Editorial
El informe Perspectivas Económicas de América Latina 2020 aborda la transformación digital como una oportunidad para superar las trampas del desarrollo a las que se enfrenta la región, las cuales se han visto acentuadas durante la pandemia del Covid-19. Esta transformación está afectando las trayectorias del desarrollo en todo el mundo, y en América Latina y el Caribe ofrece oportunidades para acelerar el desarrollo.
El uso adecuado de las nuevas tecnologías ha proporcionado soluciones innovadoras y eficientes para hacer frente a la pandemia y aliviar así las medidas de confinamiento y distanciamiento social al conectar a las personas, las empresas, los mercados y las instituciones. Por otra parte, durante la pandemia hemos comprobado en mayor medida las consecuencias y el costo de la brecha digital. Son muchas las personas que no han podido aprovechar los beneficios de las tecnologías digitales y, por tanto, han quedado excluidas de las soluciones de aprendizaje por medios electrónicos y del teletrabajo.
La Agenda 2030 reconoce que “la difusión de las tecnologías de la información y las comunicaciones y la interconexión mundial tiene grandes posibilidades de acelerar el progreso humano, reducir la brecha digital y desarrollar sociedades del conocimiento”. En Perspectivas Económicas de América Latina 2020 sostenemos que la digitalización es un instrumento eficaz para el desarrollo, pero solo si es universal e inclusiva.
El uso generalizado de estas tecnologías puede contribuir a impulsar la productividad, promover la inclusión social y la descarbonización de la economía, apoyando así la respuesta de las instituciones públicas a las crecientes exigencias de los ciudadanos. Sin embargo, la economía digital también entraña importantes riesgos, los cuales son mayores en los países en desarrollo. Si no se canaliza adecuadamente, podría dar lugar a una mayor concentración del mercado, un aumento de las desigualdades, la pérdida de puestos de trabajo y problemas de privacidad y seguridad. En el informe se hace hincapié en que la transformación digital no impulsará automáticamente el desarrollo, sino que requiere de la adopción de una serie de políticas públicas que han de coordinarse en el marco de las estrategias nacionales de desarrollo. Asimismo, se hace un llamado para que, ahora más que nunca, se creen o se refuercen alianzas internacionales que permitan aprovechar los beneficios de la transformación digital.
La crisis del Covid-19 está llevando el crecimiento del PIB a mínimos históricos en toda la región de América Latina y el Caribe, aumentando así la pobreza y la desigualdad. Se han acometido intervenciones en el ámbito de las políticas para preservar las capacidades humanas, productivas y financieras. Sin embargo, las capacidades financieras e institucionales son limitadas y los problemas estructurales – como la elevada informalidad, la baja productividad y la vulnerabilidad socioeconómica – acentúan la necesidad de adoptar medidas enérgicas y eficaces.
Los desafíos creados por esta crisis son numerosos, pero la adopción de sólidas políticas públicas y alianzas, tanto a escala nacional como internacional, puede convertir este complicado escenario en una oportunidad para redefinir el contrato social, dando prioridad al bienestar de las personas. Este proceso participativo debe contribuir a definir e implementar sistemas de protección social más sólidos, una mejor y más accesible atención sanitaria, unas finanzas públicas más sanas y progresivas y unas estrategias productivas más inclusivas y sostenibles. Ahora, más que nunca, la cooperación y la coordinación internacionales son cruciales en distintos ámbitos socioeconómicos para preservar la cohesión social, incluida la gestión de la deuda pública externa.
La transformación digital puede desempeñar un papel importante para convertir esta crisis en una nueva oportunidad de desarrollo y hacer frente a las trampas del desarrollo de la región. Por ello, en esta publicación se insta a la adopción de una serie de medidas en este sentido.
En primer lugar, la región se caracteriza por el predominio de microempresas y pequeñas empresas que tienen una escasa productividad, que a menudo están desconectadas de sus mercados y que no tienen capacidad para absorber el shock generado por la pandemia. Las herramientas digitales pueden contribuir a impulsar la productividad e incrementar su competitividad, sobre todo en el caso de las empresas que se están quedando atrás. Por tanto, las políticas deben tener por objeto apoyar la adopción de herramientas tecnológicas con ecosistemas digitales integrales, infraestructuras adecuadas y conocimientos digitales apropiados.
En segundo lugar, es necesario abordar las brechas digitales para que los beneficios de la transformación digital lleguen a todos. La adopción de tecnologías digitales centradas en las necesidades de las personas puede aumentar la calidad de vida de los hogares y, por tanto, mejorar el bienestar de las sociedades latinoamericanas al tiempo que se promueve el desarrollo sostenible del medioambiente. Persisten las disparidades de acceso y uso en los distintos territorios, grupos socioeconómicos, de edad o de género, las cuales pueden ampliarse en el contexto de la pandemia. Esta situación puede potenciar la creación de mayores brechas entre ganadores y perdedores, planteando así amenazas adicionales a la estabilidad y la cohesión social.
En tercer lugar, las tecnologías digitales ofrecerán oportunidades y desafíos al mercado laboral. En la región, algunos puestos de trabajo corren un alto riesgo de automatización, mientras que otros experimentarán cambios sustanciales en la forma de realizarlos. Las políticas de fomento de la productividad deben desempeñar un papel importante a la hora de abordar las necesidades del mercado y asegurar así una transición fluida al adoptar los nuevos empleos y dejar atrás los puestos de trabajo obsoletos.
En cuarto lugar, para asegurar que los beneficios de la transformación digital se aprovechen en el hogar y en el trabajo, es necesario impulsar las competencias adecuadas en las primeras etapas de la vida y durante el desarrollo vital de las personas. Entre quienes tienen menos competencias, destaca una mayor proporción de mujeres que no cuenta con experiencia en el ámbito de la informática. No basta con proporcionar a los centros educativos y estudiantes más desfavorecidos un mayor acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), sino que también se necesitan programas que desarrollen las aptitudes adecuadas tanto en los estudiantes como en el profesorado.
En quinto lugar, las nuevas tecnologías digitales pueden transformar las instituciones públicas y conseguir que sean más creíbles, eficientes, inclusivas e innovadoras. De este modo, se puede contribuir a restablecer la confianza en los gobiernos simplificando los complejos sistemas burocráticos, prestando servicios públicos más inclusivos –como los servicios de salud a través de Internet o el aprendizaje por medios electrónicos– que lleguen a los sectores más desfavorecidos de la sociedad, dotándolos de una mayor apertura y transparencia, y permitiendo la participación de los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones.
Existe una condición importante para que se emprendan las acciones anteriormente mencionadas: a nivel nacional, estas medidas de políticas deben coordinarse en el marco de las estrategias nacionales de desarrollo, vinculándolas directamente a las agendas digitales. De esta manera, se aprovecharía el potencial de las políticas digitales para que se conviertan en un factor decisivo en la consecución de un mayor bienestar social.
La crisis del Covid-19 hace que la necesidad de cooperación internacional y de creación de nuevas alianzas en la región sea más importante que nunca. La transformación digital conlleva muchos desafíos que son de carácter transfronterizo y, por tanto, requieren de una mayor cooperación internacional. Entre ellos se incluyen ámbitos como la regulación y las normas, la inversión, el comercio, la seguridad digital o desafíos fiscales derivados de la digitalización de la economía. La creación de alianzas más sólidas también puede promover un intercambio de conocimientos más pertinente y transferencias tecnológicas en distintas dimensiones, contribuyendo así a cerrar la brecha digital. La región ya cuenta con varias plataformas en las que puede basarse, como la Agenda digital para América Latina y el Caribe (eLAC). En este sentido, la transferencia de experiencias de la OCDE y la Unión Europea a la región puede ser de gran utilidad y, por tanto, debe fortalecerse.
La transformación digital no resolverá por sí sola los problemas de desarrollo. Creemos firmemente que, para aprovechar los beneficios de las tecnologías digitales, debemos adoptar una mayor cooperación en las cuestiones más amplias, de manera que podamos emplear estas tecnologías de forma inclusiva, sostenible y socialmente responsable. Los países de América Latina y el Caribe no deben dejar atrás esta oportunidad para adoptar una transformación digital sostenible.
Presidente Ejecutivo CAF - Banco de Desarrollo de América Latina