Prólogo

Tras un fuerte crecimiento económico en las primeras décadas del 2000, muchos países de la región de América Latina y el Caribe (ALC) han experimentado una desaceleración en los últimos años. Dicho crecimiento se ha visto afectado por la disminución en los precios de los productos básicos de exportación, la baja productividad y una elevada y persistente desigualdad que repercute tanto en los ingresos como en las oportunidades. Al mismo tiempo, una ola de escándalos de corrupción ha socavado aún más la confianza en los gobiernos y en el sector privado. El desencanto popular y la disminución de la confianza en las instituciones públicas son más que nunca una amenaza real. En 2018, solo el 34 por ciento de la población en la región de ALC reportó confiar en su gobierno; cuatro puntos porcentuales menos que en 2007.

Esta publicación analiza el funcionamiento del sector público en ALC y los desafíos de gobernanza que enfrentan los países de la región. El fortalecimiento de la calidad institucional es una condición necesaria para aumentar la confianza en los gobiernos y contrarrestar el descontento ciudadano. Las reformas de la gobernanza pública, además de técnicamente sólidas, requieren una comprensión profunda tanto de la economía política como de las expectativas de los ciudadanos. De hecho, la implementación incompleta de reformas previas, combinada con una gestión ineficaz de su economía política, es todavía un desafío importante para algunos países de la región. Para enfrentar este reto, es esencial fortalecer la capacidad de los gobiernos para superar la resistencia de intereses poderosos que todavía tienen influencia para la preservación del status quo, incluidos aquellos que se benefician de la opacidad y la baja rendición de cuentas.

Esta tercera edición de Panorama de las Administraciones Públicas: América Latina y el Caribe 2020 incluye el conjunto más completo de indicadores sobre gobernanza pública para la región, abarca las finanzas y el empleo público y los diferentes procesos gubernamentales, así como los resultados principales de gobierno. Además, los indicadores relacionados con la integridad en el sector público y rendición de cuentas en los procesos de toma de decisiones se han incluido por primera vez. Los datos presentados permiten a los lectores evaluar tanto el diseño de las reformas de la gobernanza pública como su efectiva y justa implementación mediante una buena gestión.

En general, la evidencia presentada en esta publicación demuestra cómo la región ha logrado un progreso notable en varias áreas, incluido un mayor compromiso para involucrar a diversos actores en el desarrollo de regulaciones, una mayor transparencia en el proceso presupuestario y mejoras en el acceso a datos del sector público. No obstante, muchos países de ALC continúan luchando por implementar políticas públicas efectivas, como ejemplifica el caso de leyes relacionadas con el financiamiento político y el derecho de acceso a la información que, si bien en algunos casos son más fuertes que en los países de la OCDE, presentan un rezago en su adopción y cumplimiento.

Se necesita una mejor implementación de políticas públicas en áreas clave; esto incluye fortalecer la coordinación de políticas y la planificación estratégica, incrementar la prevención de conflictos de intereses, simplificar regulaciones, una mejor consulta con los ciudadanos y una simplificación de los sistemas de compras y contrataciones públicas. Esto podría mejorar la provisión de servicios públicos y, en última instancia, contribuir a recuperar la confianza de los ciudadanos en los gobiernos.

Adicionalmente, uno de los desafíos más importantes que enfrentan los países de ALC en la actualidad es mejorar la profesionalización de sus servicios civiles. Durante la última década, el reclutamiento basado en el mérito aumentó. Alrededor del 80 por ciento de los países de la región introdujeron programas de capacitación para la fuerza laboral del servicio público; sin embargo, se necesita hacer más para mejorar las capacidades de los servidores públicos y evitar la politización del empleo. Una gran parte de la fuerza laboral del servicio público aún no está sujeta a procedimientos de contratación basados en el mérito. De igual manera la capacitación de la dirección ejecutiva y la capacitación digital se han introducido en solo la mitad de los países de la región.

Para mantener un crecimiento inclusivo, ALC debe continuar implementando reformas del sector público que promuevan resultados, como lo son una mayor confianza en el gobierno y equidad para todos. Este informe, el cual es resultado de una fructífera colaboración entre la OCDE y el BID, tiene como objetivo contribuir a este esfuerzo proporcionando investigación e indicadores basados en evidencia, y reuniendo la metodología y la experiencia de la OCDE como una plataforma internacional para el diálogo sobre políticas públicas, junto con el conocimiento y la comprensión de la región por parte del BID. Esperamos que este estudio facilite una comprensión más profunda del estado de la gobernanza pública en la región, y pueda ayudar a los gobiernos a desarrollar reformas más exitosas del sector público y a promover una mayor transparencia, integridad y efectividad en dicha gobernanza.

Secretario-General de la OCDE, Angel Gurría

Presidente del BID, Luis Alberto Moreno