3. Los efectos combinados del COVID19

El 8 de marzo de 2020, justo antes que los países de todo el mundo implementaran cuarentenas en respuesta al brote del COVID19, miles de mujeres chilenas de diferentes edades y orígenes participaron en una marcha del Día de la Mujer que muchos comentaristas calificaron como histórica. Lo que hizo única a esta marcha fue el sentimiento de que Chile se encontraba en un punto de inflexión en la lucha por la igualdad de género y que el próximo referéndum constitucional abriría el camino a un futuro más brillante, de mayor representación femenina e igualdad en la elaboración de leyes (Escobar, 2020[1]). La aprobación del referéndum, el cual estableció que la mitad de los miembros de la convención constitucional serían mujeres, respaldó la confianza general en el rol que pueden desempeñar las mujeres chilenas como agentes del cambio. Se trata, en efecto, de un planteamiento sin precedentes que convierte a Chile en el primer país que redacta su constitución bajo condiciones de paridad de género.

Sin embargo, la situación del mercado laboral y de bienestar de las mujeres chilenas se ha deteriorado drásticamente desde el inicio de la pandemia, lo que ha llevado a una exacerbación del estrés y de los problemas de salud mental y al recrudecimiento de episodios de violencia contra las mujeres. Estos inesperados acontecimientos han sacado a la luz, de forma inédita, una serie de retos fundamentales preexistentes y que aún queda camino por recorrer para que las políticas que dan cuenta de las desigualdades de género en Chile respondan a las necesidades, responsabilidades y perspectivas de las mujeres.

Este capítulo ofrece una visión detallada de los impactos de la pandemia del COVID19 en la salud, bienestar social y económico de Chile. Constata que el COVID19 y la cuarentena han exacerbado drásticamente las desigualdades de género y analiza las primeras medidas que el Gobierno chileno ha tomado para mitigar estas consecuencias.

La pandemia golpeó con fuerza a Chile, el cual sufrió una de las mayores cifras de muertes por millón de habitantes (OECD, 2021[2]). La mayoría de los casos se concentraron en el área metropolitana de Santiago, con brotes dispersos en otras regiones del país. El gobierno respondió aplicando cuarentenas locales en combinación con restricciones de movilidad y toques de queda nocturnos. En mayo de 2020, la ciudad de Santiago y otras grandes ciudades estaban bajo estrictas cuarentenas y la mayoría de las medidas de confinamiento se levantaron progresivamente a mediados de julio, cuando las infecciones comenzaron a disminuir. El estado de emergencia, declarado en marzo para imponer medidas de restricción, duró hasta fines de 2020.

El status quo previo de Chile era uno en el que sólo alrededor del 50% de las mujeres participaban en el mercado laboral antes de la pandemia, en comparación con el 70% de los hombres (Figura 1.6, Capítulo 1). Tras el estallido de la crisis del COVID19, Chile registró una fuerte caída de la tasa de empleo durante el primer semestre de 2020, superior a 10 puntos porcentuales tanto entre hombres como entre mujeres. Dado que las tasas respectivas cayeron aproximadamente en la misma medida, la crisis afectó a trabajadores masculinos y femeninos en grados similares (Figura 3.1). Una de las razones de esta similitud es que los sectores más afectados incluyeron aquellos en los que las mujeres están sobrerrepresentadas, como el comercio minorista y los servicios de hotelería y gastronómicos, así como aquellos en los que los hombres están sobrerrepresentados, como la construcción (INE, 2020[3]).

La Figura 3.2 compara la caída del empleo en 12 países de América Latina y el Caribe en base a los datos disponibles. En Chile, la tasa de empleo cayó en mayor medida que la media regional (panel A). Es importante destacar que muchos empleados que perdieron su empleo no buscaron uno nuevo, ya sea porque consideraron que la probabilidad de encontrar uno era demasiado baja dadas las restricciones impuestas a las actividades económicas o por precaución ante el riesgo de infección (ECLAC and ILO, 2020[5]). Por ejemplo, muchos trabajadores independientes decidieron esperar a tener mejores condiciones antes de reanudar sus actividades. Al abandonar el mercado de trabajo, estos trabajadores dejaron de cumplir los requisitos para ser clasificados como desempleados -es decir, pasaron a ser inactivos- y, en consecuencia, la caída del empleo provocó una fuerte contracción de las tasas de participación. La magnitud de la contracción combinada entre hombres y mujeres se aproxima a 10 puntos porcentuales en Chile, lo que se compara con los 8 puntos porcentuales para el promedio de los países regionales según los datos disponibles (Figura 3.2, Panel B).

Para el promedio de los países de LAC mencionados, la caída masiva de las tasas de participación en el mercado laboral mitigó, a su vez, el impacto en la tasa de desempleo. En Chile, sin embargo, la magnitud del aumento de la tasa de desempleo entre los hombres fue casi 2 puntos porcentuales mayor que la observada en la media de los países de LAC (+5,7%, frente a +4,0%; Figura 3.2, Panel C). Esto contrasta fuertemente con el aumento de la tasa de desempleo de las mujeres, que en Chile se mantuvo bien alineada con la media regional (+3,9%, frente a +3,8%).

Las diferencias de género en los patrones de desempleo ocultan importantes diferencias en la forma en que los hombres y mujeres chilenos/as han respondido a la pandemia. En particular, parece probable que el papel que desempeñan los hombres como principal sostén del hogar se fortaleció aún más luego de la pandemia. En consecuencia, el marcado aumento de la tasa de desempleo masculina refleja el hecho de que han seguido buscando nuevos empleos (ECLAC and ILO, 2020[5]). Otros países de la región han tenido un comportamiento similar, pero el aumento más fuerte que el promedio de la tasa de desempleo masculina en Chile sugiere que el efecto “hombre sustentador” podría haber estado particularmente pronunciado en el país.

Por el contrario, hasta el 80% de las mujeres chilenas que dejaron de trabajar durante la pandemia no buscaron reemplearse, siendo el 30% de estas mujeres jefas de hogar en 2020 (Escobar, 2020[1]). Esta gran retirada de las mujeres del mercado laboral refleja el hecho de que las mujeres asumieron tareas adicionales de cuidado durante la pandemia. Si la tasa de desempleo de las mujeres aumentó menos que la de los hombres, fue porque dejaron de buscar activamente un nuevo empleo en el mercado laboral remunerado.

Es probable que las altas tasas de inactividad de las mujeres trabajadoras hayan provocado pérdidas sustanciales en los ingresos de los hogares. Para ayudar a arrojar luz sobre este tema en particular, la Figura 3.3 representa la evolución de la jefatura femenina de los hogares en Chile, medida como el porcentaje del número total de hogares durante un período de casi tres décadas. Muestra que esta proporción experimentó un aumento significativo durante el período, particularmente dramático desde el inicio del siglo, pasando del 23,2% de todos los hogares del país en 2000 al 42,4% en 2017. Al mismo tiempo, la estructura de los hogares también cambió significativamente en Chile, ya que los hogares unipersonales casi se duplicaron (del 8,7% del total de hogares en 2006 al 15,4% en 2017). Durante el mismo período, los hogares biparentales disminuyeron del 67,6% al 56,6%, mientras que los hogares monoparentales aumentaron en 3 puntos porcentuales, alcanzando el 27,4%. Un análisis reciente muestra que, durante la pandemia, el 52% de las mujeres de bajos ingresos en Chile (primer decil de ingresos) no pudieron trabajar reflejando la pandemia, lo cual es 5 puntos porcentuales más alto que lo observado para los hombres de bajos ingresos (Gutierrez, Martin and Nopo, 2020[6]).

Cuadro 3.1 ilustra los efectos de la pandemia del COVID19 en categorías laborales específicas. Destaca que la crisis sanitaria afectó con especial fuerza a categorías laborales que se caracterizan por la sobrerrepresentación de mujeres trabajadoras de hogares de bajos ingresos. Es revelador, por ejemplo, que el número de empleados dependientes que trabajan en hogares como cuidadores o empleados domésticos se redujo en casi un 48% en Chile durante el segundo trimestre de 2020. Esta contracción fue significativamente más fuerte que la experimentada por el promedio de los países de América Latina con cifras disponibles (32%).

Otra categoría que merece ser mencionada es el trabajo independiente. Como se adelantó en la discusión sobre la evolución del mercado laboral de las mujeres en Chile, éste es una importante fuente de trabajo femenino en el país. El empleo de esta categoría se contrajo cerca del 35% en Chile, lo que se compara con un promedio regional de alrededor del 21%. Muchas actividades independientes se basan en relaciones personales, especialmente cuando se producen en el sector informal, y por tanto no se adecúan al teletrabajo. Por ello, las medidas de distanciamiento provocaron su interrupción (ECLAC and ILO, 2020[5]).

Posiblemente relacionado con la fuerte contracción del trabajo independiente, en Chile también disminuyó considerablemente el número de personas que realizan actividades laborales no remuneradas en el marco de una empresa familiar. Como suele ocurrir, se trata de actividades independientes, siendo las mujeres las principales sostenedoras. En el conjunto de los países de América Latina, los trabajadores no remunerados constituyen la segunda categoría más afectada por la pandemia -después de los asalariados que trabajan desde el hogar- y la contracción correspondiente ha sido, en promedio, del 24,2%. En Chile, la caída de los trabajadores no remunerados fue significativamente más fuerte que el promedio regional (42%). Una explicación de la contracción más marcada de los trabajadores independientes y no remunerados en Chile que en otros similares regionales (Colombia, Ecuador, Paraguay y Bolivia, por ejemplo), podría ser que en esos países los trabajadores independientes siguen representando una parte importante del sector agrícola. Es probable que estas actividades hayan sufrido menos la introducción de medidas de contención (ECLAC and ILO, 2020[5]).

Las medidas de confinamiento y distanciamiento social han provocado una reducción abrupta no sólo de las actividades de cuidado formal por parte de los centros de atención y educación infantil, sino también del cuidado informal de apoyo a las familias y a los vecinos (Women, UN; ECLAC;, 2020[7]). A mediados de marzo, el Gobierno chileno decidió cerrar las escuelas y el Ministerio de Educación puso en marcha nuevas medidas centradas en el aprendizaje virtual para que los estudiantes continuaran sus programas escolares desde sus hogares. La plataforma Aprendo en Línea le permite a estudiantes y profesores acceder a diversos materiales de aprendizaje y herramientas pedagógicas en línea como parte del programa escolar prioritario adoptado en respuesta a la crisis (MINEDUC, 2020[8]). Además, se están utilizando nuevos programas de televisión educativa para apoyar a profesores y padres con la organización de actividades educativas en casa.

Sin embargo, el acceso limitado a internet implica que la educación a distancia es más difícil para muchos estudiantes chilenos, particularmente para aquellos que provienen de hogares de bajos ingresos, los cuales están menos conectados, o cuyos padres no pueden ayudarlos. En Chile, aunque sólo el 12% de los hogares indican que no tienen acceso a internet, la proporción de los que tienen una conexión estable sigue siendo pequeña (46%) (Brújula, 2017[9]). Entre los niños de familias pobres, la proporción de los que tienen un acceso adecuado a internet -es decir, lo suficientemente estable como para permitirles asistir a la escuela desde el hogar- es aún menor (30%) (Escobar, 2020[1]).

Dado que el sistema de salud funcionó al máximo de su capacidad durante la pandemia, gran parte de la carga de la atención sanitaria se trasladó a los hogares. Esto agravó aún más la complejidad de la organización de la asistencia sanitaria y el papel fundamental que desempeñaban las mujeres en el cuidado de la salud de los miembros de la familia (ECLAC, 2020[10]). Una encuesta reciente del Ministerio de Desarrollo Social muestra que en Chile el 70% de las personas mayores bajo cuidados reciben ayuda de sus familiares para realizar sus actividades cotidianas y que las mujeres representan el 72% de los cuidadores (Ministerio de Desarrollo Social, 2017[11]). Estas actividades implican, entre otras tareas, la compra de medicamentos, contratación de servicios y cuidado directo de los enfermos. Del total de personas mayores bajo cuidados que reciben ayuda de fuera de la familia, sólo el 10% remunera al cuidador. Además, el 71% de los hombres chilenos dedicó cero horas al trabajo doméstico y parental durante la semana de realización de la encuesta en julio de 2020 (Escobar, 2020[1]).

En general, la combinación del cierre temporal de los centros de atención y educación con la presión adicional sobre los sistemas de salud, se sumó de manera significativa al tiempo que ya dedicaban las mujeres a las actividades domésticas. Esto llevó a exacerbar una distribución ya desequilibrada de las actividades laborales remuneradas y no remuneradas entre hombres y mujeres de una familia. Según una reciente encuesta elaborada conjuntamente en Chile por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y ONU Mujeres para evaluar los efectos del COVID19 , la mitad de las mujeres declararon que el tiempo dedicado al cuidado y trabajo doméstico no remunerado aumentó significativamente (MinMujEG, 2021[12]).

Los cambios de rutina, el aislamiento forzoso y la ansiedad por la pérdida de ingresos han provocado estrés y miedo. Una encuesta de la Universidad de Chile (University of Chile and IMIIMPP, 2020[13]) sostiene que vivir la crisis de la pandemia ha implicado una mezcla de consecuencias generacionales y de género. La proporción de personas que expresan su preocupación por los efectos económicos de la crisis es mayor entre las generaciones jóvenes (grupo etario de 15 y 29 años) que entre grupos de mayor edad. La percepción de que las condiciones de bienestar y salud mental están empeorando también está más extendida entre los jóvenes. Esta sensación parece ser más común entre las mujeres y se manifiestan mediante fatiga, tristeza y angustia. Las conclusiones de la Universidad de Chile corroboran los resultados de otra encuesta que UNICEF ha realizado en nueve países de América Latina y el Caribe. Según esta última, el 27% de los jóvenes de entre 13 y 29 años manifestaron una sensación de ansiedad durante los siete días anteriores a la encuesta y el 15% una sensación de depresión (UNICEF, 2020[14]). Una posible explicación de las diferencias observadas entre los efectos de la edad y el género está relacionada con el hecho de que, para muchas mujeres jóvenes, la interrupción de clases en las escuelas y universidades ha significado un aumento del tiempo dedicado al cuidado de sus hermanos.

Aunque las medidas de confinamiento ayudaron a mantener a las personas a salvo del virus, en el caso de las mujeres ampliaron inadvertidamente su exposición a otros riesgos (OEA, 2020[15]; PAHO, 2020[16]; UN WOMEN, 2020[17]). Además del estrés inducido por una mayor carga de trabajo en el hogar, un riesgo importante se deriva del peligro de la violencia doméstica (UNDP, 2020[18]). En América Latina y el Caribe, donde la violencia de género ya estaba extendida antes de la pandemia, esta cuestión es especialmente preocupante.

Aunque los datos procedentes de fuentes como informes policiales, líneas de ayuda, centros de salud y refugios proporcionan información esencial, es poco probable que reflejen la verdadera situación, ya que las víctimas de violencia a menudo no denuncian dichos episodios por razones relacionadas con la vergüenza, el estigma o el miedo a represalias. Esta falta de denuncias puede ser aún mayor durante la pandemia, ya que las restricciones de movilidad y el miedo al contagio pueden dificultar las opciones de búsqueda de ayuda en persona. Las denuncias por teléfono o Internet también pueden ser limitadas, dado que las víctimas tienen menos oportunidades de realizarlo confidencialmente cuando se encuentran confinadas en casa con su agresor.

A pesar de estas advertencias, el PNUD ha recopilado datos de llamadas a líneas de ayuda en un número seleccionado de países latinoamericanos: Argentina (Línea 137 en Buenos Aires y Línea 144), Brasil (Línea 180), Colombia (Línea 155), Guatemala (Línea 1572), México (Línea Mujeres en Ciudad de México), Paraguay (Línea 137) y Perú (Línea 100 y Chat 100). En todos estos países, el volumen de llamadas a las líneas de ayuda ha aumentado tras la introducción de restricciones a la movilidad. Estos patrones parecen estar respaldados por la evidencia surge de otros estudios regionales que utilizan datos de líneas de ayuda para varios países (UNDP, 2020[18]). La evidencia recolectada por Infosegura, quien recopila regularmente datos sobre seguridad ciudadana en países centroamericanos, muestran un aumento de los niveles de violencia de género en Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica durante el primer trimestre de 2020 (Infoseguras, 2020[19]).

En Chile, las llamadas realizadas al “1455”, la línea telefónica del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, han aumentado en un 229% entre marzo y junio (Fernandez and Lopez, 2020[20]). Los datos del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) para el período de enero a mayo muestran un aumento igualmente fuerte (Gandara, 2020[21]). La policía informó de un aumento del 119% en las llamadas relacionadas con la violencia física intrafamiliar contra mujeres durante las cuatro semanas que siguieron a la introducción de las restricciones de movilidad (número de asistencia 149) (MINMUJERyEG, 2020[22]). Sin embargo, la presentación formal de denuncias judiciales ha disminuido (CEAD, 2020[23]). Dado que las restricciones han hecho que las comisarías sean menos accesibles para las víctimas que los centros de ayuda, este dato puede ser sólo indicativo de una reducción de las denuncias por la vía legal, en lugar de apuntar a una reducción de la violencia.

El Gobierno chileno ha introducido numerosas respuestas políticas con perspectiva de género para contrarrestar los efectos económicos y sociales de la pandemia (OECD, 2021[2]). Entre las medidas que más han contribuido a la seguridad económica de las mujeres se encuentran el fomento del espíritu empresarial y las subvenciones a los préstamos. Una iniciativa clave consistió en el lanzamiento de un paquete de emergencia de 5.500 millones de dólares para salvar puestos de trabajo y ayudar a las pequeñas empresas. Como complemento, el gobierno también decidió aplazar varios impuestos de las PYME y acelerar la devolución del impuesto a la renta para las PYME (hasta abril de 2020 en lugar de mayo, lo que benefició 500.000 pequeñas empresas). Además, el capital del fondo de garantía para las PYMES (Fogape) se incrementó en 3.000 millones de dólares, con 150.000 préstamos concedidos a principios de julio. Paralelamente, el aumento de capitalización del Banco Estado (en 500 millones de USD, con lo que la capacidad de crédito del Banco aumentó en 4.400 millones de dólares) debería traducirse en más oportunidades de financiamiento para los particulares y las PYME.

Una medida clave para hacer frente al gran aumento de la inactividad en el mercado laboral ha sido la concesión de una subvención a la contratación temporal para las empresas, la cual se aplica a todo empleado nuevo y principalmente a la expansión del empleo femenino. La subvención se extiende por un periodo de seis meses y cubre el 60% y 50% del salario bruto de cada contratación de mujeres y hombres, respectivamente. Para que el subsidio a la contratación motive más búsquedas de empleo por parte de las mujeres, se necesita del apoyo de ciertas medidas complementarias, como las destinadas a garantizar el regreso seguro de los niños a los centros educacionales. También se necesita del apoyo de medidas que amplíen el acceso a servicios digitales, desde formaciones virtuales y educación financiera hasta entregas a domicilio y plataformas de comercialización.

Otra opción política es facilitar horarios y acuerdos de trabajo más flexibles. El COVID19 ha contribuido a acelerar la adopción de la Ley de Trabajo a Distancia y Teletrabajo para ampliar el uso del teletrabajo. Además, la Ley de Protección del Trabajo pretende proteger los ingresos laborales y reducir la jornada laboral o permitir la suspensión temporal de la relación contractual cuando el teletrabajo no sea posible. En estos últimos casos, el seguro de desempleo interviene para proteger los salarios de los trabajadores afectados, al tiempo que garantiza el mantenimiento de las cotizaciones de seguridad social y salud.

Hay una serie de medidas que entran en la categoría de protección social. Un subsidio especial (bono COVID) está dirigido a 1,5 millones de hogares vulnerables, la mayoría de ellos sin ingresos formales. El programa Alimentos para Chile proporciona cestas de alimentos y productos de higiene a familias vulnerables y de clase media en todas las regiones de Chile. Un nuevo fondo para proteger los ingresos del 80% de los hogares más vulnerables tiene como objetivo proporcionar transferencias en efectivo a los hogares vulnerables (Ingreso Familiar de Emergencia). Debería llegar a 4,9 millones de beneficiarios, en función de las circunstancias personales, incluso proporcionando apoyo a los trabajadores independientes.

En julio de 2020 y en respuesta a la pandemia de COVID19, Chile promulgó medidas para padres con permiso parental y para padres y cuidadores de niños nacidos a partir del 2013 (es decir, de siete años o menores). La ley ofrece a los padres una extensión de hasta 90 días de beneficios adicionales de permiso parental y permite a los padres y cuidadores elegibles suspender su contrato de trabajo con los empleadores con el fin de proporcionar cuidados de niños y recibir beneficios de desempleo. Además, 240.000 alumnos de primaria y primer ciclo de secundaria de zonas aisladas recibieron material didáctico y los estudiantes que normalmente tendrían derecho a desayunos y almuerzos gratuitos en la escuela tienen derecho a recibir paquetes de alimentos (MINEDUC, 2020[8]).

Varias medidas se centran en la prevención y/o respuesta a la violencia contra las mujeres y las niñas y el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género desempeña un papel relevante en los esfuerzos para reforzar las redes digitales disponibles para las víctimas de violencia doméstica (OECD, 2020[24]). En abril de 2020 se lanzaron dos plataformas destinadas a brindar ayuda a las mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia, “Chat 1455” y “WhatsApp Mujer”, este último a cargo del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG). Ambas plataformas están disponibles las 24 horas del día y son confidenciales y tienen el objetivo de entregar información, orientación y apoyo emocional a las víctimas de violencia. En mayo, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género anunció una tercera iniciativa, Mascarilla 19, que es un código que las mujeres pueden utilizar en las farmacias para denunciar una situación de peligro en el hogar sin tener que llamar a la policía, lo que podría suponer el riesgo de alertar al maltratador. Si una mujer pide una Mascarilla 19, el personal de la farmacia sabe que se trata de un caso de violencia y procederá a anotar los datos de la víctima y a pasar la información al Chat 1455 o a la policía.

Las campañas de difusión de apoyo garantizan que la gente conozca la existencia de estos servicios para que las mujeres que lo necesiten llamen para pedir orientación. Estas campañas se apoyan en emisiones televisivas, pero también, y de forma predominante, en redes sociales, lo que limita notablemente la capacidad de llegar a las zonas menos dotadas de conexión fija a Internet. Casualmente, estos son también los lugares conocidos por tener los mayores índices de violencia doméstica dentro del área metropolitana de Santiago: La Pintana, Cerro Navia, Lo Prado, La Granja, Renca y San Ramón.

Además de los servicios de orientación, los programas de protección del SernamEG para víctimas de violencia doméstica abarcan 111 Centros de la Mujer en todo el país, los cuales ofrecen asesoramiento jurídico y apoyo psicológico a las mujeres en situación de violencia. También incluyen 44 Casas de Acogida en el país, que reciben a mujeres en situación de riesgo y violencia extrema. Aunque la construcción aprobada y presupuestada de cuatro refugios adicionales data de antes del inicio de la pandemia, la construcción real sigue pendiente.

La pandemia del COVID19 ha puesto al descubierto la magnitud de los desafíos existentes en el mercado laboral y el bienestar de las mujeres chilenas. El estallido de la pandemia ha provocado una mayor inactividad en el mercado laboral, asociada a una exacerbación del estrés y de los problemas de salud mental y a un recrudecimiento de los episodios de violencia contra las mujeres.

El significativo aumento de la inactividad en el mercado laboral acentúa la importancia de los esfuerzos continuos del gobierno para apoyar a las mujeres más vulnerables. Incluso antes de la pandemia, sólo alrededor del 50% de las mujeres participaban en el mercado laboral chileno, en comparación con el 70% de los hombres. Para agravar esta situación, el cierre de instituciones y recintos de atención a la primera infancia, junto con el aumento de la vulnerabilidad de los ancianos, provocó un incremento de la demanda de atención en los hogares, en un momento en el que el sistema sanitario funcionaba al máximo de su capacidad. La evidencia del gran aumento de la inactividad subraya la importancia de facilitar el acceso a las prestaciones dirigidas a las familias de bajos ingresos -en particular a las monoparentales, que son predominantemente femeninas- y a los programas específicos de apoyo a la reincorporación de las mujeres al empleo.

Apoyar las medidas que consideren la perspectiva de género para evitar un aumento de inactividad. Esto incluye informar activamente a las empresas sobre cómo reducir las horas de trabajo, proporcionar alivio a trabajadores y gestionar indemnizaciones de despido para despidos temporales y bajas por enfermedad. Y, lo que es más importante, también hay que garantizar que los independientes puedan acceder a medidas de emergencia, especialmente los que no tienen derecho a un seguro de empleo. Los efectos de las medidas de apoyo más orientadas al futuro, con potencial para reforzar la resiliencia del empleo femenino y apoyar la igualdad de género en el futuro, merecen una minuciosa evaluación. Esto incluye el seguimiento de los resultados de la adopción de la Ley que regula el trabajo a distancia y el teletrabajo y nuevas medidas para empleados con permiso parental.

Considerar la posibilidad de autorizar la reapertura local de centros educacionales en base a una evaluación de las condiciones de infección específicas de la zona. Al permitir que las familias de las zonas menos afectadas vuelvan a escolarizar a sus hijos, dichas aperturas selectivas animarían a un mayor número de mujeres a buscar activamente un empleo, contrarrestando así el aumento de la inactividad en el mercado laboral, lo cual es una prioridad absoluta. Además, estas aperturas selectivas podrían contribuir a aliviar el daño financiero que sufrieron muchos centros educacionales durante los cierres de escuelas.1

Continuar con los esfuerzos para hacer retroceder la aceptación social de la violencia doméstica, destacando cómo este tema afecta a las mujeres en confinamiento. Las importantes medidas para fomentar la introducción de más modos de comunicación electrónicos deben estar complementadas con medidas que garanticen la integración de la prestación de servicios a las víctimas en todas las esferas pertinentes, de modo que todos los organismos públicos que se ocupen de esta cuestión trabajen estrecha y coordinadamente y garanticen un refuerzo del acceso a la justicia durante la crisis. Esto incluye las esferas de la salud, servicios sociales, educación, empleo y justicia.

Más específicamente, todas las medidas de política económica y social mencionadas deben integrarse en esfuerzos más amplios que incorporen una perspectiva de género en las respuestas de los gobiernos a la crisis. A corto plazo, esto significa, en la medida de lo posible, aplicar una perspectiva de género a las políticas de emergencia. A largo plazo, significa que el gobierno ponga en marcha un sistema de integración de la perspectiva de género que funcione y que cuente con un fácil acceso a datos desglosados por sexo en todos los sectores de modo que se pueda evaluar fácilmente sus efectos diferenciales en las mujeres y los hombres.

Referencias

[9] Brújula (2017), IX Encuesta de Acceso y Usos de Internet, Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile , Santiago, https://www.subtel.gob.cl/wp-content/uploads/2018/07/Informe_Final_IX_Encuesta_Acceso_y_Usos_Internet_2017.pdf.

[23] CEAD (2020), Informe de Resultados IV Encuesta de Violencia contra la Mujer en el Ámbito de Violencia Intrafamiliar y en Otros Espacios (ENVIF-VCM), http://cead.spd.gov.cl/centro-de-documentacion/.

[10] ECLAC (2020), The COVID-19 pandemic is exacerbating the care crisis in Latin America and the Caribbean, https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45352/4/S2000260_en.pdf (accessed on 25 January 2021).

[5] ECLAC and ILO (2020), Employment Situation in Latin America and the Caribbean. Employment trends in an unprecedented crisis: policy challenges, https://www.cepal.org/en/publications/46309-employment-situation-latin-america-and-caribbean-employment-trends-unprecedented (accessed on 25 January 2021).

[1] Escobar, P. (2020), “Coronavirus & Gender: The Other Pandemic in Chile. Paula Escobar”, https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=TFQniQmDTpk, https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=TFQniQmDTpk (accessed on 25 January 2021).

[20] Fernandez, J. and K. Lopez (2020), Radiografía a la violencia intrafamiliar en pandemia: la deuda del Estado, https://www.theclinic.cl/2020/08/17/radiografia-a-la-violencia-intrafamiliar-en (accessed on 25 January 2021).

[21] Gandara, F. (2020), Violence Against Women in Chile Intensifies During Pandemic, https://chiletoday.cl/violence-against-women-in-chile-intensifies-during-pandemic/.

[6] Gutierrez, D., G. Martin and H. Nopo (2020), The coronavirus pandemic and its challenges to women’s work in Latin America, http://www.grade.org.pe/en/publicaciones/the-coronavirus-pandemic-and-its-challenges-to-womens-work-in-latin-america/ (accessed on 25 January 2021).

[4] INE (2020), Banco de datos de la Encuesta Nacional de Empleo, http://bancodatosene.ine.cl/.

[3] INE (2020), Boletín estadístico: Empleo trimestral, Instituto Nacinal de Estadísticas, Santiago, https://www.ine.cl/docs/default-source/ocupacion-y-desocupacion/boletines/2020/pa%C3%ADs/bolet%C3%ADn-empleo-nacional-trimestre-m%C3%B3vil-marzo-abril-mayo-2020.pdf?sfvrsn=bf85a27_6.

[19] Infoseguras (2020), #MujeresSeguras – Campaña Regional de prevención de violencia contra las mujeres, https://infosegura.org/2020/09/24/mujeresseguras-campana-regional-de-prevencion-de-violencia-contra-las-mujeres/ (accessed on 25 January 2021).

[8] MINEDUC (2020), Apoyos del Mineduc durante la pandemia del Covid-19, https://www.mineduc.cl/aprendo-en-linea-docente/ (accessed on 2 July 2020).

[11] Ministerio de Desarrollo Social (2017), ADULTOS MAYORES Síntesis de resultados Contenidos, http://www.desarrollosocial.cl (accessed on 18 February 2021).

[12] MinMujEG (2021), Encuesta de Evaluación Rápida sobre el Impacto del COVID-19, https://minmujeryeg.gob.cl/wp-content/uploads/2020/11/Resutados-RGA-Chile_Final-Web.pdf (accessed on 23 March 2020).

[22] MINMUJERyEG (2020), “Ministra Santelices se reúne con Carabineros para abordar aumento de llamadas por violencia”, Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, https://minmujeryeg.gob.cl/?p=40152 (accessed on 2 January 2020).

[15] OEA (2020), COVID-19 en la vida de las mujeres: Razones para reconocer los impactos diferenciados, https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52034/OPSNMHMHCovid19200008_spa.pdf.

[2] OECD (2021), OECD Economic Outlook, Interim Report March 2021, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/34bfd999-en.

[24] OECD (2020), Women at the core of the fight against COVID-19 crisis, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/553a8269-en.

[16] PAHO (2020), COVID-19 y la violencia contra la mujer: Lo que el sector y el sistema de salud pueden hacer, https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52034/OPSNMHMHCovid19200008_spa.pdf.

[17] UN WOMEN (2020), Prevencion de la violencia de las mujeres frente a COVID-19, https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20americas/documentos/publicaciones/2020/05/es_prevencion%20de%20violencia%20contra%20las%20mujeresbrief%20espanol.pdf?la=es&vs=3033.

[18] UNDP (2020), No Safer Place than Home? The Increase in Domestic and Gender-based Violence During COVID-19 Lockdowns in LAC, https://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/en/home/presscenter/director-s-graph-for-thought/no-safer-place-than-home---the-increase-in-domestic-and-gender-b.html (accessed on 25 January 2021).

[14] UNICEF (2020), The impact of COVID-19 on the mental health of adolescents and youth, https://www.unicef.org/lac/en/impact-covid-19-mental-health-adolescents-and-youth.

[13] University of Chile and IMIIMPP (2020), Modos de sentir: experiencia de vida cotidiana en pandemia, https://www.uchile.cl/documentos/vida-en-pandemia-informe-1b-experiencia-frente-a-la-crisis_166860_1_2718.pdf (accessed on 25 January 2021).

[7] Women, UN; ECLAC; (2020), Care in Latin America and the Caribbean during the COVID-19: Towards comprehensive systems to strengthen response and recovery, https://www.cepal.org/en/publications/45917-care-latin-america-and-caribbean-during-covid-19-towards-comprehensive-systems (accessed on 25 January 2021).

Nota

← 1. Cámara de Diputados de Chile (2020), Proyecto de ley que establece normas para el retorno seguro en la educación inicial, en el contexto de la pandemia COVID19, https://www.camara.cl/verDoc.aspx?prmID=14044&prmTIPO=INICIATIVA.

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