Capítulo 3. Indicadores de bienestar para el desarrollo regional

Este capítulo presenta cómo usar los indicadores de bienestar para mejorar el desarrollo regional en la provincia de Córdoba. En particular, se presentan recomendaciones de políticas en tres áreas clave de acción: i) asegurar que los indicadores de bienestar guíen la toma de decisiones futuras, ii) continuar fortaleciendo y modernizando el sistema estadístico provincial para expandir la base y el uso de evidencias y, iii) fortalecer las estructuras de gobernanza para lograr que los resultados de las políticas de desarrollo regional sean más efectivos, eficientes e inclusivos.

    

Introducción: Bienestar en los aglomerados de Córdoba

El análisis presentado en el Capítulo 2 proporciona un análisis del desempeño de los cuatro aglomerados de Córdoba (Gran córdoba, Río Cuarto-Las Higueras, Villa María-Villa Nueva, y San Francisco) con respecto a 30 indicadores que corresponden con 12 distintas áreas de bienestar del marco de la OCDE (Tabla 3.1). Además, se analizó el desempeño de los aglomerados a través de un ejercicio comparativo con respecto a 391 regiones de 36 países de la OCDE y 98 regiones de Brasil, Perú, Colombia y Costa Rica. Asimismo, se puso el foco en analizar las desigualdades que existen por dimensión de bienestar entre los cuatro aglomerados. Las próximas secciones tratan de sintetizar brevemente el análisis detallado del Capítulo 2.

Tabla 3.1. Resultados de los indicadores de bienestar en los aglomerados de Córdoba
Dimensión	Indicador	Aglomerados de Córdoba	Gran Córdoba	Río Cuarto-Las Higueras	Villa María-Villa Nueva	San Francisco
Ingresos	Ingreso familiar*	12755.50	12657.27	12969.99	13092.69	13825.22
	Tasa de exclusión por ingresos*	23.76	24.15	21.48	24.29	22.75
	Índice Gini para ingresos*	0.37	0.37	0.34	0.36	0.36
	Proporción entre quintiles (S80/S20) para ingresos	6.90	7.09	5.66	6.38	6.34
	Brecha de género en ingreso familiar	2294.73	2314.90	2255.05	2115.54	2396.60
Vivienda	Habitaciones por persona*	1.36	1.31	1.58	1.44	1.66
	Viviendas sin servicios básicos**	9.25	10.24	1.97	5.95	11.42
	Costo de la vivienda	29.54	30.11	26.17	29.51	25.50
	Tenencia de la vivienda	63.17	62.71	63.99	64.12	68.13
Empleo	Tasa de empleo (ocupación)*	61.16	60.44	61.67	67.67	65.58
	Tasa de desempleo (desocupación)*	8.40	9.23	5.27	3.37	6.09
	Tasa de desempleo de largo plazo*	3.25	3.69	0.72	1.12	3.32
	Tasa de desempleo de los jóvenes*	24.78	26.60	18.24	10.77	24.75
	Tasa de informalidad	34.04	32.86	39.34	42.30	33.35
	Brecha de género en tasa de empleo*	23.45	24.41	19.26	21.02	15.91
	Brecha de género en tasa de desempleo*	3.56	4.69	-1.03	-1.54	-1.17
	Brecha de género en tasa de desempleo de largo plazo	2.72
	Brecha de género en tasa de desempleo de los jóvenes	14.32
Educación	Logro educativo de los adultos**	73.04	74.18	67.83	67.98	69.29
	Logro educativo de la PEA*	75.20	76.31	71.03	69.54	70.52
	Brecha de género en logro educativo de los adultos**	5.11	4.39	11.03	8.40	1.08
	Brecha de género en logro educativo de la PEA	10.98	10.26	17.76	11.96	8.92
Balance vida-trabajo	Trabajadores con un horario laboral largo**	16.34	15.53	18.34	21.92	19.04
	Desplazamiento residencia-trabajo	5.26	4.69	5.07	13.93	2.96
	Tiempo de desplazamiento al lugar de trabajo	33.28	39.06	12.95	8.94	4.27
	Transporte privado para ir al lugar de trabajo	46.29	42.81	58.35	56.63	71.32
	Transporte público para ir al lugar de trabajo	31.65	37.17	15.04	5.45	2.52
Salud	Esperanza de vida al nacer*	75.99	76.36	74.56	73.92	76.13
	Tasa de mortalidad infantil*	8.11	8.04	8.09	9.41	7.64
	Salud percibida**	82.86	83.27	83.95	75.03	84.54
	Brecha de género en salud percibida**	5.95	5.86	6.27	8.55	5.78
	Brecha de género en esperanza de vida	5.79	5.60	5.89	6.61	7.73
Medio ambiente	Contaminación del aire *	15.18
Seguridad personal	Tasa de homicidios*	3.56	3.54	4.21	2.48	4.11
Compromiso cívico y gobernanza	Participación electoral*	77.72	77.72	78.67	77.02	76.59
	Voluntariado**	12.29	10.38	19.81	20.59	20.22
Acceso a servicios	Hogares con acceso a internet*	67.89	67.76	67.24	68.78	70.76
Comunidad y apoyo social	Red de apoyo social percibida*	96.98	96.89	98.60	95.59	96.90
Satisfacción con la vida	Satisfacción ante la vida*	7.48	7.40	7.80	7.78	7.69
* Disponible para la mayoría de las regiones y países de la OCDE.
** Disponible solo para los promedios de los países de la OCDE.
Nota: Las brechas de género se refieren a la diferencia simple entre el indicador para mujeres y el indicador para hombres, con excepción de los indicadores de tasa de empleo y salud percibida, donde se refieren a la diferencia entre el indicador para hombres y el indicador para mujeres.

Fortalezas y retos de los aglomerados de Córdoba

Los aglomerados de Córdoba obtuvieron muy buenos resultados en comparación a las regiones TL2 de la OCDE en Comunidad y apoyo social y Satisfacción con la vida:

• Comunidad y apoyo social: Con alrededor de 97% de la población encuestada declarando contar con algún amigo o familiar en caso de dificultades, los aglomerados de Córdoba se sitúan en el top 5% de las regiones de la OCDE y en el primer lugar de las regiones Latinoamericanas en esta dimensión del bienestar.

• Satisfacción con la vida: El promedio de satisfacción con la vida en los aglomerados de Córdoba es de 7.5 (en una escala del 0 al 10, donde 10 es la mayor satisfacción), por encima del promedio de la OCDE (6.7), y mayor al reportado en 84% (324 de 385) de las regiones. Este nivel es muy similar al promedio en Suiza y los Países Bajos; en comparación con los países latinoamericanos, solo diez regiones en México y la región de Aysén en Chile tienen puntaciones de satisfacción con la vida más altas que los aglomerados de Córdoba

Para otras dimensiones como Empleo, Educación o Compromiso cívico y gobernanza se observan niveles parecidos a los registrados en otras regiones de la OCDE:

• Empleo: el desempeño en empleo es muy similar al de la OCDE y los países latinoamericanos, pero existe una brecha de género. Las tasas de empleo y desempleo (total, de largo plazo y de los jóvenes) en los aglomerados de Córdoba son muy cercanas al promedio de las regiones TL2. Los aglomerados de Córdoba muestran una brecha de género en tasa de empleo de 23.5 puntos porcentuales, 10 puntos por encima del promedio de la OCDE. Sólo algunas regiones de Grecia, Italia, Chile, Perú, Brasil y Colombia y la mayoría de las regiones de México y Turquía tienen una brecha de género en tasa de empleo mayor que los aglomerados de Córdoba.

• Educación: el desempeño de los aglomerados está ligeramente por debajo del promedio de la OCDE, pero en realidad es alto si se les compara con los países latinoamericanos. En logro educativo de los adultos, los aglomerados de Córdoba presentan niveles superiores al promedio país de Chile, Colombia, Brasil, Costa Rica y México. De igual forma, los niveles de educación de la Población Económicamente Activa (PEA) en Córdoba se clasifican en el top 1% de las regiones de Chile, Colombia, Brasil, Costa Rica y México (tan solo ligeramente por debajo de la región chilena de Antofagasta).

• Compromiso cívico y gobernanza: los aglomerados de Córdoba muestran altos niveles de participación ciudadana a través del voto – 78% de participación electoral, superando al 75% de las regiones OCDE. Sin embargo, el indicador de Voluntariado revela que tan solo 12% de las personas de 18 a 64 años de edad se involucran en actividades de voluntariado (p.ej. beneficencia, ONGs, sindicatos, cooperativa escolar, etc.). Este nivel de compromiso está por debajo del promedio país para Chile (en casi 5 puntos porcentuales) pero es más alto que el promedio país para México (en alrededor de 6.5 puntos porcentuales).

En ingresos, vivienda, seguridad, balance vida-trabajo, acceso a servicios y medio ambiente, los aglomerados de Córdoba están por debajo del promedio de la OCDE:

• Ingresos: por debajo del promedio de la OCDE, pero por encima de sus pares latinoamericanos. El ingreso promedio anual de los hogares en los aglomerados de Córdoba para 2018 fue de USD 12 756 PPA (a precios de 2010), equivalente al 80% del promedio de la OCDE, y menor que el 60% (191 de 319) de las regiones de la OCDE. Sin embargo, en el contexto latinoamericano, los aglomerados de Córdoba están por encima de los niveles mostrados por todas las regiones de México y Chile. Además, los aglomerados de Córdoba tienen bajos niveles de exclusión monetaria relativa. Mientras que, en promedio, las regiones de la OCDE muestran que alrededor de un tercio de su población vive con ingresos por debajo de la línea de exclusión relativa (60% del ingreso medio de la región), en los aglomerados de Córdoba, solo el 23.76% de la población vive por debajo de esa línea. Los aglomerados se desempeñan mejor en este indicador que el 87% (268 de 307) de las regiones de la OCDE.

• Vivienda: El espacio de la vivienda medido como habitaciones por persona es inferior al 74% (316 de 413) de las regiones observadas (Córdoba: 1.36 habitaciones por persona; promedio en la OCDE: 1.8 habitaciones por persona). El número promedio de habitaciones en los aglomerados de Córdoba es muy similar al promedio país de Turquía y más alto que en todas las regiones de Hungría, Israel, Estonia, México, República Eslovaca y Polonia. Además, el porcentaje de la población que habita viviendas sin un inodoro privado interior con drenaje conectado al alcantarillado o a un tanque séptico es de 9.2% en los aglomerados de Córdoba, contra un 2.1% en los países de la OCDE.

• Seguridad: La tasa de homicidios en los aglomerados de Córdoba es de 3.56 por cada 100 000 habitantes. Esta tasa es muy similar al promedio de Alemania, y más alta que la de 296 de las 391 regiones de la OCDE. Sin embargo, la tasa de homicidios en los aglomerados de Córdoba es una de las más bajas en comparación con las regiones de Chile, Colombia, México y Perú, solo presentando una tasa menor 3 regiones latinoamericanas (de 105).

• Balance vida-trabajo: En los aglomerados de Córdoba, el 16% de los empleados trabajan 50 horas o más por semana, aproximadamente 4 puntos porcentuales por encima del promedio de la OCDE. Sin embargo, se debe señalar que la proporción de empleados que trabajan jornadas largas es mayor en todas las regiones mexicanas, con la excepción de Jalisco, que se desempeña de manera similar a los aglomerados de Córdoba.

• Acceso a servicios: Alrededor del 68% de los hogares en los aglomerados de Córdoba tienen acceso a internet, 6 puntos porcentuales por debajo del promedio de la OCDE de 74%. Alrededor de las tres cuartas partes (288 de 387) de las regiones de la OCDE tienen un mayor porcentaje de hogares con acceso a internet. Sin embargo, Brasil, Chile y México tienen un nivel de acceso a internet promedio más bajo que los aglomerados de Córdoba.

• Medio ambiente: La provincia de Córdoba se enfrenta a una exposición promedio a PM2.5 de 15.2 μg/m3, por encima de los límites establecidos por la OMS. Este nivel está ligeramente por encima del promedio de la OCDE (13 μg/m³) y el promedio de Argentina (14.2 μg/m³), y es el valor medio de las 23 provincias argentinas y la ciudad de Buenos Aires (clasificado en la posición 12 de 24).

Disparidades en bienestar entre aglomerados de Córdoba

El análisis de los resultados de los indicadores de bienestar por aglomerado y por dimensión de bienestar, revela donde se encuentran las brechas entre aglomerados tanto en condiciones materiales como en calidad de vida.

Condiciones materiales

Las diferencias entre aglomerados en cuanto a los ingresos brutos anuales de los hogares son relativamente pequeñas (apenas 9%), mientras que las medidas de distribución del ingreso varían según el aglomerado. Los indicadores de exclusión monetaria relativa (24.15%), el índice de Gini (0.37) y el índice de participación en el quintil (7.09) muestran que Gran Córdoba es el aglomerado que se enfrenta a los mayores desafíos en términos de igualdad económica, mientras que Río Cuarto-Las Higueras es el aglomerado con el mejor desempeño en términos de exclusión monetaria relativa (21.48%), el índice de Gini (0.34) y el índice de participación en el quintil (5.66).

Se observan grandes desigualdades entre los aglomerados de Córdoba, principalmente en las viviendas sin indicador de instalaciones básicas, aunque también se observan diferencias en otros indicadores de vivienda. Mientras que en Río Cuarto-Las Higueras solo el 2% de las personas vive en viviendas sin acceso a un inodoro privado interior conectado a las líneas de alcantarillado o a un tanque séptico (similar al promedio de la OCDE), en San Francisco esta cifra aumenta a 11.4% (principalmente debido a la existencia de numerosas viviendas que no están conectadas a las líneas de alcantarillado o a un tanque séptico). Por otro lado, San Francisco es el aglomerado con mejor desempeño en términos de espacio de vivienda, tenencia y gasto en vivienda.

Se observan grandes disparidades entre los aglomerados en el acceso al mercado laboral de las mujeres, el desempleo juvenil y la tasa de informalidad. Mientras que en San Francisco y Río Cuarto-Las Higueras la brecha de género en desempleo es cercana a cero, en Gran Córdoba la tasa de desempleo es 4.7 puntos porcentuales más alta para las mujeres que para los hombres. En cuanto al desempleo juvenil, Villa María-Villa se sitúa cerca del 11%, mientras que Gran Córdoba muestra tasas del 27%. Por otro lado, Villa María-Villa Nueva es el aglomerado que peor desempeño tiene en la informalidad, con alrededor del 40% de sus empleados careciendo de algún tipo de plan de pensiones, 10 puntos porcentuales más que en Gran Córdoba, el aglomerado con la mejor puntuación para esto indicador.

Calidad de la vida

Se observan algunas discrepancias entre aglomerados en términos de balance vida-trabajo. Mientras que en Gran Córdoba tan solo el 15.5% de los trabajadores declaran trabajar largas jornadas, este número se eleva hasta un 21.92% en Villa María-Villa Nueva. Además, el 39% de los habitantes de Gran Córdoba tarda más de 30 minutos en llegar a su lugar de ocupación principal, mientras que tan solo el 4% de los habitantes de San Francisco incurre en esto.

También se encuentran disparidades entre aglomerados en los indicadores de salud y acceso a internet. Si bien la tasa de mortalidad infantil es de 7.6 en San Francisco, aumenta a 9.4 en Villa María-Villa Nueva. La diferencia entre los aglomerados con las puntuaciones de salud percibida más alta y más baja es de 9 puntos porcentuales (entre Río Cuarto-Las Higueras y Villa María-Villa Nueva). Por último, en algunos casos, la brecha de género en salud percibida en los aglomerados varía considerablemente. Aunque los hombres tienden a considerarse más saludables que las mujeres, existen algunas variaciones entre los aglomerados. Por ejemplo, la brecha de género en la salud percibida en San Francisco es cercana a los 5.5 puntos porcentuales (niveles más similares de salud percibida entre hombres y mujeres), mientras que esta brecha de género es significativamente positiva y cercana a 9 puntos porcentuales en Villa María-Villa Nueva (los hombres informan que están en mejor salud que las mujeres). El acceso a la tecnología varía significativamente entre los aglomerados de Córdoba. Mientras que el 71% de los hogares de San Francisco cuentan con acceso a internet, el porcentaje se reduce al 67% de las viviendas de Río Cuarto-Las Higueras.

Para la dimensión de compromiso cívico y gobernanza, el indicador de voluntariado muestra discrepancias entre aglomerados. Se observa que los niveles de participación a través del voluntariado disminuyen a medida que aumenta el tamaño del aglomerado en términos de población; siendo Gran Córdoba el aglomerado de menor desempeño en este indicador (10.4%), mientras que San Francisco y Villa María-Villa Nueva aparecen con niveles de alrededor del 20%.

Áreas prioritarias para mejorar el desempeño en bienestar

El análisis del desempeño de bienestar de los aglomerados de Córdoba respecto a las regiones OCDE muestra que existen retos comunes a todos los aglomerados, principalmente en las áreas de ingresos, vivienda, seguridad, balance vida-trabajo, y acceso a servicios de internet. Mientras que los aglomerados se encuentran entre las regiones con mejor desempeño en desigualdad, el nivel de ingresos brutos de las familias se registra por debajo del promedio. El espacio, calidad y asequibilidad de la vivienda (costo del alquiler) también son retos comunes. En cuanto a seguridad, aunque no existe una crisis de violencia como en otros países de Latinoamérica, si se encuentran niveles superiores al de la mayoría de las regiones de la OCDE. Además, muchos trabajadores cuentan con jornadas largas y el acceso a internet en los aglomerados se sitúa más de diez puntos porcentuales por debajo de la media OCDE.

Cuando se analizan por aglomerado los resultados de los indicadores de bienestar, se observa que existen disparidades entre los aglomerados en áreas como distribución de ingresos, vivienda, empleo, balance vida-trabajo, salud, acceso a servicios de internet o compromiso cívico y gobernanza. Por ejemplo, en el balance vida-trabajo, mientras que el 15.5% de los trabajadores en Gran Córdoba dicen que trabajan jornadas largas, esta cifra se eleva al 21.92% en Villa María-Villa Nueva.

Existen tres áreas de acción en las que la provincia debería hacer hincapié para mejorar los resultados de bienestar:

• En primer lugar, asegurar que los indicadores de bienestar guíen la toma de decisiones futuras. A la luz del desempeño de los aglomerados, el objetivo principal debe ser incorporar las métricas de bienestar en todos los niveles de gobierno, especialmente a nivel provincial, para informar y guiar la toma de decisiones. De hecho, los indicadores de bienestar pueden ayudar a la administración provincial a establecer objetivos de desarrollo regional que sean medibles, definir indicadores de bienestar multidimensionales para gestionar las complementariedades entre las distintas áreas de políticas, rediseñar las prioridades de inversión pública y vincular los programas sociales existentes con los resultados de bienestar.

• En segundo lugar, continuar fortaleciendo y modernizando el sistema estadístico provincial para expandir la base y el uso de evidencias. La Encuesta de Bienestar de 2018 es una fuente importante de datos nuevos para los cuatro aglomerados de la provincia de Córdoba. En el futuro, la Encuesta de Bienestar podría ampliar su alcance geográfico a ciudades secundarias y áreas rurales a través de métodos alternativos y menos costosos. Por ejemplo, el uso de registros administrativos tiene un gran potencial para ampliar la disponibilidad de datos para algunas dimensiones de bienestar, mientras que la agenda de datos abiertos, actualmente en curso, puede mejorar la confianza y la rendición de cuentas del gobierno provincial.

• En tercer lugar, fortalecer las estructuras de gobernanza para lograr que los resultados de las políticas de desarrollo regional sean más efectivos, eficientes e inclusivos, concretamente: a través de la creación de un registro único de beneficiarios de programas sociales para hacer más eficiente la implementación operativa de programas sociales; aumentar la cooperación entre el nivel provincial y municipal promoviendo el establecimiento de una asociación de autoridades locales que integre a los presidentes de las comunidades regionales; fomentar la cooperación intermunicipal para lograr economías de escala que aseguren que los servicios se presten de manera más eficiente; y garantizar la continuidad del marco de bienestar a través de los ciclos políticos.

Utilización de los indicadores de bienestar para fortalecer la estrategia de desarrollo regional sostenible en la provincia de Córdoba

La utilización del marco de bienestar para fomentar el desarrollo regional tiene numerosos beneficios. Estos incluyen: entender las dimensiones del bienestar y sus interacciones; tener un panorama del desempeño de una ciudad o región en cuanto a bienestar y detectar diferencias entre distintas áreas; fomentar el diálogo entre los distintos ministerios ayudando a superar silos y promover la creación de políticas complementarias; medir el desempeño en términos de impacto de políticas y programas en el bienestar de las personas (resultados); además de promover el diálogo sobre objetivos que no se han alcanzado.

Sin embargo, el reto es lograr que los indicadores de bienestar sean utilizados para la toma de decisiones. Una estrategia de desarrollo regional ligada a indicadores de bienestar puede apoyar a que los ministerios diseñen políticas integrales, es decir, que tengan en cuenta las complementariedades entre áreas de bienestar, y de las cuales emanen los proyectos y programas sectoriales. También puede ayudar a establecer prácticas de monitoreo y evaluación. Por último, permite aumentar la rendición de cuentas ya que se puede evaluar anualmente el cumplimiento de las metas fijadas.

Para fortalecer su estrategia de desarrollo regional, la provincia de Córdoba debería implementar cuatro acciones fundamentales:

1. 1. Continuar los esfuerzos para vincular los objetivos de desarrollo regional con las métricas de bienestar, a fin de monitorear y evaluar la acción pública. En Córdoba, los tres pilares sobre los que giran las acciones del gobierno, Justicia social, Crecimiento económico sostenible y Fortalecimiento de las instituciones están claros, y los indicadores de bienestar podrían contribuir a monitorear si los objetivos de gobierno se van cumpliendo.

2. 2. Utilizar indicadores inter-dimensionales para gestionar las complementariedades entre áreas de políticas de bienestar. Las complementariedades entre las dimensiones del bienestar se pueden medir, al menos parcialmente, mediante indicadores inter-dimensionales. Estos indicadores dan cuenta de dos dimensiones de bienestar al mismo tiempo al medir resultados específicos por grupo social o por individuo que comparte un resultado similar en otra dimensión. Por ejemplo, la proporción de personas que declaran tener baja salud entre las personas que tienen bajos ingresos. Estos indicadores se pueden utilizar para fijar metas comunes a ministerios que tienen áreas de bienestar complementarias y para evaluar el impacto en el desempeño de la provincia.

3. 3. Avanzar en el monitoreo de cómo los programas sociales provinciales contribuyen a los resultados de bienestar y ayudan a alcanzar las metas establecidas en la estrategia de desarrollo regional. Actualmente, se les supone a los programas de bienestar la contribución a una o varias de las tres áreas clave de prioridad del gobierno: Justicia social, Crecimiento económico sostenible y el Fortalecimiento de las instituciones. Sin embargo, podría existir un mayor esfuerzo para monitorear cómo los programas sociales contribuyen a los resultados de bienestar.

4. 4. Considerar el uso de criterios multidimensionales para asignar fondos públicos. Existen varios fondos provinciales dedicados al desarrollo regional a nivel municipal. Estas inversiones podrían enfocarse mediante el uso de reglas basadas en criterios de bienestar multidimensionales.

Vincular los indicadores de bienestar con las metas de desarrollo regional

Observaciones

La OCDE (2016a) destacó que la provincia no tenía una estrategia de desarrollo formal basada en resultados. La falta de planificación estratégica formal fue uno de los principales desafíos identificados para la provincia, ya que hace que sea más difícil medir, monitorear y evaluar los resultados de las políticas y los programas.

La provincia lanzó un proceso en 2016 para definir una estrategia de desarrollo regional a través de la utilización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Esto implica definir objetivos concretos para la provincia de Córdoba y determinar qué programas sociales contribuyen a alcanzar esos objetivos. La provincia publica anualmente esta información en la Memoria de Gestión de Gobierno. La Provincia de Córdoba tiene tres ejes clave que se describen en la Memoria de Gestión de Gobierno, Justicia social, Crecimiento económico sostenible, y Fortalecimiento de las instituciones. El gobierno provincial enfatiza en las Memorias de Gestión de 2016, 2017 y 2018 que la sostenibilidad es un principio clave que guía las acciones del gobierno, y cuyo objetivo es construir un "Estado sostenible" que permita a todos los ciudadanos de la provincia disfrutar de una mejor calidad de vida.

Áreas de mejora

La evaluación de los resultados de bienestar de los aglomerados de Córdoba, muestra brechas en algunas dimensiones que podría inspirar metas a largo plazo para la estrategia de desarrollo regional. Entre los retos más acuciantes se encuentran las dimensiones de Ingresos, Vivienda, Seguridad, Balance vida-trabajo y Acceso a servicios, donde existen importantes brechas que cerrar con respecto a las regiones de la OCDE. La provincia de Córdoba podría fijar objetivos de desarrollo regional concretos en base a sus tres pilares prioritarios (justicia social, crecimiento económico sostenible y fortalecimiento de las instituciones) utilizando los indicadores de bienestar. Estos objetivos deberían estar enmarcados dentro de una estrategia de desarrollo regional a medio o largo plazo (5-10 años).

El Marco de Bienestar de la OCDE es un medio para alcanzar objetivos de políticas, como podrían ser aquellos recogidos en los ODS de la Agenda 2030. La provincia ya ha iniciado un proceso de vinculación conceptual de cómo las acciones del gobierno provincial contribuyen a alcanzar la Agenda 2030. En 2017, la Memoria de Gestión Gubernamental de Córdoba alineó, por primera vez, los 17 ODS a los ejes estratégicos del gobierno (Tabla 3.2). El objetivo actual de la provincia de Córdoba es seguir un camino coherente que vincule el marco de bienestar con los ODS con el objetivo final de promover la inclusión social en la provincia. Por esta razón, la provincia decidió priorizar los ODS sociales (por ejemplo, ODS del 1 al 5 y el 10) y analizar cómo los otros ODS económicos y ambientales tienen un impacto en la inclusión social. Esto también es coherente con los tres ejes del gobierno, donde el desarrollo económico sostenible y el fortalecimiento de las instituciones apoyan al pilar de la justicia social.

Acciones

Continuar con los esfuerzos actuales para desarrollar una estrategia regional a medio-largo plazo basada en objetivos medibles, definidos utilizando los indicadores de bienestar y alineados con los ODS. La evaluación de los resultados de bienestar de los cuatro aglomerados de la provincia de Córdoba se debería utilizar para establecer objetivos realistas y realizables. También puede ayudar para diseñar políticas y programas para alcanzar estos objetivos y priorizarlos según los resultados de cada aglomerado. La estrategia debe seguir un enfoque basado en el lugar, teniendo también en cuenta las diferencias existentes en los resultados de bienestar entre los aglomerados.

Tabla 3.2. Prioridades de desarrollo regional y ODS
Prioridad de desarrollo	Descripción	ODS vinculadas	Dimensiones de Bienestar de la OCDE
Justicia Social	Elemento esencial del enfoque de gestión provincial, en el cual se basan una gran cantidad de políticas públicas del Gobierno. Las iniciativas, programas y planes enmarcadas dentro de este eje de gestión, están orientadas a las personas, con especial énfasis en las familias cordobesas, para que puedan desarrollar todo su potencial con dignidad e igualdad de oportunidades.	Familia / Personas ODS 1: Fin de la pobreza ODS 2: Hambre cero ODS 3: Salud y bienestar ODS 4: Educación de calidad ODS 5: Igualdad de género ODS 10: Reducción de las desigualdades	Ingresos Vivienda Educación Salud Seguridad Satisfacción con la vida
Crecimiento Económico Sostenible	Medio mediante el cual se promueve el progreso y el bienestar de todos los cordobeses. Se concentran iniciativas, programas y planes que buscan impulsar la prosperidad cuidando nuestro planeta a partir del fortalecimiento de la infraestructura que permita un desarrollo productivo y responsable, potenciado por la innovación y acompañado por la generación de trabajo digno. Un desarrollo respetuoso del ambiente que promueve la utilización de energías limpias y renovables.	Planeta ODS 6: Agua y Saneamiento ODS 12: Producción y consumo Responsables ODS 13: Acción por el clima ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres Prosperidad ODS 7: Energía asequible y no contaminante ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico ODS 9: Industria, innovación e infraestructura ODS 11: Ciudades y comunidad sostenibles	Empleo Acceso a servicios Medio Ambiente Balance Vida-Trabajo
Fortalecimiento de las Instituciones	Permite garantizar las condiciones necesarias para potenciar la acción de gobierno y desarrollar la mejora pública. Este eje de gestión motiva todas las iniciativas, programas y planes que promuevan las alianzas y la paz para lograr así instituciones abiertas, sólidas, dinámicas e inteligentes que permitan identificar las necesidades de las personas, en el menor tiempo posible y de la mejor manera.	Asociaciones y Paz ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos	Compromiso cívico y gobernanza Comunidad y apoyo social
Fuente: Adaptado de la Gobierno de la provincia de Córdoba (2017), Memoria de Gestión Gubernamental (2017), https://datosgestionabierta.cba.gov.ar/?q=memoria (consultado en julio 2018).

La Memoria de Gestión puede ser utilizada para monitorear el progreso de la implementación de la estrategia (cuenta con la validación y acreditación de la Global Report Initiative1). Otras regiones tienen experiencias similares en el uso de los indicadores para monitorear la consecución de los objetivos estratégicos. En el Estado de Morelos (México), el gobierno mide el progreso hacia las metas de su Plan Estatal de Desarrollo con los indicadores de bienestar. La región del Sur de Dinamarca monitorea el bienestar de sus ciudadanos con un conjunto de indicadores socioeconómicos y de percepción (Recuadro 3.1).

Recuadro 3.1. Experiencias en vincular el desarrollo regional con indicadores de bienestar

En el Estado de Morelos se utilizan los indicadores de bienestar para evaluar los avances anuales de la implementación del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018. Para cada indicador se estableció una línea base y se monitorea el avance al menos una vez al año. La Subsecretaría de Planeación del Gobierno del Estado, elaboró reportes anuales de avance en el cumplimiento de las metas del Plan Estatal de Desarrollo, en el que se incluye un semáforo de cumplimiento, que de manera sencilla ayuda a identificar si el nivel de cumplimiento es el esperado (de acuerdo a una proyección lineal de avance en el logro de las metas). Por ejemplo, si en el tercer año se logra un nivel de avance del 50% con respecto a la meta sexenal, quiere decir que tiene un cumplimiento efectivo ese año del 100%, ya que el avance va de acuerdo a lo planeado. Se califica verde si el nivel de avance anual es mayor al 85%, amarillo si el avance se encuentra entre 60 y 85%, y rojo si es menor al 60%. Estos resultados, se presentan en reuniones de gabinete y con las áreas técnicas de planeamiento de las secretarías, lo que contribuye a que dicha información se tome en cuenta para mejorar los programas públicos existentes diseñados para lograr dichas metas.

La Región del Sur de Dinamarca ha desarrollado un conjunto integral de indicadores de bienestar sobre los factores individuales y territoriales que mejoran el bienestar de las personas. El objetivo principal es crear buenas circunstancias para la "buena vida" y centrarse en los aspectos que son más relevantes para las personas y donde los resultados se pueden lograr a través de políticas públicas. En apoyo de la estrategia de crecimiento y desarrollo regional plurianual del sur de Dinamarca, la región evalúa las oportunidades de vivir una "buena vida" midiendo una amplia variedad de condiciones materiales y de calidad de vida a través de 15 indicadores socioeconómicos y 25 indicadores de percepción. El anuario estadístico regional, Kontur, integra indicadores de bienestar que proporcionan un perfil detallado para cada uno de los 22 municipios de la región. La región, en asociación con la Oficina Nacional de Dinamarca y basada en 20 000 entrevistas (alrededor de 1 000 por municipio), trata de comprender qué es lo que facilita la vida de sus habitantes. La identificación de los indicadores no es el único paso dado por la región, que ya está trabajando para fomentar la participación ciudadana y traducir dichos indicadores en acciones políticas concretas.

Fuente: Contribución del par evaluador del Estado de Morelos; OECD (2016b), Well-being in Danish Cities, https://doi.org/10.1787/9789264265240-en.

Gestionar complementariedades entre distintas dimensiones de bienestar

Observaciones

El marco de bienestar regional puede ayudar a coordinar y mejorar complementariedades entre las políticas de bienestar. Examinar el bienestar desde una perspectiva subnacional ayuda a entender y beneficiarse de las complementariedades entre las dimensiones de las políticas, debido a que la relación entre los ciudadanos y los tomadores de decisión es más estrecha. Por ejemplo, en el caso de Córdoba, el acceso a servicios públicos como el transporte está íntimamente relacionado con la dimensión de balance vida-trabajo. Un servicio de transporte público eficiente puede reducir el tráfico y por consiguiente el tiempo necesario para desplazarse desde el hogar al trabajo. Otro dominio donde las complementariedades son altas es la política ambiental, que está relacionada con casi todas las demás áreas de políticas (desarrollo económico, salud, transporte, etc.).

Áreas de mejora

Las complementariedades entre las dimensiones del bienestar se pueden medir, al menos parcialmente, mediante indicadores inter-dimensionales. Estos indicadores son la combinación de dos dimensiones de bienestar, donde el primero se mide a lo largo de la distribución del segundo. La principal ventaja de estas medidas es el monitoreo de las complementariedades entre las políticas y las dimensiones del bienestar, así como la observación de temas específicos o grupos de personas. Por ejemplo, la proporción de hogares que dedican el 30% o más de sus ingresos al consumo de electricidad permite explorar las complementariedades entre ingresos y la dimensión ambiental (consumo de electricidad). La hipótesis subyacente podría ser que el ingreso del hogar puede afectar el consumo de electricidad (por ejemplo, un hogar más rico puede permitirse tecnologías más ecológicas y más costosas, etc.).

Los indicadores inter-dimensionales son una herramienta útil para el diseño y monitoreo de una estrategia de desarrollo regional por varias razones:

• Se pueden utilizar para fijar metas comunes a distintos ministerios que tienen áreas de políticas complementarias y así fomentar el diálogo y la coordinación entre ellos. Además, proporcionaría evidencias del impacto que las políticas implementadas por un ministerio pueden tener sobre el resultado global del indicador.

• Cuando se calculan a lo largo de una serie temporal, estos indicadores pueden otorgar una métrica aproximada de cómo pueden haberse complementado políticas de distintas áreas de bienestar y cuál ha sido su impacto en el desempeño de la provincia.

Acciones

La provincia podría desarrollar indicadores inter-dimensionales que ayuden a obtener más información en aquellas áreas de bienestar donde enfrenta mayores retos. El análisis presentado en el Capítulo 2 deja de relieve que ingresos, la desigualdad de género en algunas áreas como empleo o ingresos brutos del hogar, vivienda o balance vida-trabajo son dimensiones del bienestar en las que la provincia se encuentra por debajo del promedio OCDE. Se podría complementar la lista de 30 indicadores de bienestar que ya se calculan en el marco multidimensional utilizado para los aglomerados de Córdoba con nuevas métricas que se concentren en evaluar las políticas o programas que puedan tener un impacto en varias de las dimensiones de bienestar. La Tabla 3.3 presenta una breve lista de indicadores de bienestar inter-dimensionales que podrían ser de interés para la provincia.

Tabla 3.3. Ejemplos de indicadores inter-dimensionales de bienestar
Indicador	Dimensiones de bienestar
Ingreso de los trabajadores con horario laboral largo	Ingreso, Balance Vida-Trabajo
Desempleo de mujeres y nivel educativo	Trabajo, Educación
Horas destinadas al ocio, actividades recreativas y familia	Balance vida-trabajo y Satisfacción con la vida
Habilidades cognitivas de la PEA	Educación y Empleo
Conectividad transporte publico	Acceso a servicios, Medio ambiente, Balance vida-trabajo

Una propuesta de indicadores inter-dimensionales para Córdoba debe adaptarse a las prioridades de desarrollo regional de la provincia y a las necesidades de los actores provinciales. El gobierno de Córdoba podría organizar una consulta con los ministerios, agencias, grupos de funcionarios públicos (p.ej. gremios de enfermeros, profesores o trabajadores sociales), así como de organizaciones sin fines de lucro, para definir qué indicadores inter-dimensionales podrían contribuir a una mejor comprensión de las relaciones críticas entre ciertas dimensiones de bienestar. Por ejemplo, se podría consultar con representantes de los sectores económicos, de educación y salud para desentrañar las causalidades y efectos entre hogares con bajos ingresos y los resultados de la salud y educación de los niños.

Vincular los programas sociales a los indicadores de bienestar

Observaciones

En la actualidad, la Memoria de Gestión de Gobierno sirve para esbozar las prioridades gubernamentales y seguir los avances de los programas sociales implementados en la provincia. La Memoria incluye una “ficha” para cada programa que detalla: contribución a eje de gestión prioritario (Justicia social, Crecimiento económico sostenible, Fortalecimiento institucional), autoridad competente dentro del gobierno provincial, los beneficiarios, recursos asignados, y productos o servicios prestados.

Tabla 3.4. Tipos de indicadores de monitoreo de políticas y programas
Tipo de Indicador	Descripción	Ejemplos de la Memoria de Gestión
Insumos	Los indicadores de insumos se utilizan para medir la cantidad de recursos asignados a una política o programa. Los indicadores de entrada pueden proporcionar una medida del esfuerzo que se dedica a la implementación. El papel de los indicadores de insumo en el monitoreo se limita a proporcionar información sobre la intensidad con la cual se aplica una política.	Programa Salas Cuna: Total de Cajas, Total pañales, Número de trabajadores sociales PAICOR: Número de Colaboradores, Transferencia Mensual Programa Integral de Infraestructura Gasífera: N.A. (no hay indicador en la memoria)
Rendimiento	Los indicadores de rendimiento monitorean la eficiencia con la que se ejecutan las políticas. Los indicadores de rendimiento miden las cantidades que produce una política para alcanzar sus objetivos, pero no avanzan hacia los objetivos mismos.	Programa salas cuna: Cantidad de visitas al mes de trabajadores sociales PAICOR: Número de raciones diarias Programa Integral de Infraestructura Gasífera: km de gasoductos construidos
Resultados	Los indicadores de resultados se usan para monitorear la efectividad de las políticas o programas en el logro de sus objetivos. Ayudan a comprender si las políticas están bien diseñadas en vista de sus objetivos. Los resultados son la motivación subyacente detrás de las políticas, pero en la mayoría de los casos solo pueden verse afectadas por la producción de productos.	Programa salas cuna: Mujeres pudieron salir a trabajar o terminar el colegio PAICOR: Niños/as y jóvenes que obtienen una alimentación adecuada y nutritiva mientras estudian Programa Integral de Infraestructura Gasífera: Cordobeses que se beneficiaron de la infraestructura gasífera
Fuente: Schumann, A. (2016), “Using Outcome Indicators to Improve Policies: Methods, Design Strategies and Implementation”, https://doi.org/10.1787/5jm5cgr8j532-en; Gobierno de la provincia de Córdoba (2017), Memoria de Gestión Gubernamental (2017), https://datosgestionabierta.cba.gov.ar/?q=memoria (consultado en julio 2018).

Áreas de mejora

Por el momento, los resultados de los programas presentados en la Memoria no sirven para evaluar el impacto. Los indicadores utilizados están relacionados con “insumos”, “rendimiento”, y en algunos casos, “resultados”. Estos indicadores son útiles para aumentar la transparencia y rendición de cuentas del gobierno provincial. Sin embargo, no sirven para tener una guía sobre si el programa tiene un impacto o no en el bienestar de las personas o si contribuye al logro de los objetivos del gobierno.

Acciones

La provincia de Córdoba podría monitorear cómo los programas sociales contribuyen a los resultados de bienestar. Por ejemplo, el Estado de Morelos (México) creó Sistema Estatal de Monitoreo y Evaluación, coordinado por la Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social (COEVAL). En esta plataforma pública se encuentra el Catálogo Estatal de Programas Sociales (CEPS) integrado por 52 Programas Sociales en la que se presenta la siguiente información: diagnóstico, indicadores de resultados, padrón de beneficiarios, evaluaciones que se han realizado sobre el programa, y recomendaciones para mejorar los programas.

Priorización de inversiones públicas con indicadores de bienestar

Observaciones

El desarrollo del marco de bienestar regional en Córdoba ha sido liderado por la Secretaría General de Gobernación, lo que implica que será necesario el diálogo con otras contrapartes del gobierno para poder influir en las prioridades presupuestarias. Aunque una fuerte conexión con el proceso de diseño presupuestario puede facilitar el impacto de los marcos de bienestar, no todos los gobiernos implementan los marcos de bienestar desde los Ministerios de Finanzas. Por lo tanto, una de las claves es la construcción de relaciones sólidas con los departamentos que toman decisiones sobre la asignación de los presupuestos (Carnegie UK Trust, 2016).

La estructura gubernamental de Córdoba puede favorecer el vínculo entre la toma de decisiones de políticas y las mediciones de bienestar. La DGEyC (Departamento General de Estadística y Censos) rinde cuentas a la Secretaría General de Gobernación, la cual aconseja al Gobernador sobre los procesos de toma de decisión de gestión pública. Esta posición en el gobierno provincial pueda ayudar a la Secretaría a cerrar la brecha entre la producción de datos y estadísticas y los procesos de toma de decisión.

Áreas de mejora

Una opción para fomentar el diálogo entre tomadores de decisión y las estadísticas sería utilizar los indicadores de bienestar para la asignación presupuestaria. El gobierno provincial podría revisar las reglas de operación de los principales fondos de desarrollo regional que asignan recursos a los municipios para incorporar criterios de bienestar (Tabla 3.5). Por ejemplo, el Fondo de Desarrollo Urbano, Fondo Permanente o el Fondo Complementario De Obras De Infraestructura Para Municipios, Comunas Y Comunidades Regionales (FOCOM) podrían priorizar aquellos proyectos que vayan a tener un impacto grande en un área de bienestar, o varias, en la que el aglomerado o municipio tiene un desempeño débil.

Acciones

Las reglas de operación solo podrían incorporar indicadores de bienestar en el marco de la toma de decisión sobre los proyectos en los cuatro aglomerados. En estos momentos, la Encuesta de Bienestar solo proporciona datos para calcular indicadores de bienestar para Gran Córdoba, Río Cuarto-Las Higueras, San Francisco, y Villa María-Villa Nueva. Los recursos provenientes de fondos de desarrollo regional que se transfieran a las municipalidades que conforman el aglomerado podrían estar ligados al impacto previsto en los indicadores de bienestar.

Tabla 3.5. Fondos Provinciales de Desarrollo Regional ejecutados por las municipalidades en Córdoba
Nombre del fondo	Descripción de las actividades
Fondo de Desarrollo Urbano	Para la construcción de infraestructura básica, como cordón cuneta, pavimento, redes de agua, cloacas y gas, iluminación, y desagües, entre otras. En 2017, 83% (215) de Municipios y 74% (93) de Comunas con proyectos para obras.
Fondo Permanente	Para la Financiación de proyectos y programas de los gobiernos locales de la Provincia de Córdoba. En 2017, 270 Municipios y Comunas presentaron proyectos con una afectación presupuestaria de $155 159 500 (Pesos Argentinos)
Fondo Complementario De Obras De Infraestructura Para Municipios, Comunas Y Comunidades Regionales (FOCOM)	Para obras complementarias a la tarea de los Municipios y Comunas. En 2017 se firmaron 225 convenios por un total de $165 522 535.72
Fuente: Background report basado en el Cuestionario de la OCDE, y preparado y enviado por el Equipo Local en noviembre de 2017.

Sin embargo, existen otras opciones que se podrían contemplar para el resto de municipalidades que actualmente no están cubiertas por los indicadores de bienestar. Criterios multidimensionales de bienestar podrían incorporarse utilizando fuentes alternativas, como el Censo de Población, el concepto de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) (el cual incorpora algunas de las dimensiones de bienestar de la OCDE) o demás encuestas que se realizan a nivel municipal. Cómo ya se nombró en el Capítulo 1, el último Censo data de 2010, pero la publicación de un nuevo Censo en 2020 será una oportunidad para renovar varios de los indicadores que en la actualidad están desactualizados.

En América Latina, algunos países están haciendo esfuerzos para vincular sus inversiones públicas, sobre todo en infraestructura, a criterios multidimensionales de bienestar. En Chile, el Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL) asigna recursos a aquellos proyectos que consideran la infraestructura como un instrumento para la mejora del bienestar desde un enfoque multidimensional. En México, las reglas de operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, un fondo federal que ejecutan los estados y los municipios para mejorar la infraestructura social en zonas de alta y muy alta marginación en el país, se modificaron después de que los resultados del índice de pobreza multidimensional, que se publican cada dos años, mostraran avances insuficientes (Recuadro 3.2).

Recuadro 3.2. Fondos públicos e indicadores de bienestar en América Latina

Fondo Regional de Iniciativa Local (Chile)

En la Región de Valparaíso (Chile) se creó en 2008 el Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL) con el fin de asignar los recursos económicos otorgados por el Gobierno Central. Este instrumento de inversión regional es una modalidad de inversión que surge al interior del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y corresponde a un recurso contemplado en la Ley de Presupuestos del Sector Público destinado a la infraestructura pública “menor” (cuyo costo total por proyecto sea inferior a 2 000 Unidades Tributarias Mensuales). Para acceder a este financiamiento, los municipios deben presentar sus proyectos, los cuales son evaluados de acuerdo con el procedimiento establecido por el Gobierno Regional de Valparaíso.

El objetivo del FRIL consiste en financiar proyectos de infraestructura pública que mejoren la calidad de vida de la población más pobre de la comuna (tanto en áreas rurales como urbanas) y que dicha iniciativa tenga presente el componente de participación ciudadana y género. Además, busca contribuir a la inversión social en zonas de pobreza, estimulando el capital social. Así, el trabajo del FRIL se estructura alrededor de cuatro ejes: servicios básicos, vialidad urbana, habilitación de servicios públicos y equipamiento comunitario. El FRIL asigna recursos a aquellos proyectos que ven la infraestructura como un instrumento para la mejora del bienestar desde un enfoque multidimensional. Por ese motivo, entre 2009 y 2015 los proyectos han contado con la participación de una amplia cantidad de sectores como el de educación, deporte, recreación, organizaciones comunitarias, entre otros.

Fondo Federal de Aportaciones para la Infraestructura Social (México)

En 2015, se modificaron en México las reglas de operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) para priorizar inversiones en infraestructura que tuviesen un impacto directo en los indicadores de carencias sociales y contribuyesen a la reducción de la pobreza. Estas nuevas reglas establecieron un tope de 30% para inversión en proyectos de incidencia complementaria, por ejemplo, pavimentación y vialidades, que anteriormente era una de las prioridades para las municipalidades.

El cambio en las reglas de operación ayudó a lograr una adecuada alineación de las estrategias nacional y estatal. Las reglas de operación del programa obligaban al estado y a los municipios a tener en cuenta el indicador de pobreza multidimensional para la asignación de fondos, y ponía topes a inversiones que no impactaban directamente en la reducción de la pobreza. Además, el Gobierno Nacional apoyó en la capacitación para ayudar a las municipalidades a entender las nuevas reglas de operación, y realizó reuniones para sensibilizarlos sobre la importancia de invertir en proyectos que contribuyeran a la reducción de la pobreza. El FAIS también incorporó un incentivo financiero para que priorizaran la inversión en infraestructura básica de acceso a agua potable y saneamiento. Esto último se logró a través de transferencias en las que por cada peso que los municipios invirtiesen en este tipo de infraestructura, el estado invertiría un peso adicional. Como resultado de esta iniciativa, se logró revertir la baja inversión histórica en infraestructura de servicios del agua, de 2015 a 2017 esta inversión aumentó del 26% a 63%, y reducir la inversión del 53% al 8% en pavimentación de calles durante el mismo período.

Fuente: OECD (2017), Making Decentralisation Work in Chile, https://doi.org/10.1787/9789264279049-en; OECD (2013), OECD Territorial Reviews: Antofagasta, Chile 2013, https://doi.org/10.1787/9789264203914-en; Gobierno Regional Metropolitano de Santiago (n.d.), Instrumentos de Inversión Regional, https://www.gobiernosantiago.cl/instrumentos-de-inversion-regional (consultado en 6 agosto 2018); Gobierno Regional de Tarapaca (2018), Gestión de Gobierno, https://www.goretarapaca.gov.cl/gestion/fondo-regional-de-inversion-local/ (consultado en 26 agosto 2018).

Avanzar la agenda estadística

Las agencias de estadística de los países de la OCDE están experimentando un proceso de transformación y modernización. Mucho de esto se debe a las oportunidades actualmente sin explotar que brindan la digitalización y los cambios tecnológicos, que han dado como resultado una multitud de nuevas fuentes de datos y métodos estadísticos que complementan las estadísticas oficiales existentes. A estos cambios se une la creciente demanda a todos los niveles de gobierno de aumentar la base de evidencias para el diseño y la implementación de políticas públicas. Sin embargo, la modernización de los sistemas estadísticos es un proceso a largo plazo y que no se trata solo de producir datos, sino también de colaborar con otras organizaciones públicas y privadas, tanto locales como internacionales, trabajar con nuevas formas organizativas dentro de las agencias estadísticas y difundir datos a los usuarios de forma distinta.

En línea con esta tendencia internacional, y como seguimiento a las recomendaciones de la OCDE (2016a), la provincia de Córdoba ha iniciado una serie de iniciativas destinadas a fortalecer y modernizar sus infraestructuras estadísticas. Estas incluyen:

• Un nuevo portal estadístico de “Datos Abiertos”: la DGEyC puso en marcha en 2017 un nuevo portal de estadísticas con el fin de incrementar la accesibilidad de los datos con un formato más amigable. El portal permite la visualización de los datos, además del acceso a publicaciones estadísticas y datos abiertos en formato CKAN (plataforma líder en el mundo de datos de código abierto)

• Colaboraciones entre la DGEyC y otros organismos públicos: La Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo y la DGEyC trabajaron en la elaboración de un Índice de Prioridad Social (IPS) que permite identificar áreas geográficas de alta prioridad para la acción pública debido a las condiciones de vida de la población. La DGEyC ha desarrollado una Infraestructura de Datos Espaciales con la colaboración del departamento a cargo del Catastro, y con los Ministerios de Educación, Ambiente, Recursos Hídricos, Minería, Agricultura. Por último, la DGEyC brindó asistencia a la Unidad de Análisis Delictual de la Policía en la producción del análisis geo-espacial del delito de 2016. Esta herramienta tecnológica incluye una plataforma que permite acceder a las bases de datos sociales y delictivas.

• Producción de nuevos indicadores económicos: Algunos ejemplos incluyen, el Índice de Precios al Consumidor, que mide los cambios en los precios de una canasta de bienes y servicios de los hogares urbanos residentes en la Ciudad de Córdoba, o los Índices de Obra Pública y de Bienes y Servicios que sirven para la predeterminación de los contratos que mantiene el Gobierno con las empresas.

• Encuesta de Bienestar e incorporación de TICs a los procesos estadísticos: El gobierno de Córdoba ha desarrollado la Encuesta de Bienestar basada en la EPH del INDEC, pero que incorpora nuevas preguntas para calcular los indicadores de bienestar de la OCDE. La encuesta ha permitido contar con datos de bienestar a nivel de aglomerado para Gran Córdoba, Rio Cuarto-Las Higueras, San Francisco y Villa María-Villa Nueva. Además, se ha desarrollado un aplicación digital vía Tablet para reemplazar las encuestas en formato papel.

La infraestructura estadística de la provincia de Córdoba ha experimentado un gran avance con la implementación de la Encuesta de Bienestar. La provincia tenía una demanda imperante de datos más actualizados y para nuevas áreas de bienestar como: Balance Vida-Trabajo, Salud, Compromiso cívico y gobernanza, Comunidad y apoyo social, Satisfacción con la vida y Acceso a servicios.

Aunque los métodos de encuesta tradicionales seguirán siendo un componente relevante de los sistemas estadísticos de países y regiones, hay una tendencia global en la que las oficinas de estadísticas más innovadoras han comenzado a reconocer que hay que explorar nuevas áreas de producción de datos y estadísticas. Para mejorar la medición del bienestar a escala regional y local, la provincia de Córdoba, al igual que regiones de otros países de la OCDE, tendrá que movilizar una variedad de fuentes de datos y metodologías. Entre otros, un mayor uso de los registros administrativos, la incorporación de los sistemas de información geográfica (SIG) o la exploración del uso de microdatos.

Se proponen cuatro líneas de acción que el gobierno provincial podría seguir para establecerse a la vanguardia de las estadísticas regionales: i) avanzar en la expansión geográfica de la Encuesta de Bienestar a través de la producción de datos para ciudades intermedias y pequeñas (mediante metodologías menos caras) y la identificación de áreas funcionales urbanas (FUAs), ii) usar los datos que provienen de registros administrativos para tener evidencias sobre las causalidades entre programas sociales y resultados socioeconómicos, iii) seguir expandiendo la política de datos abiertos, y iv) aumentar la utilización de imágenes satelitales para la producción de estadísticas oficiales.

Expansión de la Encuesta de Bienestar

Observaciones

La Encuesta de Bienestar 2018 provee indicadores para alrededor del 55% de la población total de la provincia. Como el resto de Argentina, Córdoba es una provincia claramente urbana y donde una gran parte de la población se concentra en un espacio reducido de su territorio (Recuadro 3.3). De hecho, en los cuatro aglomerados (Gran Córdoba, Río Cuarto-Las Higueras, Villa María-Villa Nueva y San Francisco) contemplados en la Encuesta de Bienestar, viven alrededor de 2 millones de personas, a pesar de que los cuatro aglomerados solo representan el 1% del territorio provincial.

Recuadro 3.3. Grado de Urbanización de Córdoba

El Territorial Review de Córdoba (2016) realizó un análisis sobre el patrón de urbanización de la provincia basado en los datos del Censo de 2010. Se observó que la provincia de Córdoba es claramente urbana y que la mayoría de la población provincial se concentra en un número reducido de departamentos. En la provincia de Córdoba, la distribución de la población entre las áreas urbanas y rurales se asemeja mucho a la media nacional (91%), con aproximadamente el 87% de la población viviendo en áreas urbanas. El Gran Córdoba, situado en el departamento Capital, alberga a cerca del 40% de la población provincial y junto con otros cinco departamentos (Río Cuarto, Punilla, San Justo, Colón y General San Martín) representan casi el 70%. Los 20 departamentos restantes de la provincia representaron el 30% de la población provincial, mientras que los cuatro departamentos más pequeños por población (Sobremonte, Minas, Pocho y Río Seco) concentran menos del 1% de la población provincial. Además, los departamentos más poblados también tienen una mayor proporción de población urbana. Diez departamentos de los 26 representan más del 80% de la población urbana de la provincia (Capital, Río Cuarto, Punilla, Colón, San Justo, General San Martín, Tercero Arriba, Marcos Juárez, Unión y Río Segundo). Aunque la mayoría de los departamentos son predominantemente urbanos, seis de ellos tienen la mayoría de su población viviendo en áreas rurales: Minas y Pocho, que son completamente rurales, así como Tulumba, Totoral, Sobremonte y Río Seco (más del 50% de la población vive en áreas rurales)

Fuente: OECD (2016a), OECD Territorial Reviews: Córdoba, Argentina, https://doi.org/10.1787/9789264262201-en.

OCDE (2016a) reveló que el bienestar en las zonas urbanas y rurales de la provincia de Córdoba muestra disparidades fuertes. Basado en datos del Censo de 2010, el porcentaje de población que no había completado la educación primaria en los departamentos Capital o Punilla fue inferior al 10%, en Sobremonte, Tulumba o Río Seco ese porcentaje se elevó por encima del 30%. Respecto a la calidad de la infraestructura de conectividad también se registran grandes diferencias. En los departamentos de Capital o San Javier el porcentaje de carreteras secundarias sin asfaltar en 2009 fue del 8% y 25%, respectivamente, mientras que en Sobremonte, Pocho o Minas fue superior al 75%. La baja calidad de la infraestructura de carretera puede afectar a la conectividad con los servicios y por tanto aumentar la dificultad de acceso a los mismos. El acceso a agua potable en hogares también registra grandes diferencias. Mientras que en los departamentos de General Roca, Pr. Roque Sáenz Peña, Juárez Celman o Sobremonte, el acceso a servicios de agua potable en 2009 fue inferior al 75%, en Capital, Punilla, y General San Martín fue superior al 95%.

Áreas de mejora

Aunque haya disparidades entre las zonas rurales y urbanas en distintos resultados de bienestar, ampliar el dispositivo de la Encuesta de Bienestar para cubrir la totalidad de la provincia puede que no sea el camino más eficiente a seguir. Expandir el dispositivo de la Encuesta a todos los municipios generaría costes significativos debido al gran número de municipios y comunas (427 en total). El gobierno provincial ya ha realizado una gran inversión en cuanto a recursos monetarios y de personas para cubrir los cuatro aglomerados en la Encuesta. Expandir al resto de la provincia requeriría de un esfuerzo incluso más grande.

Adoptar un enfoque gradual podría resultar más adecuado para ampliar la cobertura geográfica de los indicadores de bienestar. La provincia debería enfocarse en seguir una lógica de “value for money”, explorando metodologías alternativas para calcular los indicadores de bienestar en municipalidades medianas y pequeñas. En este sentido, aunque una representatividad que permita evaluar el desempeño en ciudades secundarias y zonas rurales sería un paso útil para guiar las políticas de desarrollo regional, el coste de extender la Encuesta de Bienestar sería muy alto. Sin embargo, explorar metodologías alternativas (encuestas cortas, registros administrativos, big data, imágenes satelitales, etc.) para calcular los indicadores de bienestar en ciudades pequeñas y medianas es una necesidad dado que representan aproximadamente el 35% de la población provincial. Para ello, se podría empezar ampliando a 5 departamentos provinciales (Río Cuarto, Punilla, San Justo, Colón y General San Martín) que, junto a la Capital, representan casi el 70% de la población. A continuación, se podría ampliar a los municipios medianos y pequeños que mejor representen al resto del 20% de población urbana. Por último, se podría abarcar a la población rural dispersa (aproximadamente el 10% de la población total).

Acciones

Si se ampliase la cobertura de la Encuesta al resto de población urbana se podría:

• Explorar el potencial de las ciudades intermedias y pequeñas para el desarrollo regional. Las métricas de bienestar pueden ayudar a analizar si estas ciudades disponen de las comodidades necesarias para atraer capital humano. Por ejemplo, si el acceso a servicios o los niveles de seguridad no son altos, difícilmente esa ciudad atraerá empresas puesto que pocos trabajadores altamente cualificados o con ingresos altos estarán dispuestos a mudarse a ese lugar.

• Identificar áreas urbanas funcionales (FUAs) para mejorar la comprensión de los vínculos urbano-rurales (Recuadro 3.4). Las áreas urbanas funcionales pueden aportar información sobre cómo es el desplazamiento de personas dependiendo del mercado de trabajo, de sus hábitos de consumo y preferencias de ocio. La Encuesta de Bienestar incluye tres preguntas sobre trayectos casa-trabajo que, si la cobertura de la Encuesta se expande para cubrir todos los municipios en los departamentos donde se encuentran los cuatro aglomerados, permitirá calcular las FUAs. Actualmente, la cobertura geográfica de la Encuesta está basada en la definición de aglomerado, la cual deja fuera algunas municipalidades, entre otras, ciudades dormitorio, que son importantes para entender la dinámica metropolitana del área urbana.

Otra ventana oportunidad para poder establecer el concepto FUAs como definición de ciudad en Argentina es el Censo Nacional que se realizará en 2020. En Argentina, el INDEC está organizando reuniones con las direcciones provinciales estadísticas para coordinar el diseño del cuestionario del Censo. En el marco de estas discusiones, Córdoba podría sugerir la revisión estadística de la definición de ciudad y la inclusión de preguntas que permitan recolectar información sobre trayectos casa-trabajo.

Recuadro 3.4. Áreas Urbanas Funcionales

La OCDE, en colaboración con la Comisión Europea, desarrolló en 2012 una metodología para definir de manera consistente sus áreas metropolitanas como espacios económicamente funcionales – llamadas áreas urbanas funcionales (FUA). La idea principal es tener una definición de ciudades y áreas metropolitanas que refleje la extensión económica del área más que sus fronteras administrativas. Dicha definición facilita las comparaciones internacionales y provee unidades de análisis más significativas para las políticas urbanas. Utilizando densidad de población y flujos de desplazamiento hacia el lugar de trabajo como principales fuentes de información, las FUAs emergen caracterizadas por núcleos urbanos densamente poblados y por municipios alrededor de éste con niveles poblacionales menores, pero con un mercado de trabajo altamente integrado en el núcleo urbano. Las FUAs permiten diseñar políticas a la escala adecuada, y el ejemplo más evidente de ello es la red de transporte público. Por ejemplo, no se puede diseñar una red de transporte eficiente sin considerar el número de trabajadores que se desplazan de las ciudades colindantes hasta el centro del área metropolitana, o viceversa.

El método para definir una FUA se basa en dos pasos principales. El primer paso consiste en identificar el núcleo urbano, a través de seleccionar celdas contiguas de un kilómetro cuadrado (km²) con una densidad de población de al menos 1 500 habitantes por km² y una población total de al menos 50 000 personas. Finalmente, las zonas de desplazamiento del lugar de residencia al trabajo son identificadas como las áreas que atraen a los trabajadores de otros municipios al núcleo urbano - se definen como los municipios cercanos que mandan al menos el 15% de su fuerza de trabajo al núcleo urbano. La extensión total de una FUA corresponde a la suma de los núcleos urbanos y la zona de desplazamiento del lugar de residencia al lugar de trabajo.

Fuente: OECD (2012b), Redefining “Urban”: A New Way to Measure Metropolitan Areas, https://doi.org/10.1787/9789264174108-en.

Registros administrativos

Observaciones

Los registros administrativos son una de las fuentes alternativas de datos más prominentes en la actualidad y que pueden complementar, o incluso reemplazar, las encuestas tradicionales. Para la mayoría de las oficinas nacionales de estadísticas los registros tributarios de individuos y empresas, así como otros sistemas de registro administrativo (como la licencia de conducir, los números del seguro social, etc.) se han convertido en la columna vertebral de sus infraestructuras estadísticas.

Se podrían producir nuevos indicadores de bienestar si se avanzara en el uso de los datos administrativos en áreas como ingresos, seguridad o salud. Por ejemplo, aunque los resultados del Capítulo 2 indican que Córdoba no se encuentra en una crisis de violencia como la de algunos países de América Latina, la provincia debe seguir trabajando para aspirar a niveles similares a los presentados en la mayoría de los países europeos de la OCDE. Para ello, una iniciativa podría ser la de avanzar en métricas de violencia de género, utilizando los datos administrativos de denuncias en las que se indica que el agresor fue un hombre. Otra área de interés podría ser la de extraer de las declaraciones de impuestos datos de patrimonio financiero que completen los indicadores de nivel de ingresos y de distribución de la riqueza. De igual forma, en el área de salud, se podrían desagregar de los registros administrativos las causas de muerte para complementar indicadores que miden la tasa de mortalidad, y lo cual podría contribuir a priorizar las políticas de salud para evitar algunas de las causas más recurrentes de fallecimientos en la provincia.

Áreas de mejora

La infraestructura estadística necesaria para establecer un sistema estadístico basado en registros administrativos requiere un compromiso a largo plazo, pero a corto plazo, el uso de datos administrativos recopilados por el gobierno de Córdoba podría limitarse a programas específicos. Un paso en esta dirección sería la utilización de los datos administrativos que se recopilan de los beneficiarios de los programas sociales. La información que se recopile debería hacerse de manera que pueda garantizar la posibilidad de establecer vínculos con otras bases de datos.

El desarrollo de un registro único de usuarios podría ayudar a cruzar bases de datos entre los distintos programas sociales que existen en la provincia. La utilización de herramientas similares prolifera en países de la OCDE para cruzar el análisis de distintos datos administrativos. Por ejemplo, en Países Bajos se emite un Número de Identificación Personal (NIP) a los niños de tres años y medio de edad para monitorear su desempeño educativo. El NIP se cruza con otros datos socioeconómicos para indagar en las causas del éxito o el fracaso de un niño en la educación. Otro ejemplo son los programas de apoyo comercial entregados por varias agencias del gobierno federal de Canadá que ahora están sujetos a un formulario de información estandarizada. Este formulario incluye el número comercial (un identificador único del negocio) que puede usarse posteriormente para acceder a otros registros tributarios e información administrativa y, de esta forma, monitorear el impacto económico de un programa de apoyo comercial. (Recuadro 3.5).

Recuadro 3.5. Evaluación de políticas y programas con registros administrativos

Registros administrativos de estudiantes en los Países Bajos

En los Países Bajos, una fuente importante para la investigación y el monitoreo de las políticas de educación es el Número de Identificación Personal (NIP), que se emite para todos los niños del país a los 3 años y medio de edad. Comúnmente conocido como el número educativo, es igual que el número fiscal y de la seguridad social. Las escuelas proporcionan el NIP, junto con otros datos sobre los estudiantes, a medida que el niño avanza por el sistema educativo. Estos datos se usan cada vez con mayor frecuencia para monitorear la trayectoria escolar, la asistencia o la deserción de los estudiantes. El NIP es una herramienta muy útil en el plan de acción contra la deserción escolar, ya que ofrece cifras completas y confiables sobre las tasas nacionales, regionales, municipales y a nivel de distrito. En base a los registros de las escuelas de educación secundaria sobre el ausentismo y la deserción se emite un informe mensual que se pone a disponibilidad de los municipios y las escuelas de modo que puedan asignar prioridad a los estudiantes con mayor índice de riesgo. Asimismo, estos datos se cruzan con información socioeconómica por región, ciudad y distrito incluyendo datos demográficos, como el origen de la persona, minorías étnicas, desempleo, personas con derecho a prestaciones, entre otros. Estas estadísticas y el monitoreo continuo de resultados permite a las autoridades públicas evaluar qué funciona y qué no y, en consecuencia, implantar y ajustar las políticas públicas que hagan frente a los retos de las distintas comunidades.

Programas de innovación comercial en Canadá

Las tablas estadísticas de revisión de tecnología limpia son uno de los resultados de un proyecto realizado por Statistics Canada en apoyo de la innovación horizontal y la tecnología limpia. Estas tablas fueron calculadas a partir de los datos proporcionados por 22 departamentos del gobierno federal y otras corporaciones de la Corona. Posteriormente, se integraron en el Linkable File Environment (LFE) de Statistics Canada, que comprende una gran cantidad de datos administrativos y de encuestas empresariales. En concreto, se recopilaron más de 430 000 registros individuales de 98 etapas de programas empresariales durante el período entre 2007 y 2016. Los flujos de los recursos proporcionados por los programas se agruparon en siete categorías: donaciones, contribuciones reembolsables, contribuciones no reembolsables, contribuciones reembolsables condicionales, financiación, servicios prestados por el gobierno, y otros. Los destinatarios del programa a nivel empresarial, ya sean entidades con fines de lucro o públicas, se cruzaron con el Registro Comercial, que contiene todas las empresas activas en Canadá, y luego se vinculó al LFE usando técnicas determinísticas y probabilísticas. El ejercicio estadístico logró una alta tasa de coincidencia: el 89.4% de todos los registros y el 96.6% de los fondos, lo que corresponde a 88 415 empresas receptoras durante el período de referencia. Los datos relevantes para estas empresas, como las variables financieras y de empleo, el sector industrial, su ubicación geográfica, los beneficios económicos, o su perfil exportador, se extrajeron del LFE.

Fuente: OECD (2012a), Equity and Quality in Education: Supporting Disadvantaged Students and Schools, https://doi.org/10.1787/9789264130852-en; Statistics Canada (2018), Horizontal Business Innovation and Clean Technology Review Statistical Tables, https://open.canada.ca/data/dataset/4112e654-b080-4ce0-a4e4-d739e8f274f7 (consultado en 24 agosto 2018).

Acciones

El gobierno de la provincia de Córdoba debe seguir avanzando en la creación de un sistema único de beneficiarios de programas sociales que ayude a cruzar datos de distintos ministerios, agencias e incluso organizaciones no gubernamentales. En este sentido, la Ley N° 9662 crea el “Sistema único de personas y/o familias beneficiarias de programas sociales y la secretaría técnica de la unidad de coordinación”, y la unidad de coordinación de dicha iniciativa, integrada por representantes del Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Finanzas, Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo, y Secretaría General de la Gobernación. La Ley establece que los beneficiarios elegibles para programas serán elegidos bajo los parámetros de “pobreza” e “indigencia” determinados por el INDEC. Tanto ministerios y agencias, como municipios y comunas quedan obligados a suministrar a la Unidad de Coordinación la información de los programas sociales y beneficiarios de los mismos que ejecuten en su jurisdicción. Además, los ministerios y agencias bajo los cuales se encuentre la ejecución de un programa social tendrán la responsabilidad de registrar digitalmente las Fichas de los Postulantes.

Datos Abiertos

Observaciones

La dirección estadística de Córdoba ha logrado avances notables en el aumento a la accesibilidad de datos para el público, con una nueva sección en su sitio web dedicada a datos abiertos. Los datos publicados siguen un protocolo para incrementar su accesibilidad ya que son procesables a través de softwares, son puestos a disposición a un costo mínimo (o incluso gratis) y no están sujetos a ningún derecho de copyright que limite su uso o distribución.

Áreas a mejorar

Una de las próximas fronteras que podría explorarse en Córdoba es la de los microdatos abiertos, es decir, datos abiertos que se refieren a entidades individuales (como una empresa, un edificio o, en algunos casos, incluso un individuo); sin embargo, hay que tener en cuenta los aspectos relacionados con la confidencialidad y la privacidad. Hay tipologías de microdatos que están cada vez más en el dominio público y cuya confidencialidad no se percibe ya como un problema. Ejemplos de estos tipos de conjuntos de datos son listados de direcciones, huellas de construcción, bases de datos con geolocalización de infraestructuras, puntos de prestación de servicios e incluso registros de empresas (Recuadro 3.6). De hecho, una gran parte de esta información podría ser obtenida actualmente a través de la utilización de imágenes satelitales de dominio público.

Acciones

Aparte de abrir nuevas fuentes de datos al público, existen acciones que la DGEyC debería considerar para tener amplia difusión del conjunto de indicadores de bienestar. La DGEyC podría proporcionar para académicos y el público más técnico una guía metodológica y los códigos utilizados para el cálculo de los indicadores de bienestar.

Recuadro 3.6. Ejemplos de políticas de datos abiertos en la OCDE

Registros administrativos de empresas en Quebec, Canadá

El registro de empresas es un sistema público legal para todas las empresas que operan en Quebec, independientemente de su forma jurídica. También es un banco de información pública disponible para el público en general. Este registro público está constituido en virtud de la Ley de publicidad de las empresas, que tiene por objeto proteger al público y las empresas en sus negocios socioeconómicos y comerciales. Desde el 1 de enero de 1994 todas las empresas que operan en Québec tienen que registrarse. Las empresas deben declarar: sus actividades, los nombres y direcciones personales de sus accionistas, directores, socios y funcionarios que no son miembros de la junta directiva, las direcciones de sus establecimientos, así como otros nombres bajo los cuales llevan a cabo sus actividades. Desde el 4 de julio de 2016, algunos datos del registro empresarial se han puesto a disposición en el sitio web de Données Quebec, que contiene datos abiertos (datos administrativos y de interés público) del gobierno de Quebec y de ciertos municipios. El objetivo del registro es promover la eficiencia administrativa del gobierno y facilitar las comunicaciones que mantiene con las asociaciones y empresas, para ello asigna un número de empresa quebequense (NEQ) a las empresas registradas y suministra información a los departamentos y agencias del gobierno que administran programas públicos empresariales.

Datos de direcciones municipales en Dinamarca

Hasta 1996 los 270 municipios daneses registraban y recolectaban individualmente los datos de las direcciones postales. Aunque los datos estaban disponibles al público, las organizaciones que querían acceder a ellos tenían que firmar acuerdos de acceso y pagar distintos precios para cada municipio, lo que hacía que los datos fueran prácticamente inaccesibles. La falta de un conjunto de datos públicos accesibles y unificados dio como resultado el desarrollo de varias bases de datos privadas de calidad variable. El acuerdo alcanzado entre todos los municipios “Mejor Acceso a los Datos Públicos” (más conocido como "acuerdo gratuito") entró en vigencia el 1 de enero de 2003, pero las cuestiones legales retrasaron su implementación hasta 2005, cuando se modificó la ley que rige el Servidor de Datos Públicos. Este acuerdo eliminó las restricciones legales sobre la distribución de datos de direcciones a terceros, así como la tarifa de distribución. El acuerdo pondría a disposición los datos del Catastro y los registros propiedad y vivienda municipales, que incluían los datos de las direcciones y sus coordenadas geográficas, en un portal gubernamental y con la condición de solo abonar su costo de distribución. Durante los tres años siguientes, los municipios recibieron una indemnización de 1.3 millones de euros por la pérdida de ingresos por ventas de datos.

Fuente: Gobierno de Quebec (2018a), “Act respecting the legal publicity of enterprises”, http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/en/ShowDoc/cs/P-44.1 (consultado en 24 agosto 2018); Gobierno de Quebec (2018b), Données Quebec, https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/registre-des-entreprises (consultado en 24 agosto 2018); GOVLAB (2018), Denmark’s Open Address Data Set, http://odimpact.org/case-denmarks-open-address-data-set.html (consultado en 15 septiembre 2018).

Fortalecer la gobernanza para fomentar el desarrollo regional

Para alcanzar las prioridades de desarrollo regional, la provincia de Córdoba debería seguir fortaleciendo aspectos de gobernanza e institucionalidad, algunos de ellos que ya se resaltaron en OCDE (2016a):

• Coordinar el diseño y la implementación de los programas sociales para evitar duplicaciones y/o superposiciones.

• Cooperar con los municipios y comunas (427) para implementar los programas sociales de forma efectiva.

• Promover la gobernanza metropolitana en los cuatro aglomerados para abordar retos comunes que no pueden ser abordados en solitario por una sola municipalidad.

• Asegurar que el marco de bienestar se utiliza como herramienta de desarrollo regional de manera que atraviese ciclos políticos y promueva políticas centradas en las personas.

Implementación operativa de programas sociales

Observaciones

En la provincia de Córdoba existen un gran número de programas sociales repartidos entre distintos ministerio y secretarías. Cada ministerio y secretaría provincial tiene una amplia gama de programas que tratan de solucionar los retos de bienestar de la provincia.

El instrumento utilizado para asignar roles y responsabilidades de forma clara para la implementación de los programas sociales son los Decretos Provinciales. El gobierno provincial debe aprobar un Decreto Provincial antes de la implementación de los programas sociales. Los Decretos incluyen los objetivos del programa, su alcance geográfico, así como las autoridades públicas competentes para liderar la implementación del programa. También determinan la facultad de la autoridad competente de firmar convenios con otras instituciones (públicas, privadas, o sin fines de lucro) que ayuden en la implementación del programa y otorgan la responsabilidad última de proporcionar fondos al Ministerio de Finanzas. Por ejemplo, para el programa “Más Leche, Más Proteínas”, el decreto provincial establece:

• Objetivo: garantizar la adecuada alimentación de los niños desde su nacimiento hasta los once años, a través del abastecimiento de leche fortificada y entera

• Prestación del servicio: el producto se distribuirá en salas cuna, centros de salud y escuelas primarias

• Autoridad competente: Ministerio de Desarrollo Social

• Autoridades que proporcionan asistencia técnica: Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación y de la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo

• Facultad para suscribir Convenios con entidades públicas, privadas, y municipios y comunas para la implementación del presente Programa

• El Ministerio de Finanzas podrá realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias.

Áreas de mejora

Los Decretos han resultado un instrumento eficaz para coordinar la implementación de los programas sociales en la provincia. Un ejemplo de esta coordinación es el de los programas Salas Cuna, Más Leche, Más Proteínas y Paicor. Esto tres programas tienen objetivos similares y, por lo tanto, hay que evitar duplicidades. Por un lado, la Secretaría General de Gobernación brinda el padrón de beneficiarios de Paicor al Ministerio de Desarrollo Social para ayudar a definir los beneficiarios de Más Leche Más Proteínas y, al mismo tiempo, comparte esta información con la Secretaría de Equidad para que los beneficiarios de Salas Cuna no reciban productos del plan Más Leche, Más Proteínas. Otro ejemplo de coordinación efectiva es el Plan Vida Digna. En este caso, el Ministerio de Desarrollo Social, a través del relevamiento de asistentes sociales, define los beneficiarios. El Ministerio de Vivienda se encarga de los gastos del programa y el Ministerio de Desarrollo Social los controla. Además, como el plan contempla la entrega de subsidios o préstamos, según la calificación de los beneficiarios, en el caso de estos últimos, en el recupero interviene el Banco de Córdoba como ente recaudador.

Acciones

Una manera de favorecer la coordinación operacional de programas en la provincia de Córdoba es la creación de un registro único de beneficiarios de programas sociales. La creación de un Sistema Único contribuiría a hacer más efectivo y eficiente el paquete de programas sociales que hay en la provincia de Córdoba. Primero, permitirá identificar beneficiarios que están incurriendo en duplicidades al ser beneficiarios de programas sociales que prestan servicios similares. Segundo, permitirá identificar a beneficiarios que podrían cualificar para recibir los servicios de varios programas sociales, pero que sólo son beneficiarios de alguno por distintas causas (por desconocimiento de la existencia de otro(s) programa(s), procedimientos administrativos engorrosos, etc.). Por último, permitirá monitorear la evolución en el tiempo del número de beneficiarios total en la provincia, además de poder clasificarlos según las áreas de bienestar para las que necesitan un servicio. Esto puede ayudar a decidir en qué áreas de bienestar es necesario priorizar acciones.

Cooperación provincia-municipio

Observaciones

Cooperar con las 427 Municipalidades y Comunas de la provincia (Recuadro 3.7) para la prestación de servicios es un factor clave en la implementación de programas de bienestar. La extensión geográfica de Córdoba hace que, generalmente, las personas con más necesidades sean las que menos contacto tengan con el nivel de gobierno provincial, ya sea porque viven en áreas remotas de la provincia o en zonas poco pobladas donde la dispersión de la población hace complicada la prestación de servicios. Las municipalidades y sus intendentes, por tanto, juegan un rol esencial en informar a los ciudadanos sobre los programas que existen y prestar algunos de los servicios. Por ejemplo, en el programa “Más leche, Más proteínas”, la leche es adquirida por la administración provincial, pero es distribuida por los municipios ya que los centros donde se distribuye el servicio son competencia de las municipalidades (centros de salud primarios, salas cuna, y escuelas primarias).

Para hacer frente al reto de la escala de la provincia, la provincia de Córdoba ha tratado de cooperar con los municipios a través de los Presidentes de las Comunidades regionales. Los Presidentes de las Comunidades regionales son elegidos por las municipalidades de cada uno de los 26 departamentos. Este presidente realiza la comunicación de los programas provinciales entre las municipalidades para que éstas informen a los ciudadanos de los servicios ofrecidos.

Recuadro 3.7. Municipalidades y comunas en la provincia de Córdoba

Los 427 municipios de Córdoba son entidades políticas, administrativas, económicas, financieras e institucionales autónomas, como lo garantiza la Constitución provincial. También son autónomos en la forma en que ejercen sus funciones y competencias como se le atribuye en la Constitución de la provincia y las leyes que emanan de ella. La Constitución de Córdoba permite que todos los asentamientos con más de 2 000 habitantes sean considerados como un municipio; con el estado municipal viene la autonomía administrativa, así como la financiación provincial y la capacidad de generar ingresos propios. El número de municipios en Córdoba es inusual en Argentina. Junto con la vecina Santa Fe, tiene el mayor número de municipios del país. Mientras tanto, la provincia más poblada del país, Buenos Aires, tiene 134 municipios, y el número promedio de municipios por provincia es de 91. Los gobiernos de tercer nivel se rigen por una Carta Orgánica Municipal (Carta Orgánica Municipal) en el caso de las ciudades, y la Ley Orgánica Municipal (Municipal Orgánica Municipal) por aquellos municipios que no cuentan con una Carta Orgánica. Cada municipio establece su propia Carta Orgánica, cuyos lineamientos se establecen en la Constitución de la provincia correspondiente.

Fuente: OECD (2016), OECD Territorial Reviews: Córdoba, Argentina, https://doi.org/10.1787/9789264262201-en.

Áreas a mejorar

Los Presidentes de las Comunidades regionales no siempre han sido del todo efectivos para la implementación de programas sociales. Esto se puede deber a la necesidad de firmar convenios con las municipalidades individualmente para asegurar que el servicio se presta adecuadamente. Este enfoque ad hoc puede generar desigualdades en la prestación de servicios ya que una municipalidad se podría negar a cooperar con la provincia, por ejemplo, por una razón de sensibilidad política.

Acciones

Una opción para que se promueva la cooperación vertical entre provincia y municipios es el establecimiento de una asociación de autoridades locales integrada por los Presidentes de las Comunidades regionales. A pesar de que a nivel nacional existe la Federación Argentina de Municipios (de la cual 88 municipalidades cordobesas son miembros), no existe un equivalente provincial. En algunos países de la OCDE, estas asociaciones resultan útiles como foro para identificar objetivos, intereses y retos comunes (OECD, 2016a). También actúan como una voz única para establecer posiciones comunes en negociaciones con el gobierno provincial. Algunas regiones de la OCDE han creados sus propias asociaciones (Recuadro 3.8). En la provincia de Córdoba, esta asociación podría establecer comités técnicos que proporcionen un espacio para:

• Diagnosticar los distintos retos y problemáticas que enfrenta la población en el interior de la provincia respecto a las dimensiones de bienestar.

• Debatir el diseño de los programas y analizar los retos de implementación a nivel municipal.

• Realizar monitoreo y evaluación de programas sociales que se enfoquen sobre todo en retos de bienestar hacia el interior de la provincia.

Recuadro 3.8. Asociaciones de municipios en la OCDE

Asociación de ciudades y municipios flamencos (VVSG)

La VVSG reúne a 308 ciudades y municipios y fue fundada en 1993 con el objetivo de crear una red de cooperación entre autoridades locales flamencas. La VVSG brinda asesoramiento a los gobiernos locales en sus actividades de cooperación internacional y ofrece formaciones para capacitar al personal local municipal en el uso de redes sociales, diseño de planes plurianuales y gestión de recursos humanos. La VVSG cumple un rol de coordinación entre gobiernos locales flamencos para fomentar la cooperación intermunicipal en la prestación de servicios públicos y la gestión de riesgos. Para ello, en 2001 se creó un decreto que establece 4 formas de cooperación municipal que van desde asociaciones consideradas “blandas” hasta otras que reciben el nombre “exhaustivas”: asociación interlocal, asociación por proyecto, asociación para la provisión de servicios, y asociación con una tarea clara. La gestión de residuos, la provisión de agua potable y los servicios de transporte público son las áreas en las que más cooperaciones ha ayudado a materializar la VVSG.

ANCI Toscana

ANCI es la asociación nacional de municipios italianos, que a su vez está formada por varias asociaciones regionales que gozan de una autonomía estatutaria, como por ejemplo ANCI Toscana. Esta asociación regional ofrece apoyo técnico, político y también coordina a las municipalidades en Toscana con el fin de fomentar una relación permanente con órganos del Estado, de la región y con representantes de organizaciones sociales, culturales, sindicales y económicas. Para ello, ANCI Toscana lleva adelante capacitaciones, tareas de sensibilización (por ejemplo, sobre discriminación o prevención de enfermedades) y organiza eventos para fomentar la coordinación horizontal entre municipalidades, así como la proyección internacional de las municipalidades. ANCI Toscana está organizada alrededor de cinco grupos de trabajo: la Conferencia de Consejos Municipales, el Consejo de Pequeños Municipios, la Coordinación de Sindicatos Municipales, la Coordinación de Jóvenes ANCI y el Consejo de Montaña. A su vez, existen áreas temáticas de trabajo como medio ambiente, innovación y gobernanza del territorio, movilidad, entre otros.

Asociación de Municipalidades de la Región de Antofagasta

Los objetivos de esta asociación de municipalidades son facilitar la búsqueda de soluciones a problemas comunes vinculados a, entre otros, el proceso de urbanización y la satisfacción de las necesidades básicas (por ejemplo, agua, energías limpias y alcantarillado), contribuir a un mejor aprovechamiento de los recursos monetarios disponibles velando por la promoción de la autonomía municipal, defender los intereses locales y profundizar el proceso democrático en las municipalidades. Para ello, fomenta el diálogo e interacción entre comunas, organismos nacionales e internacionales, mediante la asistencia técnica a sus asociados, así como la capacitación del personal municipal.

La Unidad Técnica de la Asociación de Municipios de la Región de Antofagasta se creó en 2013 para ayudar a los funcionarios públicos de los municipios a realizar sus tareas, donde estas personas carecen de los recursos o la capacidad para hacerlo solas. La Unidad ha defendido una serie de mejoras en las zonas urbanas y rurales de toda la región. Por ejemplo, ha contribuido a cumplir los requisitos básicos de agua potable, energía limpia y alcantarillado mediante proyectos de obras públicas. La Unidad está compuesta por siete expertos en arquitectura e ingeniería civil, responsables de diseñar y coordinar los proyectos desarrollados para cada uno de los nueve municipios. También lleva a cabo un análisis preliminar de los programas propuestos por los municipios, para proporcionar financiación de la Subsecretaría de Administración y Desarrollo Regional (SUBDERE).

Fuente: OECD (2018), Reshaping Decentralised Development Co-operation: The Key Role of Cities and Regions for the 2030 Agenda, https://doi.org/10.1787/9789264302914-en; Anci Toscana (n.d.), Homepage, http://ancitoscana.it/ (consultado en 26 agosto 2018); VVSG (2017), “Local authorities and public service delivery in Flanders”, Presentation, Lviv, https://www.oecd.org/regional/regional-policy/Local-Authorities-ENG.pdf; AMRA (2017), Gestión Asociativa [Joined Up Management], Association of Municipalities of Antofagasta Region, http://www.amra.cl/somos/gestion/ (consultado en 26 agosto 2018).

Cooperación en áreas metropolitanas

Observaciones

En la provincia de Córdoba los resultados de diferentes indicadores de bienestar ponen de relieve que existen problemáticas que son comunes a todos los municipios que conforman el aglomerado. El gobierno provincial es consciente de que los desafíos de los municipios principales de la provincia no solo están dentro de sus límites administrativos sino también dentro de su área metropolitana. Es por eso que la Encuesta de Bienestar se realiza a nivel de aglomerado para el Gran Córdoba, Río Cuarto-Las Higueras, San Francisco y Villa María-Villa Nueva donde se incluye municipios colindantes con los que se interactúa fuertemente.

Áreas de mejora

Como ya se destacó en OCDE (2016a), el grado de autonomía de las municipalidades influye en la cooperación intermunicipal para la prestación de servicios. El ejemplo más característico era el observado entre la Ciudad de Córdoba y el resto de municipalidades que conforman el Gran Córdoba. Entre las características del Gran Córdoba encontramos una baja densidad poblacional, que resulta en una extensión que ocupa un radio de aproximadamente 50 km desde el centro, abarcando 46 municipalidades y aproximadamente 1.8 millones de habitantes. El área funcional urbana es aún más grande, ya que existen personas que se desplazan a la ciudad a trabajar desde hasta unos 100 kilómetros. De igual forma, Río Cuarto-Las Higueras, Villa María-Villa Nueva y San Francisco, tienen relaciones económicas, sociales y medio ambientales con las municipalidades que les rodean. Todo esto lleva a que las municipalidades dentro de los aglomerados enfrentan retos comunes en cuanto a los servicios públicos como el acceso a cloacas, congestión en el tráfico urbano, gestión de basuras, etc. (OECD, 2016a).

Acciones

El aumento de la cooperación intermunicipal para lograr economías de escala resulta crítico para la provincia. La Encuesta es una oportunidad para empezar a establecer un concepto metropolitano en los principales aglomerados de la provincia. La publicación de los indicadores a nivel de aglomerado, y no por municipalidad, puede ayudar a crear una conciencia entre las autoridades municipales, pero también entre los ciudadanos y la opinión pública, de que los retos de los aglomerados son problemas compartidos con soluciones comunes. Los resultados de los indicadores de bienestar a nivel aglomerado se podrían utilizar para convocar a las municipalidades y empezar un diálogo sobre qué acciones conjuntas podrían ayudar a mejorar en ciertas áreas de bienestar. Por tanto, la evidencia proporcionada por estos indicadores podría servir para negociar acuerdos o convenios en ciertas áreas de políticas.

Asegurar que el marco de bienestar regional atraviesa ciclos políticos

Observaciones

Garantizar la longevidad de los marcos de bienestar es un desafío para muchas regiones debido a la interpretación política que se hace de este tipo de iniciativas. Si bien el liderazgo de un político, o un grupo de políticos, es fundamental para que las iniciativas de bienestar regional prosperen, la pregunta es si conseguirá sobrevivir a un cambio político. La aceptación de la administración pública, es decir, los funcionarios no electos, es indispensable para garantizar la continuidad en caso de cambios en el liderazgo político (Carnegie UK Trust, 2016).

En Córdoba, la Secretaría General de Gobernación, con el respaldo del Gobernador, ha impulsado el proceso de desarrollo del marco de bienestar y ha invertido numerosos esfuerzos y recursos monetarios en establecer el marco. Sin embargo, la agenda de bienestar puede llegar a ser vista como una iniciativa política de un partido, en este caso el Partido Justicialista y, por tanto, no como algo consensuado con las distintas sensibilidades políticas.

Áreas a mejorar

Para aumentar las posibilidades de que un marco de bienestar atraviese ciclos políticos, una amplia gama de partes interesadas no gubernamentales, incluida la sociedad civil y grupos de intereses especiales, deben sentirse identificados con los conceptos e indicadores del marco. A medida que las partes interesadas se comprometan con el marco, es probable que insistan en su continuidad. La Secretaría General de Gobernación, acompañada por la OCDE, realizó un proceso de consulta con los distintos ministerios y agencias a cargo de políticas de bienestar regional, así como con el Consejo de Políticas Sociales Provincial (formado por representantes de los sectores público, privado, académico y sin fines de lucro) durante la fase de diseño del marco de bienestar.

Acciones

Existen varias líneas de acción para asegurar la sostenibilidad del marco de bienestar en el medio y largo plazo:

• Crear una visión compartida para la provincia, a través de la estrategia de desarrollo regional, que se extienda más allá de la visión del gobierno provincial. Los funcionarios públicos, los políticos, y las partes interesadas deberían trabajar para asegurar estrategias de bienestar a largo plazo. Con este fin, un paso adelante son los actuales esfuerzos por vincular la estrategia de desarrollo provincial con los ODS, una agenda internacional que establece objetivos para 2030.

• Asentar la idea de que el marco de bienestar es técnico, no está politizado, y que proporciona evidencias para mejorar políticas y toma de decisiones presupuestarias. Por tanto, es clave que se haga hincapié en que los datos recolectados por la Encuesta de Bienestar son confiables. Una política de datos abiertos puede ayudar a ello. Otra acción puede consistir en dejar de relieve en documentos oficiales cómo las métricas de bienestar han contribuido a la toma de decisiones.

• Formalizar los marcos de bienestar a través de mecanismos legislativos. El uso del marco de bienestar en las estructuras parlamentarias también fomenta la sostenibilidad, y un incentivo para esto es legislar para requerir que los gobiernos consideren el bienestar regional. Por ejemplo, en Escocia esto se ha realizado a través del Acta de Empoderamiento Comunitario de 2015. En Victoria (Australia), la Ley Municipal de Salud Pública y Bienestar de 2008, exige que las municipalidades desarrollen políticas basadas en la evidencia y que tengan como objetivo fundamental proteger la salud y mejorar el bienestar de los ciudadanos (Recuadro 3.9).

Recuadro 3.9. Mecanismos legislativos para apoyar las iniciativas de bienestar regional

Escocia: “Community Empowerment Act (2015)”

El Proyecto de ley fue aprobado por el Parlamento Escocés el 17 de junio de 2015 y busca empoderar a las comunidades locales a través de la propiedad o el control de la tierra y edificios, y mediante el fortalecimiento de sus voces en las decisiones sobre los servicios públicos. La nueva ley da a las organizaciones vecinales y/o comunitarias (incluyendo consejos comunitarios) el derecho de solicitar comprar, arrendar, administrar o utilizar terrenos y edificios pertenecientes a las autoridades locales, organismos públicos escoceses o ministros escoceses, así como establece nuevas obligaciones para las autoridades del sector público. Muchas tierras se hallan abandonadas, descuidadas y/o perjudican el bienestar de la comunidad y sus propietarios se niegan a venderlas. Para adquirir estas tierras o edificios los organismos deben presentar qué planean hacer con la tierra y qué beneficios traerá para la comunidad. Sus propuestas serán aprobadas en base a su compatibilidad con el desarrollo sostenible de estos espacios. Las autoridades del sector público evaluarán si la aprobación de las propuestas contribuye o promueve diferentes dimensiones de bienestar como el desarrollo económico, la regeneración, la salud o el bienestar social o ambiental, o reducción de las desigualdades. Esta iniciativa es un gran paso hacia el involucramiento de la comunidad en la planificación territorial y fomentar un diálogo sobre temas y servicios locales.

Victoria, Australia: “Municipal Public Health and Wellbeing Act (2008)”

Esta ley fue diseñada para proteger la salud y el bienestar de la población de Victoria, así como para fomentar el involucramiento de la comunidad en tareas de prevención y el fortalecimiento de los sistemas de protección, promoción y prevención de la salud en todos los sectores y niveles de gobierno. De este modo, la ley también apunta a un fortalecimiento de las capacidades de los individuos y empodera al nivel local para iniciar, apoyar y gestionar el proceso de planificación en el área de salud. Uno de los puntos fundamentales concierne los Planes Municipales de Salud Pública y Bienestar (MPHWP) ya que allí se define el enfoque y la estrategia de cada uno de los consejos de gobierno local para permitir que las personas que viven en ese sitio logren la máxima salud y bienestar. Cada uno de los planes municipales debe tomar en consideración las prioridades del Plan de Salud Pública y Bienestar de Victoria, que se renueva cada 4 años. La coherencia entre las estrategias municipales y el estado de Victoria resulta fundamental para lograr resultados visibles de salud y bienestar. Estos planes también se han amparado en alianzas exitosas con otros actores provenientes del mundo académico, privado y del sector de la salud. Esta ley destaca por reconocer la importancia de promover las condiciones para una vida sana y el concepto de sostenibilidad, que implica que las personas deberían poseer los recursos que les permiten llevar una vida tanto en el presente como en el futuro y para proteger la salud de las generaciones futuras.

Fuente: Community Empowerment (Scotland) Act 2015, https://beta.gov.scot/publications/community-empowerment-scotland-act-summary/ Public Health and Well-being Act 2008 (Vic) s 4(2) (Australia); Gostin, L.O. et al. (2017), Advancing the Right to Health: The Vital Role of Law, https://scholarship.law.georgetown.edu/facpub/1973.

Recomendaciones de políticas

Utilizar del marco de bienestar regional para mejorar los resultados de las políticas de desarrollo regional en Córdoba.

• Continuar los esfuerzos para vincular los objetivos de desarrollo regional con las métricas de bienestar, a fin de monitorear y evaluar la acción pública. En Córdoba, las tres áreas de políticas clave para el gobierno son justicia social, crecimiento económico sostenible y fortalecimiento de las instituciones, y los indicadores de bienestar podrían ayudar a controlar si el gobierno está logrando estos objetivos.

• Utilizar indicadores inter-dimensionales para gestionar las complementariedades entre las áreas de políticas de bienestar. Las complementariedades entre las dimensiones de bienestar se pueden medir, al menos parcialmente, utilizando indicadores inter-dimensionales que abarquen dos dimensiones de bienestar midiendo resultados específicos por grupo social o individuos.

• Vincular los programas de bienestar a los resultados de bienestar. Esto ayudaría a cuantificar como contribuyen los programas sociales a la consecución de los objetivos estratégicos del gobierno.

• Considerar el uso de criterios multidimensionales de bienestar para asignar fondos públicos. Existen varios fondos provinciales dedicados a impulsar el desarrollo regional a nivel municipal. Estas inversiones podrían orientarse mediante el uso de reglas basadas en criterios de bienestar multidimensionales.

Convertir a la provincia de Córdoba en un laboratorio de innovación y experimentación en la mejora del sistema estadístico argentino:

• Seguir un enfoque paso a paso para la ampliación de la cobertura geográfica de los Indicadores de Bienestar y teniendo presente el “value for money”. Intentar la ampliación de la cobertura de los Indicadores de Bienestar más allá de los cuatro aglomerados (actualmente cubren el 55% de la población provincial) para incluir otras áreas urbanas (la tasa de urbanización de la provincia está cerca del 90%) a través de la utilización de metodologías menos costosas a las encuestas tradicionales (métodos alternativos como registros administrativos o imágenes satelitales):

  • Empezar ampliando con muestras representativas de los 5 departamentos provinciales (Río Cuarto, Punilla, San Justo, Colón y General San Martín) que junto Capital representan casi el 70% de la población.

  • Continuar con las municipalidades de tamaño mediano y pequeño que mejor representen al resto del 20% de población urbana.

  • Por último, se podría invertir en otro tipo de sondeos o encuestas menos costosas que ayuden a identificar el bienestar de la población rural.

• Avanzar en el uso de registros administrativos para la producción de estadísticas oficiales. Producir nuevos indicadores de bienestar mediante la mejor utilización de los registros administrativos en dimensiones como ingresos (a través de registros de declaraciones de impuestos), seguridad (registros de denuncias), o salud (partes de defunción).

• Profundizar en la política de datos abiertos para aumentar la confianza de los usuarios en los indicadores de bienestar. Se podría realizar la difusión del conjunto de indicadores de bienestar mediante la autorización del acceso a microdatos recopilados en la encuesta y proporcionar para académicos y expertos una guía metodológica y los códigos utilizados para el cálculo de los indicadores.

Fortalecer la gobernanza pública para impulsar el desarrollo regional:

• Avanzar en la creación de un registro único de beneficiarios de programas sociales, con el objetivo de:

  • Identificar a los beneficiarios que están recibiendo servicios públicos similares de distintos programas.

  • Aumentar la base de beneficiarios al poder identificar beneficiarios que califican para recibir ayudas de varios programas sociales, pero sólo son beneficiarios de alguno.

  • Monitorear la evolución en el tiempo del número de beneficiarios total en la provincia.

• Mejorar la cooperación entre el nivel provincial y municipal a través de:

  • Crear una asociación de municipios (o mecanismo similar). Esta asociación podría servir como un foro para identificar objetivos comunes, intereses, desafíos y posibles soluciones. Además, proporcionaría una voz única con la que establecer una posición común de negociación más sólida con el nivel provincial.

• Utilizar la Encuesta como una oportunidad para establecer un concepto metropolitano en los principales aglomerados de la provincia. Los resultados de los indicadores de bienestar a nivel aglomerado se podrían utilizar para convocar a las municipalidades y empezar un diálogo sobre acciones conjuntas.

• Asegurar la sostenibilidad del marco de bienestar a través de ciclos políticos:

  • Promover la idea de que el marco de bienestar es técnico, no está politizado y que se utiliza para mejorar el proceso de toma de decisiones.

  • Formalizar el marco de bienestar a través de mecanismos legislativos. El uso del marco de bienestar en las estructuras parlamentarias también fomenta la sostenibilidad.

  • Los actores del CPSP podrían convertirse en embajadores del marco de bienestar.

Referencias

AMRA (2017), Gestión Asociativa [Joined Up Management], Association of Municipalities of Antofagasta Region, http://www.amra.cl/somos/gestion/ (consultado en 26 agosto 2018).

Anci Toscana (n.d.), Homepage, http://ancitoscana.it/ (consultado en 26 agosto 2018).

Carnegie UK Trust (2016), Sharpening our Focus: Guidance on Wellbeing Frameworks for Regions and Cities, https://www.carnegieuktrust.org.uk/publications/sharpening-focus-guidance-wellbeing-frameworks-cities-regions/.

Gostin, L.O. et al. (2017), Advancing the Right to Health: The Vital Role of Law, World Health Organization, Geneva, https://scholarship.law.georgetown.edu/facpub/1973.

Gobierno de la provincia de Córdoba (2017), Memoria de Gestión Gubernamental (2017), https://datosgestionabierta.cba.gov.ar/?q=memoria (consultado en julio 2018).

Gobierno de Quebec (2018a), “Act respecting the legal publicity of enterprises”, http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/en/ShowDoc/cs/P-44.1 (consultado en 26 agosto 2018).

Gobierno de Quebec (2018b), Données Quebec, https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/registre-des-entreprises (consultado en 26 agosto 2018).

Gobierno Regional de Tarapaca (2018), Gestión de Gobierno, https://www.goretarapaca.gov.cl/gestion/fondo-regional-de-inversion-local/ (consultado en 26 agosto 2018).

Gobierno Regional Metropolitano de Santiago (n.d.), Instrumentos de Inversión Regional, https://www.gobiernosantiago.cl/instrumentos-de-inversion-regional (consultado en 6 agosto 2018).

GOVLAB (2018), Denmark’s Open Address Data Set, http://odimpact.org/case-denmarks-open-address-data-set.html (consultado en 15 septiembre 2018).

OECD (2018), Reshaping Decentralised Development Co-operation: The Key Role of Cities and Regions for the 2030 Agenda, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264302914-en.

OECD (2017), Making Decentralisation Work in Chile: Towards Stronger Municipalities, OECD Multi-level Governance Studies, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264279049-en.

OECD (2016a), OECD Territorial Reviews: Córdoba, Argentina, OECD Territorial Reviews, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264262201-en.

OECD (2016b), Well-being in Danish Cities, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264265240-en.

OECD (2013), OECD Territorial Reviews: Antofagasta, Chile 2013, OECD Territorial Reviews, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264203914-en.

OECD (2012a), Equity and Quality in Education: Supporting Disadvantaged Students and Schools, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264130852-en.

OECD (2012b), Redefining “Urban”: A New Way to Measure Metropolitan Areas, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264174108-en.

Santiago Metropolitan Regional Government (n.d.), Instrumentos de Inversión Regional [Regional Investment Instruments], Santiago, https://www.gobiernosantiago.cl/instrumentos-de-inversion-regional (consultado en 26 agosto 2018).

Schumann, A. (2016), “Using Outcome Indicators to Improve Policies: Methods, Design Strategies and Implementation”, OECD Regional Development Working Papers, No. 2016/02, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/5jm5cgr8j532-en.

Statistics Canada (2018), “Horizontal business innovation and clean technology review statistical tables”, https://open.canada.ca/data/dataset/4112e654-b080-4ce0-a4e4-d739e8f274f7 (consultado en 26 agosto 2018).

Tarapaca Regional Government (2018), Gestión de Gobierno [Government Management], Iquique, https://www.goretarapaca.gov.cl/gestion/fondo-regional-de-inversion-local/ (consultado en 26 agosto 2018).

VVSG (2017), “Local authorities and public service delivery in Flanders”, Presentation, Lviv, https://www.oecd.org/regional/regional-policy/Local-Authorities-ENG.pdf.

Nota

← 1. GRI es una institución reconocida mundialmente por ser pionera en la definición de indicadores para la preparación de informes de sostenibilidad desde 1997. Córdoba es la primera provincia o región en informar exhaustivamente sobre el desempeño de su gestión según los estándares de esta organización internacional.

Capítulo 3. Indicadores de bienestar para el desarrollo regional