Ecuador
1. Repercusiones socioeconómicas de la pandemia de coronavirus (COVID-19)
La economía de Ecuador se ha visto muy afectada por la pandemia de COVID-19. En 2020, el producto interno bruto (PIB) se contrajo más de un 7% anual con respecto al año anterior y, de acuerdo con las últimas estimaciones internacionales comparables, la tasa de pobreza alcanzó el 33.5%, casi diez puntos porcentuales más que en 2019. A su vez, la tasa de pobreza extrema fue del 12.8%, lo que supone un aumento de más de cinco puntos porcentuales con respecto al año anterior. Estas cifras están entre las más altas de América Latina y el Caribe (ALC), donde las tasas de pobreza y pobreza extrema en 2020 eran, en promedio, del 30.9% y el 10.0%, respectivamente. Entre marzo de 2020 y mayo de 2021, las escuelas estuvieron totalmente cerradas durante 39 semanas, más que la media de la región de ALC, de 26 semanas, y el promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de 15 semanas. Teniendo en cuenta la baja tasa global de uso de Internet (un 54.1%), el cierre de las escuelas tuvo una repercusión negativa en la educación de los niños y en las familias. Ecuador entró en la pandemia con un creciente gasto público en salud. En el último decenio, el gasto aumentó en 1.2 puntos porcentuales del PIB y había alcanzado el 8.3% del PIB antes de la crisis. Esta cifra es superior a la de la región de ALC (6.8%), pero inferior a la de la OCDE (8.8%). Sin embargo, la percepción de la calidad de los servicios sanitarios entre los ciudadanos es negativa. En 2020, solo el 44.3% de las personas se declararon satisfechas con la atención sanitaria, frente al 48.2% en la región de ALC y el 70.7% en la OCDE. En 2020, el 86.0% de los ciudadanos creían que el gobierno era corrupto. Este porcentaje es alto en comparación con la región de ALC (72.4%) y la OCDE (58.8%).
2. Políticas nacionales e iniciativas internacionales de cooperación destinadas a construir un futuro mejor
La respuesta de Ecuador a la crisis del COVID-19 comenzó con un anuncio inicial en mayo de 2019 de un paquete integral destinado a recortar 4 000 millones de USD del presupuesto nacional. Entre las medidas figuraban la reducción de la jornada laboral de la mayoría de los trabajadores, el cierre o la fusión de 10 entidades públicas, el cierre de 11 embajadas y la reestructuración de la deuda pública de Ecuador. En junio entró en vigor una nueva Ley de Apoyo Humanitario, cuya principal novedad de la ley es que permite reducir las horas de trabajo y los salarios hasta un 50% y un 45%, respectivamente, durante dos años seguidos. Para ayudar a las empresas a hacer frente a la crisis de liquidez, se pospusieron los pagos a la seguridad social durante 90 días y se aplazaron los impuestos para los sectores del turismo y la exportación, así como para las microempresas y pequeñas y medianas empresas (mipymes), entre abril y junio. Se promulgó un decreto ejecutivo que exigía a unas 1 200 empresas que registraron beneficios en el primer semestre de 2020 el pago del impuesto sobre la renta con al menos cinco meses de antelación. La autoridad tributaria del país calculó que con esta medida se recaudarían 280 millones de USD, que se distribuirán a 125 000 mipymes afectadas por la pandemia. Para sostener la renta de los hogares, el gobierno estableció una moratoria del corte de suministros por falta de pago y se amplió un programa que entregaba 60 USD durante dos meses a 950 000 familias con ingresos inferiores a 400 USD al mes para llegar a 2 millones de personas en el marco del paquete.
Respecto a las iniciativas de cooperación internacional para afrontar la crisis del COVID-19, en septiembre de 2020 se aprobó un acuerdo para un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional bajo la modalidad de Servicio Ampliado del Fondo, que prevé un total de 6 500 millones de USD, de los cuales en 2020 se desembolsaron 4 000 millones de USD. El programa tiene como objetivos principales proteger las condiciones de vida de las personas, expandir la cobertura de la protección social y garantizar la estabilidad macroeconómica, y viene asociado con la aplicación de un paquete de reforma tributaria y una ordenación del gasto público. A su vez, han comprometido recursos el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, alcanzando 2 320 millones de USD a finales de 2020. En cuanto a la Unión Europa, la última fase (2020-2021) del programa EUROsociAL+ apoyó al consejo judicial a garantizar el acceso a los servicios a las víctimas de violencia de género y lanzó un programa piloto de mesas redondas nacionales de Equipo Europa con el fin de debatir la mejor forma de aunar esfuerzos y proporcionar un apoyo coherente de la UE a la gestión de la crisis del COVID-19 y la recuperación del país.
Referencias
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