa de dicha hoja de ruta buscará mitigar algunos de los mayores riesgos a la integridad al mejorar el cumplimiento con el sistema. La segunda etapa, que representa un escalón hacia la integración del sistema, permitirá recolectar la información sobre contratación pública y reutilizarla en un formato de datos abiertos. Esto apoyará a la tercera y última fase, la eventual transición a un sistema plenamente transaccional, integrado con otros sistemas gubernamentales.
Se espera que la evolución de CompraNet a lo largo de estas tres etapas logre mejoras graduales en la eficiencia y la eficacia del sistema. Dado el amplio alcance de CompraNet en la actividad económica de México, los efectos indirectos de estas mejoras pueden generar incrementos en la productividad de los empleados gubernamentales, las capacidades y la competitividad en materia digital de los proveedores, el valor por el dinero del gasto gubernamental y la confianza de los mexicanos en sus instituciones públicas.
Angel Gurría
Secretario General de la OCDE
Agradecimientos
Bajo la dirección y supervisión del Director de Gobernanza Pública, y János Bertók, Jefe de la División de Integridad en el Sector Público, este estudio fue coordinado por Jacobo Pastor García Villarreal, Especialista Sénior en Políticas de Integridad y Compras Públicas, con el apoyo de Paulo Magina, Jefe de la Unidad de Contratación Pública de la OCDE. Los autores del informe son Andy Cochrane y Juan Pablo Bolaños.
Se recibieron valiosos comentarios y sugerencias de Matthieu Cahen. La asistencia editorial estuvo a cargo de Thibaut Gigou, Meral Gedik y Victoria Elliott. Pauline Alexandrov, Alpha Zambou, Edwina Collins y Nadjad Bacar ofrecieron apoyo administrativo.
La OCDE agradece a la Secretaría de la Función Pública (SFP) de México por su cooperación y liderazgo, en particular a la secretaria Arely Gómez González; el subsecretario de la Función Pública, Eber Betanzos Torres; el subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, José Gabriel Carreño Camacho; el titular de la Unidad de Política de Contrataciones Públicas, Alejandro Luna; la titular de la Unidad de Políticas de Apertura Gubernamental y Cooperación Internacional, Alejandra Rascón, así como todo el equipo y todos los departamentos de la SFP y del gobierno mexicano que participaron en el proceso. La embajadora Mónica Aspe y Maya Alejandra Camacho Dávalos, de la Representación Permanente de México ante la OCDE, apoyaron a la Organización en este proyecto.
Esta publicación forma parte de una serie de estudios de pares sobre contratación pública realizados en economías de la OCDE, del G20 y otras no pertenecientes a la Organización. Se benefició de aportaciones de funcionarios de contratación pública de alto nivel que participaron en la Reunión del Grupo de Trabajo de Expertos Líderes en Compras Públicas, sostenida en París del 16 al 18 de octubre de 2017, presidida por Dag Stromsnes, Oficial Jefe de Contratación, Agencia para la Gestión Pública y el gobierno electrónico (Difi) de Noruega. Nuestro agradecimiento especial para los principales revisores: María Margarita Zuleta, hasta fecha reciente directora general de Colombia Compra Eficiente, y Guillermo Burr Ortúzar, jefe de Investigación e Información Empresarial, Chile Compra.
El estudio recibió también contribuciones de funcionarios de alto nivel de la Auditoría Superior de la Federación (ASF); la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE); el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, así como de organizaciones de la sociedad civil y cámaras de comercio participantes en el Grupo de Trabajo Plural en Compras Públicas.
El Centro de la OCDE en México, bajo la dirección de Roberto Martínez, y su personal del área de publicaciones, en particular Alejandro Camacho, coordinaron el proceso editorial de la publicación en español.
El estudio fue aprobado por el Grupo de Trabajo de Expertos Líderes en Compras Públicas (LPP, por sus siglas en inglés) de la OCDE el 27 de noviembre de 2017 y desclasificado por el Comité de Gobernanza Pública el 21 de diciembre de 2017.