OECD Multilingual Summaries

OECD Regulatory Policy Outlook 2018

Summary in Spanish

Perspectivas de la OCDE sobre la Política Regulatoria 2018

Resumen en español

Las leyes y regulaciones afectan todas las áreas de actividad empresarial y de la vida en general. Determinan nuestra seguridad y nuestro estilo de vida, la facilidad para hacer negocios y el logro de objetivos sociales y ambientales. En tanto que una correcta regulación favorece el crecimiento económico y el bienestar, la regulación inadecuada los pone en riesgo. Pero "regular" es una tarea cada vez más formidable. El ritmo avasallador del cambio tecnológico y la interconexión sin precedentes de las economías enfrentan a los gobiernos a la incertidumbre y la complejidad en términos de qué se regula y cómo se regula. La validez de los sistemas regulatorios vigentes y, de hecho, la capacidad de los gobiernos de adaptarse al cambio, se ponen en tela de juicio. Para conseguirla se requiere un sector público cada vez más ágil, capaz de explotar las múltiples oportunidades ofrecidas por el cambio tecnológico para mejorar la elaboración de regulaciones y adaptarlas a la nueva realidad y a los nuevos retos.

En el informe Perspectivas de la OCDE sobre la Política Regulatoria 2018, el segundo de una serie iniciada en 2015, se analizan las iniciativas emprendidas por los países para mejorar la calidad regulatoria en comparación con los principios establecidos en la Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Política y Gobernanza Regulatoria 2012. Con base en un análisis del amplio estudio Indicadores OCDE de Política y Gobernanza Regulatoria (iREG) 2017, el presente informe destaca la importancia de contar con leyes y regulaciones sólidas, así como las buenas prácticas regulatorias de los países de la OCDE. Desde un punto de vista crítico, también identifica áreas de oportunidad de mejora para dichos países.

Los países de la OCDE están comprometidos con la calidad regulatoria. A fines de 2017, todos los países miembros de la OCDE y aquellos en proceso de adhesión tenían una política regulatoria de gobierno completo y contaban con un órgano encargado de promover y coordinar la calidad regulatoria en todos los órdenes gubernamentales. También habían avanzado en la adopción de herramientas de gestión regulatoria "tradicional", en particular la participación de determinados grupos de interés y la evaluación de impacto regulatorio (EIR). Cada vez con mayor frecuencia, solicitan la retroalimentación de sus ciudadanos y sus empresas acerca de las leyes y las regulaciones futuras, y destinan más tiempo para realizar consultas. La EIR se ha convertido en un elemento fundamental del proceso de elaboración de regulaciones en la mayoría de los países.

No obstante, todavía hay margen de mejora. Es posible tomar más en cuenta los resultados de la consulta en la etapa de formulación de regulaciones. Se requiere una participación más provechosa, mayor transparencia y mejor comunicación para garantizar que los ciudadanos y las empresas se sientan incluidos en el proceso de formulación de políticas públicas, acepten las decisiones en materia regulatoria y, en última instancia, confíen en su gobierno. En algunas jurisdicciones, la EIR se ha centrado excesivamente en los procedimientos y no se enfoca en las leyes y las regulaciones más importantes, bien sea porque no se cuenta con un sistema idóneo de selección o porque se excluye a las propuestas regulatorias de gran impacto. En los casos en que se llevan a cabo evaluaciones, a menudo se centran en efectos económicos muy específicos, como la carga regulatoria para las empresas y se pasan por alto otros efectos relevantes.

Resulta extraordinario que el "ciclo de vida" de las regulaciones se mantiene incompleto en gran medida. Los países actúan con mayor eficacia en las primeras etapas, por ejemplo, en la elaboración de leyes y regulaciones, que en las etapas posteriores de ejecución y revisión de dichos instrumentos. Además, no hay aún un método sistemático para valorar si las leyes y las regulaciones en efecto logran sus objetivos en la práctica. Aunque algunas pudieran resultar obsoletas, imponer costos innecesarios a las empresas y los reguladores, y posiblemente poner en riesgo a los ciudadanos, los países no tienen un método sistemático para recopilar pruebas, supervisar la aplicación de dichas leyes y regulaciones, y evaluar los resultados. Eso entorpece su capacidad de mejorar su calidad regulatoria y de demostrar los resultados de un mejor diseño de sus regulaciones.

No hay políticas para el gobierno completo que promuevan mejores estructuras y procesos de gobernanza, y que reduzcan la brecha entre el desarrollo de regulaciones y su puesta en marcha. Las autoridades regulatorias y los organismos de inspección a menudo carecen de marcos de política explícitos para reforzar su desempeño. Para rendir resultados, requieren tener suficiente autonomía, facultades y recursos apropiados, y mecanismos de rendición de cuentas transparentes y previsibles, así como la capacidad de gestionar y analizar los datos y focalizar sus actividades con eficacia.

En todos los países de la OCDE se reconoce cada vez más la importancia de la cooperación regulatoria internacional (CRI) como un medio para asegurar que las leyes y las regulaciones se mantengan a la par de la globalización. En la práctica, si bien los iREG revelan algunas pruebas de política de CRI, solo algunos países tienen una visión de CRI para el gobierno completo y su gobernanza es aún sumamente fragmentada. Los ministerios y los órganos reguladores podrían considerar, desde una perspectiva más sistemática, el contexto internacional y las normas y estándares internacionales para lograr sus objetivos de política pública. Podrían también ofrecer oportunidades más efectivas para contar con la participación de actores extranjeros y evaluar los efectos internacionales de sus acciones como parte de la evaluación previa y posterior.

El carácter limitado del control y la supervisión de la calidad (que sigue siendo la "pieza faltante del rompecabezas") puede crear brechas en la política regulatoria. La supervisión es un eslabón esencial del marco de gobernanza regulatoria, el cual ayuda a reducir la distancia entre los requisitos formales y su implementación. Hay indicios de que algunos países de la OCDE han establecido funciones y capacidades de supervisión de regulaciones. Sin embargo, en muchos países, la responsabilidad de la supervisión regulatoria se divide entre varias instituciones, por lo que es esencial disponer de una función de coordinación eficaz. El control de calidad de las herramientas de gestión regulatoria se realiza en una etapa tardía del ciclo de formulación de regulaciones y se centra sobre todo en la calidad del procedimiento de la EIR, y no en objetivos de política más amplios.

En la actualidad, la economía conductual (BI, por sus siglas en inglés) se adopta con entusiasmo como una herramienta para concebir y formular mejores políticas. Al fomentar una cultura de experimentación y basarse en una mejor comprensión de la conducta real, la BI es una eficaz herramienta de aprendizaje, adaptación e innovación. Aplicada a la política regulatoria, es posible incorporar la BI en la EIR y la evaluación ex post, utilizando la economía conductual para favorecer la participación de actores interesados informados y aplicar la BI para cambiar la conducta de las instituciones, los órganos reguladores y las entidades reguladas.

Ahora más que nunca se necesitan regulaciones que sean transparentes, que se basen en evidencia y que tomen en cuenta tanto los riesgos como las realidades en la práctica. Es fundamental que estas regulaciones sean elaboradas y sostenidas por instituciones democráticas sólidas y con capacidad de respuesta. La participación de los interesados y, por consiguiente, la evaluación sistemática de los impactos previos y posteriores a la adopción de regulaciones hacen importantes aportaciones al proceso de elaboración de regulaciones. Las autoridades, las inspecciones y la aplicación de las regulaciones son decisivas para determinar la eficacia de la regulación. Se requiere supervisión regulatoria para guiar y promover la calidad regulatoria en todos los órdenes de gobierno. Por último, hay una necesidad irreversible de contar con enfoques innovadores y de cooperación regulatoria internacional que conjunten los conocimientos especializados y las iniciativas de coordinación de los países relativas a asuntos complejos que cruzan cada vez más las fronteras administrativas.