Resumen Ejecutivo
La creación de un sistema coherente y completo de integridad pública en Colombia es esencial para salvaguardar la participación inclusiva en el avance socioeconómico logrado en los últimos años. Asimismo, después de más de medio siglo de conflicto, es crucial promover y edificar la legitimidad del Estado y respaldar la puesta en marcha del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Incorporar la integridad en las políticas postconflicto y crear sólidos mecanismos de coordinación con las instituciones involucradas con el avance de la integridad son iniciativas que contribuirán a lograr una paz sostenible.
Garantizar un sistema de integridad completo y coherente en Colombia
A nivel nacional, la coordinación institucional del sistema colombiano de integridad pública corresponde a la Comisión Nacional de Moralización (CNM), la cual dirige la política nacional de integridad y reúne a sus actores. No obstante, la CNM podría incluir asimismo al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) como miembros de pleno derecho. El primero es crucial para salvaguardar la integridad de las elecciones, y el segundo es el principal actor en el desarrollo e implementación de las políticas de integridad en el poder ejecutivo. Por otra parte, el potencial de coordinación y dirección de la CNM podría ser mejorado mediante deliberaciones más técnicas y regulares entre los actores, y vínculos más fuertes con la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción (CNCLCC).
A nivel regional, cada departamento de Colombia ha creado una Comisión Regional de Moralización (CRM). Si bien esto representa un paso adelante positivo, es necesario un enfoque estratégico para fortalecer las capacidades relacionadas con la integridad en la administración pública local, en coordinación con las CRM y otras iniciativas locales, como los pactos y compromisos de integridad. Las disposiciones institucionales de las CRM podrían ser mejoradas para garantizar un enfoque global y coordinado a nivel territorial, asegurándose de que las tres ramas del poder estén representadas, como ocurre con la CNM. Las CRM también podrían crear unidades técnicas, para garantizar continuidad y eficacia. Asimismo, es importante que los niveles central y subnacional cuenten con las capacidades y recursos financieros necesarios para operar eficazmente, y que existan mecanismos de diálogo y cooperación entre las CRM.
La Secretaría de Transparencia (ST) apoya a la CNM y coordina las políticas anticorrupción en el gobierno y la sociedad en su conjunto. Para ayudar a la ST a cumplir este papel, Colombia podría institucionalizar la práctica de invitar al Secretario de Transparencia al Consejo de Ministros. Una más solida formalización de la Secretaría de Transparencia reforzaría su legitimidad frente a otros altos funcionarios. La introducción de pesos y contrapesos en el nombramiento y remoción del Secretario de Transparencia aseguraría que el puesto no esté sujeto a interferencias o sea utilizado para beneficio personal. Por último, otorgar a la ST un mayor grado de independencia administrativa y financiera le ayudaría a centrarse en las prioridades fundamentales y a desarrollar capacidades de planeación estratégica y operativa, superando los desafíos relacionados con contratación, gestión de recursos humanos y comunicación.
Fomentar una cultura de integridad
El DAFP está mejor posicionado para proveer directrices normativas y apoyar la incorporación de la integridad en toda la administración pública. Podrían establecerse puntos de contacto de integridad, en cada entidad pública, para fomentar una cultura organizacional abierta de integridad. El marco de gestión de la integridad y el Código General de Integridad, actualmente desarrollados por el DAFP, establecen los cimientos para promover la integridad en la administración. El marco debe basarse en la identificación y prevención de riesgos de corrupción, e incluir directrices sobre dilemas éticos y conflictos de intereses. La reforma actual también brinda la oportunidad de revisar los códigos organizacionales existentes, alineándolos con los principios del Código General de Integridad y a la vez reflejando las necesidades específicas de cada organismo. El DAFP y la Comisión Nacional del Servicio Civil podrían incorporar la integridad en la gestión de los recursos humanos, por ejemplo, mediante la inclusión de criterios de integridad en el proceso de reclutamiento y en las evaluaciones anuales de desempeño. Adicionalmente, la Escuela Superior de Administración Pública podría desarrollar un conjunto de cursos de capacitación específicos sobre integridad. Sin embargo, las reglas de gobernanza de dicha institución deben ser revisadas, para garantizar su rendición de cuentas e independencia adecuada del ejecutivo.
El sistema de declaración de bienes y rentas de Colombia adolece de varias debilidades, afectando cada paso del sistema desde la naturaleza de la información presentada hasta el proceso de auditoría. Para aprovechar el potencial del sistema para generar confianza pública y fortalecer el sistema de integridad pública, Colombia podría reducir el universo de servidores públicos que deben presentar la declaración, basándose en el riesgo, y requerir mayor información relacionada con posibles conflictos de interés. Debe garantizarse su verificación facultando a una entidad, por ejemplo, a la Procuraduría General de la Nación, para comprobar la información de forma cruzada o a poner secciones de las declaraciones a disposición del público, para hacer posible su supervisión por parte de la ciudadanía.
Adoptar un enfoque basado en el riesgo para fortalecer e generalizar el control interno
Un sólido sistema de control interno no sólo es crucial para salvaguardar la integridad, sino también para fortalecer la rendición de cuentas, la rentabilidad y, en última instancia, la prestación efectiva de servicios públicos. Colombia ha desarrollado un modelo de identificación y evaluación de riesgos institucionales (Modelo Estándar de Control Interno, o MECI) así como un proceso, distinto y explícito, de gestión de riesgos de corrupción. Si bien los dos sistemas están alineados, a menudo resultan en esfuerzos duplicados, dados los diferentes canales de notificación. Para crear sinergias entre ambos procesos, Colombia podría integrar gradualmente la gestión de riesgos de corrupción en el proceso estándar del MECI. El desarrollo del Modelo de Gestión Integrado, que incorpora componentes y funciones de control interno como parte integral del ciclo de gobernanza y gestión pública, es un paso significativo hacia la racionalización del control interno. Actualmente, tres actores gubernamentales se encuentran evaluando la eficacia del control interno. Una mayor alineación de las metodologías ayudaría a evitar traslapes y evaluaciones contrapuestas, mejorando al mismo tiempo la validez de los resultados.
Colombia ha asegurado la selección y el nombramiento de expertos calificados, con base en el mérito, como titulares de las oficinas de control interno (OCI) a nivel nacional. Sin embargo, la atracción y retención de personal competente en las OCI, y el desarrollo de OCI fuertes e independientes a nivel territorial, siguen presentando desafíos. Colombia podría considerar transferir, de las entidades individuales al DAFP, la partida presupuestal de remuneración del personal de las OCI, además del diseño de un programa coherente de capacitación y certificación, en apoyo a la puesta en marcha de las reformas. Más aún, podrían establecerse comités o comisiones de auditoría y riesgo independientes para garantizar la independencia de la función de auditoría interna.