Resumen ejecutivo
Los sistemas de integridad regionales en el Perú dependen de varias políticas públicas, instancias y mecanismos que operan a nivel central, regional y municipal. Aunque el Perú ha instituido una estrategia y un marco de coordinación formal, los gobiernos regionales siguen muy afectados por la corrupción. El nivel de aplicación de las políticas públicas y de actividad institucional en materia de integridad pública generalmente es limitado e incapaz de generar un efecto importante.
La Política Nacional de Integridad y Lucha contra la corrupción del Perú reconoce que las entidades subnacionales son las más afectadas por la corrupción, mientras que en estos niveles las medidas anticorrupción a menudo son limitadas. Por lo tanto, el Plan de Acción para 2018-2021 define varias acciones para los gobiernos regionales, que incluyen establecer una función de integridad encargada de articular y supervisar el marco de integridad que se aplicará en cada entidad (el “modelo de integridad”).
Sin embargo, implementar la función y el modelo de integridad en los gobiernos regionales se está rezagando con respecto a las entidades del gobierno central. Hasta ahora, solo cinco regiones han designado una unidad o nombrado a una persona a cargo de la función de integridad. Las razones de esto son múltiples y se deben a varios factores contextuales y relacionados con los recursos, entre ellos la gran diversidad regional, problemas persistentes para completar el proceso de descentralización, el escaso conocimiento de los gobernadores sobre la pertinencia y los beneficios de las políticas de integridad, las políticas regionales, las limitaciones presupuestarias y el alto grado de rotación de personal.
Aunque el marco jurídico vigente ya prevé diversas opciones para institucionalizar la función de integridad, la realidad a nivel regional exige un método progresivo y más individualizado que tome en cuenta las capacidades disponibles y los principales riesgos de integridad. La Secretaría de Integridad Pública (SIP) podría elaborar una matriz que se base en esos aspectos, asignando cada región a una categoría con una configuración institucional recomendada y una lista de las funciones que deberán priorizarse. Un método de ese tipo permitiría aplicar en forma gradual la función de integridad completa, centrándose en articular las políticas de integridad y en proporcionar orientación estratégica a los dirigentes, en especial al gobernador. Las tareas mínimas que deben garantizarse en todos los gobiernos regionales incluyen identificar los riesgos de integridad, proponer políticas de integridad concretas y supervisar la implementación del modelo de integridad.
Además, cada gobierno regional debe definir cierto número de áreas prioritarias en las que deberán aplicarse las políticas de integridad. Esto podría efectuarse mediante una evaluación de las fortalezas y debilidades internas y de las oportunidades y amenazas externas del gobierno regional. Por ejemplo, las áreas prioritarias podrían incluir salvaguardar lo logrado en los objetivos de política pública relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la minería, salud, educación o infraestructura.
Siguiendo el modelo de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), las Comisiones Regionales Anticorrupción (CRA) incluyen a diversas partes interesadas de los sectores público y privado. Si bien este diseño busca coordinar los trabajos a nivel regional, la experiencia hasta ahora muestra que las CRA solo tienen una influencia limitada. Su influencia a menudo es debilitada por la dinámica política, los conflictos entre los miembros y que no se garantice la aportación técnica pertinente, se institucionalice el trabajo o se centre la atención en la prevención y las prioridades estratégicas.
Para enfrentar estos desafíos, las CRA podrían involucrar a otras instancias regionales que supervisen procesos y riesgos clave (como en la contratación pública), unificar reglamentos internos y garantizar la participación continua, en particular mediante el nombramiento de puntos de contacto técnico en todas las organizaciones participantes. De manera fundamental, la función de integridad podría designarse como la secretaría técnica de las Comisiones Regionales Anticorrupción para aprovechar su mandato de integridad en los gobiernos regionales, evitar la duplicación de trabajos y asegurar la coherencia con la política nacional. Es más, podría fungir como enlace entre el gobierno regional, la CRA, la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción y la SIP para informar sobre el progreso y las buenas prácticas, pero también para solicitar asistencia técnica y apoyo político.
Conforme al modelo institucional descentralizado del Perú, varias instancias nacionales tienen influencia directa e indirecta en los sistemas y políticas de integridad de los gobiernos regionales y, por ende, pueden apoyar a la función y al sistema de integridad a nivel regional.
Considerando las limitadas capacidades y recursos en las regiones, la Secretaría de Integridad Pública podría aumentar a escala el apoyo existente a los gobiernos regionales. En particular, podría movilizar un compromiso de alto nivel al ilustrar y aclarar conceptos de integridad pública y hacer notar los beneficios económicos, sobre todo en el contexto de la emergencia actual del COVID-19. La SIP también podría fortalecer las capacidades del personal que trabaje en la función de integridad en las regiones y promover el diálogo entre las funciones de integridad. Actualmente, ese intercambio solo tiene lugar de manera informal y ocasional.
A su vez, la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) podría proporcionar dirección estratégica para fortalecer las secretarías técnicas de las CRA mediante una estrategia de desarrollo de capacidades y un mecanismo que asegure el intercambio de información y experiencias entre las regiones para mejorar el aprendizaje mutuo en materia de riesgos, logros y temas prioritarios. La CAN también podría albergar una plataforma de monitoreo y hacer evaluaciones comparativas de la integridad pública en las regiones mediante indicadores que midan, por ejemplo, la aplicación y el resultado de las funciones de integridad y de las Comisiones Regionales Anticorrupción. Como en las regiones los actores sociales a menudo desconocen los trabajos e iniciativas en materia de integridad, la CAN podría apoyar a las Comisiones Regionales Anticorrupción promoviendo cursos de capacitación en línea sobre políticas de integridad pública y sus beneficios en estrecha colaboración con universidades y la sociedad civil a nivel regional.
Por último, la Presidencia del Consejo de Ministros también podría promover trabajos de coordinación y brindar apoyo concreto a los sistemas de integridad regionales. En particular, la creación de Agencias Regionales de Desarrollo (ARD) es una oportunidad para impulsar el proceso de descentralización, pero también entraña diversos riesgos de integridad. En sí, la función de integridad regional podría proporcionar asesoría a las ARD para identificar y moderar esos riesgos de integridad, en especial los relacionados con la influencia indebida en los procesos de toma de decisiones o los casos de conflicto de interés.