copy the linklink copied!3. Los gobiernos de los países socios pueden promover una participación más significativa para maximizar el enfoque inclusivo
Este capítulo examina las formas en que los gobiernos de los países socios crean entornos favorables y fomentan la participación de diferentes actores del desarrollo. Se centra en la implicación de las partes interesadas durante la planificación y ejecución del desarrollo; en el entorno favorable para las organizaciones de la sociedad civil; y en la colaboración con el sector privado a través del diálogo público-privado.
Para hacer realidad las ambiciones de la Agenda 2030, es vital que exista una participación significativa de todos los actores interesados. Si bien hace tiempo que se reconoce que la participación de múltiples actores interesados es importante para el desarrollo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible exigen que los países pasen de un enfoque “ que implique a todo el gobierno en su conjunto” a un enfoque “que incluya a toda la sociedad” (Cázarez-Grageda, 2018[1]). Los gobiernos son los responsables últimos de liderar el desarrollo. Sin embargo, sin la participación inclusiva y equitativa de todos los actores sus esfuerzos no pueden tener éxito. Con esta idea, la Agenda 2030 promueve una acción colectiva de toda la sociedad para implementar soluciones de desarrollo duraderas. Los gobiernos nacionales y subnacionales, los parlamentos, las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado, las fundaciones, los sindicatos, las comunidades y las personas tienen papeles diferentes y complementarios que desempeñar en la búsqueda colectiva del desarrollo sostenible. La participación inclusiva es fundamental en todos los aspectos del proceso de desarrollo, desde la planificación, hasta la implementación y el monitoreo de las estrategias nacionales de desarrollo.
La inclusividad, la confianza y el respeto mutuo, así como el reconocimiento de estas funciones diferentes y complementarias de las distintas partes interesadas, son igualmente cruciales para garantizar que todas las partes interesadas estén dispuestas a trabajar juntas y puedan hacerlo. Si bien el monitoreo de la Alianza Global se centra en la participación de la sociedad civil y el sector privado, las diferentes partes interesadas desempeñan un papel fundamental para alcanzar el desarrollo sostenible a nivel nacional, pero deben tener una participación significativa para tener impacto.
En este capítulo se examinan los esfuerzos del gobierno por crear entornos favorables y buscar activamente la participación de diversos actores. Está organizado en tres secciones. La primera de ellas analiza la forma en que los gobiernos de los países socios se relacionan con las partes interesadas nacionales durante la planificación y la responsabilidad mutua. Este análisis se basa en los datos de la Alianza Global, que evalúa el nivel de inclusividad de la planificación y el seguimiento de las actividades de desarrollo. La segunda evalúa cuán favorable es el entorno para las OSC. En la tercera sección se examina la forma en que los gobiernos maximizan el aporte del sector privado al desarrollo mediante un diálogo público-privado (DPP). Además, la segunda y tercera sección analizan los resultados de los indicadores de la Alianza Global que se centran en la sociedad civil y el sector privado, respectivamente.
Las principales conclusiones de las tres secciones son:
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La planificación nacional en materia de desarrollo es cada vez más inclusiva, pero se necesita una participación más sistemática y significativa de los diferentes actores involucrados en los procesos de desarrollo. Está claro que casi todos los gobiernos de los países socios consultan en gran medida a las partes interesadas nacionales al diseñar las estrategias nacionales de desarrollo. Sin embargo, se debe hacer más para asegurar que estas consultas se realicen de manera que proporcionen a toda la sociedad una oportunidad real de determinar las prioridades y hacer un seguimiento de la implementación.
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El entorno favorable para las OSC se ha ido deteriorando desde la última Ronda de Monitoreo de 2016. Dicho deterioro se observa en los cuatro componentes del entorno favorable para la sociedad civil de la encuesta, aunque los gobiernos y la sociedad civil manifiestan opiniones divergentes sobre esta situación. Por ejemplo, al valorar la existencia de marcos legales y regulatorios adecuados, únicamente en un cuarto de los países las OSC afirman que la posibilidad de expresarse no está supeditada a control gubernamental. Por otro lado, el hecho de que menos países socios hayan aportado datos sobre el entorno de la sociedad civil en la ronda de monitoreo de 2018 que en la de 2016 contribuye a dar credibilidad a las voces de alarma que denuncian una reducción del espacio para la sociedad civil.
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Para que el diálogo público-privado (DPP) redunde en acciones y resultados reales, los gobiernos de los países socios deben garantizar que se centre en áreas de mutuo interés y que incluya a todas las partes interesadas relevantes. A pesar de que existe una gran confianza y voluntad de participación entre las partes interesadas de los sectores público y privado (vitales para un diálogo productivo), las limitaciones en cuanto a la capacidad y el nivel inclusión obstaculizan la eficacia del DPP. Dado que los gobiernos lideran los procesos de desarrollo, estableciendo agendas para el diálogo y facilitando la participación de los diferentes actores, es necesario reflexionar críticamente sobre la manera de mejorar la relevancia y el carácter inclusivo de los esfuerzos de participación.
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Es necesario redoblar esfuerzos para generar y mejorar la capacitación, a fin de que todos los actores involucrados puedan contribuir eficazmente al desarrollo sostenible. Si bien los gobiernos son responsables de crear un entorno favorable para maximizar las contribuciones al desarrollo de todos los sectores de la sociedad, la sociedad civil y el sector privado también deben centrarse en mejorar su capacidad y eficacia, incluida la forma en que se organizan entre sí, para garantizar que interactúan de manera constructiva con el gobierno.
copy the linklink copied!Sección 3.1. ¿Cuán eficaces son los gobiernos de los países socios al involucrar a las partes interesadas de sus países en la planificación del desarrollo y las actividades de responsabilidad compartida?
Para incrementar la apropiación de los países, los gobiernos deben esforzarse más por garantizar una participación significativa e inclusiva en la planificación y el seguimiento de los esfuerzos de desarrollo
Al diseñar las estrategias nacionales de desarrollo, los gobiernos de los países socios consultan a una gran cantidad de actores nacionales. Casi todos los gobiernos de los países socios (93 %) afirman haber consultado a tres o más actores relevantes durante la fase de diseño de la estrategia nacional de desarrollo. Aquellos gobiernos que cuentan con una estrategia nacional de desarrollo manifiestan que los actores involucrados pertenecían al menos a una tipología, ya sea gobierno subnacional, el parlamento, la sociedad civil o el sector privado. En el Cuadro 3.1 se describen las funciones y las contribuciones a los esfuerzos de desarrollo de los parlamentos, niveles subnacionales de gobierno, organizaciones sindicales y fundaciones, y se describe cómo quedan recogidas dichas contribuciones en el monitoreo de la Alianza Global. El papel de la sociedad civil y el sector privado se describe en otras secciones.
Parlamentarios. Los parlamentarios son fundamentales para los esfuerzos de desarrollo nacional. Promulgan leyes, adoptan presupuestos nacionales y supervisan la correcta aplicación de los compromisos nacionales e internacionales, conforme se establece en el párrafo 44 del Documento Final de Nairobi (AGCED, 2016[2]). Por ello, la alineación de las políticas y los presupuestos de desarrollo con la Agenda 2030 es competencia de los parlamentarios. El monitoreo de la Alianza Global analiza la función y contribución de los parlamentarios y evalúa si los gobiernos han hecho partícipes a los parlamentarios en la preparación de las estrategias nacionales de desarrollo, su contribución al DPP y los mecanismos de responsabilidad mutua para la cooperación al desarrollo. El monitoreo también evalúa si los parlamentarios supervisan la inclusión de la cooperación para el desarrollo en el presupuesto nacional, así como las asignaciones presupuestarias para la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer.
Gobiernos subnacionales. Los gobiernos locales son un vínculo crucial entre los ciudadanos y el gobierno nacional, e incorporan las prioridades en materia de desarrollo local, las ideas y las contribuciones a los procesos de desarrollo nacional. El gobierno local también puede mejorar las alianzas para el desarrollo entre los ciudadanos y otros actores locales, incluido el sector empresarial (NOD, Sección 47). El monitoreo de la Alianza Global capta la función y contribuciones por parte de los gobiernos subnacionales, evaluando si los gobiernos locales participan en la preparación de estrategias nacionales de desarrollo; cómo se alinean las estrategias subnacionales con las estrategias nacionales de desarrollo; y si los gobiernos locales están incluidos en el DPP y en los mecanismos de responsabilidad mutua para la cooperación al desarrollo.
Sindicatos. Los sindicatos son actores del desarrollo que defienden y facilitan la negociación colectiva en nombre de los trabajadores. Los sindicatos promueven un trabajo digno y defienden prácticas empresariales justas. El monitoreo de la Alianza Global analiza la función y las contribuciones de los sindicatos al evaluar si estos están incluidos en las iniciativas nacionales de DPP y en los mecanismos de responsabilidad mutua para la cooperación al desarrollo.
Fundaciones. El conocimiento y la experiencia de los actores filantrópicos son un aporte valioso a los esfuerzos nacionales de desarrollo. La importancia de estos actores va más allá del respaldo financiero que ofrecen. Las fundaciones también son agentes catalizadores de recursos y relaciones que ayudan a mejorar la eficacia y la calidad de la cooperación para el desarrollo (NOD, Sección 69). El monitoreo de la Alianza Global analiza la función y la contribución de las fundaciones al evaluar si estas están incluidas en las iniciativas nacionales de DPP y en los mecanismos de responsabilidad mutua para la cooperación al desarrollo.
La participación de las partes interesadas nacionales puede convertirse en un proceso más significativo y participativo. En la práctica, esto significa que la participación debe ser un proceso correctamente planificado, oportuno y bien comunicado; que haga partícipe sistémicamente a las diversas partes interesadas, de manera que se genere confianza entre los participantes; y que logre un nivel de coherencia entre los puntos de vista de las partes interesadas y la estrategia nacional de desarrollo que finalmente se apruebe1 (PNUD, 2016[3]).Este tipo de proceso significativo y participativo garantizará que todos los sectores de la sociedad se apropien plenamente de la estrategia nacional de desarrollo resultante y de sus aspiraciones. Aunque los gobiernos de los socios consultan ampliamente con otras partes interesadas, pocos pusieron en marcha un proceso participativo en el que los diferentes actores pudieran contribuir e involucrarse en la estrategia nacional de desarrollo (Figura 3.1). El gobierno presentó la estrategia nacional de desarrollo al parlamento para su votación en solo el 30 % de los países socios.
Notas: "Consultado" significa que el gobierno hizo propuestas al grupo de interesados en particular y les pidió su opinión. "Aprobación de la estrategia por votación" significa que la estrategia fue sometida a votación en un parlamento. "Proceso participativo" significa que se permitió a las partes interesadas hacer propuestas y algunas de estas propuestas se utilizaron en el diseño de la estrategia nacional de desarrollo.
Fuente: Los datos se basan en la evaluación de la calidad de las estrategias nacionales de desarrollo Indicador 1b). Más información disponible en la Guía de Monitoreo de 2018 para Coordinadores Nacionales, (AGCED, 2018[4]) http://effectivecooperation.org/pdf/2018_Monitoring_Guide_National_Coordinator.pdf.
Para mejorar la apropiación nacional de las estrategias nacionales de desarrollo, los gobiernos de los países socios deberían poner a disposición del público los informes sobre avances en la implementación, lo que aumentaría la transparencia y la rendición de cuentas mediante información accesible. Casi todos los gobiernos de los países socios (95 %, 77 de 81) que tienen una estrategia nacional de desarrollo la han hecho pública2 (Figura 3.2). A pesar de que la gran mayoría (89 %, 72 de 81) hace un seguimiento de los avances en la implementación de la estrategia nacional de desarrollo, solo el 38 % de los gobiernos de los países socios (27 de 72) han publicado un informe sobre los avances realizados.
Nota: Se considera que las estrategias nacionales de desarrollo y los informes sobre su implementación son públicos cuando los encuestados proporcionan un enlace a una página web.
Fuente: Los datos se basan en la evaluación de la calidad de las estrategias nacionales de desarrollo (indicador 1b). Más información disponible en la Guía de Monitoreo de 2018 para Coordinadores Nacionales, (AGCED, 2018[4]) http://effectivecooperation.org/pdf/2018_Monitoring_Guide_National_Coordinator.pdf.
copy the linklink copied!Sección 3.2. ¿Cuál es el resultado de los gobiernos de los países socios a la hora de generar un entorno favorable para la sociedad civil?
La sociedad civil se enfrenta a más limitaciones, lo que tiene un impacto negativo sobre su capacidad de participar y contribuir a los procesos nacionales de desarrollo3
El entorno favorable en el que operan las organizaciones de la sociedad civil (OSC) se ha deteriorado desde la ronda de monitoreo de 2016. Dentro de la categoría de OSC se incluyen todas las organizaciones no gubernamentales y no estatales o familiares en las que las personas se organizan en busca de intereses compartidos en el dominio público (OCDE, 2010[5]). Gracias a sus raíces comunitarias y a su alcance, las OSC representan un papel fundamental en el desarrollo, lo que incluye el empoderamiento y la prestación de servicios a las personas que viven en la pobreza, así como la realización de actividades para garantizar que las voces de todos los grupos de la sociedad sean escuchadas. El monitoreo de la Alianza Global analiza el entorno favorable para las OSC en base a cuatro áreas generales. Estas se presentan en el Cuadro 3.2. Existen varias buenas prácticas (Ceelen, Wood and Huesken, 2019[6]), pero, en general, en el período comprendido entre las Rondas de Monitoreo de 2016 y 2018 de la Alianza Global se ha producido un deterioro de las condiciones para que las OSC contribuyan al desarrollo en cada una de las cuatro áreas (Figura 3.3).
Nota: La muestra de esta figura se limita a los 36 países que presentaron datos sobre los entornos favorables para las OSC tanto en la ronda de monitoreo de la Alianza Global de 2016 como en la de 2018. La figura muestra resultados globales, donde se combinan las respuestas de todas las partes interesadas (gobiernos, sociedad civil y socios para el desarrollo) que aportaron datos sobre la idoneidad del entorno para las OSC. Para 2016, la figura muestra las respuestas del gobierno en consultación con la sociedad civil, así como de los actores de desarrollo que informaron sobre el espacio para las OSC.
Fuente: Los datos se basan en la evaluación del entorno para las organizaciones de la sociedad civil (Indicador 2). Más información disponible en la Guía de Monitoreo de 2018 para Coordinadores Nacionales, (AGCED, 2018[4]) http://effectivecooperation.org/pdf/2018_Monitoring_Guide_National_Coordinator.pdf.
La Alianza Global monitorea cuatro amplias áreas para evaluar las condiciones en las que operan las OSC y si estas les permiten realizar un trabajo y una contribución eficaces a las iniciativas de desarrollo.
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1. ¿De qué forma consultan los gobiernos con las OSC sobre las políticas nacionales de desarrollo? Esta área evalúa la medida en que los gobiernos consultan con las OSC acerca de las políticas nacionales de desarrollo y si las OSC tienen acceso a información oportuna y relevante para participar eficazmente en dichas consultas.
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2. ¿Se dispone de marcos legales y regulatorios adecuados? Esta área, basada en derechos humanos internacionalmente reconocidos1, evalúa la medida en que los marcos legales y regulatorios del país permiten a las OSC asociarse, reunirse y expresarse, acceder a recursos y hasta qué punto ofrecen una protección eficaz a las OSC que trabajan con poblaciones marginadas o vulnerables.
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3. ¿Hasta qué punto son eficaces las OSC? Esta área evalúa la eficacia de las operaciones de las organizaciones de la sociedad civil en línea con los Principios de Estambul sobre la Eficacia del Desarrollo de las OSC y el Marco Internacional para la Eficacia del Desarrollo de las OSC2 (CSO Partnership for Development Effectiveness, 2010[7]). Igualmente, analiza si las OSC se coordinan entre ellas para facilitar la participación en el diálogo sobre políticas y si participan en alianzas equitativas de financiación3. Además, aborda la cuestión de si las OSC implementan su trabajo de desarrollo atendiendo a normas y principios internacionales sobre derechos humanos, y si son transparentes y responsables en sus operaciones.
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4. ¿Cómo de bien trabajan los socios internacionales para el desarrollo con las OSC? Esta área aborda la medida en que los socios para el desarrollo consultan con las OSC sobre políticas y programas de cooperación para el desarrollo y si promueven un entorno favorable para las OSC en sus colaboraciones con los gobiernos. También se evalúa si los socios para el desarrollo ofrecen un apoyo financiero eficaz que maximice las contribuciones de las OSC al desarrollo sostenible.
La responsabilidad de mejorar en estas cuatro áreas se distribuye y se comparte entre todas las partes interesadas. Las primeras dos áreas son responsabilidad de los gobiernos; la tercera es principalmente responsabilidad de las OSC; y la cuarta está relacionada con el comportamiento de los socios para el desarrollo. Con el fin de aplicar un enfoque multilateral y con miras a hacer una evaluación equilibrada, la metodología de la Alianza Global recoge las opiniones de la sociedad civil, los gobiernos y los socios para el desarrollo en las cuatro áreas. Esto permite cotejar los resultados aportados por las diferentes partes interesadas y además refleja la cohesión o diversidad de opiniones existentes.
← 1. La libertad de expresión, de asociación y de asamblea pacífica son reconocidos como derechos humanos. Para más información ver la Declaración Universal de Derechos Humanos: https://www.un.org/es/documents/udhr/UDHR_booklet_SP_web.pdf.
← 2. Los principios de Estambul se acordaron en 2010 en la Asamblea Global del Foro Abierto para la Eficacia de las OSC para el Desarrollo celebrado en Estambul. Estos principios son los fundamentos del Marco Internacional para la Eficacia de las OSC de Desarrollo, que desarrolla estos principios.
← 3. ¨Alianzas financieras equitativas¨ se refiere al equilibrio de poder entre financiadores y OCS locales. Más información disponible en la Guía de Monitoreo de 2018 para Coordinadores Nacionales (2018[4]), http://effectivecooperation.org/pdf/Guia%20Monitoreo%202018.pdf.
Las tendencias negativas observadas en las cuatro áreas evaluadas, así como en los informes de los países socios sobre los entornos favorables para las OSC, hacen pensar que el espacio para la sociedad civil se está reduciendo. El número de gobiernos de países socios que incluyó datos sobre el entorno favorable para la sociedad civil se ha reducido (53 % en la ronda de monitoreo de 2018 en comparación con el 73 % registrado en la ronda de 2016). La metodología para elaborar informes al respecto se ha revisado entre ambas rondas de monitoreo. Proporcionar información para este indicador sigue siendo bastante laborioso. Sin embargo, no se modificó ni la extensión del cuestionario ni el proceso para elaborar informes, por lo que no existe una explicación técnica que justifique esta disminución en la participación. Los gobiernos de los países socios que han informado sobre este indicador en la ronda de monitoreo de 2018 seleccionaron a las OSC y facilitaron su involucración en el análisis4. Existe el riesgo de que la selección de OSC esté sesgada para favorecer a aquellas que tienen en cuenta los deseos o las expectativas del gobierno. Estos factores pueden implicar que en los países informantes las tendencias negativas observadas se presenten de forma demasiado positiva. El deterioro de los resultados en las cuatro áreas evaluadas por la Alianza Global, unido a la disminución en los datos presentados por los países, inducen a pensar que el espacio para la sociedad civil se está reduciendo5 (CIVICUS, 2019[8]).
La percepción de los países socios de sus contribuciones a la generación de un entorno favorable para las OSC es más positiva que las de las propias OSC. En general, los gobiernos calificaron positivamente las dos áreas que se encuentran bajo su responsabilidad (consulta con OSC y marco legal y regulatorio) y calificaron menos positivamente las dos áreas que no son de su responsabilidad (Figura 3.4). Las OSC ven de una manera menos positiva el desempeño de los gobiernos en dos de las áreas. En lo que respecta a la eficacia del desarrollo de las OSC (su forma de operar) las OSC realizaron una evaluación relativamente crítica.
Nota: Cada una de las cuatro áreas del entorno favorable para las OSC monitoreadas por la Alianza Global está compuesta de cuatro subelementos que se combinan para llegar a la puntuación general que aparece en esta figura. Se recibieron respuestas en 46 países que evaluaron el entorno favorable para las OSC.
Fuente: Datos basados en la evaluación del entorno para las organizaciones de la sociedad civil (Indicador 2). Más información disponible en la Guía de Monitoreo de 2018 para Coordinadores Nacionales, (AGCED, 2018[4]) http://effectivecooperation.org/pdf/2018_Monitoring_Guide_National_Coordinator.pdf.
Los gobiernos a menudo consultan con las OSC, pero estas consultas se podrían realizar de manera más eficaz, inclusiva y transparente
Los gobiernos de los países socios consultan regularmente con las OSC acerca de las políticas de desarrollo, pero estas consultas podrían ser más eficaces. En casi todos los países socios (95%), las OSC afirmaron haber sido consultadas por el gobierno acerca de las políticas nacionales de desarrollo durante los dos años anteriores. Kenia es un ejemplo de buenas prácticas, donde el gobierno emplea grupos multisectoriales de múltiples actores interesados para impulsar la planificación del desarrollo y respaldar las decisiones relativas a las asignaciones presupuestarias. Estos grupos de trabajo sectoriales normalmente incluyen miembros de los ministerios correspondientes, organizaciones no gubernamentales, el sector privado, organismos de Naciones Unidas y otros grupos relevantes (Ceelen, Wood and Huesken, 2019[6]). Aun así, esta práctica no es la norma. En el 50% de los países socios las OSC señalan que la consulta se lleva a cabo durante los procesos de tomas de decisiones, cuando todavía es posible hacer un cambio en la dirección de las políticas. Sin embargo, otro 50 % indica que estas consultas podrían ser más eficaces y estar mejor institucionalizadas, de manera que sean más regulares, predecibles y transparentes6. Estas OSC también afirman que su participación es a menudo objeto de restricciones y que la selección de los participantes puede estar sesgada.
Las consultas del gobierno con las OSC no se utilizan de forma sistemática para el diseño, la implementación y/o el monitoreo de las políticas nacionales de desarrollo. Las OSC de la mayoría de los países (54 %) señalan que los gobiernos incorporan ocasionalmente algunos elementos sustanciales de sus recomendaciones, pero que no existe un mecanismo claro por parte del gobierno que ayude a comprender las razones por las que las recomendaciones se aceptan o rechazan. Tan solo en el 5 % de los países analizados las OSC afirman que los gobiernos tienen en cuenta sus recomendaciones y evidencias y que existen mecanismos claros de retroalimentación (Figura 3.5).
Nota: La versión completa de las opciones de respuesta está disponible en Características de la Práctica en http://www.bit.ly/2018_indicador2.
Fuente: Los datos se basan en la evaluación del entorno para las organizaciones de la sociedad civil (Indicador 2, Módulo 1, Pregunta 1D). Más información disponible en la Guía de Monitoreo de 2018 para Coordinadores Nacionales, (AGCED, 2018[4]) http://effectivecooperation.org/pdf/2018_Monitoring_Guide_National_Coordinator.pdf.
En la práctica, el marco legal y regulatorio ofrece una protección limitada a las OSC
Las OSC afirman tener un margen muy limitado de libertad de expresión y poca protección contra el hostigamiento cuando trabajan con poblaciones vulnerables. De las cuatro áreas examinadas para evaluar el entorno favorable para las OSC (Figura 3.4), la principal discrepancia entre las opiniones de los gobiernos y las OSC era la relativa a la calidad del marco legal y regulatorio existente. La mayoría de los gobiernos de los países socios (71 %) señala que las OSC en general pueden expresarse libremente, mientras que solo las OSC del 25 % de los países están de acuerdo con esta opinión (Figura 3.6). Además, las OSC en el 27 % de los países indican que su posibilidad de expresarse está completa o ampliamente controlada por el gobierno; las amenazas y las acciones arbitrarias contra actores no estatales rara vez se investigan; y el marco legal ofrece pocas garantías contra el control arbitrario. En respuesta a otra pregunta, las OSC del 32 % de los países señalan que las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con poblaciones marginadas y vulnerables experimentan hostigamiento por parte de las autoridades. Kosovo*7, sin embargo, es un ejemplo de buenas prácticas en la protección de las OSC, ya que ha ampliado su garantía constitucional de libertad de asociación a las OSC mediante la Ley de 2010 sobre la Libertad de Asociación de las Organizaciones No Gubernamentales. El registro de las OSC es voluntario y los requisitos para crear una organización de la sociedad civil se consideran razonables (Ceelen, Wood and Huesken, 2019[6]).
Nota: Respuestas de los gobiernos, la sociedad civil y los socios para el desarrollo sobre la medida en que el marco legal y regulatorio permite a las OSC ejercer sus derechos de expresión y reunión.
La redacción completa de las opciones de respuesta está disponible en Características de la Práctica en http://www.bit.ly/2018_indicador2.
Fuente: Los datos se basan en la evaluación del entorno para las organizaciones de la sociedad civil (Indicador 2, Módulo 4, Pregunta 4A). Más información disponible en la Guía de Monitoreo de 2018 para Coordinadores Nacionales, (AGCED, 2018[4]) http://effectivecooperation.org/pdf/2018_Monitoring_Guide_National_Coordinator.pdf.
Por otro lado, en la mayoría de los casos, las OSC reconocen que el marco legal y regulatorio posibilita y/o facilita su acceso a los recursos. En general, si bien reconocen que existen restricciones, la mayoría de los gobiernos, los socios para el desarrollo y las OSC presentan datos favorables sobre el entorno legal y regulatorio en este sentido (Figura 3.7). Las OSC del 87 % de los países señalan que las leyes y normativas les permiten acceder (con escasas o ningunas limitaciones) a recursos nacionales e internacionales, por ejemplo subvenciones y contratos gubernamentales, beneficios y exenciones impositivas. A pesar de reconocer que existen ciertas limitaciones, la mayor parte de los gobiernos de los países socios, socios del desarrollo y OSC valoran positivamente el marco legal y regulatorio (Figura 3.7).
Nota: OSC: Organizaciones de la sociedad civil: La redacción completa de las opciones de respuesta está disponible en Características de la Práctica en http://www.bit.ly/2018_indicador2.
Fuente: Los datos se basan en la evaluación del entorno para las organizaciones de la sociedad civil (Indicador 2, Módulo 4, Pregunta 4D). Más información disponible en la Guía de Monitoreo de 2018 para Coordinadores Nacionales, (AGCED, 2018[4]) http://effectivecooperation.org/pdf/2018_Monitoring_Guide_National_Coordinator.pdf.
Las OSC reconocen la necesidad de coordinarse mejor entre sí, pero también reclaman alianzas más equitativas
La coordinación entre las OSC es buena, pero debe ser más inclusiva. Las OSC son responsables de garantizar su eficacia, de acuerdo con los Principios de Estambul y el Marco Internacional para la Eficacia del Desarrollo de las OSC (Cuadro 3.2). La coordinación entre las OSC es un elemento importante, dado que es fundamental para mantener la unidad y el carácter inclusivo de la sociedad civil. En el 95 % de los países socios, los gobiernos, los socios para el desarrollo y las OSC afirman que las OSC coordinan sus actividades a través de plataformas, redes y alianzas. Sin embargo, en el 27 % de los países, los tres grupos de actores indican que los mecanismos existentes son débiles (por ejemplo, en términos de liderazgo, participación inclusiva, recursos para la participación y/o rendición de cuentas a las OSC nacionales), o bien están orientados hacia los intereses de los socios para el desarrollo y/o de los gobiernos, y no tanto de las propias OSC. La Federación de ONG de Nepal (NFN, por sus siglas en inglés) es un ejemplo de buenas prácticas: ha optimizado su código de conducta, su estructura de gobernanza y gestión interna y también ha publicado un Libro de Recursos de Gobernanza para ONG, capacitado a más de 2000 representantes de ONG y habilitado una línea telefónica de asesoramiento inmediato. El objetivo de esta autorregulación es mejorar la eficacia y la rendición de cuentas y la eficacia del desarrollo (Ceelen, Wood and Huesken, 2019[6]).
La eficacia de las OSC mejoraría si se establecieran alianzas más equitativas, independientemente de su tamaño y recursos. En la mayoría de los países (89 %), las OSC afirman que las alianzas entre las OSC locales o nacionales y las OSC financiadoras (por lo general, OSC internacionales de mayor tamaño) se establecen para implementar los proyectos de la OSC financiadora o para responder a sus prioridades programáticas. Estas alianzas suelen priorizar los programas de la OSC financiadora por encima de las necesidades y prioridades locales, lo que implica una carga para las OSC nacionales más pequeñas. Una alianza más equitativa entre OSC impulsaría la apropiación local y nacional, y la capacidad de las OSC para operar y responder a las necesidades de sus comunidades destinatarias.
copy the linklink copied!Sección 3.3. ¿Cuán eficaces son los gobiernos de los países socios mejorando el diálogo público-privado?
Un diálogo relevante, orientado a la obtención de resultados y basado en la confianza mutua contribuirá a que los objetivos de desarrollo se alcancen más rápidamente
El diálogo público-privado (DPP) resulta crucial para aprovechar todo el potencial de las contribuciones del sector privado al desarrollo sostenible. La Agenda 2030 reconoce la importancia de un sector privado diverso para alcanzar el desarrollo sostenible y hace un llamamiento “a todas las empresas para que utilicen su creatividad e innovación para superar los desafíos de desarrollo sostenible”. El sector privado puede contribuir al desarrollo sostenible con recursos tanto financieros como no financieros. Para maximizar dichas contribuciones es necesario contar con un entorno operativo favorable para los negocios, además de una interacción eficaz entre los sectores público y privado que se base en un diálogo abierto y transparente8. Uno de los objetivos del enfoque de monitoreo de la Alianza Global consiste en aumentar las contribuciones del sector privado a través del diálogo9. Al evaluar la calidad del DPP10, el monitoreo evalúa la eficacia de las alianzas entre el gobierno y el sector privado y de este modo les permite configurar juntos un entorno operativo en el que el sector privado pueda contribuir al máximo al crecimiento inclusivo y al desarrollo sostenible.
En términos generales, la información sobre la calidad del DPP está limitada, pero cuando se dispone de ella se ha obtenido consultando a los actores del sector privado. El monitoreo de la Alianza Global evalúa la calidad del DPP en base a tres áreas clave y seis elementos relacionados, conforme se muestra en la Figura 3.8. En las rondas de monitoreo anteriores a 2018, los gobiernos de los países participantes elaboraron informes sobre la calidad del DPP tras consultar a representantes del sector privado. En la ronda de monitoreo de 2018, se aplicó una metodología revisada, en la que se pedía a los gobiernos y los actores del sector privado (grandes empresas, pequeñas y medianas empresas del sector privado y sindicatos) que expresaran cada uno su percepción sobre la calidad del diálogo en una escala de 0 a 100, donde 100 representa la calidad más alta posible. El hecho de haber revisado la metodología para incluir contribuciones de diversos actores del sector privado podría ser un factor determinante para la disminución de la participación en esta sección de la encuesta (47 en la ronda de 2018 frente a 55 en la ronda de 2016). En todo caso, la mayoría de los países que aportaron información sobre esta sección involucraron a varios actores del sector privado, lo cual es un signo positivo, aunque también podría ser que estos son los que ya disponen de un mecanismo más robusto para el DPP (Figura 3.9).
Nota: Los 47 países socios para los que el gobierno informó sobre la calidad del DPP incluyen 44 en los que al menos un actor del sector privado también aportó respuestas y tres países en donde solo participó el gobierno.
Fuente: Los datos se basan en una evaluación de la calidad del diálogo público-privado (indicador 3). Más información disponible en la Guía de Monitoreo de 2018 para Coordinadores Nacionales, (AGCED, 2018[4]) http://effectivecooperation.org/pdf/2018_Monitoring_Guide_National_Coordinator.pdf.
Las opiniones de las partes interesadas del sector privado acerca de la calidad del DPP son, en general, menos positivas que las de los gobiernos de los países socios. Esto sugiere que se puede invertir más en estos diálogos para optimizar el potencial de contribución del sector privado. Tal y como se muestra en la Figura 3.10, las opiniones de los gobiernos y de las partes interesadas del sector privado difieren en cuanto a la calidad de su DPP; los gobiernos le dan una puntuación más alta en todos los criterios. En los seis elementos, los gobiernos califican la calidad del DPP con una puntuación media de 64, en comparación con una puntuación promedio de 51 de las partes interesadas del sector privado. Las diferencias más notorias tienen que ver con el carácter inclusivo y la relevancia del DPP y representan desafíos respecto a la manera en que los gobiernos llevan a cabo el DPP.
Nota: Un perímetro más grande significa una puntuación más alta. La figura ilustra las puntaciones medias respecto de los seis elementos de calidad del DPP para todos los grupos de partes interesadas que participaron en la ronda de monitoreo de 2018. Estos números pueden compararse directamente, dado que los criterios de escala y evaluación son los mismos para los cuatro grupos de partes interesadas. Para obtener una descripción más detallada de los seis elementos y lo que implican los niveles óptimos de estos elementos, consulte la Figura 3.8.
Fuente: Los datos se basan en una evaluación de la calidad del diálogo público-privado (indicador 3). Más información disponible en la Guía de Monitoreo de 2018 para Coordinadores Nacionales, (AGCED, 2018[4]) http://effectivecooperation.org/pdf/2018_Monitoring_Guide_National_Coordinator.pdf.
Los actores de los sectores público y privado están dispuestos a entablar un diálogo, pero su capacidad para hacerlo eficazmente es limitada
Los gobiernos de los países socios y el sector privado dan una visión prometedora de la confianza mutua y de la voluntad de compromiso. Los gobiernos manifiestan un interés sincero en la participación del sector privado. Los actores del sector privado comparten su optimismo en esta área. Sin embargo, si bien los gobiernos otorgan una puntuación más alta a la confianza (77 en la ronda de monitoreo de 2018, frente a 68 en el ejercicio de 2016), las opiniones al respecto de las partes interesadas del sector privado permanecen estables (71)11. En el Cuadro 3.3 encontrará un ejemplo de DPP (Bangladesh) que se considera un éxito.
El diálogo público-privado puede adoptar varias formas y cualquier mecanismo que se emplee se adapta y evoluciona en respuesta a las necesidades específicas del contexto. La Business Initiative Leading Development (BUILD), lanzada por el sector privado en Bangladesh, es un claro ejemplo del éxito de una plataforma de diálogo.
Tres cámaras de comercio de Bangladesh crearon BUILD en 2011 como un marco institucionalizado para facilitar el diálogo estructurado entre los sectores público y privado.
A través de BUILD, el sector privado puede actuar colectivamente y tener una sola voz a fin de garantizar que se puedan superar sus obstáculos y que el desarrollo promovido por el sector privado también contribuya al desarrollo de Bangladesh. BUILD se ha convertido en un socio de confianza del gobierno, que trabaja estrechamente con el gabinete del Primer Ministro para promover el desarrollo del sector privado, las inversiones y la generación de empleo.
La plataforma BUILD reúne a los sectores público y privado para identificar recomendaciones de reformas políticas basadas en las investigaciones y los análisis de las oportunidades y los retos para que el sector privado contribuya al desarrollo. Entre otros resultados, BUILD ha identificado más de 250 reformas de políticas rápidas y eficaces, más de la mitad de las cuales han sido aprobadas por el gobierno. Además, la participación de los socios para el desarrollo en BUILD se tradujo en la ampliación de su agenda para incluir cuestiones ambientales y sociales, tales como la gestión de riesgos de catástrofes y el desarrollo social.
La información presentada durante la ronda de monitoreo de la Alianza Global de 2018 refleja el impacto de BUILD y de iniciativas similares. Tanto el sector público como el privado de Bangladesh presentan algunos de los resultados más altos en el ejercicio de 2018 en cuanto al nivel de confianza mutua (94 puntos en comparación con el promedio de 71 de los países participantes y el promedio de 72 de los países menos desarrollados). El gobierno de Bangladesh, junto con las partes interesadas del sector privado Bangladesh también obtiene resultados por encima del promedio en términos de diálogo público privado que conduce a una acción conjunta.
Fuentes: BUILD (n.d.[9]), “Our mission and vision”, www.buildbd.org; AGCED (2018[10]), Private Sector Engagement Through Development Co-operation in Bangladesh, www.oecd.org/dac/effectiveness/Bangladesh_Country_Report_FINAL.pdf.
Se necesitan recursos financieros y técnicos para abordar las limitaciones de la participación en el DPP. En general, todos los actores de los países socios participantes afirman que les preocupa la calidad del DPP. De todos los elementos valorados, la capacidad de poner en marcha un diálogo obtuvo una puntuación especialmente baja para todas las partes interesadas. Estas inquietudes son más acuciantes en los países menos desarrollados (PMD). Una excepción notable son los PMD en donde las pequeñas y medianas empresas (pymes) representan la mayoría de los empleos del sector privado (Organización Internacional del Trabajo, 2018[11]), en donde las pymes tienen una mayor disposición para entablar un diálogo (ver Cuadro 3.4). De acuerdo con la información presentada, las áreas que más frecuentemente requieren especial atención con el fin de mejorar la disposición y la capacidad de las partes interesadas para interactuar son la coordinación interna de los gobiernos y el acceso a recursos financieros y técnicos de las partes interesadas tanto públicas como privadas. En el caso del sector privado, estos recursos se necesitan a fin de coordinar y evaluar mejor las necesidades colectivas y las opiniones del sector en su totalidad. Los gobiernos, por su parte, necesitan estos recursos para analizar y formular propuestas de políticas, así como para comunicarse eficazmente con los actores a través del diálogo público-privado (Bettcher, Herzberg and Nadgrodkiewicz, 2015[12]).
Los gobiernos de los países socios pueden mejorar el DPP e incluir a todos los actores del sector privado desde la preparación de la agenda para el diálogo
Garantizar la relevancia de los temas del diálogo público-privado para todas las partes interesadas sigue siendo un reto. Un DPP de buena calidad aborda las inquietudes de todos los actores tanto del sector público como privado. Además, debe ser inclusivo, lo que posibilita la participación de todo tipo de actores, sin importar su tamaño. De acuerdo con el análisis del DPP durante los tres años para los que se recopilaron los datos del ejercicio de monitoreo de 2018, los temas que se trataron incluyeron una amplia variedad de cuestiones relevantes para alcanzar los ODS. De todas ellas, las dos cuestiones principales abordadas en el DPP fueron las normas empresariales y el desarrollo de infraestructura (Figura 3.11). Los informes de la ronda de monitoreo de 2018 revelan que, en promedio, los gobiernos (66 puntos) tienen una opinión más favorable sobre la relevancia de los temas actualmente tratados en el DPP que las partes interesadas del sector privado (54 puntos); y la opinión menos favorable sobre la relevancia del DPP es la de las pymes (51 puntos).
Fuente: Los datos se basan en una evaluación de la calidad del diálogo público-privado (indicador 3). Más información disponible en la Guía de Monitoreo de 2018 para Coordinadores Nacionales, (AGCED, 2018[4]) http://effectivecooperation.org/pdf/2018_Monitoring_Guide_National_Coordinator.pdf.
Las diferencias de opinión entre el gobierno y las partes interesadas del sector privado acerca de la relevancia del DPP son mayores en los PMD y en los contextos extremadamente frágiles. Las partes interesadas del sector privado de los PMD y de contextos muy frágiles calificaron la relevancia del DPP con una puntuación promedio de 52 y 41, respectivamente. El contraste con las opiniones del gobierno en los mismos contextos resulta significativo. Los gobiernos de los PMD calificaron la relevancia del DPP con una puntuación de 68 y los gobiernos de los contextos extremadamente frágiles lo hicieron con una puntuación de 67. Esto puede deberse a la acuciada falta de recursos por parte de los gobiernos de los países socios, en combinación con posibles divisiones políticas. Tal y como reflejan los resultados de la ronda de monitoreo de 2016, esta brecha es preocupante porque el diálogo sobre asuntos de interés común y basado en el beneficio mutuo puede desempeñar una importante función en la cooperación entre las partes interesadas públicas y privadas, más allá de las divisiones políticas y los intereses creados (OECD/UNDP, 2017[13]).
Los gobiernos y los socios para el desarrollo deben coordinar sus esfuerzos para que el DPP incluya a todos los actores del sector privado. La mayor diferencia en las opiniones sobre el DPP de los actores públicos y privados tiene que ver con el carácter inclusivo, tal y como muestra la ronda de monitoreo de 2018. Esta preocupación está presente para todos los actores del sector privado, independientemente de su tamaño (con una puntuación promedia de 55 en comparación con una puntuación de 69 de los gobiernos). Esto coincide con los datos aportados por las partes interesadas del sector privado, que declaran tener una capacidad limitada para participar del DPP y consideran que su relevancia es limitada. Dado que los gobiernos de los países socios a menudo se encargan de organizar el DPP, los datos de la Ronda de Monitoreo de 2018 sugieren que los gobiernos deben redoblar esfuerzos para entablar un diálogo que incluya a toda una gama de partes interesadas del sector privado y que los socios para el desarrollo deberían ayudar a garantizar que los gobiernos tengan la capacidad y los recursos para hacerlo. El Cuadro 3.4 analiza la importancia de involucrar a las pymes en particular.
Cuando se consigue sentar las bases para una DPP de alta calidad, el diálogo se centra en resultados y se promueven acciones conjuntas
A pesar de los desafíos, los actores del sector público y privado son optimistas y creen que el DPP puede traducirse en una mayor colaboración, acciones conjuntas y resultados concretos. Conseguir un compromiso a largo plazo de los actores involucrados en un DPP depende del grado de institucionalización de los acuerdos y de la orientación hacia resultados concretos, además del nivel de colaboración que el diálogo promueve. Los datos de la ronda de monitoreo de 2018 de la Alianza Global revelan que los gobiernos y las partes interesadas del sector privado generalmente coinciden en que, en gran medida, el DPP está orientado a los resultados y redunda en acciones conjuntas; la mayoría de los entrevistados, en todos los grupos de actores, calificaron estos aspectos como los más positivos de todos los elementos del diálogo. Esto demuestra que, a pesar de los desafíos para implementar el DPP (en particular, para desarrollar la capacidad para hacer partícipes a todas las partes interesadas del sector privado en la preparación de agendas y garantizar que participen del diálogo), cuando se da ese tipo de diálogo se mejora la colaboración público-privada. Esta colaboración es un requisito previo fundamental para maximizar el aporte del sector privado al desarrollo.
Las pymes desempeñan un papel fundamental en la economía de los países socios y a menudo representan a la mayor parte del sector privado de un país. En áreas rurales y marginadas, las pymes son generalmente la única fuente de empleo1, particularmente para los segmentos vulnerables de la población, como las mujeres y los jóvenes. En estas zonas, las pymes también contribuyen considerablemente en la prestación de servicios de salud, educación, sanidad y energía, subsanando así las deficiencias del sector público. De este modo, las pymes ayudan a garantizar que nadie se queda atrás. En 2017, en reconocimiento de su función, la Asamblea General de la ONU designó un “Día Internacional” para las pymes2.
No obstante, la investigación ha revelado que las pymes se enfrentan a desafíos importantes para acceder tanto al diálogo público-privado (Bettcher, Herzberg and Nadgrodkiewicz, 2015[12]) como a oportunidades concretas de asociación (Boehler et al., 2018[14]). Los resultados del monitoreo de la Alianza Global de 2018 respaldan estos hallazgos y revelan que las pymes tienen oportunidades limitadas para influir y participar de manera significativa en el DPP. Entre todas las partes interesadas que presentaron informes, incluidas todas las partes interesadas del sector privado, la opinión de las pymes sobre la calidad del DPP fue la menos positiva.
Los resultados son menos reveladores en los países menos desarrollados, donde la opinión de las pymes sobre el DPP es más positiva que la de las pymes en otros contextos. Estas opiniones más positivas tienen que ver en particular con la capacidad de participar en el DPP, el carácter inclusivo del diálogo y la medida en que está orientado a los resultados.
Este dato puede reflejar el hecho de que las pymes representan una mayor parte del sector privado en los PMD y, por lo tanto, representan una función más importante que en otros contextos. Por lo tanto, las pymes pueden estar mejor posicionadas en los PMD para analizar los temas que les sean relevantes, realizar cambios y generar un entorno favorable para políticas mediante su participación en las iniciativas del diálogo público-privado (DPP).
← 1. El Banco Mundial para el Desarrollo debate sobre la importancia de las pymes para el desarrollo de la economía en el siguiente enlace: https://www.worldbank.org/en/topic/smefinance.
Para optimizar el potencial de la contribución del DPP al desarrollo sostenible, es necesario que los gobiernos de los países socios involucren al sector privado más allá del mecanismo del DPP. Incluso cuando se traduce en acciones conjuntas y resultados concretos, el DPP no deja de ser una herramienta para alcanzar un objetivo y no el objetivo en sí mismo. La Alianza Global está trabajando para analizar el potencial de la cooperación al desarrollo a la hora de promover asociaciones nacionales con el sector privado. Aunque la cooperación internacional al desarrollo no constituye actualmente uno de los temas principales del DPP, la Alianza Global está trabajando en esta área política, facilitando debates nacionales e internacionales entre múltiples actores interesados y organizando consultas inclusivas. El objetivo es promover un uso eficaz de los recursos públicos existentes para que el sector privado participe en la cooperación al desarrollo, esforzándose por no dejar a nadie atrás y alcanzar los ODS (Cuadro 3.5).
El Documento Final de Nairobi de 2016 de la Alianza Global instó a “liberar el potencial de la cooperación para el desarrollo con el fin de atraer inversiones privadas inclusivas [estableciendo] compromisos claros en materia de eficacia para las alianzas que se están generando entre los gobiernos, la sociedad civil y el sector empresarial”. La Alianza Global respondió a este llamamiento y desarrolló una serie de principios y recomendaciones para garantizar la eficacia de la participación del sector privado en la cooperación para el desarrollo a nivel de proyecto, programa y política.
Estos principios se basan en la información de casos de estudio, una serie de diálogos inclusivos organizados a nivel nacional y global, y el Business Leaders Caucus (Comité de Líderes Empresariales). En 2018 se analizaron más de 900 proyectos de cooperación para el desarrollo con participación del sector privado en los cuatro países del caso de estudio (Bangladesh, Egipto, El Salvador y Uganda). Esta revisión sistemática incluyó desde empresas multinacionales y grandes empresas nacionales, hasta micro, pequeñas y medianas empresas. Las conclusiones de este ejercicio revelaron, entre otras cosas, que tan solo el 13 % de los proyectos consideraban a los gobiernos nacionales como socios, y únicamente el 4 % de éstos se centraba explícitamente en la población pobre. Además, únicamente el 16 % de los proyectos evaluaba los resultados y muchos socios privados criticaron que los ejercicios de los socios de desarrollo resultaban engorrosos.
El análisis de los proyectos y las consultas al respecto con varios de los actores relevantes concluyeron que la comunidad de la cooperación al desarrollo todavía puede mejorar mucho para consolidar alianzas con el sector privado. Por ejemplo, concentrándose más en el impacto, la rendición de cuentas y la búsqueda de resultados sostenibles. Estas conclusiones ponen de manifiesto la función crítica y transversal que el diálogo público-privado puede representar a la hora de promover la confianza mutua y la apropiación nacional de la participación del sector privado por parte de los países, así como de impulsar la eficacia y el carácter inclusivo de esta participación, hecho que también ha quedado patente en las encuestas de la ronda de monitoreo de la Alianza Global de 2018. Los actores clave de diferentes sectores están de acuerdo en resaltar la importancia de disponer de espacios de diálogo estructurados para poder contribuir a las áreas de colaboración prioritaria del sector privado, identificar soluciones para desafíos comunes, establecer relaciones, generar confianza, establecer alianzas y diseñar acciones conjuntas.
Los cinco principios de la Alianza Global para una participación eficaz del sector privado, ilustrados en la Figura 3.12, reflejan el resultado de este análisis.
Fuente: Participación Eficaz del Sector Privado mediante la Cooperación para el Desarrollo para un Desarrollo Sostenible: Principios y Lineamientos (https://effectivecooperation.org/wp-content/uploads/2019/01/SCM17-Private-Sector-Engagement-Principles.pdf) (AGCED, 2019[15]).
Una vez publicados los principios en la Cumbre de Nivel Senior de la Alianza Global en 2019, los gobiernos de los países socios, las partes interesadas del sector privado local e internacional, los socios para el desarrollo y la sociedad civil trabajarán conjuntamente para aplicar y hacer operativos los principios a nivel nacional.
Bibliografía
[15] AGCED (2019), Effective Private Sector Engagement through Development Co-operation for Sustainable Development: Towards Principles and Guidelines, Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo, Nueva York y París, https://effectivecooperation.org/wp-content/uploads/2019/01/SCM17-Private-Sector-Engagement-Principles.pdf.
[4] AGCED (2018), Guía de monitoreo de 2018 para coordinadores nacionales, AGCED, Nueva York y París, http://effectivecooperation.org/pdf/Guia%20Monitoreo%202018.pdf.
[10] AGCED (2018), Private Sector Engagement Through Development Co-operation in Bangladesh, OCDE, París, http://www.oecd.org/dac/effectiveness/Bangladesh_Country_Report_FINAL.pdf.
[2] AGCED (2016), Documento final de Nairobi, Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo, Nueva York y París, http://effectivecooperation.org/wp-content/uploads/2017/02/OutcomeDocumentESfinal.pdf.
[12] Bettcher, K., B. Herzberg and A. Nadgrodkiewicz (2015), “Public-private dialogue: The key to good governance and development”, Economic Reform Feature Service, http://ppd.cipe.org/wp-content/uploads/2015/03/FS_Jan2015_PPD-World-Bank.pdf.
[14] Boehler, T. et al. (2018), “Effective private sector engagement through development co-operation”, Issues Paper, Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo, Nueva York y París.
[9] BUILD (n.d.), Our mission and vision, sitio web, http://www.buildbd.org.
[1] Cázarez-Grageda, K. (2018), “The whole of society approach: Levels of engagement and meaningful participation of different stakeholders in the review process of the 2030 Agenda”, Discussion Paper, Partners for Review, GIZ, Bonn and Eschborn.
[6] Ceelen, A., J. Wood and S. Huesken (2019), Guidance and Good Practice on CSO Development Effectiveness and Enabling Environment, Task Team on CSO Development Effectiveness, The Hague, https://taskteamcso.com/wp-content/uploads/2019/04/TSKTM-01C-Guidance.pdf.
[8] CIVICUS (2019), Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil 2019: Año de revisión, CIVICUS, Johannesburg, https://www.civicus.org/documents/reports-and-publications/SOCS/2019/state-of-civil-society-report-2019_executive-summary.pdf.
[7] CSO Partnership for Development Effectiveness (2010), Istanbul CSO Development Effectiveness Principles, CSO Partnership for Development Effectiveness, Quezon City, Philippines, http://cso.csopartnership.org/wp-content/uploads/2016/01/hlf4_72.pdf.
[5] OCDE (2010), Civil Society and Aid Effectiveness: Findings, Recommendations and Good Practice, Better Aid, OCDE, París, https://dx.doi.org/10.1787/9789264056435-en.
[13] OECD/UNDP (2017), Hacia una cooperación al desarrollo más eficaz: Informe de Avance 2016, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/9789264276789-es.
[16] ONU (2015), Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, Naciones Unidas, Nueva York, https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/L.1&Lang=S.
[11] Organización Internacional del Trabajo (2018), World Employment and Social Outlook: Trends 2018, Organización Internacional del Trabajo, Ginebra, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_615594.pdf.
[3] PNUD (2016), “Citizen engagement in public service delivery: The critical role of public officials”, Global Centre for Public Service Excellence Discussion Paper, GCPSE, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Singapur, https://www.undp.org/content/dam/undp/library/capacity-development/English/Singapore%20Centre/GCPSE_CitizenEngagement_2016.pdf.
Notas
← 1. Esto no implica que deban adoptarse las opiniones de las partes interesadas. Por el contrario, un proceso participativo tiene por objeto lograr cierto nivel de coherencia entre las opiniones de una variedad inclusiva de actores y el gobierno del país socio y, cuando esto no sea posible, explicar las razones por las que ciertas opiniones no se reflejan en la estrategia nacional de desarrollo.
← 2. La disponibilidad de la estrategia nacional de desarrollo o del informe de progreso en línea se utiliza como una variable para caracterizar como "disponible públicamente" la información, ya que, si bien el acceso a internet tiene sus limitaciones, también demuestra el grado de apertura y disponibilidad de gobierno para compartir información de manera transparente.
← 3. Esta sección analiza tres de los módulos del indicador que cubre los aspectos relativos al entorno favorable para las organizaciones de la sociedad civil y que son los vinculados con las áreas responsabilidad de los gobiernos de los países socios y de las OSC. La contribución de los actores para el desarrollo se debatirá en la Parte II del Informe de avances.
← 4. Alrededor de la mitad de los gobiernos participantes recibió datos de contacto de representantes de las OSC que habían sido capacitadas sobre la encuesta y el procedimiento de la ronda de monitoreo por parte de la Alianza de OSC para la Eficacia del Desarrollo. Sin embargo, el gobierno podía designar las OSC participantes y facilitar su participación.
← 5. De acuerdo con el informe de CIVICUS (2019[8]) sobre el estado de la sociedad civil, 111 de los 196 países evaluados han cerrado, reprimido u obstruido el espacio cívico a través de varias prácticas que incluyen restricciones legislativas y reglamentarias. Esto refleja un aumento en comparación con los resultados de CIVICUS en 2017 donde 106 países estaban restringiendo el espacio cívico.
← 6. Solo el 14 % de los países las OSC afirman tener pleno acceso a información relevante y de manera exhaustiva y disponer de suficiente tiempo para prepararse y participar en las consultas.
← 7. Esta designación es sin perjuicio de las posiciones sobre el estatuto de Kosovo en línea con la Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 1244/99 y la opinión consultiva de la Corte International de Justicia sobre la declaración de independencia de Kosovo.
← 8. Tal como lo señalaron Bettcher, Herzberg y Nadgrodkiewicz (2015[12]), este diálogo es fundamental para “expandir el espacio para el descubrimiento de políticas”, donde los responsables de formular las políticas, los expertos del sector privado y otras partes interesadas se reúnen para debatir sobre la orientación de las políticas, las oportunidades de colaboración y otras cuestiones que incluyan las necesidades de todos los involucrados.
← 9. En línea con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y conforme se señala en el párrafo 67 de la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU, 2015[16]), el ejercicio de monitoreo de la Alianza Global reconoce la diversidad del sector privado y que el sector privado incluye entidades dirigidas por personas individuales o grupos que generalmente buscan generar ganancias y no están controlados por el estado. Para más información sobre la definición del sector privado, consulte (AGCED, 2018[4]).
← 10. El DPP incluye todas las oportunidades en las que el sector público y el privado se reúnen a dialogar, ya sean reuniones formales, informales, nacionales, subnacionales, permanentes o temporales.
← 11. El elemento de la confianza se puede comparar a lo largo del tiempo dado que las rondas de monitoreo de 2016 y de 2018 evaluaron este aspecto. En el caso de los demás elementos, los resultados de la Ronda de 2018 establecerán el punto de referencia. Las puntuaciones sobre confianza aquí recogidas corresponden con los países que respondieron a esta pregunta.
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