Editorial
A lo largo de las dos últimas décadas, la República Dominicana ha logrado notables avances socioeconómicos. Tras una grave crisis económica en 2003-2004, el país se convirtió en una de las economías de América Latina y el Caribe (ALC) con un crecimiento más rápido y, en 2011, alcanzó la condición de país de ingreso medio-alto. La expansión económica se debió fundamentalmente a la estabilidad macroeconómica y a una integración más profunda en la economía mundial, con importantes flujos de inversión extranjera directa, el desarrollo de zonas económicas especiales y el crecimiento del turismo y la minería. La prosperidad económica impulsó mejoras sociales. Los jóvenes dominicanos tienen hoy más probabilidades que hace dos décadas de vivir una vida más larga, de acceder al sistema educativo o de encontrar un trabajo formal.
Sin embargo, siguen existiendo obstáculos: la pobreza todavía afecta a uno de cada cuatro dominicanos, las desigualdades continúan siendo elevadas y persisten debilidades institucionales importantes. Las percepciones de la ciudadanía han mejorado, pero aún un 60% de los ciudadanos cree que el país está gobernado por y para los poderosos. Los impactos del COVID-19 han agravado muchos de estos retos para el desarrollo.
En este contexto, y también como resultado del impacto de la pandemia, es necesario avanzar en una agenda de reformas ambiciosa que permita construir un desarrollo más inclusivo y sostenible, mejorando el bienestar de todos los dominicanos, y respondiendo a los retos y oportunidades que plantean los profundos cambios económicos, geopolíticos y tecnológicos de nuestro tiempo.
Para ello, en el presente Estudio multidimensional de la República Dominicana: Hacia un mayor bienestar, se definen tres áreas esenciales de medidas en materia de política pública. En primer lugar, la creación de mejores empleos, para lo cual es fundamental poner en marcha una estrategia ambiciosa para la formalización laboral, que incluya, entre otros: sistemas de protección social más fuertes y mejor focalizados; mayores apoyos a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) para transitar hacia la formalidad; y una mejora de las competencias de los trabajadores, acompañadas de políticas innovadoras de transformación productiva.
En segundo lugar, el país necesita movilizar más recursos financieros públicos y privados para respaldar las reformas. Los ingresos tributarios continúan siendo bajos y hay margen para lograr una estructura tributaria más progresiva y, al mismo tiempo, aumentar la recaudación, por ejemplo, a través de nuevas modalidades de tributación en la economía verde y digital. La lucha contra la evasión de impuestos y la reducción de aquellas exenciones fiscales que no cumplen con objetivos de eficiencia y equidad son otros ámbitos prioritarios, así como el aumento de la eficacia del gasto público. Al mismo tiempo, la profundización del sistema financiero puede ayudar a canalizar los ahorros hacia actividades productivas y mejorar la inclusión financiera.
En tercer lugar, se debe avanzar en la transformación digital del país, aprovechando este proceso para eliminar brechas socioeconómicas persistentes y asegurándose de que no se generan otras nuevas. Los hogares y las escuelas necesitan un mejor acceso a conexiones y dispositivos de calidad, y a una formación mejorada en lo que a las competencias digitales se refiere. La digitalización de la economía y los mercados laborales debería permitir aumentar la productividad y crear mejores empleos. La aprobación de la Agenda Digital 2030 por parte del Gobierno en 2022 constituye un avance en esa dirección y ofrece un horizonte coherente y estratégico a mediano plazo para orientar las medidas de política pública.
Las reformas conllevan también algunas concesiones y costos. Confío en que este Estudio multidimensional, con su diagnóstico y sus recomendaciones de política pública detalladas, ayudará a generar un amplio consenso acerca del camino a seguir para lograr un mayor bienestar para toda la ciudadanía de la República Dominicana.