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La seguridad hídrica es un importante reto de políticas que afrontan los gobiernos
en el mundo. A falta de reformas sustanciales de gestión del agua y de políticas relacionadas
con ésta, el panorama del agua es desalentador. En muchas regiones, la seguridad hídrica
seguirá viéndose afectada debido a la creciente demanda de agua, el estrés hídrico
y la contaminación del líquido. Los gobiernos deben apresurar los esfuerzos por mejorar
la eficiencia y efectividad en la gestión del agua a fin de optimizar el manejo de
riesgos de escaseces potenciales de agua (incluidas las sequías), el exceso de agua
(incluidas las inundaciones), la calidad inadecuada de agua, así como el riesgo de
dañar la resiliencia de los sistemas de agua dulce (ríos, lagos, acuíferos). Es más
probable que los gobiernos, al adoptar una visión amplia y de largo plazo que destaque
la gestión explícita de riesgos relacionados con el agua y las compensaciones entre
éstos, alcancen sus objetivos económicos, ambientales y sociales vinculados al agua.
Un enfoque basado en riesgos aborda el tema de la seguridad hídrica primero y ante
todo mediante determinar niveles acpetables de diversos riesgos en términos de la
probabilidad de que se materialicen y el impacto potencial económico o de otra indole,
si lo hubiere, y equilibrar esto respecto de los beneficios esperados derivados de
mejorar la seguridad hídrica. Si bien en general es costoso, y con frecuencia imposible
técnicamente, eliminar por completo los riesgos relacionados con el agua, un enfoque
basado en riesgos puede contribuir a asegurar que el nivel implícito de riesgo de
las diferentes acciones de políticas refleje los valores sociales. Por ejemplo, diversas
ciudades en el mundo —incluidas Londres, Shanghai y Amsterdam— cuentan con protección
contra inundaciones de una magnitud que se espera que ocurra en promedio una vez en
1,000 años, mientras que la planeación de Nueva York sólo contempla protección contra
un evento de una vez en 100 años.Luego del huracán Sandy de 2012, Nueva York está
analizando cómo fortalecer aún más su prevención de inundaciones.
Un enfoque basado en riesgos también es flexible, y puede ajustarse el nivel aceptable
de riesgo con relativamente poca anticipación si se dispone de medidas más eficientes
para mitigar los riesgos, o si hay nuevas oportunidades de desarrollo económico que
garanticen acciones para reducir más el nivel de riesgo. Por ejemplo, un nuevo desarrollo
residencial o industrial puede justificar aumentar la protección contra inundaciones
relacionadas con un río cercano, lo que quizá no se haya justificado si la tierra
es de uso agrícola o es un parque natural.
Sin embargo, en la práctica son los desastres naturales —y no las nuevas oportunidades—
los que propician que los países revisen los niveles aceptables de riesgos del agua
implícitos en sus políticas y medidas. Por ejemplo, los países suelen revisar los
estándares de protección contra inundaciones después de un huracán o tormenta importante,
o abordar los retos de escasez de agua durante una sequía notable o después de ésta.
Un enfoque basado en riesgos detona el cambio de políticas reactivas hacia otras más
proactivas. En vez de responder a crisis de agua, que a menudo conllevan costos excesivos
para la sociedad, los gobiernos pueden establcer un proceso para evaluar y manejar
con cuidado y anticipación los riesgos y revisarlos periódicamente.
Al identificar los riesgos relacionados con el agua, y ayudar a los actores a coincidir
en los niveles aceptables de éstos, un enfoque basado en riesgos puede facilitar el
proceso de distribuirlos entre los diferentes usos del agua. Por ejemplo, hay muchas
regiones donde los recursos hídricos disponibles disponibles se han asignado en exceso
y un mayor entendimiento de los riesgos y las compensaciones de los usos alternativos
de agua puede ayudar a identificar los beneficios y opciones de políticas para mejorar
la asignación de agua entre los usuarios agrícolas, urbanos y ambientales. Esto, desde
luego, plantea interrogantes económicas políticas significativas.
Una vez definidos, los niveles aceptables de riesgos del agua deben lograrse al menor
costo posible. Los instrumentos económicos, como el cobro adecuado del uso y la contaminación
del agua, pueden ayudar a conseguirlo. Asignar un precio al agua ha sido decisivo
para separar el uso del agua del crecimiento económico sostenido en casi un tercio
de los países de la OCDE en las útlimas décadas. Implementar precios que reflejen
la escasez de agua puede ayudar a reducir la demanda a niveles que pueden evitar la
construcción precipitada de nueva infraestructura para el suministro de agua. En Sydney,
Australia, por ejemplo, diversos estudios muestran que si, se hubieran implementado
oportunamente precios de acuerdo con la escasez, la demanda de agua se habría reducido
a un nivel que no requería desarrollar una costosa y nueva planta desalinizadora.
Establecer niveles aceptables de riesgos del agua debería derivar de elecciones de
políticas bien informadas y compensaciones con otros objetivos de seguridad relacionados
(y a veces en conflicto), por ejemplo, alimentos, energía, clima, biodiversidad. Esto
se debe a que las medidas de políticas orientadas a la seguridad u otros objetivos
de políticas en una zona pueden ser contraproducentes en otra: los esfuerzos por incrementar
la seguridad energética y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero mediante
la producción de biocombustibles, por ejemplo, puede llevar a una disminución de la
seguridad hídrica o alimentaria, mientras que los objetivos para mejorar la seguridad
alimentaria puede conducir al uso excesivo de pesticidas y fertilizantes, lo que a
su vez deriva en contaminación del agua. Cada vez más países aplican enfoques de políticas
más coherentes. Por ejemplo, cambiar el apoyo agrícola de la producción directa y
el apoyo a insumos hacia pagos que están disociados o que incluso apoyan objetivos
ambientales ha disminuido los incentivos para intensificar y ampliar la producción,
ayudando así a mejorar la eficiencia del uso de recursos hídricos y reducir la contaminación
del agua causada por la agricultura.
La seguridad del agua tiene que ver con aprender a vivir con un nivel aceptable de
riesgo del agua. Esto requiere una mejor comprensión de los riesgos, asegurando que
el nivel de riesgo que se emplee para planeación y fines de políticas considere las
preferencias sociales, y maneje los riesgos y las compensaciones entre éstos y entre
los objetivos del agua y de otras políticas al menor costo para la sociedad. Los factores
clave de éxito son conocer, orientar y manejar los riesgos del agua:
Conocer el riesgo
Identificar los riesgos relacionados con el agua, la probabilidad y el impacto potencial
en caso de que ocurran, de qué manera los percibe la gente, y asegurarse de que los
actores tengan la información necesaria para comprender y afrontar los diferentes
tipos de riesgos del agua.
Orientar el riesgo
Considerar si los beneficios adicionales de contar con una mejor seguridad hídrica
justifican los costos adicionales para la sociedad de lograr tales mejoras, y establecer
niveles de riesgo del agua en consecuencia. Los objetivos de políticas aparte de la
seguridad hídrica (por ejemplo, la seguridad alimentaria, energética, ambiental y
la protección de la naturaleza) y la naturaleza correlacionada de los riesgos del
agua deben considerarse al evaluar los beneficios y costos potenciales para la sociedad
de un nivel dado de riesgos del agua.
Manejar el riesgo
Implementar una mezcla de políticas para reducir los daños y limitar la exposición
y vulnerabilidad a fin de lograr niveles aceptables de riesgo al menor costo económico
posible. Los instrumentos económicos pueden jugar un papel importante, ya que pueden
alterar fundamentalmente los incentivos que afrontan los usuarios del agua, dar señales
explícitas sobre la probabilidad y el costo potencial de los riesgos del agua, y brindar
financiamiento para apoyar las acciones y compensar los riesgos. Manejar los riesgos
del agua también requiere un enfoque coherente entre las políticas del agua y las
políticas sectoriales y ambientales.
Este resumen no es una traducción oficial de la OCDE.
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