Prólogo

Colombia enfrenta un momento crucial en su historia. Con la firma del Acuerdo de Paz en 2016 entre el Gobierno y el mayor grupo guerrillero, Colombia puso fin oficialmente a una de las guerras civiles más largas de la historia reciente y sentó las bases de lo que el Comité del Premio Nobel calificó de “paz justa”. El conflicto duró más de cinco décadas y causó un sufrimiento inmenso. Dañó la credibilidad de las instituciones estatales, dejó cicatrices profundas en la sociedad y erosionó la confianza de los ciudadanos en su gobierno, especialmente en las zonas rurales asoladas por el conflicto. A la sombra del conflicto, la corrupción sistémica, la captura del Estado y el crimen organizado tuvieron la posibilidad de extenderse e interconectarse, socavando aún más la legitimidad del Estado.

A pesar de estos desafíos, Colombia ha logrado mantener la estabilidad macroeconómica y construir una sólida base democrática, fundamentada en la Constitución Política de 1991. Más aún, durante el último decenio, el país ha adoptado y puesto en práctica importantes reformas para fortalecer las políticas públicas, muchas de ellas activadas y respaldadas por el proceso de adhesión del país a la OCDE. Estas fortalezas serán un activo invaluable para asegurar que la paz sea mantenida y que Colombia continúe su avance hacia instituciones fortalecidas y una buena gobernanza.

Sin embargo, las experiencias surgidas de procesos postconflicto en todo el mundo ponen de relieve los peligros de restar importancia a los riesgos de la corrupción que amenazan una paz duradera y sostenible. La puesta en práctica del Acuerdo de Paz colombiano requerirá importantes inversiones financieras, involucrará a numerosos actores y tendrá lugar en áreas con capacidades estatales débiles. La falta de integridad en estos procesos no sólo podría poner en peligro su eficacidad, sino que incluso podría conducir a nuevos conflictos y al atrincheramiento de actores delictivos. El Acuerdo de Paz reconoce este riesgo e insta a la transparencia y al control ciudadano. Sin embargo el sistema colombiano de integridad enfrentará desafíos considerables en los próximos años.

Este Estudio de Integridad examina en profundidad el sistema colombiano de integridad pública, centrándose en particular en tres aspectos. En primer lugar, aporta recomendaciones concretas sobre cómo fortalecer las disposiciones institucionales para dirigir las políticas de integridad y asegurar la coordinación entre sus actores clave, tanto a nivel nacional como subnacional, en particular entre la Comisión Nacional de Moralización, las Comisiones Regionales de Moralización y la Secretaría de Transparencia. En segundo lugar, este estudio examina las políticas y prácticas actuales para integrar las políticas de integridad en la administración pública colombiana en su conjunto. Más específicamente, recomienda políticas y mejores prácticas sobre la manera de fortalecer las directrices respecto a valores y conflictos de intereses, asegurar la capacitación correspondiente, introducir medidas de integridad en la gestión de recursos humanos y mejorar el sistema actual de declaraciones de bienes y rentas. En tercer lugar, el estudio analiza el marco y las prácticas de gestión de riesgos y control interno, cruciales para la rendición de cuentas mencionada explícitamente en el Acuerdo de Paz. El Departamento Administrativo de la Función Pública desempeña un papel decisivo en promover la cultura de integridad en la administración pública, la gestión de riesgos y el control interno, pero requiere de recursos humanos y financieros suficientes para cumplir con este mandato fundamental.

De manera general, las recomendaciones de este Estudio de Integridad no sólo buscan reforzar un sistema global de integridad, sino también ayudar a fortalecer la resiliencia de Colombia frente a los conflictos, sostener el camino del país hacia un desarrollo más incluyente y sostenible, y crear confianza en la legitimidad del Estado.