República Dominicana

La pobreza en la República Dominicana disminuyó en los últimos años, del 26.7% en 2016 al 20.4% en 2022, y actualmente se sitúa por debajo del promedio, 24.1%, registrado en América Latina y el Caribe (ALC). La pobreza extrema también disminuyó, del 7.0% en 2016 al 5.1% en 2022, también por debajo del promedio de ALC (8.3%). El coeficiente de Gini cayó con fuerza, de 45.7 en 2016 a 38.5 en 2021, y ha vuelto a situarse por debajo del promedio registrado en los países de ALC (44.8). Por lo que se refiere a los indicadores de inversión y transformación productiva, la inversión total en la República Dominicana aumentó considerablemente, del 22.9% del PIB en 2016 al 33.2% en 2022, superando con creces la tendencia del promedio de ALC, que aumentó del 20.8% al 21.3% en el mismo período. La inversión privada también aumentó en la República Dominicana, del 20.5% del PIB al 21.7%, superando el promedio de ALC (15.8% en 2019). La productividad laboral, medida con respecto a la producción de Estados Unidos por persona empleada, aumentó del 29.6% en 2016 al 33.5% en 2023, por encima del promedio de ALC, del 27.1% en 2023. La proporción de exportaciones de productos de alta tecnología en los bienes manufacturados exportados totales prácticamente se duplicó, del 4.4% en 2016 al 8.5% en 2021, por encima del promedio de ALC (7.2%). Las percepciones positivas de la inversión extranjera directa (IED), que descendieron en la región de ALC, también lo hicieron de manera pronunciada en la República Dominicana, del 85.1% en 2016 al 65.3% en 2020. Los ingresos tributarios del país aumentaron del 13.0% del PIB en 2016 al 14.5% en 2021, aunque se mantuvieron considerablemente por debajo del promedio regional del 21.5%. Los ingresos tributarios ambientales se mantuvieron prácticamente sin cambios, al descender del 1.8% del PIB en 2016 al 1.7% en 2021, por lo que prácticamente duplican el promedio regional del 0.9%.

La República Dominicana ha hecho importantes esfuerzos para atraer y movilizar inversión de alta calidad, con un amplio sistema de incentivos para dinamizar sectores clave de la economía. Creó la Ley n.º 16-95 sobre Inversión Extranjera y su Reglamento n.º 214-04 para proteger a inversores extranjeros y facilitar la repatriación de capital. En 2020, aprobó la Ley 47-20 para regular alianzas público-privadas, estableciendo la Dirección General de Alianzas Público-Privadas (DGAPP), fundamental para atraer capital y desarrollar infraestructuras. En 2021, se promulgó la Ley n.º 12-21 que creó la Zona Especial de Desarrollo Integral Fronterizo y el régimen de incentivos en varias provincias. Desde 2021, el “Programa Cero Burocracia: hacia un Gobierno Eficiente”, se ha propuesto aumentar la productividad, reducir costos y agilizar los servicios públicos.

Para avanzar en un modelo productivo inclusivo y sostenible, la República Dominicana enfoca su Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-30 en cuatro ejes: instituciones eficientes y transparentes; una sociedad cohesionada con igualdad de oportunidades; economía innovadora y sostenible con crecimiento alto, sostenido, y empleo decente; y manejo sostenible del medio ambiente y adaptación al cambio climático. En 2007, creó la Ley 57-07 para incentivar las fuentes renovables de energía, eximiendo de impuestos a equipos y accesorios necesarios para la producción de energía verde, reduciendo impuestos a financiamiento externo y otorgando incentivos fiscales a autoproductores de energía.

En cuanto a las asociaciones regionales e internacionales para promover la atracción de inversiones de calidad, la República Dominicana colabora en iniciativas regionales e internacionales. Dentro de la región, forma parte de la Política Marco Regional de Movilidad y Logística de Centroamérica para articular políticas nacionales y objetivos estratégicos comunes en la materia. Fuera de ALC, la República Dominicana y la Unión Europea, cooperan en áreas prioritarias del Programa Indicativo Plurianual (MIP) 2021-2024: empleabilidad y emprendimiento, en particular entre las mujeres y los jóvenes; la protección y el uso sostenible de los ecosistemas y la biodiversidad; y la prestación eficiente de planificación y servicios públicos. También participa, junto con Alemania, el Banco Centroamericano de Integración Económica, y otros países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). en la Iniciativa MIPYMES verdes II, promoviendo el financiamiento de inversiones ambientales e infraestructura energética.

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