Capítulo 6. Sección especial: el Caribe
Antes de la pandemia del COVID-19, las economías de los países del Caribe se caracterizaban por un modesto crecimiento económico, un elevado endeudamiento, una considerable vulnerabilidad ante diferentes riesgos —en particular, los riesgos naturales— y la dependencia del turismo y las importaciones de alimentos.
Pese a que estos países presentan heterogeneidades, la mayoría comparten desafíos estructurales que se han visto agravados por la pandemia, ya que se ha intensificado la magnitud de estas dificultades persistentes. En este capítulo se analizan las principales repercusiones de la crisis en la subregión del Caribe, centrándose en la forma en que ha afectado a las vulnerabilidades estructurales y analizando las políticas implementadas como respuesta a la crisis, así como los principales ámbitos de acción estratégicos para lograr una recuperación resiliente, inclusiva y sostenible.
La pandemia del coronavirus (COVID-19) ha tenido una enorme repercusión en las economías del Caribe, y ha agravado las vulnerabilidades persistentes en esta subregión, como el lento desarrollo económico, los escasos ingresos tributarios y los altos niveles de deuda.
En lo que atañe al desarrollo económico, está previsto que el crecimiento alcance en 2021 el 5.2%, lo cual no bastará para compensar la contracción del 7.6% que se produjo en 2020 y recuperar el nivel de producción registrado en 2019. El crecimiento económico será heterogéneo entre las diferentes economías de esta subregión, aunque prácticamente todas ellas crecerán en 2021 (Gráfico 6.1).
Fuente: (CEPAL, 2020[1]), Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe, 2020: la política fiscal ante la crisis derivada de la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19).
La actividad económica del Caribe se ha visto golpeada por varias perturbaciones externas (CEPAL, 2020[2]). En primer lugar, un descenso de la actividad económica de los principales socios comerciales de la región y una contracción del comercio internacional (Capítulo 1). En segundo lugar, la evolución de los precios de los productos básicos (Capítulo 1). Los países caribeños (excepto Trinidad y Tobago) se han beneficiado de caídas temporales en los precios de la energía y los productos agrícolas. En consecuencia, la mayoría de los países de esta subregión han podido amortiguar los impactos recibidos a través de otros canales. Sin embargo, los precios de los productos básicos han recuperado los niveles previos a la crisis —e incluso los han superado—, por lo que se ha reducido toda ventaja posible. En tercer lugar, han descendido las remesas. La zona euro y los Estados Unidos son los destinos principales de los migrantes del Caribe. Las economías de esta subregión más afectadas por el descenso de las remesas han sido Haití, país en el que representan un 33% del PIB; Jamaica, donde representan un 16%, y San Vicente y las Granadinas, Dominica y la República Dominicana, donde las remesas representan entre un 5% y un 10% del PIB. En cuarto lugar, se ha reducido la demanda de servicios de turismo y la actividad turística podría tardar varios años en recuperar los niveles de 2019. A corto plazo, se observa una recuperación gradual conforme se reabren las fronteras, pero el tráfico será muy inferior al registrado antes de la pandemia. Además, estará el temor a la posibilidad de contagiarse durante el viaje, acompañado de la incertidumbre sobre la capacidad hospitalaria de los países de destino y nuevos cierres de fronteras, todo lo cual podría motivar que los turistas pospusiesen sus viajes.
La pandemia está teniendo un impacto negativo en sectores clave de la economía caribeña (CEPAL, 2021[3]), entre ellos el turismo, la aviación, la hostelería, la restauración, el ocio y el comercio, aunque es menor en el caso de los supermercados, las farmacias y otros servicios considerados “esenciales” en el ámbito nacional. Los sectores de productos no esenciales también enfrentan problemas derivados de las medidas de confinamiento, que comportaron la suspensión de sus actividades. Los ingresos de las empresas han descendido considerablemente, lo que ha dificultado su acceso al crédito y, en muchos casos, ha provocado cierres definitivos. En algunos países, la construcción también se ha visto resentida por los paros y por la considerable incertidumbre respecto a nuevos proyectos (CEPAL, 2021[3]).
Se prevé que la crisis económica aumente la desigualdad de ingresos en todos los países del Caribe. Habida cuenta de los escasos datos disponibles en esta subregión, solo hay estimaciones sobre la repercusión de la pandemia en la pobreza y la distribución de ingresos relativos a la República Dominicana. En ese país, con respecto a 2020, se calcula que la pobreza aumentó 4.4 puntos porcentuales, la pobreza extrema 2.2 puntos porcentuales y el índice de Gini entre un 3% y un 3.9%. Además de la desigualdad en los ingresos, el COVID-19 ha agravado otras vulnerabilidades y desigualdades del Caribe, incluido el acceso a tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC); el acceso a servicios educativos; la inseguridad alimentaria; y la vulnerabilidad de las mujeres y las niñas, con un importante aumento de la violencia de género.
De cara al futuro, sigue existiendo incertidumbre respecto a la recuperación debido a factores internos y externos. La dinámica del crecimiento a partir de 2021 dependerá en buena medida del avance de los procesos de vacunación dentro de la subregión, así como en los principales países asociados, y de la capacidad de las diferentes naciones caribeñas para corregir los problemas estructurales que subyacen a la senda de crecimiento lento en la que se encontraban antes de la pandemia (CEPAL, 2021[4]).
Los gobiernos deben hacer frente al tremendo desafío que supone impulsar la recuperación en un contexto de escaso margen fiscal y con grandes desafíos estructurales, como los bajos niveles de recaudación de impuestos y los elevados niveles de deuda pública. Aunque con una enorme heterogeneidad, en todas las economías del Caribe las balanzas fiscales (y balanzas primarias) empeoraron en 2020. Por ejemplo, en Belice el déficit fiscal global se deterioró, al pasar del -3.5% del PIB en 2019 al -11.4% en 2020. A menor escala, el déficit fiscal global de Surinam pasó del -9.8% del PIB en 2019 al -10% en 2020. Las balanzas primarias también empeoraron en la mayoría de las economías, salvo en Barbados y Jamaica. El aumento del déficit primario y la caída del PIB agravaron además la dinámica negativa de la deuda (CEPAL, 2021[5]).
Como consecuencia de la pandemia, se produjo un considerable aumento de los niveles de deuda en el Caribe, que es una de las regiones más endeudadas del mundo. De los siete países sobre los que había datos disponibles, tres tenían una relación deuda-PIB superior al 100% al cierre de 2020, a saber, Barbados (144%), Belice (131%) y Jamaica (103%) (Gráfico 6.2). El aumento de la deuda en 2020 varió en función del país, ya que en economías como Barbados y Belice, la deuda se incrementó en más de 25 puntos porcentuales del PIB, mientras que en Trinidad y Tobago y la Guyana, en menos de 10 puntos porcentuales (CEPAL, 2021[5]).
La deuda ya suponía un problema central en la región caribeña antes de la pandemia. Las dificultades políticas y el derroche fiscal no han sido los causantes de la acumulación de deuda de esta subregión, sino que más bien han sido resultado del impacto de perturbaciones económicas externas negativas, sucesos extremos y problemas originados por el cambio climático (CEPAL, 2020[11]). El gran endeudamiento se ha traducido en un elevado servicio de la deuda que consume una parte importante de los ingresos tributarios. Durante el período comprendido entre 2009 y 2018, el servicio de la deuda promedio, como porcentaje de los ingresos públicos, superó el 40% en tres países del Caribe: Antigua y Barbuda, Barbados y Jamaica. En Jamaica, el porcentaje promedio fue elevado, del 68%. En las Bahamas, Granada, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas, este indicador se situó entre el 20% y el 40% (Bárcena, 2020[7]). Esta coyuntura fiscal supuso que los países tuviesen muy poco margen para compensar cualquier impacto negativo, como las catástrofes naturales, que son frecuentes en el Caribe.
Fuente: (CEPAL, 2021[5]), Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe, 2021: los desafíos de la política fiscal en la recuperación transformadora pos-COVID-19.
Aunque con una enorme heterogeneidad entre las diferentes economías caribeñas, los bajos ingresos tributarios también han limitado el espacio fiscal para hacer frente a la pandemia e impulsar la recuperación. Las relaciones impuestos-PIB fueron relativamente bajas en esta subregión, situándose el promedio en un 24.9% del PIB en 20191. Esta cifra fue ligeramente superior al promedio regional de ALC (22.9%), pero considerablemente inferior a la de las economías de la OCDE (33.8%) (Gráfico 6.3) (OCDE et al., 2021[8]). Desde 1990, la relación impuestos-PIB promedio de las economías del Caribe ha aumentado 5.6 puntos del PIB, un nivel inferior al de Sudamérica (9.2 p.p.) y América Central (5.9 p.p.). El incremento de la recaudación de impuestos se debió principalmente a la introducción del IVA en 1991 en Jamaica, en 1997 en Barbados, en 2006 en Belice (impuesto general sobre ventas), en 2007 en la Guyana y Antigua y Barbuda, en 2012 en Santa Lucía y en 2015 en las Bahamas. En general, en 2019, los ingresos tributarios totales variaron enormemente entre las economías de esta subregión, desde el 16.6% del PIB en Bahamas al 33.1% del PIB en Barbados (OCDE et al., 2021[8]).
Además de los efectos a corto y mediano plazo de la crisis del COVID-19, los países del Caribe se enfrentan a vulnerabilidades a más largo plazo, entre otras los impactos negativos del cambio climático, riesgos de catástrofes naturales y fenómenos meteorológicos extremos, que son de especial importancia en el caso del Caribe, ya que es la segunda región del mundo más propensa a sufrir desastres ambientales (OCDE, 2019[9]). Las catástrofes naturales son los principales desafíos ambientales, así como los problemas relacionados con el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, factores antropogénicos causantes de estrés hídrico y fuentes terrestres de contaminación. La industria turística, que es el principal sector exportador de la economía, también ha provocado tensiones en los ecosistemas naturales.
Fuente: (OCDE et al., 2021[8]), Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 2021, https://doi.org/10.1787/96ce5287-en-es.
La pandemia podría haber aumentado la sensibilización sobre la necesidad de actuar de manera colectiva para hacer frente al que es, posiblemente, el desafío global más acuciante de cara al futuro: el cambio climático. Los países de ALC tienen la oportunidad de aprovechar esta coyuntura para impulsar una recuperación ambientalmente más sostenible. Los complejos retos ambientales requerirán la coordinación de las políticas económicas, sociales y ambientales, así como marcos de gobernanza congruentes. Algunos de estos retos están relacionados con la adaptación al cambio climático, los recursos hídricos y la gestión de residuos sólidos, la transición energética y el transporte sostenible (OCDE, 2020[10]).
Los países caribeños han implementado ambiciosas medidas para responder a las consecuencias inmediatas de la crisis del COVID-19 y proteger tanto las vidas como los empleos. Sin embargo, al tiempo que atienden las necesidades más urgentes con medidas específicas, los países caribeños tendrán que impulsar reformas estructurales en ámbitos de política cruciales que permitan sentar las bases de una recuperación resiliente, inclusiva y sostenible. Este proceso comportará, entre otras cosas, un cambio estructural progresivo, la expansión de los sistemas de protección social, y el avance hacia estados de bienestar en la región ( [5] ).
Mantenimiento de las transferencias monetarias de emergencia para las poblaciones más vulnerables y apoyo al sector productivo
En algunos países del Caribe, las medidas para hacer frente a la emergencia y proteger tanto las vidas como las formas de sustento han sido importantes y tendrán que mantenerse para apoyar a las familias, los trabajadores y las empresas más vulnerables mientras sea necesario.
Las transferencias monetarias temporales deben acompañarse de otras medidas, como la congelación de los pagos de suministros básicos o el diferimiento del pago de deudas. A medio y largo plazo, deben construirse sistemas de protección social universales, integrales y sostenibles, como parte de sociedades del cuidado que garanticen unos niveles de bienestar para la población y que no dependan exclusivamente del trabajo no remunerado de las mujeres. De hecho, podrían utilizarse medidas de apoyo temporales para avanzar hacia una transformación más permanente de los sistemas de protección social. El carácter universal, integral, suficiente y sostenible de la protección social es ahora más importante que nunca.
Dentro del marco de las estrategias de recuperación, resulta crucial considerar opciones para reforzar los sistemas de pensiones. Debería hacerse hincapié en aumentar la cobertura y el tamaño de las prestaciones, la sostenibilidad económica y la solidaridad social como criterios transversales para su formulación.
Además de las transferencias monetarias y otras medidas de apoyo, algunos países del Caribe han puesto en marcha programas de alimentos de emergencia. El gobierno de Antigua y Barbuda introdujo el Programa de Asistencia Alimentaria de Emergencia COVID-19 (COVID-19 Emergency Food Assistance Programme), destinado específicamente a personas mayores que viven solas, personas con discapacidad y personas sin empleo con hijos. El gobierno de Trinidad y Tobago aumentó los pagos a los actuales beneficiarios de programas de asistencia pública, entre otros las ayudas para atender a personas con discapacidad. Además, varios países optaron por sustituir programas de comedores escolares por otras modalidades como, por ejemplo, una tarjeta de alimentos en Trinidad y Tobago y un paquete de comida semanal en Antigua (CEPAL, 2021[3]).
Será esencial mantener el apoyo a los sectores productivos para evitar una quiebra del sector de las mipymes y promover políticas que favorezcan el empleo. Algunos países del Caribe han implantado programas de apoyo para el sector productivo. Jamaica, por ejemplo, ha introducido el programa de transferencias monetarias y apoyo a empleados de empresas “BEST Cash” y una ayuda COVID-19 destinada a empresas del sector turístico. Granada también ha introducido un programa de ayuda salarial para el sector turístico y está ofreciendo, además, crédito adicional a hosteleros y pequeñas empresas (CEPAL, 2020[11]).
Barbados y Bahamas complementaron las prestaciones por desempleo que forman parte de sus sistemas de seguridad social con prestaciones temporales para contribuyentes y empleados por cuenta propia. En San Cristóbal y Nieves y San Vicente y las Granadinas, la nueva prestación temporal por desempleo facilitada a través del sistema de seguridad social está restringida únicamente a trabajadores asegurados (CEPAL, 2021[3]).
También ha habido programas de ayuda para el pago de la vivienda destinados a trabajadores que han perdido ingresos por la pandemia y podrían ser objeto de embargos o desahucios, por lo que los gobiernos están trabajando con las instituciones financieras para evitar la ejecución de dichos procesos. El gobierno de Trinidad y Tobago, por ejemplo, ofrece una ayuda temporal de asistencia para pagar el alquiler a personas y familias afectadas por una suspensión o rescisión de su empleo. Reducir las facturas de los suministros públicos o permitir su pago diferido son otras formas relativamente sencillas de aliviar la presión a la que se encuentran sometidos los presupuestos familiares y que han adoptado algunos países del Caribe (CEPAL, 2020[11]).
Sostenimiento de políticas fiscales expansivas
La respuesta de política pública de los países del Caribe al COVID-19 se ha visto restringida por un espacio fiscal limitado, provocado por el elevado endeudamiento y servicio de la deuda. Pese a esta restricción, se ha aumentado el gasto y se ha prestado apoyo crediticio y garantizado (CEPAL, 2020[1]; Bárcena, 2020[12]).
Para apuntalar la recuperación, resultará esencial promover la inversión en sectores esenciales, como las fuentes de energía renovable no convencionales, la electromovilidad urbana, la universalización de la transformación digital (OCDE, 2020[10]), la industria farmacéutica, en especial con respecto a las vacunas, la bioeconomía, la economía asistencial, la economía circular y el turismo sostenible. En todos ellos hay margen para políticas productivas y tecnológicas que generen empleo de calidad y favorezcan la innovación y la diversificación de las exportaciones, así como la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos, e iniciativas de cooperación regional.
Dado el reducido espacio fiscal y los elevados niveles de endeudamiento de las economías caribeñas, para sostener una política de gasto expansiva se necesitarán medidas de acceso a financiación a través de una gestión de la deuda coordinada a escala mundial, una reducción de las pérdidas tributarias a corto plazo y la consolidación de los ingresos tributarios a medio plazo. A corto plazo, resulta esencial erradicar la evasión de impuestos, que es responsable de una pérdida de recursos que asciende a 325 000 millones de USD (6.1% del PIB regional) y reducir los gastos tributarios, que representan una pérdida de ingresos equivalente al 3.7% del PIB. Del mismo modo, serán esenciales un adecuado manejo de la deuda, marcos fiscales apropiados, incluyendo reglas fiscales si es necesario, y una gestión de la deuda coordinada a nivel mundial de acuerdo con directrices básicas para obtener y gestionar los recursos necesarios (Capítulo 1) (Nieto-Parra y Orozco, 2020[13]). En general, para que la política fiscal sea efectiva, debe tener en cuenta el complejo contexto actual a través de una secuenciación de acciones bien definida. Todo esto se ha de respaldar además con un amplio consenso, alcanzado mediante un diálogo nacional y una clara comunicación (Mora, Nieto-Parra y Orozco, 2021[14]) (Capítulo 1).
A medio plazo, deben incrementarse progresivamente los ingresos tributarios para que el gasto público sea sostenible. En el complejo contexto actual, los plazos, la rapidez y la forma en que se produzcan dichos incrementos deberán adaptarse a la situación de cada país y respaldarse con un amplio consenso alcanzado a través del diálogo nacional y de una comunicación clara. Para ello es necesario mejorar el poder redistributivo del sistema tributario aumentando los impuestos sobre la renta de forma progresiva, ampliando el alcance de los impuestos a la propiedad y el patrimonio, revisando y actualizando los cánones por la explotación de recursos no renovables y considerando impuestos a la economía digital y sobre los bienes y servicios que dañen el entorno o la salud pública (Mora, Nieto-Parra y Orozco, 2021[14]).
La sostenibilidad y la orientación de la política fiscal requieren un nuevo pacto social y fiscal (véase el Capítulo 4), necesarios para alcanzar el consenso preciso para avanzar en reformas estructurales pendientes para reactivar la inversión, el empleo, la igualdad, la protección social, la reducción de la brecha de género y la acción por el clima, entre otras cosas (Cabutto, Nieto-Parra y Vázquez-Zamora, 2021[15]).
Financiación para el desarrollo: impulso de nuevas iniciativas
Las iniciativas de alivio de la deuda exigen cambios en la arquitectura de la deuda internacional que atribuyan especial importancia a las economías más endeudadas, independientemente de su nivel de ingresos. Tradicionalmente, las economías del Caribe, como Haití, San Vicente y las Granadinas y Dominica, han emitido deuda a través de acreedores bilaterales o bancos multilaterales (Nieto-Parra y Orozco, 2020[13]). Se necesita un mecanismo de reestructuración de la deuda soberana internacional para gestionar las obligaciones con acreedores privados, así como una agencia de calificación crediticia multilateral. Al mismo tiempo, la heterogeneidad de los perfiles de deuda y vulnerabilidad de la región hace necesario el diseño de una estrategia de reducción de la deuda que no adopte un enfoque universal (Nieto-Parra y Orozco, 2020[13]) (Capítulo 1). Las economías del Caribe se beneficiarán del reciente acuerdo de emisión de Derechos Especiales de Giro (DEG), que es una asignación histórica de DEG equivalente a 650 000 millones de USD (cerca de 456 000 millones de DEG) (Capítulo 1). Las asignaciones de DEG se distribuyen de forma proporcional a la participación de los países en el capital del FMI, que también está estrechamente vinculada al tamaño de sus economías. En términos generales, las economías del Caribe se beneficiarán de unos 1 806 millones de DEG para complementar las reservas internacionales de los países y aumentar su resiliencia financiera, así como para garantizar que, en caso de necesidad urgente, puedan echar mano de sus ahorros (importación de vacunas) (FMI, 2021[16]).
La reasignación de DEG se realizaría en tres partes. La primera se destinaría a aumentar la financiación del Fondo Fiduciario para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza, que ya se financia ampliamente con préstamos de DEG otorgados por países desarrollados. Los DEG canalizados a este Fondo solo beneficiarían a los países de ingresos más bajos. La segunda consistiría en un fondo fiduciario para financiar acciones de lucha contra el cambio climático, la transformación digital y el gasto sanitario. La tercera parte respaldaría préstamos de bancos multilaterales de desarrollo a través de la creación de otro fondo fiduciario.
América Latina y el Caribe se beneficiarían de una nueva asignación de DEG que reforzaría la posición externa de algunas de las economías más pequeñas y endeudadas, lo que reduciría su prima de riesgo y liberaría recursos para financiar la lucha contra la pandemia.
La puesta en marcha de fondos multilaterales, como el Fondo para Aliviar la Economía COVID-19 (Fund to Alleviate COVID-19 Economics o FACE) propuesto por el gobierno de Costa Rica, puede complementar iniciativas para inyectar liquidez de los países desarrollados a los países en desarrollo. Los bancos de desarrollo también pueden ayudar a incrementar la liquidez aumentando la capitalización y la flexibilidad de sus criterios para la concesión de préstamos.
Las actividades de financiación deberían ir acompañadas de un mayor uso de instrumentos innovadores como las cláusulas sobre huracanes e instrumentos de deuda contingente, vinculados a la capacidad de pago, en aras de evitar el endeudamiento excesivo y aumentar la capacidad de los países para devolver y amortizar su deuda. Este es un tema de enorme relevancia en una subregión con una elevada exposición al impacto del cambio climático.
Refuerzo de la salud y la educación como áreas clave
Durante la pandemia, los países caribeños han aumentado el gasto sanitario en pruebas de diagnóstico del COVID-19, el tratamiento de casos graves y críticos, y un mayor control de la salud pública. Debería seguir promoviéndose la coordinación y la cooperación regional entre países del Caribe, y entre estos y el resto de ALC, para reforzar y acelerar los procesos de vacunación.
Dadas las limitaciones en materia de logística de la distribución local de las vacunas, la disponibilidad de insumos críticos y la reducida cobertura de los sistemas de salud, debería aumentarse la inversión en atención sanitaria, en concreto en atención primaria, con programas sostenibles que refuercen el sector de salud público (CEPAL/OPS, 2020[17]).
Las instituciones educativas de todo el Caribe se vieron obligadas a cerrar ya a mediados de marzo de 2020 como parte de las medidas para frenar la propagación del COVID-19. Se suministraron a los estudiantes sin conexión a Internet dispositivos móviles para acceder a plataformas online y, en primaria y secundaria, se están facilitando paquetes de actividades (CEPAL, 2020[11]).
Es una necesidad apremiante que se produzca un regreso seguro y gradual a los centros educativos, en coordinación con el sector de la salud. Muchos países del Caribe se vieron obligados a cerrar por completo los centros educativos para contener la pandemia. En promedio, estuvieron cerrados durante 20 semanas en toda esta subregión, una cifra inferior a las 26 de toda ALC pero superior a las 15 semanas que se mantuvieron cerrados en promedio en las economías de la OCDE (Gráfico 6.4). Dado el impacto que ha tenido la pandemia en la salud mental de niños y adolescentes, tanto por el aumento de su exposición a Internet como por el aislamiento social, las estrategias encaminadas a continuar con la educación y regresar a los centros escolares deberían dar prioridad al bienestar socioemocional de estudiantes y docentes.
También se necesita urgentemente invertir en la atención y el bienestar de niños y adolescentes. La región no se puede permitir perder a una generación porque sus trayectorias educativas se hayan visto truncadas y por la falta de acceso a unas condiciones básicas que garanticen sus derechos y su bienestar.
Nota: El promedio de la OCDE incluye a los 37 países miembros en ese momento. El promedio ALC incluye a Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, la República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. Actualización hasta el 1 de marzo de 2021.
Fuente: (UNESCO, 2020[18]), Seguimiento mundial de los cierres de escuelas causados por el COVID-19, https://es.unesco.org/covid19/educationresponse.
Referencias
[7] Bárcena, A. (2020), Mobilizing international solidarity, accelerating action and embarking on new pathways to realize the 2030 Agenda and the Samoa Pathway: Small Island Developing States, Presentación de la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, en el Foro Político de Alto Nivel 2020, https://www.cepal.org/en/presentations/mobilizing-international-solidarity-accelerating-action-and-embarking-new-pathways.
[12] Bárcena, A. (2020), Regional dialogue to share experiences on fiscal responses to the crisis generated by the COVID-19 pandemic: The Caribbean perspective, Presentación de Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, en la Reunión Virtual de Ministros de Finanzas para discutir el impacto económico de la pandemia de COVID-19 en el Caribe, https://www.cepal.org/sites/default/files/presentation/files/200428_final_covid19_caribbean_reg_dailogue_of_finance_ministers.pdf.
[15] Cabutto, C., S. Nieto-Parra y J. Vázquez-Zamora (2021), “A post-pandemic social contract for Latin America: the why, the what, the how”, Vox LACEA, http://www.lacea.org/vox/?q=blog/social_contract_latam.
[3] CEPAL (2021), La pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19): una oportunidad de aplicar un enfoque sistémico al riesgo de desastres en el Caribe, Publicación de las Naciones Unidas, Santiago, https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46731/1/S2100024_es.pdf.
[4] CEPAL (2021), La paradoja de la recuperación en América Latina y el Caribe. Crecimiento con persistentes problemas estructurales: desigualdad, pobreza, poca inversión y baja productividad, Publicación de las Naciones Unidas, Santiago, https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47043/5/S2100379_es.pdf.
[5] CEPAL (2021), Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2021: los desafíos de la política fiscal en la recuperación transformadora pos-COVID-19, Publicación de las Naciones Unidas, Santiago, https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46808/1/S2100170_es.pdf.
[2] CEPAL (2020), COVID-19 Reporte Especial, No. 1. América Latina y el Caribe ante la pandemia del COVID-19: efectos económicos y sociales, Publicación de las Naciones Unidas, Santiago, https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45337/6/S2000264_es.pdf.
[1] CEPAL (2020), Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe, 2020: la política fiscal ante la crisis derivada de la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), Publicación de las Naciones Unidas, Santiago, https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45730/5/S2000154_es.pdf.
[11] CEPAL (2020), The Caribbean Outlook: Forging a People-centred Approach to Sustainable Development PostCOVID-19, Publicación de las Naciones Unidas, Santiago, https://www.cepal.org/fr/node/52477.
[6] CEPAL (2018), The Caribbean Outlook, Publicación de las Naciones Unidas, Santiago, https://www.cepal.org/en/publications/43581-caribbean-outlook.
[17] CEPAL/OPS (2020), Salud y economía: una convergencia necesaria para enfrentar el COVID-19 y retomar la senda hacia el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe, Publicación de las Naciones Unidas, Santiago, https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45840/4/S2000462_es.pdf.
[16] FMI (2021), 2021 Asignación general de DEG, https://www.imf.org/en/Topics/special-drawing-right/2021-SDR-Allocation.
[14] Mora, S., S. Nieto-Parra y R. Orozco (2021), Fiscal policy to drive the recovery in Latin America: the “when” and “how” are key, Vox LACEA, https://vox.lacea.org/?q=blog/fiscal_policy_latam.
[13] Nieto-Parra, S. y R. Orozco (2020), Public debt and COVID-19. Paying for the crisis in Latin America and the Caribbean, Le Grand Continent, https://legrandcontinent.eu/fr/2020/07/22/public-debt-and-covid-19-paying-for-the-crisis-in-latin-america-and-the-caribbean/.
[10] OCDE (2020), Perspectivas económicas de América Latina 2020: Transformación digital para una mejor reconstrucción, Publicaciones de la OCDE, París, https://doi.org/10.1787/f2fdced2-es.
[9] OCDE (2019), Perspectivas económicas de América Latina 2019: Desarrollo en transición, Publicaciones de la OCDE, París, https://doi.org/10.1787/g2g9ff1a-es.
[8] OCDE et al. (2021), Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 2021, Publicaciones de la OCDE, París, https://doi.org/10.1787/96ce5287-en-es.
[18] UNESCO (2020), Seguimiento mundial de los cierres de escuelas causados por el COVID-19, UNESCO, https://es.unesco.org/covid19/educationresponse.
Nota
← 1. Promedio simple que incluye ocho países caribeños: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Guyana, Jamaica, Santa Lucía y Trinidad y Tobago.