OECD Multilingual Summaries

Government at a Glance 2017

Summary in Spanish

Panorama de las administraciones públicas 2017

Resumen en español

El crecimiento económico repunta lentamente en la zona de la OCDE, pero la reacción contra la globalización es real y debe ser atendida por los gobiernos. Hay poca confianza en las instituciones públicas y la percepción de que las políticas públicas favorecen ciertos grupos de interés aumentó abruptamente. Los ciclos económicos más cortos, el cambio tecnológico y la innovación intempestiva han provocado que se convoquen reformas en los mercados laborales y los sistemas de protección social a nivel nacional; mientras que el cambio climático, la defraudación fiscal y el terrorismo exigen una acción mundial concertada. La polarización política y la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones públicas hacen que el éxito de las reformas sea más impredecible. Fortalecer la integridad de las instituciones gubernamentales, así como de los funcionarios electos, entablar un diálogo permanente con los ciudadanos mediante procesos de formulación de políticas abiertos y participativos, y mejorar la capacidad del gobierno para elegir las políticas más adecuadas entre diversas opciones son, en su totalidad, elementos fundamentales para volver a conectar a los gobiernos con la ciudadanía y fomentar un crecimiento sostenible y más incluyente. La edición 2017 de Panorama de las administraciones públicas proporciona evidencia para esas reformas de gobernanza pública.

La estabilización fiscal continúa, pero los niveles de endeudamiento siguen siendo altos y la inversión gubernamental ha disminuido.

• El déficit fiscal promedio llegó a ‑2.8% del PIB entre los países de la OCDE en 2015, en comparación con ‑8.4% en 2009, conforme los países estabilizaban sus finanzas públicas después de la crisis financiera.
• El saldo estructural mejoró de ‑6.3% del PIB potencial en 2009 a ‑2.4% en 2015 en todos los países de la OCDE, lo que marcó una vuelta a las tendencias de largo plazo.
• En 2015, la deuda pública bruta promedio llegó a 112% del PIB en todos los países de la OCDE, los niveles de endeudamiento de once países fueron iguales o superiores al PIB.
• La inversión gubernamental promedió 3.2% del PIB en 2015, varió entre 6.7% en Hungría y 1.5% en Israel. Esto es menor al promedio de 4.1% en 2009, cuando se introdujeron ampliaciones fiscales. Una tercera parte de la inversión pública se dirige a asuntos económicos, sobre todo al transporte, seguido del rubro de defensa (15.2%).

El gasto público en servicios de salud y protección social aumentó

• Entre 2007 y 2015, el gasto público aumentó en su mayoría en protección social (2.6 puntos porcentuales) y atención de la salud (1.7 puntos porcentuales) en todos los países de la OCDE.
• Al tener en cuenta que una tercera parte de los gastos de contratación pública se dedican a servicios de salud, la transparencia y eficiencia de la contratación pública de productos farmacéuticos, tecnología y suministros médicos son decisivas para brindar mejores servicios de salud a menor costo.

En promedio, el empleo público es estable; pero hay variaciones importantes a nivel de los países

• Aunque muchos países de la OCDE informan reducciones considerables del empleo en los gobiernos centrales a partir de las medidas de austeridad posteriores a la crisis, el empleo en las administraciones públicas como porcentaje del empleo total en los países de la OCDE aumentó un poco entre 2007 y 2015, de 17.9% a 18.1%.
• Este promedio oculta la variación entre los países. En el Reino Unido e Israel, el empleo de la administración pública como porcentaje del empleo total fue el que tuvo una mayor disminución (más de 2.5 puntos porcentuales) entre 2007 y 2015. En cambio, la República Checa, Estonia, Hungría, Eslovenia y España tuvieron incrementos iguales y superiores a 2 puntos porcentuales durante el mismo periodo.
• Además, la relación (empleo de la administración pública/empleo total) oculta cambios en el empleo público absoluto. Durante el periodo 2014‑2015, el empleo de la administración pública en Turquía creció 3.9% mientras que en los Países Bajos disminuyó más del 3.6%. Estos cambios no son evidentes en la relación porque el empleo de la administración pública cambió a tasas similares al empleo total.
• En promedio, los directores D1 (mayor jerarquía) ganan 27% más que los directores D2, 72% más que los mandos medios (D3), más del doble que los gerentes D4 y 2.6 veces más que los expertos de nivel superior. Esto indica que la prima por las responsabilidades directivas es considerablemente mayor que la de especialización técnica. Las secretarias ganan en promedio cuatro veces menos que los directores D1.

Las mujeres están insuficientemente representadas en los puestos gubernamentales de liderazgo

• En promedio, las mujeres integran solo el 29% de los parlamentarios y solo el 28% de los ministros de gobierno en los países de la OCDE en 2017.
• De modo parecido, mientras las mujeres representan el 58% de la población activa del sector público, solo ocupan el 32% de los puestos directivos.
• La representación igualitaria de las mujeres en la esfera pública y el empleo en todos los niveles amplía la reserva de talento disponible para contribuir al funcionamiento de las organizaciones.

Las herramientas para el desempeño y los conocimientos sobre el comportamiento mejoran la eficiencia y eficacia del sector público.

• Casi todos los países tienen evaluaciones de desempeño obligatorias para los empleados del gobierno central. Relacionar el desempeño con los premios sigue siendo un desafío, y el uso de la remuneración por rendimiento se ha mantenido estable desde el 2010.
• La revisión del gasto se utiliza cada vez más en los países de la OCDE para controlar mejor las erogaciones y optimizar la priorización. Veintidós países de la OCDE efectuaron por lo menos una revisión del gasto en el periodo 2008‑2016, en comparación con solo cinco entre 2000 y 2007.
• En muchos países de la OCDE está arraigando el uso de conocimientos sobre el comportamiento, sobre todo para mejorar la aplicación de las políticas públicas. Existen posibilidades de utilizarlos durante todo el ciclo de vida de las políticas públicas, especialmente para diseñar y evaluar políticas.

Las iniciativas de gobierno abierto están cobrando ímpetu, pero es necesario evaluar más

• Los países institucionalizan cada vez más los principios de gobierno abierto sobre transparencia, rendición de cuentas y participación. Alrededor de la mitad de los países de la OCDE (17 de 35) ya aplican una estrategia nacional de gobierno abierto.
• La mayoría de los países de la OCDE aplican una política "abierta por defecto", mediante la cual todos los datos públicos son abiertos a menos que existan justificaciones legítimas para no hacerlo.
• Sin embargo, varía mucho la medida en que los países promueven la reutilización de datos fuera del gobierno (como hackatones [maratón de programadores para desarrollo colectivo de software] y actividades de creación conjunta) y dentro del gobierno (mediante capacitación y sesiones informativas).
• Pocos países evalúan si las iniciativas de gobierno abierto logran los efectos económicos, sociales, de productividad o rendición de cuentas deseados en el sector público.

Es necesario hacer más para recuperar la confianza en el gobierno y garantizar el acceso a los servicios

• La confianza en el gobierno se mantiene por debajo de los niveles anteriores a la crisis. En promedio, en los países de la OCDE, el 42% de los ciudadanos reportaron tener confianza en su gobierno nacional en 2016, en comparación con el 45% antes de 2007.
• Persisten las desigualdades en el acceso, el grado de respuesta y la calidad de los servicios para grupos de la población. En todos los países de la OCDE, las personas con bajos ingresos reportan mayores necesidades no satisfechas de atención médica que las personas con ingresos más altos. Del mismo modo, los estudiantes socioeconómicamente desfavorecidos tienen tres veces más probabilidades que los estudiantes privilegiados de no lograr el nivel inicial de competencia en ciencias.
• Los gobiernos también deberían evitar que surjan nuevas formas de “exclusión electrónica”. Aunque una proporción creciente de ciudadanos utilizan canales digitales para interactuar con el gobierno, persisten diferencias en el nivel de aceptación de la tecnología ya sea por preparación académica, zona de residencia o edad.