Resumen ejecutivo
Costa Rica está entre las democracias más estables de América Latina. En general, el país está mostrando buenos resultados en el área de gobernanza pública, integridad y corrupción en comparación con otros países de la región y con el promedio de la OCDE. No obstante, Costa Rica enfrentó recientemente varios casos de corrupción de alto nivel y existe la necesidad de proteger los logros democráticos, salvaguardar la confianza en el gobierno y desarrollar la resiliencia económica. Aunque el país ya está tomando medidas contra la impunidad, es importante invertir en la prevención de la corrupción y en fortalecer las instituciones para gestionar de manera efectiva los riesgos de integridad. Establecer y mejorar continuamente un sistema de integridad coherente e integral ayudará a mantener la estabilidad democrática y la prosperidad económica.
Actualmente Costa Rica carece de un marco estratégico para garantizar la coordinación entre todos los principales actores de integridad. Si bien la reciente Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción (ENIPC) evidenció el beneficio de tal coordinación, también expuso desafíos con respecto a lograr una cooperación más institucionalizada. Además, una implementación coherente de los estándares de integridad es difícil debido a los diferentes niveles de autonomía e independencia entre los poderes y niveles de gobierno y entre las entidades dentro de la administración pública, que se divide en los niveles central, institucional y territorial.
Costa Rica podría establecer una comisión de coordinación permanente que involucre a los actores de integridad clave y adopte un enfoque de toda la sociedad para controlar la corrupción. Las discusiones técnicas podrían tener lugar en dos subcomisiones, sobre prevención y sobre aplicación de la ley. El direccionamiento político y técnico de la comisión podría asegurarse involucrando al Presidente de la República y asignando la Secretaría Técnica de la comisión a la Procuradoría de Ética Pública.
El país podría promover la transversalización de las políticas de integridad en toda la administración pública fortaleciendo en particular las Comisiones Institucionales de Ética y Valores (CIEV) y la Comisión Nacional de Valores (CNEV).
La ENIPC es un paso importante hacia un sistema de integridad sólido y resiliente en Costa Rica, ya que proporciona una visión a largo plazo construida sobre un amplio consenso. Sin embargo, la ENIPC actualmente carece de claridad con respecto a la implementación, seguimiento y evaluación de las actividades que propone.
Costa Rica, a través de su Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), podría asegurar que la integridad sea incluida en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, priorizando el compromiso de mejorar la coordinación entre los actores del sistema de integridad y el desarrollo participativo de la Política Nacional Anticorrupción, priorizada por la ENIPC. Además, Costa Rica podría garantizar un monitoreo y una evaluación efectivos de la ENIPC y de las futuras políticas de integridad.
El marco legal de Costa Rica sobre la gestión de conflictos de interés está fragmentado, lo que dificulta que los funcionarios públicos sepan qué medidas se les aplican. Solo se proporcionan prohibiciones y sanciones generales. Además, no existe una definición clara de lo que es un conflicto de interés, lo que ha socavado el desarrollo de un sistema general con responsabilidades institucionales claras para prevenir y gestionar los conflictos de interés.
Costa Rica podría fortalecer sus normas de integridad como base para gestionar los conflictos de interés, incluida la unificación de la legislación y las normas pertinentes en un régimen cohesivo e incluir normas pre y post empleo público.
De manera similar, el país se beneficiaría de establecer un sistema general para la prevención y gestión de conflictos de interés.
Costa Rica actualmente carece de las barandillas necesarias para garantizar que los procesos de toma de decisiones públicas sean transparentes y estén protegidos contra influencias indebidas.
Costa Rica podría adoptar un marco sólido, eficaz y resiliente para las actividades de cabildeo y de influencia, asegurando la transparencia en todos los esfuerzos para influir en el proceso de formulación de políticas en todas las ramas del gobierno. Este marco debe incluir regulaciones tanto para los funcionarios públicos como para todos los grupos de interés que influyen en el gobierno.
Costa Rica también podría adoptar reglas vinculantes para el proceso de selección de grupos asesores o de expertos, y promover la transparencia sobre cuáles son los resultados de éstas consultas, cómo se han tratado y cómo se incorporaron en la decisión resultante.
Costa Rica podría fortalecer sus reglas existentes sobre transparencia e integridad en los procesos electorales al especificar límites de contribuciones y de gastos y adoptar regulaciones sobre publicidad en medios en línea.
El sistema actual de acceso a la información permanece incompleto sin una ley independiente de acceso a/libertad de información aplicable a todo el sector público. Costa Rica también se beneficiaría de aprobar una ley de participación ciudadana.
El marco legal e institucional de Costa Rica para la aplicación disciplinaria está muy fragmentado en relación con los procedimientos aplicables a las diferentes categorías de funcionarios y entidades públicas y la descripción de las infracciones establecidas en varias normas. Además, no existe una guía central sobre asuntos disciplinarios que asegure una implementación uniforme de reglas y procesos en todo el sector público. Estas deficiencias conducen a inconsistencias que socavan la eficacia y, en última instancia, la equidad de la aplicación disciplinaria debido a la falta de seguridad jurídica resultante.
Costa Rica podría considerar desarrollar un conjunto de reglas disciplinarias comunes para simplificar su marco disciplinario general en todo el sector público y garantizar la equidad, la claridad y un nivel coherente de responsabilidad disciplinaria.
Las normas deben buscar orientar a las entidades en una implementación armonizada del marco legal aplicable. Esta iniciativa podría beneficiarse del desarrollo de capacidades de los funcionarios responsables de los procedimientos disciplinarios a través de una capacitación especializada en asuntos disciplinarios.
Costa Rica podría darle el mandato al MIDEPLAN de emitir políticas generales de aplicación disciplinaria, incluido el desarrollo de orientación centralizada para las entidades. De igual forma, y con el objetivo de mejorar la aplicación uniforme de las normas disciplinarias con base en las orientaciones brindadas, el país se beneficiaría con la introducción de criterios para la asignación de responsabilidades disciplinarias a una función específica dentro de las entidades.