Capítulo 5. ¿Cómo las políticas sectoriales afectan la migración en Costa Rica?
Las políticas sectoriales en ámbitos clave para el desarrollo, como el mercado de trabajo, la agricultura, la educación, los servicios financieros y la inversión y la protección social y salud, pueden afectar las decisiones migratorias e impulsar –o disminuir– los efectos positivos de la migración en el desarrollo. Las encuestas de hogares y a la comunidad de IPPMD agruparon un amplio conjunto de programas de políticas en cinco sectores clave para identificar los vínculos entre las políticas sectoriales y la migración. Este capítulo expone el análisis de las maneras como los programas de políticas para estos sectores en Costa Rica influyen en la decisión de las personas de emigrar, inmigrar, regresar y enviar remesas.
La migración está inevitablemente influida por las políticas del país de origen. La mayoría de los países tienen un conjunto de políticas dirigidas directamente a la migración, como las que controlan quién puede ingresar al territorio y en qué condiciones, y las que tienen como objetivo facilitar el envío y la recepción de remesas. Sin embargo, otras políticas también pueden influir en la migración. El proyecto IPPMD en Costa Rica se centra en las políticas de sectores clave para el desarrollo: el mercado de trabajo, la agricultura, la educación, la inversión y los servicios financieros y la protección social y salud.
El Capítulo 4 ha mostrado que las repercusiones de las diferentes dimensiones de la migración en estos cinco sectores varían. El contexto político de cada uno de estos sectores influye a su vez en los resultados de la migración, como la decisión de emigrar y regresar, el envío y uso de las remesas y la integración de los inmigrantes. Hasta la fecha, el impacto de las políticas sectoriales sobre la migración sigue estando muy poco investigado. Este capítulo trata de desentrañar el vínculo en Costa Rica entre la migración y un amplio conjunto de programas de políticas en los cinco sectores (Cuadro 5.1).
Este capítulo está organizado con base a los cinco sectores estudiados. En primer lugar, se analiza en qué medida los resultados de la migración se ven afectados por las políticas del mercado de trabajo, seguidas por las políticas en materia de agricultura, educación, inversión y servicios financieros y, por último, protección social y salud.
Políticas en materia de mercado de trabajo y migración
Si bien la migración afecta el mercado de trabajo de Costa Rica a través de diversos canales (Capítulo 4), las políticas en materia de mercado de trabajo también pueden afectar las decisiones migratorias de los hogares y la integración de los inmigrantes. Los datos de IPPMD confirman que la búsqueda de empleo es uno de los principales impulsores de la emigración desde Costa Rica. Alrededor del 65% de los actuales emigrantes afirmaron que habían dejado el país para buscar empleo en el extranjero (Capítulo 3). Las políticas que mejoran el funcionamiento del mercado laboral nacional, por tanto, pueden rebajar los incentivos para migrar. Asimismo, las políticas inclusivas en materia de mercado de trabajo pueden apoyar aún más la integración de los trabajadores inmigrantes.
Una de las metas del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2011-2014 (MPNPE, 2010), el plan nacional vigente en Costa Rica en el momento en que se llevó a cabo la encuesta de IPPMD, era reducir el desempleo. Para ello, las acciones del PND se proponían mejorar la empleabilidad de la población y el acceso al empleo productivo de manera inclusiva, promoviendo programas a través del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Algunos de los programas del MTSS incluyen:
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El Programa Nacional de Asistencia a la Microempresa y la Movilidad Social (PRONAMYPE): con el objetivo de apoyar a los microempresarios con recursos económicos limitados. Ofrece capacitación relacionada con el desarrollo sostenible de las microempresas.
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El Programa Nacional de Empleo (PRONAE): creó en 2000 y tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de la población que vive en la pobreza o raya el límite de la pobreza. Ofrece ayuda económica temporal para la participación en proyectos de desarrollo comunitario y programas de capacitación, en particular a los jóvenes que viven en situaciones de vulnerabilidad para mejorar su inserción laboral.
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Programa EMPLÉATE: se dirige a jóvenes (entre 17 y 24 años de edad) que no están estudiando o trabajando y, por lo tanto, se encuentran en una situación socioeconómica vulnerable. Funciona a través de transferencias monetarias condicionadas para apoyar su capacitación técnica y profesional de acuerdo con las necesidades del mercado de trabajo.
El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) ofrece principalmente programas de capacitación, tales como:
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El Programa Empleabilidad: se dirige a las poblaciones vulnerables, como las personas con discapacidad, los jóvenes en riesgo social y las mujeres jefes de hogar. Consiste en capacitación y facilidades para la inserción laboral.
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El Programa de Fortalecimiento de las MIPYMES (micro, pequeñas y medianas empresas): tiene como objetivo apoyar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, tanto rurales como urbanas, a través de programas de capacitación en desarrollo gerencial, en financiación y estudio de mercados, con el fin de incrementar la productividad y facilitar el acceso a los mercados de exportación.
Además del MTSS y el INA, otras instituciones estatales han creado programas con actividades de generación de empleo. Por ejemplo, el Instituto Mixto de Asistencia Social (IMAS) retribuye a los desempleados con pequeños pagos por realizar trabajos públicos durante un período de tiempo limitado a través del programa “Manos a la obra”.
El estudio de IPPMD se centra en las políticas que apuntan a mejorar la eficiencia del mercado de trabajo a través de las agencias públicas de empleo, a ampliar las competencias profesionales de los trabajadores a través de programas de capacitación profesional y a expandir la demanda de mano de obra incrementando los programas de empleo público. Investiga hasta qué punto estas políticas están presentes en Costa Rica y si influyen en la migración.
Las agencias públicas de empleo están haciendo poco para influir en la migración
Las agencias públicas de empleo pueden tener un impacto indirecto sobre las decisiones migratorias de los hogares al ofrecer una mejor información a los solicitantes de empleo. Si la gente puede encontrar trabajo en el mercado de trabajo local a través de estas agencias, pueden optar por quedarse en el país en lugar de trasladarse al extranjero en busca de trabajo.
¿Cómo encuentra empleo la mano de obra en Costa Rica? La encuesta de IPPMD preguntó a los empleados de los sectores público y privado con qué método obtuvieron sus empleos actuales. La mayoría de los trabajadores nacidos en el país encontraron su empleo a través de sus amigos y familiares o bien se dirigieron directamente a los empleadores potenciales (Gráfico 5.1). En conjunto, estos dos métodos representan el 81% de toda la población autóctona encuestada con empleos remunerados tanto en el sector público como en el privado. Solo alrededor del 3% había encontrado su empleo a través de las agencias públicas de empleo (el 2% para los hombres y el 5% para las mujeres).
Fuente: Elaboración propia, según los datos del proyecto IPPMD.
A pesar de que los inmigrantes también tienen acceso a tales servicios públicos en Costa Rica, el uso de los servicios de las agencias de empleo entre los inmigrantes es prácticamente cero. Solo 3 de los 659 inmigrantes empleados en la muestra de IPPMD habían recurrido a un servicio de las agencias públicas de empleo para encontrar trabajo. En cambio, los inmigrantes tienden a encontrar empleo a través de sus propias redes, a través del contacto directo con los empleadores o por medio de amigos y familiares. Y lo hacen en un grado mucho mayor que la población nacida en el país (el 94% frente al 81%) (Gráfico 5.1). Por lo tanto, las agencias públicas de empleo podrían ampliar su alcance para integrar mejor a los inmigrantes en el mercado de trabajo formal.
Según el estudio comparativo de los diez países socios de IPPMD, los beneficiarios de los servicios de las agencias de empleo son menos propensos a tener planes de emigrar respecto de los no beneficiarios en muchos países (OCDE, 2017a). Este patrón se explica en gran medida por las características individuales de los beneficiarios de las agencias públicas de empleo, que tienden a poseer un nivel educativo mayor que los no beneficiarios y son más propensos a ocupar puestos en el sector público, que se consideran ocupaciones seguras. Un patrón similar actúa en Costa Rica, aunque la diferencia es marginal y no estadísticamente significativa. De entre los que encontraron su empleo a través de una agencia pública de empleo, el 2% tiene intención de emigrar, en comparación con el 4% de aquellos que no recurren a estas agencias.
Los programas de formación profesional tienden a fomentar la emigración desde Costa Rica
La formación profesional (FP) se considera en Costa Rica un instrumento clave para reforzar la fuerza de trabajo y abordar los desajustes de las competencias profesionales (OCDE, 2015). Tanto el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) como el Ministerio de Educación Pública ofrecen capacitaciones profesionales. El INA cuenta con 54 centros de capacitación en todo el país y con unidades técnicas que son responsables del diseño de los programas de capacitación. En 2014 el INA impartió 246 programas de capacitación en los sectores de la industria, la agricultura y el comercio y los servicios. ¿En qué medida estos programas de formación influyen en la decisión de emigración de los costarricenses?
La encuesta de IPPMD halló que el 13% de la población autóctona económicamente activa había participado en un programa de formación profesional en los cinco años anteriores a la encuesta. Entre la población nacida en el país, participó en programas de formación profesional una proporción significativamente mayor de mujeres que de hombres: el 19% frente al 11%. Estos programas de formación son levemente más habituales en las zonas urbana (14%) comparado con las zonas rurales (12%). Los resultados de la encuesta de IPPMD indican que los programas de capacitación más comunes son los de informática o tecnologías de la información y la comunicación (TIC) (23%), seguidos de los de procesamiento de alimentos (18%) e idiomas (18%).
Los programas de formación profesional pueden afectar la migración de dos formas diferentes. Mediante la mejora de sus competencias, las personas pueden encontrar mejores puestos de trabajo en el mercado laboral nacional, lo que reduce el incentivo para emigrar. Por otro lado, la capacitación profesional puede ser un medio para que los posibles migrantes adquieran una mejor empleabilidad en el extranjero. Un estudio comparativo de los diez países socios de IPPMD muestra que en la mayoría de los países la proporción de personas con intención de migrar entre quienes habían participado en un programa de formación profesional era mayor que entre quienes no lo habían hecho (OCDE, 2017a). Costa Rica refleja este patrón: una mayor proporción de los que participaron en programas de formación profesional tiene planes de emigrar (4%) frente a los no participantes (2%). Esto puede sugerir que las personas participan en programas de formación profesional para encontrar un trabajo en el extranjero.
Este patrón se explora más en detalle mediante un análisis de regresión (Recuadro 5.1).1 Examina los vínculos entre la participación en programas de formación profesional y la intención de emigrar, mientras que controla otros factores, como el desempleo. Los resultados (mostrados en el Cuadro 5.2) indican un vínculo positivo entre los programas de formación profesional y la intención de emigrar. Sin embargo, no se encontraron resultados significativos cuando la muestra se desagregó por género. Cabe señalar también que el resultado relativo al mercado de trabajo como resultado de dichos programas de capacitación afectará las decisiones en materia de migración.
Para investigar el vínculo entre la participación en los programas de capacitación profesional y la intención de emigrar, se utilizó el siguiente modelo probit:
Prob(
(1)
donde 
representa si el individuo i tiene intención
de emigrar en el futuro. Es una variable binaria y adquiere el valor
de 1 si la persona planea salir del país; 
es la variable de interés y representa una
variable binaria que indica si el individuo participó en programas
de formación profesional en los cinco años anteriores a la encuesta;
representa un
conjunto de variables de control a nivel individual y 
para controles a nivel de
hogar;a
implica efectos
regionales fijos y 
es el
término de error distribuido aleatoriamente. La muestra es la
población autóctonab
y el modelo ha sido probado para dos subgrupos diferentes (hombres y
mujeres). Los coeficientes de las variables de interés se muestran
en el Cuadro 5.2.
← a. Las variables de control incluyen edad, sexo, nivel educativo de los individuos y si el individuo está desempleado o no. A nivel del hogar, se controlan el tamaño del hogar y su valor al cuadrado, la relación de dependencia, un indicador de patrimonio y su valor al cuadrado. También se controla si el hogar tiene o no un emigrante.
← b. La muestra excluye a los inmigrantes porque el análisis explora de qué manera los programas de formación profesional pueden afectar la decisión de emigración de la población nacida en el país.
Políticas en materia agrícola y migración
El Capítulo 4 concluía que la migración de retorno y la inmigración tienen poco impacto sobre la diversificación y expansión de las actividades del sector agrícola. Se recomendaba que Costa Rica podría beneficiarse al ayudar a los hogares agrícolas a canalizar su capital hacia el sector. El peso de la agricultura en el Producto Interior Bruto (PIB) en Costa Rica es bajo en comparación con otros países de IPPMD, con un 5.5% en 2015 (Banco Mundial, 2017), sin embargo, el sector desempeña un papel importante en Costa Rica en muchos aspectos, especialmente a través de las exportaciones (OCDE, 2017b). En su estrategia de desarrollo nacional para 2015-18, Costa Rica establece objetivos relacionados con la agricultura que buscan impulsar la productividad del sector, pero también reducir la pobreza en toda la población rural (MPNPE, 2014).
Costa Rica tiene una larga tradición de apoyar a sus agricultores a través de subsidios. De hecho, en 2010 los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) solicitaron la reducción de los subsidios a los productores de arroz, ya que no concordaban con las directrices de la OMC (Long, 2010; Cormick, 2014). Como alimento básico, el arroz está muy protegido en el país, a menudo a través de precios garantizados (Lindert et al., 2015). No obstante, existe una tendencia a reducir el apoyo directo al mercado agrícola en Costa Rica, en parte debido a las directrices de la OMC. En 2015, se cancelaron las pólizas de seguro subvencionadas para los productores de arroz, por ejemplo (OCDE, 2017b). Según un estudio, una de las razones del enorme crecimiento de Costa Rica en las últimas décadas ha sido el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, que se logró en parte mediante la eliminación de muchos de los subsidios agrícolas (Lindert et al., 2015). De hecho, no hay subsidios directos para los consumidores en relación con la agricultura. Los subsidios a los insumos están destinados principalmente a la formación de capital fijo y a los servicios agrícolas (OCDE, 2017b).
Además de los subsidios agrícolas, Costa Rica también aplica programas de extensión agrícola, que incluyen capacitación especializada, asistencia técnica y servicios de asesoría a los productores. Estos son componentes importantes del sector agrícola de Costa Rica y representan casi el 30% del presupuesto total del Ministerio de Agricultura (OCDE, 2017b). Por último, Costa Rica también ha tenido sus problemas con la titulación de tierras. Si bien el marco jurídico para la propiedad de la tierra es claro, sobre todo después de que el proceso de titulación de tierras se acelerara en 1982, persisten las deficiencias en los derechos de propiedad (OCDE, 2017b; Ramírez y Villalobos, 2014). Se desconoce el número exacto de títulos de propiedad en el país.
Muy pocos de los 2 236 hogares en los datos de IPPMD tenían actividades agrícolas; solo 271 hogares (el 12% de todos los hogares) declararon haber desarrollado actividades de cultivos agrícolas o de cría de animales en el momento de la encuesta. Esto constituye una muestra pequeña a analizar. La encuesta del IPPMD incluía preguntas sobre los programas agrícolas disfrutados por los hogares entre 2010 y 2014. Según los datos recopilados, solo 24 de los 271 hogares agrícolas (el 9%) se habían beneficiado explícitamente de un programa de subsidios agrícolas, 27 hogares (el 10% de todos los hogares agrícolas) se beneficiaron de un programa de capacitación agrícola y 13 hogares (el 5% del total de hogares agrícolas) habían participado en un programa de seguros entre 2010 y 2014. Además, según los datos de IPPMD, 19 hogares propietarios de tierras agrícolas (el 12% de todos los hogares agrícolas propietarios de tierras) no tenían el título de propiedad oficial de sus tierras.
Una preocupación importante en Costa Rica es la integración de los inmigrantes que ingresan al país en las últimas décadas (OCDE, 2010). Para mejorar las posibilidades de una integración exitosa y productiva, los inmigrantes pueden necesitar tener acceso a servicios públicos, incluidos los programas que les permitan desempeñarse mejor en el sector agrícola. Por lo tanto, el análisis que se presenta a continuación indaga acerca de si los inmigrantes tienen acceso a subsidios agrícolas y a programas de capacitación y de si tienen títulos de propiedad de sus tierras en Costa Rica, lo que reduciría su vulnerabilidad frente a la tenencia de la tierra en la que han invertido.
Los hogares con inmigrantes generalmente tienen menos acceso a los programas agrícolas que los hogares sin inmigrantes
Al examinar los hogares con y sin inmigrantes, el análisis sugiere que los hogares con inmigrantes tienen menos posibilidades de acceder a programas agrícolas. De hecho, mientras que el 10% de los hogares sin inmigrantes recibieron subsidios agrícolas, solo el 4% de los hogares con inmigrantes lo hicieron (Gráfico 5.2). Del mismo modo, los inmigrantes pueden tener mayores dificultades para registrar la propiedad de sus tierras, lo que pone su tenencia en una situación de mayor riesgo y vulnerabilidad. De hecho, mientras que solo el 9% de los hogares sin inmigrantes carecían del título de propiedad oficial de sus tierras, más de un cuarto (26%) de los hogares con un inmigrante no tenía ningún título de propiedad, una diferencia estadísticamente significativa. Por otro lado, cuando se trata de capacitación, los hogares con inmigrantes (12%) tenían una mayor probabilidad de beneficiarse de esa capacitación en comparación con los hogares sin ellos (9%), aunque la diferencia no es estadísticamente significativa. Por lo tanto, tal vez los programas de extensión agrícola realmente llegan a los inmigrantes, que constituyen una importante proporción de trabajadores en las zonas rurales de Costa Rica.
Nota: Se utilizó una prueba de chi-cuadrado para medir el nivel de significación estadística entre cada conjunto de grupos. Los resultados estadísticamente significativos se indican como sigue: ***: 99%, **: 95%, *: 90%.
Fuente: Elaboración propia, según los datos del proyecto IPPMD.
En general, estos resultados sugieren que, al menos para la titulación de tierras, existe evidencia de que los hogares con inmigrantes parecen estar en desventaja. Para explorar el tema más a fondo, se usó el análisis de regresión para explicar otros factores que pueden determinar si un hogar tiene acceso a tales programas (Recuadro 5.2). Los resultados demuestran que los hogares no solo están en desventaja en términos de titulación de tierras, sino que también tienen una menor probabilidad de acceder a subsidios agrícolas. La razón por la que una diferencia estadísticamente significativa entre los hogares con y sin inmigrantes no aparece en la estadística descriptiva de los subsidios agrícolas (Gráfico 5.2) es porque el análisis de regresión explica el hecho de que los hogares más grandes y los más pobres tienden a tener más posibilidades de acceder a los subsidios agrícolas. El hecho de dar cuenta de estos factores revela que tener un inmigrante en el hogar está negativamente asociado con el hecho de recibir subsidios agrícolas. Dado que Costa Rica sigue dependiendo de la mano de obra extranjera para el crecimiento de su sector agrícola (Capítulo 2), tal vez tenga que considerar ampliar el alcance de sus programas agrícolas a los inmigrantes o indagar las causas de que estos tengan una menor probabilidad de acceder a esos programas, con el objetivo de mejorar su integración y aumentar su productividad.
Para calcular la probabilidad de que un hogar se haya beneficiado de una determinada política agrícola, se estimó el siguiente modelo de regresión probit:
(1)
donde la unidad de observación
es el hogar hh y la variable
binaria dependiente (agri_polhh) toma un valor de 1 si el hogar se ha
beneficiado de la política en cuestión y 0 en caso contrario.
immighh representa una variable ficticia que
toma el valor de 1 si el hogar tiene un inmigrante. 
significa un conjunto de
regresores a nivel de hogara. Los errores estándar, 
, resisten a la
heterocedasticidad. El Cuadro 5.3 presenta los resultados.
← a. Las variables de control del modelo incluyen el tamaño del hogar, su relación de dependencia (número de niños de 0 a 15 años y de personas mayores de 65 años dividido entre el total de los demás miembros), la proporción de hombres a mujeres adultos, su patrimonio calculado con un indicador (véase el Capítulo 3) y si se encuentra en una región rural o urbana. No se incluyó un efecto fijo por región geográfica debido al pequeño tamaño de la muestra en Costa Rica. Además, las regresiones específicas que investigan si el hogar dispone del título de propiedad de su tierra se limitaban a los hogares dedicados a los cultivos agrícolas que poseían tierras.
Políticas en materia educativa y migración
La relación entre las políticas educativas y la migración es multidimensional. Las políticas educativas pueden afectar las decisiones acerca de la migración de manera diferente y contradictoria. Las políticas que mejoran el acceso a una educación de calidad pueden disminuir la emigración motivada por el deseo de financiar la educación de los hijos. En particular, los programas educativos de basados en ayudas dinerarias, como las transferencias monetarias condicionadas y las becas, podrían aliviar la presión para obtener ingresos adicionales para pagar la escolarización de los niños y así reducir los incentivos para emigrar. Por otro lado, los programas educativos podrían tener el efecto contrario al proporcionar al hogar los medios económicos para permitir que un miembro emigre. Además, recibir apoyo económico para la educación de los hijos podría afectar la cantidad y frecuencia de las remesas enviadas a casa. Por añadidura, tener acceso a programas de políticas educativas puede ayudar a los inmigrantes a integrarse e influir en sus decisiones de permanecer en el país de acogida. Esta sección analiza esos complejos vínculos entre las políticas educativas y los patrones migratorios en Costa Rica.
Tal y como se ha expuesto en el Capítulo 4, Costa Rica invierte una proporción relativamente elevada de su PIB en educación en comparación con otros países de la región y en comparación con los países de la OCDE: se trata de la segunda mayor tasa entre los países socios de IPPMD después de Marruecos (OCDE, 2017). El aumento de los salarios de los docentes ha sido un capítulo de inversión importante en el sistema educativo (OCDE, 2016). El uso de becas es otro programa educativo sobresaliente en Costa Rica. El Ministerio de Educación Pública (MEP) es responsable de la aplicación de los programas educativos. El MEP proporciona un sistema de becas a través del Fondo Nacional de Becas (FONABE) que apoya a los estudiantes con recursos limitados para continuar sus estudios. Algunos ejemplos de becas proporcionadas por FONABE incluyen becas destinadas a:
-
La educación postsecundaria (a través del programa “Avancemos Más”)
-
La educación preescolar, primaria y especial
-
Los niños y adolescentes que trabajan
-
Los estudiantes con necesidades educativas especiales, relacionadas con la discapacidad
-
La población indígena
-
Las madres y los padres adolescentes
-
El transporte escolar
Otro programa educativo en Costa Rica es el programa de transferencia monetaria condicional (TMC) Avancemos. Este programa se presentó en 2006 con el objetivo de alentar a los jóvenes de escasos recursos a continuar sus estudios formales hasta completar el ciclo secundario. Las transferencias monetarias mensuales oscilan entre los 26 y 87 USD por hijo, dependiendo del curso escolar (la cantidad más baja corresponde al 7º grado y la más alta al 12º grado).
Los inmigrantes tienen una menor probabilidad de beneficiarse de los programas educativos
La encuesta de IPPMD recopiló datos sobre una gama de programas de extensión educativa y de transferencias monetarias (Gráfico 5.3), incluidos los programas mencionados anteriormente. Las becas para la educación primaria y los programas de comedores escolares fueron los programas más habituales entre los hogares encuestados con hijos en edad escolar: alrededor de uno de cada cuatro hogares (24%) con hijos en edad escolar (6 a 20 años) se beneficiaban de las becas para la educación primaria y el 21% de un programa de comedores escolares. Casi el 13% de los hogares de la muestra se beneficiaban de una transferencia monetaria condicionada.
Nota: La muestra incluye solo los hogares con hijos en edad escolar (6 a 20 años).
Fuente: Elaboración propia, según los datos del proyecto IPPMD.
La educación es una herramienta fundamental para la integración social de los niños inmigrantes y de los hijos de padres inmigrantes y para la acumulación de capital humano en los países de acogida. El acceso a los programas educativos puede desempeñar un papel importante en la mejora de las tasas de matriculación escolar para la población en general y para los hogares de inmigrantes en particular, que a menudo constituyen una parte vulnerable de la población. Por lo tanto, la forma en que los sistemas educativos responden a la migración tiene una repercusión tanto económica como social para los propios niños inmigrantes, pero también para la sociedad en la que viven, ya que determina la productividad y la capacidad de ganancia futuras. Costa Rica ofrece educación primaria y secundaria a todos los niños y jóvenes, independientemente de su estatus migratorio, y los inmigrantes pueden acceder a las becas a través de FONABE y el programa Avancemos. Sin embargo, según el censo de 2011, los inmigrantes aún quedan rezagados en relación con las tasas de escolarización (INEC, s.f.). Los jóvenes inmigrantes en edad de asistir a la educación secundaria en la muestra de IPPMD de Costa Rica también tienen ligeramente menos probabilidades de estar escolarizados que jóvenes nacidos en el país (Capítulo 4). Además, un informe de la Dirección de Migración (DGME) muestra que los inmigrantes tienden a beneficiarse menos de las becas que la población autóctono (DGME, 2012). Los datos de IPPMD también reflejan que los hogares de inmigrantes tienen menos acceso a los programas educativos basados en ayudas económicas en Costa Rica, pero mayor acceso a los programas de distribución (tales como libros de texto gratuitos y programas de comedores escolares, Gráfico 5.4). Un menor acceso a los programas educativos basados en ayudas económicas puede constituir una barrera para la integración de los inmigrantes y tener implicaciones negativas para la acumulación de capital humano.
Nota: La categoría “Cualquier política educativa” incluye todos los programas educativos incluidos en la encuesta. La muestra incluye solo los hogares con hijos en edad escolar (6 a 20 años). Los resultados estadísticamente significativos se indican como sigue: ***: 99%, **: 95%, *: 90%.
Fuente: Elaboración propia, según los datos del proyecto IPPMD.
Los programas de becas están vinculados a mayores remesas y hacen que los inmigrantes sean más propensos a permanecer
Las investigaciones previas en América Latina muestran resultados contradictorios en cuanto a la vinculación entre las trasferencias monetarias condicionadas (TMC) y las decisiones relativas a la migración y las remesas. Las transferencias monetarias pueden reducir la presión para emigrar si aportan una contribución suficientemente significativa a los ingresos y si las condiciones asociadas a la transferencia monetaria exigen que los miembros del hogar estén físicamente presentes, por ejemplo, para someterse a revisiones médicas (Stecklov et al., 2005; Behrman et al., 2008). Por otro lado, recibir una transferencia monetaria puede aliviar las limitaciones de crédito en la medida suficiente para permitir que la gente pueda permitirse emigrar, especialmente si se complementan con remesas (Angelucci, 2004; Azuara, 2009).2 Las TMC también pueden aumentar la emigración si el dinero recibido no es lo suficientemente grande como para cubrir las necesidades económicas de la familia, el programa conduce a una acumulación de capital humano que aumenta los beneficios de la migración o si las condiciones del programa no se aplican a todos los miembros del hogar (Hagen-Zanker y Himmelstine, 2013). Por último, los programas de TMC pueden afectar el nivel de las remesas recibidas por el hogar. Los hogares que reciben TMC pueden ser menos dependientes de las remesas para las inversiones en educación, lo que disminuye los incentivos de los emigrantes para enviar remesas a sus hogares (Attanasio y Rios-Rull, 2001, para México). Sin embargo, varios estudios no encontraron ningún vínculo entre las transferencias privadas y los programas de TMC (Teruel y Davis, 2000, para México; Fajnzylber y López, 2007, para Honduras y Nicaragua).
Estos vínculos entre los programas educativos y la migración se analizaron más a fondo mediante el análisis de regresión (Recuadro 5.3). Los resultados no muestran un vínculo estadísticamente significativo entre los hogares que se benefician de algún programa educativo y el hecho de que un miembro del hogar emigre en los cinco años previos al estudio o de que un miembro planee emigrar en el futuro.3 Por otra parte, las remesas se correlacionan positivamente con los hogares que se benefician de una política educativa (Cuadro 5.4). Si observamos más específicamente los programas de becas, los resultados no revelan ninguna relación entre los hogares que se benefician de esos programas y los planes de emigrar en el futuro. Sin embargo, recibir becas está positivamente relacionado con la probabilidad de recibir remesas. Una posible explicación podría ser que las becas aumentan los incentivos para enviar remesas para financiar la educación de los miembros en el hogar.
Para investigar el vínculo entre los programas de apoyo a la educación y la migración y los patrones de remesas, se aplican las siguientes ecuaciones probit:
(1)
(2)
donde 
representa el estado migratorio del hogar,
siendo una variable binaria el hecho de que el hogar tenga al menos
un miembro con intención de emigrar en el futuro (columna 1 en el
Cuadro 5.4) o que reciba remesas (columna 2). 
es la variable de interés y
representa una variable binaria que indica si el hogar se ha
beneficiado de una política educativa en los cinco años anteriores
al estudio (resultados presentados en la parte superior de la
tabla). Tiene valor de “1” si el hogar se ha beneficiado de un
programa de política educativo y de “0” en caso contrario. 
son un conjunto de
características observadas del hogar que influyen en el
resultado.a
representa efectos fijos
regionales 
y es el
término de error distribuido aleatoriamente. Los programas de ayuda
económica en forma de becas se analizan por separado, y estos
resultados se presentan en la parte inferior de la tabla.
Una segunda estimación explora el vínculo entre las políticas educativas y las intenciones de los inmigrantes de regresar a sus países de origen (ecuación (2)), immig_return donde es una variable binaria que toma el valor de “1” si un inmigrante tiene planes de regresar a su país de origen y de “0” en caso contrario. A parte de las variables de control a nivel del hogar, la especificación también controla las características específicas individuales.a
← a. a, b Las variables de control incluyen el tamaño del hogar y el tamaño al cuadrado, la relación de dependencia del hogar, una variable binaria para la ubicación urbana, el nivel educativo promedio en el hogar, el número de niños entre 6 y 17 años y un indicador del patrimonio familiar mediante un índice de activos. Además, el análisis de la columna 3 incluye controles a nivel individual, como la edad, el sexo y el nivel educativo del inmigrante, la situación laboral, los años de residencia del inmigrante en Costa Rica, si es un inmigrante estacional y si el inmigrante tiene la ciudadanía costarricense.
Además de contribuir a más inversiones en educación y a una mejor integración, los programas educativos también pueden afectar a las intenciones de los inmigrantes de regresar a sus países de origen. Por ejemplo, las becas que permitan a los jóvenes recibir formación en el país de acogida les permitirían una mejor integración en el mercado laboral en el futuro, lo que disminuye los incentivos para regresar. La correlación entre las políticas educativas y las intenciones de los inmigrantes de regresar se analiza en el Cuadro 5.4. El análisis muestra que los inmigrantes que viven en hogares que reciben becas son menos propensos a tener intención de volver a su país de origen, comparado con los inmigrantes que viven en hogares que no reciben becas.
Políticas en materia de inversión y servicios financieros y migración
Se ha reconocido ampliamente que la inclusión financiera es fundamental para reducir la pobreza y lograr un crecimiento económico inclusivo. El uso de cuentas bancarias formales, los mecanismos de ahorro y de endeudamiento incrementa el ahorro, empodera a las mujeres y estimula la inversión productiva y el consumo (Demirguc-Kunt et al., 2015). La inclusión financiera también puede fortalecer el impacto en el desarrollo de las remesas al fomentar un mayor nivel de ahorro, así como una mejor asignación de los ahorros a las oportunidades de inversión (PNUD, 2011). La canalización de remesas a través de instituciones financieras formales suele ser más segura y también puede contribuir al desarrollo del sistema financiero y poner recursos a disposición para financiar actividades económicas en gran escala, más allá de las inversiones realizadas por los hogares receptores. Sin embargo, muchos hogares todavía carecen de acceso al sector financiero formal y alrededor de 210 millones de personas siguen sin tener acceso a servicios bancarios en América Latina y el Caribe (Banco Mundial, 2015).
La inclusión financiera es vinculada con altos niveles de remesas
La encuesta de hogares de IPPMD incluyó una serie de preguntas relacionadas con la inclusión financiera y los programas de capacitación financiera.4 Las estadísticas descriptivas muestran que, en general, el 76% de los hogares de la muestra costarricense tienen una cuenta bancaria, que es la tasa más alta entre los países de IPPMD (OCDE, 2017). Sin embargo, todavía deja a cerca de una cuarta parte de los hogares de la muestra en una situación no bancarizada. La proporción es mayor entre los hogares de las zonas urbanas (82%) que entre los hogares rurales (72%).
El acceso al sector financiero formal puede facilitar el envío y la recepción de mayores cantidades de remesas, y fomenta el uso de canales formales. Los datos de IPPMD muestran que los hogares que tienen una cuenta bancaria son más propensos a recibir remesas (4.8%) que los que no la tienen (2.9%) (Gráfico 5.5). Los hogares receptores de remesas que tenían una cuenta bancaria también recibieron cantidades considerables de remesas en los últimos 12 meses: en promedio, 2 085 USD, en comparación con los 438 USD entre los hogares no bancarizados. Sin embargo, es importante destacar que la muestra de hogares receptores de remesas sin cuenta bancaria es muy limitada, de tan solo cuatro hogares.5
Nota: el importe anual de las remesas es el importe promedio de las remesas procedentes de antiguos miembros del hogar recibidas en los últimos 12 meses.
Fuente: Elaboración propia, según los datos del proyecto IPPMD.
Existe margen para ampliar la capacitación en conocimientos financieros
Con el fin de capacitar a los hogares para maximizar los rendimientos de sus inversiones de remesas, necesitan tener información sobre los productos de inversión disponibles, así como sobre las oportunidades de ahorro e inversión. Los conocimientos sobre gestión de negocios también son importantes para los hogares que quieran invertir en la creación de un negocio. Esto se aplica tanto a los hogares que reciben remesas como a los hogares de las comunidades donde los flujos de remesas son elevados y estas benefician en general la economía local. Los programas de capacitación financiera y los cursos de gestión de negocios ayudan a construir una cultura financiera, lo que puede fomentar la inversión en bienes productivos. La evidencia de otros estudios muestra que la formación en finanzas y en contabilidad financiera afecta positivamente las prácticas de gestión de las pequeñas empresas (Drexler, Fischer y Schoar, 2014).
En total, el 5% de los hogares de la muestra de IPPMD han participado en un curso de capacitación financiera en los últimos 5 años. La proporción es mayor en las zonas urbanas (6%) que en las zonas rurales (4%) (Gráfico 5.6). Los hogares receptores de remesas son más propensos a participar en ellos que otros hogares, en un 10%, mientras que solo el 3% de los hogares inmigrantes han participado en un curso de este tipo.
Nota: Se utilizó una prueba de chi-cuadrado para medir el nivel de significación estadística entre cada conjunto de grupos. Los resultados estadísticamente significativos se indican como sigue: ***: 99%, **: 95%, *: 90%.
Fuente: Elaboración propia, según los datos del proyecto IPPMD.
Las políticas sectoriales podrían ayudar a crear un entorno más propicio, por ejemplo, mediante la introducción de medidas para ampliar la inclusión financiera y ofrecer capacitación financiera para que los fondos procedentes de la migración y las remesas se utilicen de manera más eficiente.
Políticas en materia de protección social y salud y migración
El Capítulo 4 examinaba el impacto de la inmigración en los sectores de la protección social y la salud, mostrando escasas evidencias de que los inmigrantes en Costa Rica sean beneficiarios netos de las transferencias del gobierno o los servicios de salud. La protección social tiene un papel fundamental en la integración social y económica de los inmigrantes (GMG, 2014). La importancia de resultados en materia social se encuentra es parte central del Plan de Desarrollo Nacional 2015-18 de Costa Rica, en donde tres de sus sectores estratégicos clave se concencentran en: 1) trabajo y seguridad social; 2) desarrollo humano y cohesión social; 3) salud, nutrición, y deporte (MPNPE, 2014). La igualdad en el acceso a la protección social y a la salud puede mejorar la integración de los inmigrantes y determinar el nivel de contribución de un inmigrante al país anfitrión (OCDE/Unión Europea, 2015; Huber, 2015). Esta sección examina la influencia de las políticas en materia de salud y protección social en la integración de los inmigrantes, si bien conviene recordar que una cobertura de salud o una protección social inadecuada también puede influir en los resultados relativos a la migración, por ejemplo, alentando a las personas a inmigrar a un país donde la cobertura es mejor o a remitir sus ganancias para ayudar al hogar a compensar las deficiencias en la protección social o la salud.
Hasta 2009, el gobierno costarricense no tenía una estrategia general de inmigración en el país. El aumento de la inmigración nicaragüense desde 1990 (Capítulo 2) y sus niveles de pobreza inherentes en Costa han destacado la importancia de instituir políticas más claras relacionadas con la migración (Marquette, 2006). A medida que los flujos de inmigración desde Nicaragua hacia Costa Rica se estabilizaron, el gobierno costarricense centró su atención en su integración social y económica. Sin embargo, y a pesar de un programa de regularización que les proporcionaría una mayor protección en el país, en 2015 solo unos 5 000 trabajadores agrícolas inmigrantes de los 75 000 de todo el territorio nacional tenían permisos de residencia (Sojo-Lara, 2015).
La Ley nº. 8794 de 2009 de Costa Rica (Ley General de Migración y Extranjería) garantiza esencialmente que los migrantes tengan acceso a la seguridad social en el país. De hecho, el artículo 7 de dicha Ley establece que uno de los requisitos básicos en la tramitación de los documentos de migración es garantizar que el migrante esté asegurado a través de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Por lo tanto, desde un punto de vista de jure, el acceso de los inmigrantes a la seguridad social está asegurado. Sin embargo, lo que está menos claro es a qué tienen acceso los inmigrantes cuando son irregulares, en el sentido de que no disponen de los documentos legales que autorizan su estancia en el país, o esos documentos ya no son válidos. Las investigaciones recientes sugieren que el acceso universal de facto a los servicios de salud y de protección social no se ha producido para los inmigrantes en Costa Rica (Voorend, 2016; Noy y Voorend, 2016).
Las personas también pueden acceder a los servicios de salud y las ayudas de protección social a través de sus empleos. Por lo tanto, el acceso a estos beneficios puede estar supeditado a estar empleado en el sector formal. Los contratos formales de empleo aumentan la probabilidad de obtener beneficios y seguros vinculados al empleo, y muchos de los beneficios también cubren a otros miembros del hogar. Además, los contratos de trabajo formales garantizan a los trabajadores la capacidad de recurrir a los sistemas jurídicos en caso de conflictos entre el trabajador y el empleador (Jütting y de Laiglesia, 2009).
Sin embargo, no todos las personas en Costa Rica se benefician de los contratos de trabajo formales. Las estimaciones señalan que el 31% de los trabajadores no agrícolas6 del país se emplearon de manera informal en 2013, la mayoría de los cuales no tienen contrato de trabajo formal, frente al 44% de 2009 (OIT, 2014). Esta sección explora los datos recolectados por la encuesta IPPMD acerca de la protección social de los inmigrantes.
Los inmigrantes tienen una menor probabilidad de beneficiarse de protección social que los nacidos en Costa Rica
La encuesta de IPPMD identificó si las personas tenían contratos de trabajo formales y recopiló información sobre los beneficios que percibían a través de su empleo. Entre el grupo de individuos (inmigrantes tanto como personas nacidas en el país) que no trabajan en el sector agrícola en Costa Rica7, el 63% tiene un contrato laboral formal. Esto es una tasa inferior a la tasa de empleo formal del 69% sugerida por la Organización Internacional del Trabajo en 2013 (OIT, 2014). Además, el 31% de los trabajadores no agrícolas de la encuesta IPPMD tenían contratos formales de duración indefinida, el 25% gozaba de prestaciones de salud vinculadas a sus empleos y el 70% accedía a planes de pensiones.
Sin embargo, los datos también sugieren que es mucho menos probable que los inmigrantes estén cubiertos por contratos de trabajo formales o tengan acceso a beneficios relacionados con su empleo que personas nacidas en Costa Rica (Gráfico 5.7). Los inmigrantes que trabajan en el sector no agrícola tienen una menor probabilidad de beneficiarse de un contrato de trabajo formal (el 42% frente al 71%), de un contrato indefinido (el 20% frente al 35%), de prestaciones de salud (el 15% frente al 29%) y de pensiones (el 60% frente al 73%) (Gráfico 5.7). La inclusión de los trabajadores agrícolas en estas estadísticas no altera la magnitud de las brechas entre los inmigrantes y los nacidos en el país. Estas diferencias también son significativas tanto para hombres como para mujeres; el desglose de cada resultado por género revela un acceso significativamente mejor para los individuos autóctonos que para los inmigrantes.
Nota: Se utilizó una prueba de chi-cuadrado para medir el nivel de significación estadística entre cada conjunto de grupos basada en todos los individuos. Los resultados estadísticamente significativos se indican como sigue: ***: 99%, **: 95%, *: 90%. La muestra no incluye a los trabajadores agrícolas.
Fuente: Elaboración propia, según los datos del proyecto IPPMD.
Al examinar las diferencias entre las zonas urbanas y rurales, se esboza una historia algo distinta. Los inmigrantes que viven en hogares urbanos están, de hecho, menos cubiertos que sus contrapartes autóctonas, en todos los resultados, mientras que con respecto a los inmigrantes que viven en hogares rurales tienen una menor probabilidad de estar cubiertos por un contrato de trabajo formal o de tener un contrato de duración indefinida que los individuos nacidos en el país, pero son más propensos a beneficiarse de prestaciones de salud a través de su empleo (aunque la diferencia no es estadísticamente significativa). Además, la brecha entre los inmigrantes rurales y los autóctonos en las zonas rurales en términos de acceso a un plan de pensiones es mucho menor que en las áreas urbanas y no es estadísticamente significativa.
Sin embargo, esto puede explicarse por el hecho de que el análisis se centra solo en los trabajadores que no se dedican a los cultivos agrícolas. En efecto, muchos trabajadores agrícolas en Costa Rica trabajan en grandes empresas productoras de banano, piña y café, y pueden tener un contrato de trabajo formal. Teniendo en cuenta la muestra completa de trabajadores, la tasa de inmigrantes rurales que gozan de prestaciones de salud a través de su empleo es similar a la de los individuos nacidos en el país (16%), pero los inmigrantes en zonas rurales tienen una menor probabilidad de recibir prestaciones de jubilación (el 35% frente al 53%). La inclusión de los trabajadores agrícolas en la muestra no marcó ninguna diferencia con los hallazgos basados en el género.
Muchos otros factores pueden determinar si un inmigrante está cubierto por un contrato de trabajo formal u otros beneficios relacionados con el empleo, por lo que se utiliza el análisis de regresión para examinar estos vínculos más a fondo (Recuadro 5.4). Los resultados confirman que, en general, los inmigrantes están menos cubiertos por la protección social, los contratos de trabajo formales, los contratos de duración indefinida, las prestaciones de salud y los planes de pensiones (Cuadro 5.5, filas superiores). De acuerdo con las estadísticas descriptivas mostradas anteriormente, los inmigrantes, tanto hombres como mujeres, tenían una menor probabilidad de beneficiarse de dicha cobertura respecto de sus contrapartes nacidas en Costa Rica. Esto también se confirmaba en las zonas urbanas, pero no hay ninguna diferencia entre inmigrantes y personas nacidas en el país en términos de contratos de trabajo formales en las zonas rurales.
Para calcular la probabilidad de que la protección social o la cobertura de salud afecte un resultado relativo a la migración, se estimó el siguiente modelo de regresión probit:
(1)
donde la unidad de observación
es el individuo i y la variable
binaria dependiente (socproi) toma un valor de 1 si el hogar goza de
un tipo específico de cobertura social y 0 en caso contrario.
representa una
variable ficticia que toma el valor de 1 si el individuo es un
inmigrante. 
significa un
conjunto de regresores a nivel individual y de hogar.a Los errores estándar,
, son robustos a la
heteroscedasticidad.
Los resultados se presentan en el Cuadro 5.5. La columna (1) presenta los resultados sobre si un trabajador tiene un contrato laboral formal, la columna (2) sobre si un trabajador tiene un contrato de duración indefinida, la columna (3) sobre si un trabajador goza de prestaciones de salud y la columna (4) sobre si un trabajador tiene acceso a la pensión.
← a. Las variables de control para el modelo incluyen la edad del individuo, su nivel educativo (Capítulo 3), su género, el patrimonio del hogar, el tamaño del hogar y si el hogar está en una región rural. Debido al pequeño tamaño de las muestras, no se incluyó en el modelo un efecto fijo para la provincia del hogar.
También se realizaron análisis de regresión a partir de una muestra que incluía a todos los trabajadores, no solo a los trabajadores agrícolas, para probar la validez de los resultados, ya que puede ser difícil transmitir información de carácter profesional durante las entrevistas y también por la naturaleza potencialmente frecuente de los contratos de trabajo formales en el caso específico de la agricultura en Costa Rica. Estos nuevos resultados siguen siendo negativos para los inmigrantes en general en relación con los tres primeros resultados (contrato de trabajo formal, contrato de duración indefinida, prestaciones de salud), pero no para el acceso a las pensiones. Además, esto se confirmaba específicamente para los hombres, las mujeres y los inmigrantes que vivían en zonas urbanas. Para los inmigrantes rurales, los resultados sugieren que la diferencia en la probabilidad de tener un contrato laboral formal en comparación con los individuos nacidos en el país ya no es estadísticamente significativa, lo que sugiere que tal vez muchos trabajadores agrícolas inmigrantes sí tienen contratos de este tipo. No obstante, continúan teniendo menos acceso a contratos de duración indefinida, pero, aun así, un mayor acceso a prestaciones de salud relacionadas con el empleo: quizás otra señal de que la mano de obra agrícola inmigrante está cubierta por dichos beneficios.
Como se mencionó anteriormente, los beneficios de salud y pensiones pueden depender de la existencia de un contrato formal. De hecho, los análisis de regresión basados en la submuestra de personas con contratos de trabajo formales revelan que las diferencias en todos los resultados (contrato indefinido, prestaciones de salud y planes de pensiones) ya no son estadísticamente significativas. Resultado de ello, la brecha entre los dos grupos se deriva principalmente del acceso a los contratos de trabajo formales. Esto fue cierto tanto para los hombres como para las mujeres. Los inmigrantes en las zonas urbanas siguen teniendo menos acceso a las prestaciones de salud relacionadas con el empleo, mientras que los de las zonas rurales siguen teniendo menos acceso a los contratos de duración indefinida, pero tienen mejor acceso a las prestaciones de salud relacionadas con el empleo. Por lo tanto, con el fin de integrar mejor y aprovechar los beneficios generados por la población inmigrante, Costa Rica necesita compensar en términos generales la brecha entre los inmigrantes y los individuos autóctonos en el acceso a los empleos del sector formal.
Conclusiones
Este capítulo ha identificado algunos vínculos entre las políticas sectoriales y la migración en Costa Rica, y los resultados muestran que esas políticas pueden influir en la migración. Por ejemplo, los programas de capacitación profesional están vinculados positivamente con los planes futuros de emigración, posiblemente porque dotan a los migrantes potenciales de competencias útiles en el mercado de trabajo internacional. Los programas educativos no parecen tener una influencia significativa en las decisiones de emigración de los hogares, aunque el hecho de beneficiarse de un programa educativo está positivamente ligado a la probabilidad de que los hogares reciban remesas. Los análisis más detallados demuestran que esto es particularmente cierto cuando se trata de programas de becas. Además, la concesión de becas a los hogares de inmigrantes parece reducir sus incentivos para regresar al país de origen.
La participación en programas de capacitación financiera es muy baja tanto entre los hogares migrantes como no migrantes en Costa Rica, y aunque la mayoría de los hogares de la muestra posee cuentas bancarias, cerca de uno de cada cuatro hogares sigue sin tener acceso a servicios bancarios, con una mayor proporción en las zonas rurales. Por lo tanto, existe un margen para ampliar el acceso de los hogares al sector financiero y a los programas de capacitación financiera para permitir a los hogares invertir las remesas de manera más productiva. Fomentar una mayor competencia en el mercado de remesas también podría ayudar a reducir los costos de transacción de remesas.
Por último, los inmigrantes se benefician en menor medida de muchos de los programas de políticas incluidos en la encuesta. Tienen una menor probabilidad de beneficiarse de los programas educativos, y muy pocos inmigrantes encontraron su trabajo a través de agencias públicas de empleo. También hay evidencia de que los hogares con inmigrantes están en desventaja en cuanto a la obtención de títulos de propiedad oficiales de las tierras y a la recepción de subsidios agrícolas. Además, es menos probable que los inmigrantes tengan acceso a empleos seguros a través de contratos laborales formales. Garantizar el acceso a los contratos laborales formales y a los programas de políticas en esferas clave como la educación, la protección social y la salud es importante para fortalecer los procesos de integración y desarrollo.
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Notes
← 1. Véase el Capítulo 3 para conocer los antecedentes metodológicos de los análisis de regresión utilizados en este proyecto.
← 2. Las ayudas monetarias con fines educativos se conceden para financiar la educación de niños y jóvenes y, por lo tanto, podrían no financiar directamente la migración. Pero puesto que el dinero es intercambiable, los fondos podrían liberar recursos del presupuesto del hogar que permitan financiar la marcha de un emigrante.
← 3. La encuesta de IPPMD recopiló información sobre los hogares que se beneficiaban de los programas educativos en los cinco años anteriores a la encuesta, pero no pedía a los hogares que especificaran en qué año o años exactos se habían beneficiado de una política. Con el fin de restringir el análisis a los hogares que se beneficiaron de una política y que tenían miembros emigrando aproximadamente al mismo tiempo, se excluyeron los hogares con emigrantes que se habían marchado hacía más de cinco años.
← 4. La encuesta de hogares incluía también preguntas sobre políticas relacionadas con las operaciones empresariales, tales como los beneficios fiscales. Sin embargo, estas preguntas solo se plantearon a los hogares con negocios de más de cuatro empleados, por lo que la muestra es demasiado pequeña para un análisis en profundidad.
← 5. Debido a la exigua muestra de hogares receptores de remesas, no se realizaron más análisis de regresión para indagar más a fondo el vínculo entre la inclusión financiera y los patrones de remesas.
← 6. La convención estadística mide las tasas de informalidad en el segmento no agrícola de la población.
← 7. Las ocupaciones agrícolas están definidas como trabajadores de la agricultura, la silvicultura y la pesca (categoría 6 de la CIUO), así como trabajadores en ocupaciones elementales en esos campos (categoría 92 de la CIUO).