copy the linklink copied! 9.2. Influencia en la toma de decisiones a través del cabildeo/lobby y las finanzas políticas
Influir en la formulación de políticas públicas es una parte fundamental de un sistema democrático sólido. Los grupos de interés, incluidos los cabilderos, pueden aportar información muy necesaria al debate de políticas. Sin embargo, en ausencia de regulaciones, también pueden capturar la formulación de políticas. De hecho, los intereses poderosos pueden usar su riqueza, poder o ventajas para inclinar la balanza a su favor a expensas del interés público. En América Latina, en promedio, casi el 75% de los ciudadanos perciben que unos pocos grupos poderosos gobiernan sus países para su propio beneficio (Latinobarómetro, 2017).
Cabildear a funcionarios públicos o financiar las campañas electorales de los candidatos y partidos políticos son las formas más comunes de ejercer un acceso desigual en el proceso de toma de decisiones. En América Latina y el Caribe, aunque existe una creciente conciencia y esfuerzos para abordar los efectos distorsivos de estas prácticas, los desafíos y las brechas persisten.
El Índice de Calidad de las Regulaciones contra la Influencia Indebida, basado en el Cuestionario de la OCDE de 2018 sobre Integridad Pública en América Latina, mide la existencia y el alcance de las regulaciones de cabildeo/lobby, la transparencia efectiva de la búsqueda de influencias y la regulación sobre conflicto de intereses. El promedio regional para 2018 es de 4,08 sobre un máximo de 9,00 puntos, siendo 0 la calidad de regulación más baja posible y 9 la más alta. Argentina (7,50), Chile (7,40) y México (7,00) tienen los puntajes más altos, mientras que Paraguay actualmente tiene 0,00.
Siete países no tienen una regulación específica sobre la influencia de grupos de interés, como las empresas. Solo Chile, Colombia y México tienen un registro de cabilderos/lobistas, y de estos, Colombia no impone sanciones por incumplimiento. El puntaje promedio en las regulaciones de cabildeo/lobby es 0,89 sobre 3 puntos, con seis países (Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay y Uruguay) obteniendo un puntaje de 0,00.
Con respecto a la transparencia de la búsqueda de influencia, los países de ALC obtienen un promedio de 1,27 sobre 3. Solo cuatro países (Argentina, Chile, México y Perú) requieren que las agendas de los funcionarios públicos sean públicas, y cinco países (Argentina, Colombia, Costa Rica, México y Perú) requieren revelar los nombres de los miembros de los órganos consultivos permanentes. Argentina es el único país que obtiene el puntaje máximo (3,00) en este indicador.
La regulación sobre conflicto de intereses es el indicador en el que los países de ALC obtienen el puntaje más alto: 1,92 sobre 3. Argentina y México obtuvieron el puntaje máximo, seguidos por Colombia y Perú. Ecuador, Guatemala y Paraguay no tienen regulaciones para cargos políticos (por ejemplo, miembros del gabinete, miembros de cuerpos legislativos) ni les imponen períodos de enfriamiento, también conocidos como regulaciones relativas a “puertas giratorias”.
Con respecto al financiamiento político, la tendencia general es hacia la introducción de más reglamentaciones sobre financiamiento político, y la región, en realidad, está fuertemente regulada. Sin embargo, los datos del Cuestionario muestran el amplio uso de prácticas informales que no están cubiertas por las regulaciones actuales. Por ejemplo, si bien la mayoría de los países de la región prohíben las donaciones anónimas y los partidos políticos deben revelar la identidad de los donantes, las contribuciones en efectivo están permitidas en el 92% ellos y la distribución de regalos en el 33%. A veces, las contribuciones en efectivo se utilizan para eludir las regulaciones formales, debido a las complicaciones asociadas con el monitoreo de tales transacciones. Solo el 67% de los países tienen requisitos para declarar las contribuciones en línea, y el 33% requiere que dichos datos se publiquen dentro de los 30 días posteriores a la campaña.
Los datos se recopilaron a través del Cuestionario de la OCDE de 2018 sobre Integridad Pública en América Latina, al que respondieron 12 países. Se encuestó predominantemente a altos funcionarios del gobierno central, entidades fiscalizadoras superiores y comisiones electorales.
El Índice de calidad de las regulaciones contra la influencia indebida se basa en el marco teórico de la OCDE sobre influencia indebida. Consiste en tres subindicadores, regulaciones de cabildeo/lobby, transparencia en la búsqueda de influencias y regulaciones sobre conflictos de intereses, cada una de las cuales tiene un valor entre 0 (más bajo) y 3 (más alto). La puntuación total corresponde a la agregación no ponderada de los tres indicadores, por lo tanto, varía de 0 a 9.
Las regulaciones de cabildeo/lobby cubren la existencia de tales regulaciones y la existencia de un registro de cabilderos. La transparencia en la búsqueda de influencia considera si las agendas de los altos funcionarios se hacen públicas, la existencia de una huella legislativa y la divulgación de los miembros de los órganos consultivos permanentes. Finalmente, las regulaciones sobre conflictos de interés consideran la existencia de tales regulaciones y los períodos de reflexión para los representantes electos.
Los puntajes reflejan la existencia y el alcance de las regulaciones sobre influencia en un país. No indican si estas se implementan efectivamente ni si los mecanismos están logrando el impacto deseado.
La huella legislativa se refiere a la posibilidad de reconstruir, con base en la información disponible públicamente, quién ha influido en un proceso regulatorio (por ejemplo, contribuido al borrador de una ley) y con qué interés.
Un período de enfriamiento es un período durante el cual a funcionarios públicos se les prohíbe participar en actividades de cabildeo/lobby y empleo que podrían constituir un conflicto de intereses.
Para obtener más información sobre la metodología y los datos subyacentes, consulte el Anexo Annex E.
Bibliografía complementaria
OCDE (2018), Integridad para el buen gobierno en América Latina y el Caribe: De los compromisos a la acción, Publicaciones de la OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264307339-es
Notas para los gráficos
Figure 9.4 Los datos para Honduras no están disponibles.
Fuente: OCDE (2018) Cuestionario de la OCDE sobre Integridad Pública en América Latina
Fuente: OCDE (2018) Cuestionario de la OCDE sobre Integridad Pública en América Latina
Metadata, Legal and Rights
https://doi.org/10.1787/1256b68d-es
© OCDE 2020
El uso del contenido del presente trabajo, tanto en formato digital como impreso, se rige por los términos y condiciones que se encuentran disponibles en: http://www.oecd.org/termsandconditions.
