Uruguay
1. Tendencias actuales
La pobreza en Uruguay aumentó del 3.6% en 2016 al 5.2% en 2020 debido, en parte, a las repercusiones de la pandemia de COVID-19, pero sigue siendo muy inferior al promedio, 26.3%, registrado en América Latina y el Caribe (ALC). La pobreza extrema también aumentó en ese periodo, pasando del 0.2% al 0.3%, y se sitúa igualmente por debajo del promedio de ALC (8.7%). La población que vive en hogares completamente informales prácticamente se redujo a la mitad –del 28.5% en 2008 al 16.3% en 2018– situándose por debajo del promedio de ALC del 36.3% en 2018. En lo que respecta a los indicadores medioambientales, en 2019 se registraron emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) per cápita de 10.4 toneladas equivalentes de dióxido de carbono (t CO2e), superiores a los promedios de ALC (6.3) y de los países miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) (9.1). Ese año, la proporción de población expuesta a niveles de contaminación del aire que suponen un riesgo para la salud humana (PM2.5 a más de 10 µg/m3) fue del 26.5%, situándose muy por debajo del 95.4% registrado en ALC y del 61.0% en los países miembros de la OCDE. La zona marina protegida de Uruguay representó el 0.75% de sus aguas territoriales en 2021, muy por debajo del 7.3% registrado en ALC y del 18.6% en la OCDE. En materia fiscal, los ingresos tributarios ambientales supusieron el 1.8% del producto interno bruto (PIB) en 2020, por encima de ALC (1.0%) pero ligeramente por debajo de la OCDE (2.1%). El total de ingresos tributarios expresado como porcentaje del PIB (26.6%) en 2020 siguió siendo superior al promedio de ALC (21.9%) aunque inferior al promedio de la OCDE (33.5%).
2. Políticas de desarrollo a largo plazo para una transición verde
A nivel institucional, en 2020 se creó el Ministerio de Medio Ambiente como la primera secretaría de Estado que se ocupa exclusivamente de cuestiones ambientales e institucionales. El Plan Nacional de Cambio Climático (2017) y la Estrategia Climática a Largo Plazo (2021) sientan las bases de la política medioambiental nacional.
En cuanto a las medidas de mitigación, Uruguay se centra específicamente en los sectores de la energía, agricultura, transporte e industria. En el sector del transporte, el país se apoya en incentivos legales, por ejemplo, subsidiando las inversiones en autobuses eléctricos de transporte público (Ley de Presupuesto n.º 19.670), promoviendo las inversiones en movilidad eléctrica (Decreto 268/020) y reduciendo los impuestos para los vehículos híbridos y eléctricos (Decreto 321/021). En el sector agrícola, Uruguay pretende reducir las emisiones a través de aumentos en productividad derivados de inversiones y la adopción de nuevas tecnologías. En cuanto a la producción de energía, Uruguay ha conseguido generar más del 98% de su electricidad a partir de fuentes renovables (principalmente hidroeléctrica, eólica, solar, biocombustibles y biomasa) y presentó la Hoja de Ruta del Hidrógeno Verde en 2022. Entre las políticas de adaptación, el país ha elaborado tres planes nacionales de adaptación centrados en la agricultura (2019), las ciudades y las infraestructuras (2021) y la adaptación de las costas (2021). Para aumentar la resiliencia frente a los impactos negativos del cambio climático, Uruguay creó un Sistema Nacional de Emergencia (SINAE) para la gestión integrada del riesgo de desastres.
En lo que concierne a las alianzas internacionales dentro de la región, Uruguay concede especial importancia al sector del transporte. En 2020 desarrolló el proyecto VERNE, en asociación con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para apoyar la creación de un ecosistema de hidrógeno para descarbonizar el sector del transporte. En colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el país ha creado un sistema de movilidad urbana sostenible y eficiente (Movés). Entre otros proyectos regionales, Uruguay también ha puesto en marcha un programa conjunto con Honduras para el desarrollo de capacidades en materia de movilidad eléctrica. Fuera de la región de ALC, el país colabora estrechamente con la Unión Europea (UE) a través del programa EUROCLIMA+, que ejecuta 15 proyectos de mitigación y adaptación, el programa AL-INVEST Verde de la UE, que promueve la transición verde, y una asociación bilateral que refuerza el diálogo estratégico. Por último, la Alianza de Acción para una Economía Verde, liderada por cinco agencias de Naciones Unidas, apoya los esfuerzos de Uruguay para incorporar la economía verde en las políticas públicas de los principales sectores económicos.
En lo que respecta a la financiación verde, el Banco Central de Uruguay se incorporó a la Red para el Enverdecimiento de los Sistemas Financieros. El Ministerio de Economía y Finanzas se unió a la Coalición de Ministros de Finanzas para la Acción Climática y adoptó los Principios de Helsinki en materia de la acción por el clima. Uruguay es miembro del Fondo Conjunto de las Naciones Unidas para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y es el único país de ALC seleccionado para recibir financiación del mismo por sus esfuerzos en materia de descarbonización y transición del sector energético. El programa establecerá un Fondo de Innovación de Energías Renovables para respaldar la segunda transición energética de Uruguay. En octubre del 2022, Uruguay emitió el primer bono soberano vinculado a la sostenibilidad, con un mecanismo decreciente del costo de su deuda (step down) condicionado al cumplimiento de las metas climáticas y ambientales de su primera Contribución Determinada a nivel Nacional.