Resumen ejecutivo
La integridad es uno de los pilares de las estructuras políticas, económicas y sociales y es una piedra angular de la buena gobernanza. Sin embargo, ningún país es inmune a violaciones a la integridad. En todos los niveles y poderes del gobierno y durante todas las etapas del proceso de políticas, interacciones entre actores públicos y privados poco éticas pueden violar la integridad. Hacer frente a este desafío requiere un enfoque que abarque a la sociedad y al gobierno en su conjunto.
La Recomendación de la OCDE sobre Integridad Pública es el mapa general de este enfoque y el Manual de la OCDE sobre Integridad Pública brinda orientación para su implementación. Los capítulos del Manual detallan a qué refiere la Recomendación en la práctica y señalan los desafíos que pueden enfrentar los países en su implementación.
En este capítulo se detallan los elementos que demuestran el compromiso sistémico con la integridad a nivel político y de los altos directivos. Estos elementos incluyen la codificación de normas en los marcos legislativos e institucionales, como ser: actuar con integridad, servir al interés público o prevenir y gestionar los conflictos de intereses. En el capítulo también se identifica cómo los niveles directivos y altos cargos políticos pueden trabajar con las principales partes interesadas para diseñar reformas específicas, basadas en evidencia y a largo plazo.
Este capítulo ofrece guías para mejorar la cooperación entre los organismos públicos (como ser los organismos anticorrupción, las oficinas de recursos humanos, o las oficinas de auditoría y de control interno), así como para aumentar el intercambio entre los niveles de gobierno nacional y subnacional. Un ejemplo son los comités de coordinación que tienen un grado visible de influencia e incluyen representantes de todas las funciones de integridad. El capítulo analiza los impedimentos a la cooperación (como la existencia de silos arraigados o la competencia entre entidades) y propone instrumentos para mejorar el intercambio y el aprendizaje entre entidades, como memorandos de entendimiento y bases de datos interoperables.
El capítulo identifica cómo desarrollar un enfoque estratégico basado en evidencia para mitigar los riesgos en materia de integridad pública, en particular, la corrupción. Detalla los pasos para llevar a cabo un análisis de los problemas (por ejemplo, identificar los riesgos, analizarlos y mitigarlos) que informe a los objetivos estratégicos, los puntos de referencia y los indicadores. Además, ofrece orientación para la preparación de un plan de acción en miras a alcanzar los objetivos estratégicos y garantizar claridad en las entidades responsables, el calendario de implementación y la medición del impacto.
En este capítulo se presenta cómo los gobiernos pueden establecer altos estándares de conducta que prioricen al interés público y la adhesión a los valores del sector público. Para garantizar coherencia, se detallan aquellas normas de integridad que pueden incorporarse al derecho administrativo (como la libertad de información, la financiación política y las actividades de cabildeo, y el acceso a la justicia administrativa), al derecho civil (como la indemnización por daños y perjuicios y la protección de los denunciantes) y al derecho penal (tales como el cohecho activo y pasivo o el tráfico de influencias).
En este capítulo se muestra cómo hacer participar a las empresas, las organizaciones de la sociedad civil y las personas en la promoción de una cultura de integridad. Se clarifica cómo un equilibrio entre las sanciones (como multas monetarias o inhabilitaciones) y los incentivos (por ejemplo, aquellos relacionados a los impuestos o los créditos a la exportación) puede ayudar a los gobiernos a fomentar la integridad pública en las empresas. También se muestra cómo hacer participar a los jóvenes, por ejemplo, mediante actividades de aprendizaje práctico, como la supervisión de un proceso de contratación pública, que ayuden a aumentar sus conocimientos y su compromiso con la integridad pública.
En este capítulo se identifican medidas para atraer, seleccionar y promover el liderazgo íntegro en las organizaciones públicas, haciendo hincapié en la incorporación de la integridad como un valor en los marcos de cualidades de referencia, las descripciones de los puestos de trabajo, los instrumentos de evaluación y los acuerdos de desempeño. Entre las medidas que se incluyen figuran por ejemplo preguntas para entrevistas personales en las que se pide a los candidatos que reflexionen sobre los modelos éticos que han tenido anteriormente en su lugar de trabajo. Para evaluar el desempeño en materia de integridad, los directores podrían dar ejemplos de cómo demostraron tomar decisiones de manera ética.
Este capítulo reconoce la relevancia de un sistema basado en la meritocracia para garantizar la integridad pública en toda la administración pública. Provee orientación sobre la incorporación de principios de transparencia y objetividad en los procesos de gestión de los recursos humanos, como ser el establecimiento de una estructura organizativa clara y garantizar que se apliquen los criterios de calificación y rendimiento adecuados para todos los puestos de la administración pública.
En el presente capítulo se detalla cómo se pueden fomentar los conocimientos, las competencias y el compromiso en pro de la integridad pública mediante la provisión de información oportuna y pertinente sobre las normas de integridad (por ejemplo, mediante carteles, salvapantallas y vídeos breves), así como la realización de actividades de capacitación periódica y adaptada en materia de integridad (por ejemplo, conferencias, debates sobre dilemas éticos, aprendizaje electrónico o juegos de simulación). Además, se identifican los componentes básicos de las funciones de asesoramiento en materia de integridad y se demuestra la forma en que estas funciones pueden ayudar a los funcionarios públicos a aplicar las normas de integridad en sus actividades cotidianas.
Este capítulo precisa las medidas para promover una cultura organizativa abierta, en la que los empleados puedan debatir los dilemas éticos y las preocupaciones sobre la integridad. Se identifican los instrumentos para promover la apertura, como ser la capacitación obligatoria de los directivos para que proporcionen una retroalimentación constructiva, gestionen los conflictos y mantengan conversaciones difíciles. El capítulo también clarifica los elementos básicos de la protección de los denunciantes, señalando que es fundamental contar con normas, procedimientos y canales claros para denunciar las presuntas violaciones a la integridad y garantizar un ambiente seguro.
Este capítulo detalla cómo aplicar un enfoque de gestión de riesgos en un sistema de integridad. Se ofrece orientación específica sobre la identificación, el análisis y la respuesta a los riesgos para la integridad, utilizando métodos tanto cualitativos como cuantitativos (como por ejemplo, tableros y registros de riesgos). En el capítulo también se muestra cómo incorporar la integridad en el rol de las funciones de auditoría interna, con respecto a los gerentes públicos, haciendo énfasis en el valor añadido de proporcionar un seguro independiente y objetivo para un control interno y una gestión de riesgos de integridad eficaces.
El capítulo proporciona guía para garantizar un enfoque coherente que permita aplicar las normas de integridad pública en los regímenes disciplinarios, civiles y penales, y destaca las políticas e instrumentos básicos para apoyar decisiones oportunas, objetivas y justas en materia de aplicación y sanción. Asimismo, se identifican mecanismos que permitan la cooperación entre los órganos, entidades y funcionarios de cada régimen de aplicación de la ley, como ser el establecimiento de bases de datos electrónicas para gestionar los casos.
En este capítulo se muestra cómo los órganos de supervisión externa (por ejemplo, las entidades fiscalizadoras superiores, los defensores del pueblo, los tribunales administrativos) y los organismos de regulación y aplicación fortalecen la rendición de cuentas. Ofrece ejemplos de instrumentos que proporcionan claridad sobre quién es responsable de aplicar las recomendaciones de los órganos de supervisión, como los tableros. En el capítulo también se ofrecen ejemplos respecto a cómo las funciones de supervisión pueden fomentar el aprendizaje organizativo, como ser, mediante la realización de auditorías de integridad.
Este capítulo ofrece información e ideas sobre el fomento de la participación en el proceso de formulación de políticas, provee guía sobre la apertura del gobierno, el acceso a la información y la participación de las partes interesadas. También se abordan los instrumentos necesarios para evitar la captura de políticas, como el establecimiento de procedimientos para prevenir y gestionar las situaciones de conflicto de intereses y garantizar la transparencia e integridad en el cabildeo y en la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales.