Prólogo
La integridad es la piedra angular de la buena gobernanza, que configura las democracias, economías y sociedades. Coadyuva a lograr sectores públicos más eficientes, economías más productivas, sociedades más incluyentes e infundir mayor confianza pública. La crisis del COVID-19 subrayó la necesidad de la integridad para garantizar que la acción gubernamental en todos los niveles sea eficaz y beneficie a los necesitados. Lamentablemente, la crisis crea oportunidades para infringir la integridad y agudizar el fraude y la corrupción, en particular en la contratación pública, los paquetes de incentivos económicos y los programas de bienestar social. Sin un sistema de integridad coherente que pueda identificar y mitigar las vulnerabilidades tanto a nivel central como subnacional, la corrupción puede florecer durante la crisis y socavar la recuperación económica y social de un país, así como su resiliencia a largo plazo.
En el Perú, el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021 establece una ruta clara para crear un sistema de integridad coherente. Destaca el papel crucial de los gobiernos regionales para incorporar la integridad como un aspecto dominante en todo el país. El Plan aprovecha el análisis y las recomendaciones del Estudio de la OCDE sobre integridad en el Perú de 2016, que propone una visión estratégica de la integridad y medidas para infundir la integridad como un aspecto dominante en todo el gobierno y la sociedad. Para lograr esta meta, el Perú encomendó a todas sus entidades públicas, incluidos los gobiernos regionales, que establecieran una función de integridad. Si bien esto es un progreso importante, garantizar su ejecución es más difícil, sobre todo a nivel regional y municipal.
El informe apoya una mejor comprensión de la integridad pública y sus beneficios para los gobiernos entre los dirigentes políticos regionales. Orienta a la Secretaría de Integridad Pública y a otras instancias nacionales en la aplicación de una función de integridad en las regiones de manera estratégica y sustentada en prioridades que fomente el compromiso y la pertenencia. Además, el informe recalca que las Comisiones Regionales Anticorrupción son instancias fundamentales que deben fortalecerse para controlar con éxito la corrupción en las regiones peruanas.
En sí, el informe aprovecha la Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Integridad Pública para establecer responsabilidades explícitas para la integridad en todos los niveles de gobierno. De hecho, la amplitud de las responsabilidades, los criterios para la planeación y otorgamiento de licencias y la proximidad cercana con los ciudadanos y usuarios de servicios gubernamentales sitúan a los gobiernos subnacionales en una conjunción excepcional de desafíos de integridad. Es frecuente que en este nivel se forje o se pierda la confianza, dada la estrecha interacción entre el gobierno, el sector privado y los ciudadanos. Al mismo tiempo, las medidas oficiales de rendición de cuentas a veces son menos eficaces que a nivel nacional.
Establecer las funciones de integridad en los gobiernos regionales y propiciar que la Comisión Regional Anticorrupción cumpla con su mandato coadyuvará a incorporar la integridad en la gestión pública y fortalecerá eficazmente una cultura de integridad en todo el país. Es un paso explícito para prevenir la corrupción y el fraude, fortalecer la confianza de los ciudadanos y contribuir a un crecimiento incluyente en el Perú.