Prefacio
La integridad pública es un elemento importante de la buena gobernanza, pues facilita la confianza en las instituciones públicas y apoya la eficacia de las políticas públicas. Además, promueve el uso eficiente de los recursos públicos para la prestación de servicios que, a su vez, ayudan a mejorar los niveles de vida. De igual forma, la integridad pública ayuda a las instituciones a hacerse más resilientes y fortalece sus capacidades para prevenir la captura. El momento actual demanda a los gobiernos escalar sus esfuerzos para fortalecer la integridad. Los gobiernos de todo el mundo están batallando para responder a las consecuencias sociales y económicas derivadas del COVID-19. Dichas respuestas solo serán eficaces y apoyarán la recuperación económica si sirven a sus objetivos oficiales, privilegian el interés público y se gestionan con integridad. La OCDE permanece lado a lado de México y sus entidades federativas para fortalecer la integridad y, al hacerlo, promover mejores políticas para una vida mejor.
En las últimas décadas, el combate a la corrupción y la promoción de la integridad se han vuelto más relevantes en la agenda internacional y en foros como el G-20. El tema también ha estado en la agenda de políticas públicas de México, tanto en el orden nacional como en el subnacional. De hecho, los gobiernos estatales y municipales de México son responsables de la prestación de diversos servicios públicos y representan la “primera ventanilla” para los ciudadanos. Por tanto, la integridad en los gobiernos estatales y municipales puede influir significativamente la percepción de los ciudadanos sobre la integridad de las instituciones públicas y la manera cómo interactúan con sus autoridades.
La OCDE trabaja con sus países miembros y asociados para apoyar sus sistemas de integridad pública a través de estudios específicos que identifican debilidades y hacen recomendaciones de mejora. También acompaña a los países en el diseño y la implementación de reformas, desarrolla estándares basados en buenas prácticas y aprendizaje entre pares y recopila datos para análisis comparativos.
La OCDE ha hecho una importante contribución a la agenda de integridad pública de México en los años recientes, a través de estudios que hacen recomendaciones para fortalecer los sistemas anticorrupción nacional y estatales. Estos estudios han derivado en resultados tangibles. En el Estado de Coahuila, por ejemplo, el estudio de la OCDE fue la base sobre la cual se elaboró el Programa Estatal de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En la Ciudad de México, las recomendaciones de la OCDE derivaron en la actualización de lineamientos de control interno. Gracias al compromiso del Gobierno del Estado de México, el estudio de la OCDE también está logrando resultados concretos. Por ejemplo, en 2021, la Secretaría de la Contraloría (SECOGEM) comenzó una revisión del Código de Ética y del papel de los Comités de Ética. Adicionalmente, la Política Anticorrupción del Estado de México y Municipios incluye un eje sobre ética pública e integridad, que complementa lo contenido en la Política Nacional Anticorrupción.
El trabajo de la OCDE en México ha descubierto políticas específicas que deben mejorar para fortalecer la integridad pública, como las relativas a control interno y protección de denunciantes. La Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Integridad Pública y las experiencias de nuestros países miembros y asociados ilustran buenas prácticas que podrían ayudar a México y a sus entidades federativas a avanzar en estas y otras políticas que contribuyen a la creación de una cultura de integridad, influyendo positivamente en el comportamiento de los servidores públicos.
Nos da gusto tener la oportunidad de contribuir a los esfuerzos de México para promover la integridad pública, particularmente con entidades federativas como el Estado de México, que es líder entre los gobiernos estatales de México en el establecimiento de su sistema anticorrupción.
