copy the linklink copied!Capítulo 3. Estructura y gobernanza de la educación superior en México
En este capítulo se contextualiza la educación superior mexicana dentro del sistema educativo general del país y se proporciona una panorámica de la estructura de este nivel educativo, un perfil de sus estudiantes, las rutas y los procesos para ingresar a ella y la inversión económica hecha por los gobiernos en educación superior. Se examina también cómo utilizan el gobierno mexicano y sus organismos subordinados la regulación, el financiamiento, la información y la organización en el sistema de educación superior. El capítulo concluye con un análisis de las implicaciones que tienen la estructura y gobernanza de la educación en lo que respecta a la relevancia en el mercado laboral.
Nota: Los datos estadísticos para Israel son suministrados por y bajo la responsabilidad de las autoridades israelíes competentes. El uso de estos datos por la OCDE es sin perjuicio del estatuto de los Altos del Golán, Jerusalén Este y los asentamientos israelíes en Cisjordania bajo los términos del derecho internacional.
copy the linklink copied!Estructura del sistema de educación superior
Panorámica del sistema educativo
El sistema educativo mexicano, de la educación primaria a la educación superior, ha crecido exponencialmente desde 1950, de 1 a 37 millones de estudiantes. México gasta 5.3% de su producto interno bruto (PIB) en instituciones educativas, cifra ligeramente por arriba del gasto promedio de 5.2% en todos los países de la OCDE (OECD, 2018[1]). El gasto en instituciones educativas aumentó de 5.0%, que alcanzó en 2005 y la proporción de financiamiento del sector no educativo privado se ha mantenido estable, en cerca de 1.0% (OECD, 2018[1]).
El gobierno mexicano prioriza la educación, que representa 17% del gasto público, seis puntos porcentuales por arriba del promedio de la OCDE (11%) (OECD, 2018[1]). Sin embargo, debido al gran aumento de la población estudiantil, en 2015 el gasto anual por estudiante fue el menor de los países de la OCDE, y 2.9 veces menor que la media de la misma organización (USD 3 611 frente a USD 10 520). Se asignan más recursos a la educación primaria y secundaria, la cual recibe tres cuartos del presupuesto (frente al promedio de la OCDE de 72%), y 80% del financiamiento de la educación es público (frente a la media de dicho organismo, de 84%) (OECD, 2018[1]).
El sistema educativo mexicano incluye los siguientes niveles: educación en la temprana infancia (0-2 años de edad); preescolar (International Standard Classification of Education –Clasificación Internacional Normalizada de la Educación o CINE 0, 3-5 años de edad), que es el primer nivel de educación obligatoria; educación primaria (CINE 1, 6-11 años de edad); secundaria (CINE 2, 12-14 años de edad), y educación media superior (CINE 3, 15-17 años de edad). La educación es obligatoria desde preescolar al grado medio superior. Los niveles de primaria y secundaria casi han alcanzado la cobertura universal, pero la tasa de matrícula en educación media superior disminuye a alrededor de 57%, la más baja de los países de la OCDE (OECD, 2018[1]).
Fuente: OECD (2017), Education at a Glance 2017, OECD Publishing, Paris.
Pese al carácter obligatorio de la educación en los niveles CINE 1 a CINE 3, solo los subsistemas general y tecnológico de la media superior permiten ingresar al grado superior (CINE 5-8). Los egresados del bachillerato profesional técnico no pueden ingresar a este último, que no ofrece programas de educación postsecundaria no terciaria (CINE 4), lo cual deja a estos estudiantes sin posibilidad de acceder a la educación postsecundaria.
Los egresados de los subsistemas de educación media superior general y bivalente pueden entrar a un programa de educación postsecundaria profesional técnica de dos años (CINE 5, técnico superior universitario o profesional asociado) o a un programa universitario de cuatro a cinco años, CINE 6 (licenciatura) que, a su vez, ofrece acceso a programas de nivel CINE 7, bien sea de un año (especialización) o de dos años (maestría). Al terminar este último, los egresados pueden continuar con estudios académicos, en el nivel doctorado CINE 8 (doctorado) (véase el Cuadro 3.1).
El sistema de educación superior mexicano es complejo y heterogéneo. Consta de 13 subsistemas, que varían según el organismo gubernamental y su responsabilidad, su fuente de financiamiento (o régimen de sostenimiento), tamaño, matrícula, especialización en campos de formación académica y niveles de programas (Cuadro 3.2), así como su ubicación y su misión.
En el periodo 2016-2017, 3 762 instituciones de educación superior ofrecieron 37 953 programas en más de 5 000 campus con cerca de 390 000 profesores (SEP, 2017[2]). Estas cifras no incluyen programas ofrecidos por instituciones de educación superior particulares sin reconocimiento oficial. Por consiguiente, no se conoce el número total de programas ofrecidos en México, pero sí se sabe que es mayor.
Fuente: (OECD, 2018[3]). Diagram of the higher education system: Mexico.
Dependencia del gobierno
Todos los subsistemas mencionados, excepto dos, están conformados por instituciones públicas de educación superior, con distintos grados de dependencia del gobierno. Los dos subsistemas restantes son privados y completamente independientes.
La principal diferencia entre las instituciones de los subsistemas públicos es su nivel de autonomía. Si bien las universidades federales y estatales dependen del financiamiento público y, por ende, del gobierno, gozan de autonomía para tomar la mayoría de sus decisiones. Los otros siete subsistemas están compuestos por instituciones que actúan como organismos gubernamentales descentralizados bajo el control directo de la Secretaría de Educación Pública (SEP). El gobierno federal está representado en la junta directiva, establece el marco regulatorio que guía a estas instituciones y tiene la facultad de decidir sobre algunos aspectos de su operación, como los programas ofrecidos y los planes de estudios. Diversos organismos y unidades de la SEP coordinan estos subsistemas de educación superior:
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La Coordinación General de Universidades Tecnológica y Politécnicas (CGUTyP) coordina a las universidades politécnicas y tecnológicas.
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El Tecnológico Nacional de México (TecNM) coordina a los institutos tecnológicos centralizados y descentralizados.
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La Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE) coordina a las instituciones públicas de formación docente.
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La Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU) coordina a las universidades públicas estatales.
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La Coordinació General de Educación Intercultural y Bilingüe (CGEIB) coordina a las universidades interculturales.
Otras tres instituciones de educación superior son también órganos desconcentrados de la SEP, pero operan fuera de los subsistemas:
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Universidad Pedagógica Nacional (UPN)
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Instituto Politécnico Nacional (IPN)
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Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM)
Se trata de instituciones de gran tamaño y tanto la UPN como el IPN tienen un buen número de campus en todo el país.
El subsistema de centros públicos de investigación consiste de 37 centros que también ofrecen educación superior. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), que responde directamente al Presidente de México, opera 28. Los restantes son gestionados por el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y algunos gobiernos estatales.
El subsistema de “otras instituciones de educación superior públicas” está compuesto por diversas instituciones que no es posible clasificar en otro. Incluye algunas instituciones e institutos con sostenimiento estatal gestionados por otras secretarías y organismos gubernamentales, como las secretarías de Gobernación, de Energía, de la Defensa, de Salud y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
Fuentes de financiamiento público
Los 11 subsistemas reciben financiamiento público en distintos niveles. Las universidades federales, los institutos tecnológicos federales, las escuelas normales y los centros de investigación reciben todo su financiamiento del gobierno federal. Los otros siete subsistemas lo reciben de los gobiernos federal y estatales en diferentes proporciones. Las instituciones de educación superior de todos los subsistemas pueden generar ingresos adicionales provenientes de las familias o de otras fuentes privadas (por ejemplo, la industria e interlocutores sociales).
Tamaño y matrícula
El sistema de educación superior de México creció con rapidez en las últimas décadas. En los años 1970-1971, 270 000 estudiantes estaban matriculados en 385 campus en todo México. Ya en 2016-2017, la cifra había aumentado a 4.4 millones de estudiantes, 3.8 millones de los cuales asistían a programas presenciales y 0.6 millones participaban en programas a distancia o en línea (SEP, 2017[2]).
Un tercio de los estudiantes (33.2%) están matriculados en universidades particulares, que constituyen el subsistema más grande. La mayoría (72%) de las instituciones de educación superior son privadas; esta cifra subió drásticamente de menos de 33% registrado en 2004. Pese a que el número de instituciones aumentó, hoy día las universidades particulares son más pequeñas, lo cual implica que en general se matricula en ellas cerca de 10% menor de estudiantes que en 2004.
Las universidades públicas estatales y las universidades públicas federales constituyen el segundo y el tercer subsistemas de mayor tamaño, con una matrícula de 26% y 13.2% de estudiantes, respectivamente. Estos dos subsistemas incluyen a 48 de las universidades más antiguas y grandes.
Algunos de los sistemas de sostenimiento estatal más pequeños, como las universidades tecnológicas, los institutos tecnológicos descentralizados y las universidades interculturales, han crecido alrededor de 13% al año desde 2000. En 2002 se estableció el subsistema de más reciente creación, las universidades politécnicas. Desde entonces, el subsistema ha crecido 42.5% al año, aunque en la actualidad las 61 instituciones solo tienen una matrícula de 2.1% de los estudiantes.
Nivel de programas ofrecidos
Las instituciones de educación superior de México tienen programas que abarcan desde el nivel CINE 5 (técnico superior universitario y profesional asociado) hasta el CINE 8 (de doctorado) (Cuadro 3.2). Algunos subsistemas ofrecen programas que comienzan en el nivel licenciatura (CINE 6), y las universidades tecnológicas no tienen doctorado (CINE 8).
No obstante, los subsistemas tienden a centrarse en diferentes niveles de programas. Por ejemplo, en las universidades tecnológicas, más de 90% de los estudiantes están matriculados en programas de nivel técnico superior universitario y profesional asociado, pero pocas instituciones fuera de este subsistema ofrecen programas de ese tipo. Los centros públicos de investigación se especializan en posgrado; la mitad de sus alumnos están matriculados en programas de maestría y más de 35%, en doctorado. (Cuadro 3.2).
Campos de formación académica en el nivel especialización
Si bien algunos subsistemas ofrecen programas en una amplia gama de campos de formación académica, otros tienen campos más limitados o incluso solo uno específico. Las universidades públicas federales y estatales son los subsistemas más completos y ofrecen una variedad más amplia de programas en todos los campos.
Los institutos tecnológicos, las universidades tecnológicas y las universidades politécnicas imparten programas de tipo predominantemente tecnológico (CINE 6) y técnico (CINE 5), aunque actualmente están ampliando su oferta a programas empresariales. Las universidades interculturales ofrecen campos particulares pertinentes para el desarrollo regional. Otros subsistemas se especializan en un campo de estudio, como las escuelas de formación docente (p. ej. las Normales y los Centros de Actualización del Magisterio).
Funciones
Los subsistemas se centran, en mayor o menor grado, en una o más de las tres funciones clave de la educación superior: educación, investigación y vinculación con el entorno más amplio. En tanto que las instituciones particulares de educación superior tienen más probabilidades de centrarse exclusivamente en la educación, todos los subsistemas públicos de educación superior cubren las tres funciones en cierta medida. Algunos subsistemas públicos, como las universidades públicas estatales con apoyo solidario, se enfocan más en la educación. Otras, como las universidades públicas federales y los centros de investigación, se orientan en mayor grado a la investigación.
Algunos tipos de instituciones de educación superior prestan atención especial a las actividades de vinculación en el ámbito regional, bien sea con la comunidad (universidades interculturales) o con interlocutores sociales (institutos tecnológicos, universidades tecnológicas y universidades politécnicas). Esta vinculación puede ocurrir en actividades relacionadas con la educación, como el diseño y la impartición del plan de estudios en conjunto con interlocutores sociales, o actividades de investigación, como la colaboración en investigación y desarrollo (I+D) o la transferencia de tecnología.
Orientación
Si bien se aprecian grandes diferencias entre los tipos de instituciones, su orientación es predominantemente profesional y la inmensa mayoría de los estudiantes están matriculados en programas de licenciatura formulados para prepararlos para su desempeño en el mercado laboral. Sin embargo, de no ser por los subsistemas tecnológicos, las instituciones de educación superior mexicanas no tienen una vinculación fuerte con el mercado laboral.
La SEP estableció universidades tecnológicas y universidades politécnicas entre 1991 y 2001, respectivamente, para adaptar los programas de educación superior de manera que cubran mejor las demandas del mercado laboral. La mayoría de las instituciones pertenecientes a estos subsistemas se crearon en municipios pequeños para dotar a las industrias regionales de egresados altamente cualificados.
Las universidades interculturales se establecen en zonas alejadas que antes contaban con poca o ninguna oferta de educación superior. Por lo general se localizan en estados con gran población indígena, como Chiapas, Guerrero, Michoacán, Hidalgo, Quintana Roo, San Luis Potosí y Tabasco. Si bien están abiertas a estudiantes de todo tipo, las universidades interculturales se centran en el desarrollo regional y en las necesidades particulares de las poblaciones indígenas.
Las universidades públicas federales y estatales, y las universidades particulares más prestigiosas ubicadas en grandes zonas metropolitanas, cuentan con planes de estudio más orientados al ámbito internacional y brindan más oportunidades de movilidad para su personal y estudiantes (véase el Capítulo 5) que los institutos tecnológicos y las universidades tecnológicas o politécnicas, que se enfocan en cubrir las necesidades de los mercados laborales nacional y estatales.
Ubicación
La educación superior en México se ha descentralizado en dos formas: de la Ciudad de México a otros estados y de grandes zonas metropolitanas a municipios más pequeños. En la década de 1950, casi 70% de los estudiantes se matricularon en la Ciudad de México; el porcentaje bajó a 18% en 2017 (SEP, 2017[2]), y los estudiantes se distribuyeron de manera más equitativa entre los 32 estados.
Al mismo tiempo, al aumentar el reconocimiento de la importancia de la educación superior para el desarrollo regional, los gobiernos federales y estatales han establecido diversas instituciones de educación superior en municipios más pequeños. Pese al avance logrado en estas localidades desde la década de 1990, el 79% de los estudiantes mexicanos de educación superior están ahora matriculados en instituciones ubicadas en las zonas metropolitanas.
Entre 2000 y 2015, la tasa de terminación de educación superior de la fuerza laboral se incrementó en un promedio de 49% en todos los estados (OECD, 2017[4]). Los tres estados cuya tasa de terminación de educación superior casi se duplicó durante este periodo fueron Oaxaca (de 9% a 17.1%), Hidalgo (de 10.1% a 19.5%) y Yucatán (de 11.8% a 23%).
Autonomía y rendición de cuentas de las instituciones de educación superior
Las instituciones de educación superior de los subsistemas públicos tienen grados distintos de autonomía y diferentes requerimientos de rendición de cuentas. Las instituciones particulares de educación superior son por completo independientes y gestionadas por juntas directivas privadas.
Instituciones de educación superior autónomas
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza total autonomía a todas las universidades públicas federales y a todas las universidades estatales, excepto una (Artículo 3, sección VII). Estas instituciones son creadas y gobernadas por sus leyes individuales (promulgadas por el poder Legislativo federal en el caso de las universidades públicas federales y por el Congreso estatal en el de las universidades públicas estatales). La Constitución mexicana reconoce su libertad para gobernarse a sí mismas, seleccionar personal (incluido el rector), otorgar ascensos a profesores, establecer procesos de admisión para estudiantes, desarrollar e impartir programas académicos y administrar sus recursos. Utilizan un modelo colegiado de gobernanza institucional con varias juntas directivas (Recuadro 3.1).
El gobierno no interviene directamente en las universidades autónomas, pero utiliza varios mecanismos para fomentar la consonancia de la política institucional con las prioridades nacionales de desarrollo (véase el Capítulo 6). Por ejemplo, las universidades públicas autónomas deben cubrir ciertos requisitos de transparencia y rendición de cuentas, como se define en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental de 2002. Se solicita a las universidades autónomas que recaben y proporcionen cierta información a los gobiernos federal y estatales cada año. La información se hace del conocimiento público (artículos 70 y 75) e incluye datos sobre los programas de estudio, trámites administrativos, becas, vacantes, salarios de los profesores y resultados de evaluación. Suministrar esta información es condición previa para obtener financiamiento focalizado del gobierno federal.
Otros subsistemas, como las universidades públicas estatales con apoyo solidario, las universidades interculturales y algunos centros públicos de investigación, cuentan con autonomía parcial. Pueden tomar algunas decisiones con libertad, pero para otras necesitan autorización gubernamental. El nivel de autonomía y las áreas en las que esta aplica son diferentes para cada subsistema.
Las universidades autónomas mexicanas tienen tres juntas directivas con miembros y funciones diferentes.
El consejo universitario está compuesto por directores de las facultades y representantes de los profesores y estudiantes; el rector encabeza el consejo y el secretario general de la universidad suele ser el secretario del consejo. Algunas responsabilidades del consejo son: establecer regulaciones y políticas institucionales; aprobar el plan de desarrollo, los programas y los planes de estudio de la institución, y sus presupuestos anuales de gastos e ingresos; crear nuevas unidades, áreas o departamentos académicos, así como leer y aprobar el informe anual del rector. Si bien el consejo de algunas instituciones tiene atribuciones para nombrar al rector después de sostener una consulta con la comunidad institucional, en otras, el consejo universitario tiene la facultad de nombrar miembros de la junta directiva.
La junta de gobierno la conforman nueve o más miembros internos y externos con facultades para nombrar y cesar al rector (y, de ser aplicable, a otros funcionarios universitarios), revisar el programa de trabajo y el informe anual del rector y emitir recomendaciones sobre el desempeño adecuado de la institución. En algunas instituciones, es una herramienta para resolver discrepancias entre el rector y el consejo universitario u otra entidad colegiada.
El patronato está compuesto por seis o más integrantes internos y externos facultados para gestionar el legado de la institución, conseguir financiamiento adicional y, en ocasiones, fijar las colegiaturas.
Los miembros internos que componen estas juntas son representantes de profesores, estudiantes, de la administración y la dirección. Los externos son representantes de la comunidad y los interlocutores sociales.
Instituciones de educación superior como organismos gubernamentales
El gobierno federal y todos los gobiernos estatales han establecido también instituciones de educación superior que operan como organismos gubernamentales y tienen autonomía limitada. Estas instituciones de “sostenimiento estatal” son principalmente escuelas públicas de formación docente y escuelas normales, institutos tecnológicos, universidades tecnológicas y politécnicas y centros de investigación. La mayoría se establecieron para fines de desarrollo regional y se proponen mejorar el acceso a un grupo específico de la población o a una zona geográfica particular, o bien, ofrecer programas que cubran las demandas del mercado laboral.
Las instituciones pertenecientes a estos subsistemas son reguladas por un marco guía establecido por el gobierno, aunque sus juntas directivas pueden tomar decisiones en algunos aspectos como nombramientos, ascensos y titularidad académica (Recuadro 3.2). Su plan de estudios es formulado y aprobado por las autoridades federales o estatales, pero los representantes de la industria regional y local y de la comunidad a menudo participan y opinan sobre el diseño de los planes de estudio.
Los institutos tecnológicos descentralizados, universidades tecnológicas, universidades politécnicas y universidades interculturales son instituciones de sostenimiento estatal, que operan como organismos gubernamentales. Son administrados por una junta directiva que incluye representantes gubernamentales federales y estatales. Las juntas también cuentan con representantes de la comunidad empresarial y con grupos de interés más amplios de la región y el municipio.
Las juntas desarrollan regulaciones y políticas institucionales internas y aprueban, entre otros: un plan de desarrollo institucional, programas y planes de estudio, el presupuesto anual de ingresos y de gastos, el informe anual del rector y la estructura organizacional de la institución. Algunas de las juntas de las instituciones estatales también tienen la capacidad de proponer candidatos a ocupar la rectoría ante el gobernador del estado, quien toma la decisión final.
La SEP nombra a los directores de los institutos tecnológicos federales (que gozan de amplia libertad de gestión) y los institutos tecnológicos estatales (en colaboración con los gobiernos estatales y los interlocutores sociales, representados en las juntas directivas).
En algunas instituciones, consejos consultivos complementan la estructura de gobernanza.
Acceso al sistema de educación superior
Educación media superior
Los niveles de competencias de los egresados de la educación secundaria que ingresan a la media superior suelen ser bajos y preocupan a las instituciones de educación superior. Los estudiantes mexicanos de secundaria obtienen las puntuaciones más bajas de los países de la OCDE que participan en las pruebas de matemáticas, lectura y ciencias del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) (Gráfica 3.3), y los resultados solo han mejorado de manera marginal desde 2000. Menos de 1% de los mexicanos de 15 años de edad tienen uno de los rendimientos más altos en matemáticas o ciencias, en comparación con 13% de los estudiantes de los países de la OCDE. Más de la mitad (56.6%) de los alumnos mexicanos no alcanzan el nivel básico 2 de competencia en la prueba de matemáticas (22.9% de promedio de la OCDE), que es el considerado necesario para ser completamente funcional en las economías modernas (OECD, 2015[5]). Los estudiantes mexicanos también tienen el segundo desempeño más bajo en solución de problemas en colaboración (OECD, 2017[6]).
Los resultados obtenidos por estudiantes en su último año de educación media superior sometidos a la prueba de competencias de lenguaje y matemáticas del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA) administrada por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) muestran también bajos niveles de capacidad. La evaluación más reciente del PRONAE de 2017 refleja que un tercio de los estudiantes no cuentan con las habilidades básicas de lenguaje y comunicación, y dos tercios no tienen habilidades básicas de matemáticas. Solo 9% y 3% de los estudiantes alcanzaron un desempeño del más alto nivel en las pruebas de lenguaje y matemáticas, respectivamente (INEE, 2017[7]).
Fuente: OECD (2000-2015) Programme for International Student Assessment (PISA) (OECD, 2015[5]).
En coincidencia con otros países que participan en PISA, la condición socioeconómica y el género son factores determinantes para el rendimiento escolar en México. Si bien las niñas por lo general obtienen mejores resultados en lectura, solución de problemas en colaboración y lenguaje, los niños tienden a tener mejores resultados que ellas en matemáticas y ciencias. En México es más probable que los estudiantes con alto desempeño provengan de un entorno económico favorecido con padres con un alto nivel educativo y que hayan asistido a escuelas públicas de educación media superior autónomas. La zona geográfica también puede ser un indicador del desempeño; por ejemplo, solo 18% de los estudiantes de la Ciudad de México tuvieron calificaciones del nivel más bajo en la prueba de lenguaje PRONAE 2017, en comparación con dos tercios de los estudiantes de Chiapas (véase en el Anexo 3.A un resumen de los resultados de los estudiantes mexicanos en las evaluaciones clave).
Aunque la educación media superior ha sido obligatoria desde 2013, México tiene el porcentaje más alto de no terminación de estudios de educación media superior de la OCDE. En 2016, solo 59% de los estudiantes de 15-19 años de edad estaban matriculados en el sistema educativo (frente al promedio de la OCDE de 85%), cifra significativamente menor que la de otros países de América Latina, como Argentina (76%) y Chile (76%) (OECD, 2018[1]).
Es más probable que los estudiantes que abandonan la educación media superior provengan de zonas urbanas y tengan una condición socioeconómica baja. Los estudiantes de zonas rurales tienen más probabilidades de terminar este nivel educativo (56.7% de los chicos y 60.4% de las chicas). Además, 80% de los egresados de educación media superior provienen de un entorno favorecido (es decir, se ubican en el quintil más acomodado), en comparación con solo 18% de los egresados del quintil más pobre (ECLAC, 2017[8]).
Admisión y transición en el sistema de educación superior
Ingreso a la educación superior
La matrícula en educación media superior en México es de cerca de 57%, y casi tres de cada cuatro (74%) estudiantes que egresan de este nivel ingresan a la educación superior (tasa de absorción). La movilidad educativa de los adultos jóvenes de México ha permanecido casi constante en las últimas décadas. De nuevo se aprecia que en México la condición socioeconómica es determinante, pues solo 15.3% del quintil más pobre ingresa a la educación superior, en comparación con 55.8% del quintil más rico. Esta cifra es menor que la de países latinoamericanos como Chile, Argentina, Perú, Bolivia y Venezuela. La ubicación es otro factor importante: en México, los estudiantes matriculados en educación superior provenientes de zonas rurales son menos de la mitad de los de zonas urbanas (CEDLAS and World Bank, 2017[9]).
Como se mencionó, solo los egresados de los subsistemas general y tecnológico de la educación media superior califican para ingresar a la superior. Quienes terminan un programa general también tienen más probabilidad de ingresar a la superior que los egresados de un programa bivalente; los estudiantes de grandes escuelas públicas estatales o de escuelas privadas también tienen más probabilidad de ingresar a la educación superior. Las escuelas públicas de las ciudades tienden a ofrecer programas generales y bivalentes, en tanto que las ubicadas en poblaciones pequeñas ofrecen sobre todo programas bivalentes y de profesional técnico. La mayoría de las escuelas privadas de educación media superior o preparatorias se ubican en ciudades e imparten programas generales a estudiantes de una condición socioeconómica más alta (Barragan-Torres, 2017[10]).
Varias instituciones de educación superior tienen acuerdos formales con las escuelas preparatorias, y algunas cuentan con sus propias escuelas de este nivel en las que preparan a los candidatos de ingreso. Los egresados de estos programas son admitidos casi automáticamente en los programas de licenciatura de sus instituciones de educación superior respectivas (lo que se conoce como pase automático). Esta práctica se ha criticado, pues se piensa que beneficia a los estudiantes de entornos más favorecidos e impide un acceso equitativo. La práctica también aplica a egresados de programas de licenciatura que solicitan ser admitidos en un programa de posgrado en la misma institución. El pase automático fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia en 2006, pero aún se practica.
Los gobiernos federal y estatales han establecido nuevas instituciones en regiones alejadas y escasamente pobladas con poblaciones desfavorecidas, con la intención de mejorar el acceso a la educación superior para los jóvenes de estas zonas. Las universidades interculturales apoyan el ingreso equitativo a la educación superior al seleccionar a sus alumnos con base en su representatividad indígena, de lengua y de género.
Además, algunas instituciones de educación superior aumentaron recientemente la oferta de programas educativos en línea y a distancia para incrementar el acceso a nuevos tipos de estudiantes. En 2017, más de 25% de los estudiantes de universidades particulares y 9% de los estudiantes de universidades públicas se matricularon en programas en línea o a distancia. Dichos programas son más comunes en el nivel de posgrado. Esta tendencia ha sido también apoyada por iniciativas del gobierno federal, como la creación de la Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM) en 2012.
Las colegiaturas de algunas instituciones de educación superior mexicanas pueden ser altas, lo cual podría disuadir a los estudiantes desfavorecidos que desean acceder a este nivel educativo. Las colegiaturas las fijan esas mismas instituciones de educación superior y varían mucho en todo el sistema. Un programa de pregrado de cuatro a cinco años puede costar de 125 000 a 930 000 pesos mexicanos (USD 6 700 a 50 000) en una universidad privada y alrededor de 30 000 pesos mexicanos (USD 1 650) en una institución de educación superior pública (IMCO, 2016[11]). Las colegiaturas son las mismas para estudiantes nacionales e internacionales.
La falta de apoyo financiero para los estudiantes también afecta el ingreso a la educación superior y su conclusión. Las dificultades financieras se mencionan como una de las razones principales (46.1%) por las que alumnos consideran abandonar la educación superior (SEP, 2017[12]). No hay un plan de crédito público federal para estudiantes (aunque algunos estados sí lo ofrecen) y las becas y subsidios gubernamentales actuales solo benefician a cerca de 20% de alumnos (OECD, 2017[13]) (véase el Capítulo 6). Las universidades particulares deberían proporcionar becas a por lo menos 5% de sus alumnos de programas reconocidos (Mexican Federal Government, 2017[14]).
Procesos de admisión
Además del certificado de media superior, todas las instituciones de educación superior tienen la libertad para establecer criterios y procesos de admisión adicionales para sus programas. En consecuencia, hay una amplia gama de requisitos de ingreso e instrumentos de evaluación que se aplican a los estudiantes mexicanos e internacionales.
Algunas instituciones trabajan con un sistema abierto, sin requisitos adicionales. Las instituciones y programas más prestigiosos son más exigentes y aplican criterios adicionales de selección. El historial académico y las entrevistas son algunos de los criterios más comunes de admisión para todos los niveles; para los programas de maestría y de doctorado se requiere una licenciatura y un concepto o propuesta de investigación (Cuadro 3.3).
Algunas instituciones de educación superior también aplican exámenes de admisión propios o estándar. Las pruebas estandarizadas de uso más frecuente para evaluar los conocimientos de la disciplina son los exámenes del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL) (Recuadro 3.3) y las pruebas del College Board. La admisión a determinados programas requiere también pruebas específicas, por ejemplo, los exámenes del idioma inglés como el EXUBI (Examen de Ubicación del Idioma); los de matemáticas como el EDM (Examen Diagnóstico de Matemáticas); o pruebas de lenguaje como el EHLL (Examen de Habilidades Lingüísticas y Lógicas). Algunas instituciones aplican también pruebas de inteligencia y psicométricas, como el Terman-Merril.
Para los estudiantes que no cubren los criterios mínimos de admisión, algunas instituciones públicas y particulares de educación superior ofrecen cursos especiales para ayudarlos a prepararse para los exámenes de admisión. Estos se ofrecen como un semestre o un año de preparatoria extra, como un curso adicional durante el primer semestre de su programa, o como curso de verano previo al ingreso de los estudiantes a la educación superior.
EXANI-II: Examen CENEVAL de ingreso a programas de licenciatura
El EXANI-II evalúa las capacidades y los conocimientos de los campos académicos particulares de los estudiantes que solicitan ingresar a un programa de licenciatura. Incluye dos exámenes:
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EXANI-II Admisión: Una prueba de tres horas con 110 preguntas que evalúa los conocimientos y habilidades de los estudiantes en las áreas de pensamiento analítico, pensamiento matemático, comprensión lectora y estructura de la lengua.
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EXANI-II Diagnóstico: Prueba de una hora y media con 88 preguntas que mide el conocimiento específico de la disciplina que es esencial para que los estudiantes sean admitidos en el programa para el cual presentaron solicitud.
En 2016, 756 956 aspirantes tomaron el EXANI-II. La mayoría de los aspirantes (81%) solicitaba su admisión en instituciones públicas de educación superior.
EXANI-III: Examen del CENEVAL de ingreso a programas de posgrado
El EXANI-III evalúa los conocimientos y las habilidades de los estudiantes que solicitan ser admitidos en un programa de posgrado, incluida su capacidad de responder a situaciones complejas y variadas. Evalúa la capacidad de identificar, sistematizar, clasificar, integrar e interpretar información en situaciones que requieren una estrategia para hacer deducciones, derivar conclusiones y resolver problemas.
La prueba asigna la misma importancia a todas las áreas siguientes: pensamiento matemático, pensamiento analítico, estructura de la lengua, habilidades de lectura, metodología de proyectos, comprensión lectora en inglés y gramática inglesa. El EXANI-III es una prueba de cuatro horas y media con 160 preguntas.
En 2016, 29 835 aspirantes tomaron el examen EXANI-III. La mayoría de los aspirantes (87%) pretendían ser admitidos en instituciones públicas de educación superior.
Es posible que a los aspirantes de ingreso en programas de maestría se les pida que se sometan a ciertas pruebas adicionales, pero estas no son obligatorias en todas las instituciones de educación superior. Por ejemplo, algunas instituciones utilizan la Prueba de Admisión a Estudios de Posgrado (PAEP), desarrollada por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). La prueba mide el razonamiento verbal, el razonamiento cuantitativo y las habilidades cognitivas de los candidatos, así como la capacidad de redacción en inglés.
El Acuerdo 286 (publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de octubre de 2000) establece un mecanismo formal para acreditar conocimientos previos (Reconocimiento de Saberes Adquiridos, RSA) obtenidos fuera del sistema educativo mexicano (es decir, en entornos informales o no formales o en un tipo diferente de educación formal) como base para la admisión en diferentes niveles educativos. Si bien el reconocimiento de aprendizajes previos es regulado y administrado por el gobierno federal en consulta con algunas instituciones públicas de educación superior, no es de uso común en México.
El Acuerdo 286 también permite a estudiantes internacionales o mexicanos que terminaron sus estudios de educación superior en el extranjero solicitar la revalidación de los certificados adquiridos fuera del país. Este proceso permite obtener una cédula profesional (véase el Capítulo 6) o proseguir sus estudios en México.
Rutas dentro del sistema de educación superior
Los estudiantes que desean cambiar de un tipo de institución de educación superior a otra, o a un programa distinto, deben presentar su solicitud directamente a las instituciones, que las evalúan de manera individual. Un pequeño número de estas tienen acuerdos vigentes para reconocer los estudios y los títulos adquiridos en las demás, con lo que se facilitan los trámites de sus estudiantes. Sin embargo, la ausencia de un sistema nacional de reconocimiento y transferencia de créditos dificulta mucho el cambio de una institución o de un programa a otro. La complejidad del sistema plantea un gran problema para la creación de un plan de este tipo, que facilitaría la mudanza entre instituciones. Esto puede dificultar que los estudiantes cambien de programa al percatarse de que su elección inicial no fue la adecuada para sus capacidades o intereses, o que ofrece pocas oportunidades en el mercado laboral.
Se han tomado algunas medidas para desarrollar un sistema nacional de acumulación y transferencia de créditos. En 2007, la ANUIES diseñó y sugirió el Sistema de Asignación y Transferencia de Créditos Académicos (SATCA), pero aún no se ha puesto en marcha. En 2009, las iniciativas de los tres subsistemas tecnológicos de sostenimiento estatal generaron el Espacio Común de la Educación Superior Tecnológica (ECEST). Esta estrategia ha facilitado el establecimiento de acuerdos de transferencia de créditos entre instituciones, pero su instrumentación ha sido incompleta y las transferencias de los estudiantes son aún complicadas.
Además, algunos programas de educación superior de diferentes niveles, o incluso del mismo, no están conectados. No hay una similitud entre los programas de técnico superior universitario y profesional asociado (CINE 5) y los programas de licenciatura (CINE 6). Tampoco la hay entre los programas de maestría, especialización o equivalente (CINE 7 de un año) y los programas de maestría (CINE 7 de dos años). Esto puede impedir que los estudiantes continúen sus estudios y obtengan calificaciones de un nivel más alto que podrían posicionarlos mejor para el mercado laboral.
Población estudiantil
La participación en la educación superior aumentó de 1% de la población (menos de 30 000 estudiantes) en 1950 a 22% de la población de 20-24 años en 2017 (4.5 millones de alumnos en 2017). Sin embargo, aún hay grandes diferencias por condición socioeconómica, ya que casi la mitad de la población estudiantil (46%) pertenece al quintil más rico y el porcentaje es aún mayor en los de universidades particulares (CEDLAS and World Bank, 2017[9]).
Los estudiantes ingresan a la educación superior a la edad de 20 años en promedio (OECD, 2018[1]), y casi 90% de ellos están inscritos en programas de licenciatura. La matrícula en otros niveles de educación superior es menor que el promedio de la OCDE: 4.6% de los estudiantes toman programas de técnico superior y profesional asociado (la mitad del promedio de la OCDE); 6.4% están inscritos en programas de maestría o especialización, y 0.9% en programas de doctorado. La matrícula del nivel posgrado se duplicó desde 2000 (SEP, 2017[2]).
Más de 50% de la población estudiantil se inscribe en dos campos de formación académica: 34% en administración de empresas y derecho y 23% en ingeniería, manufactura y construcción. La matrícula en estos campos de formación es mayor en México que en otros países de la OCDE (Gráfica 3.4). Al mismo tiempo, el porcentaje de alumnos en los campos de salud, trabajo social, artes y humanidades es menor que el promedio de la OCDE.
Después de décadas de crecimiento constante, en la actualidad la mitad de los estudiantes inscritos en educación superior y 54.6% de los matriculados en programas de posgrado son mujeres. Algunos campos de formación académica atraen a un porcentaje mucho mayor de estudiantes mujeres: educación (73% de nuevos alumnos), salud y servicios sociales (65%), y ciencias sociales, periodismo e información (66%). Los porcentajes de nuevos estudiantes mujeres en tecnologías de la información y la comunicación (ICT) (28%) y en ingeniería, manufactura y construcción (27%) son los más bajos, pero de todas maneras se ubican por arriba del promedio de la OCDE de 20% y 22%, respectivamente (OECD, 2018[1]).
Fuente: OECD (2018) Education at a Glance.
Alrededor de 67% de los estudiantes asisten a instituciones públicas de educación superior y 33% a particulares. Las instituciones privadas de este nivel educativo tienen mayor porcentaje de alumnos participantes en programas de maestría y las públicas cuentan con mayor número de estudiantes matriculados en técnico superior y profesional asociado. La mayoría de los alumnos asisten a programas presenciales, pero una cantidad cada vez mayor de estudiantes (15% en la actualidad) están registrados en educación abierta o a distancia, principalmente en instituciones privadas (25%).
Fuente: Datos longitudinales de la Secretaría de Educación Pública (2017) sobre la matrícula en educación superior.
México tiene un número muy bajo de alumnos internacionales, alrededor de 12 500, que representan solo 0.3% de la población estudiantil total (OECD, 2018[1]); la mayoría (98%) provienen de países vecinos. La movilidad al exterior también es escasa: muy pocos estudiantes mexicanos (0.8%) estudian en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos.
Se estima que 69.4% de los alumnos matriculados en programas de licenciatura presenciales terminan sus estudios dentro de un periodo de cinco años (Mexican Federal Government, 2017[15])1. Además de las razones financieras, más de un tercio de ellos (37.4%) consideraron abandonar un programa debido a falta de interés en sus estudios (SEP, 2017[12]).
El número de egresados aumenta con rapidez, en especial los de instituciones públicas de educación superior (Gráfica 3.5), y más de medio millón de egresados ingresan al mercado laboral cada año. Los mexicanos obtienen su primer título universitario a los 24.5 años de edad en promedio; 93% se gradúan antes de los 30 años (OECD, 2018[1]). El porcentaje de egresados de educación superior casi se duplicó en los últimos 30 años, aunque solo 17.4% de la fuerza laboral de México tiene un título de educación superior, cifra que representa el porcentaje más bajo entre los países de la OCDE (cuyo promedio es de 36.9%) (OECD, 2018[1]).
La tasa nacional de conclusión de la educación superior podría continuar aumentando en el futuro (Crespo and García, 2014[16]); (Sagarra, Mar-Molinero and Rodríguez-Regordosa, 2014[17]), y en la actualidad se prevé que 26% de los jóvenes mexicanos obtengan un título de este nivel educativo en algún momento de su vida (OECD, 2017[13]).
Gasto en educación superior
El gasto en educación superior en México (1.4% del PIB) permanece estable y se sitúa ligeramente por debajo del promedio de la OCDE de 1.5% (Gráfica 3.6). México prioriza este nivel de educación en el gasto público total (3.1% - excluyendo I+D), que se sitúa por arriba del promedio de la OCDE (2.3%) (OECD, 2018[1]). Sin embargo, si bien el gasto global en educación superior aumentó 71% desde 2000, el número de estudiantes se incrementó aún más (109%), lo cual significa que el gasto por estudiante bajó 18% (ANUIES, 2017[18]). El gasto por alumno (que incluye el financiamiento para enseñanza, investigación y vinculación) actual es de USD 8 170, el tercero menor de los países de la OCDE (por arriba de Grecia y Chile) y muy por debajo de dicha media (USD 15 656) (OECD, 2018[1]).
El gasto por estudiante varía mucho según el subsistema. En 2016, los subsistemas de sostenimiento estatal recibieron la menor cantidad de financiamiento por alumno: universidades tecnológicas y politécnicas (MXN 24 000/USD 1 250), institutos tecnológicos descentralizados (MXN 29 000/1 530 USD) e institutos tecnológicos federales (MXN 37 000/1 950 USD). Los subsistemas que recibieron el financiamiento más alto por estudiante fueron las universidades públicas estatales (MXN 56 000/2 950 USD) y las universidades federales públicas (MXN 118 000/6 260 USD) (ANUIES, 2017[18]).
Nota: Los países se clasifican en orden descendente por el gasto público y privado total en instituciones de educación superior como porcentaje del producto interno bruto. (Los datos estadísticos para Israel son suministrados por y bajo la responsabilidad de las autoridades israelíes competentes. El uso de estos datos por la OCDE es sin perjuicio del estatuto de los Altos del Golán, Jerusalén Este y los asentamientos israelíes en Cisjordania bajo los términos del derecho internacional.
Fuente: OECD (2018) Education at a Glance.
El gasto en educación superior, de financiamiento público y privado, aumentó y sus porcentajes son similares a los respectivos promedios de la OCDE. En 2014, las fuentes privadas representaron 29% del gasto en educación superior y 71% provino de financiamiento público (cifra un poco mayor que el promedio de la OCDE de 30% y 70%, respectivamente). Todo el gasto privado en educación superior en México provino exclusivamente de los hogares, en tanto que en los países de la OCDE, 10% provino de otras fuentes privadas.
En México, 77% del financiamiento público proviene del gobierno y los gobiernos estatales aportan el resto; en comparación, la relación central y estatal-local de los países de la OCDE es 85%-15% en promedio (OECD, 2017[13]). Sin embargo, la aportación del gobierno federal varía mucho por estado, de 44 a 90% (ANUIES, 2017[18]). El financiamiento federal para la educación superior en México disminuyó 10% durante la última década (OECD, 2017[13]). Algunos gobiernos estatales no han podido cumplir con sus compromisos financieros en materia de educación superior y el gobierno federal ha tenido que aumentar su porcentaje.
La mayor parte del gasto público en educación superior en México se utiliza para gasto corriente (92%), el cual es ligeramente mayor que el promedio de la OCDE (89%). Si bien la remuneración total del personal se ubica en el mismo nivel de dicha media, México gasta una mayor proporción de su presupuesto en la plantilla académica (55%) y un porcentaje bajo en otros empleados (13%) (Gráfica 3.7). En la OCDE, solo Austria gasta más en personal académico como porcentaje del gasto en educación superior.
Fuente: OECD (2018) Education at a Glance.
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Dirigir la educación superior
Los gobiernos federal y estatales comparten la responsabilidad de gobernar, regular y coordinar la educación superior en México (Gráfica 3.8). La SEP diseña y pone en marcha políticas y planes nacionales en colaboración con otras instituciones del gobierno federal. Suministra financiamiento directo o indirecto a todo tipo de instituciones públicas de educación superior; 82% del financiamiento público de este nivel educativo es federal (OECD, 2017[13]). La SEP también coordina los dos niveles de gobierno (federal y estatal) en lo referente a la supervisión y la planeación de la educación superior, lo que incluye realizar consultas con los aliados sociales y con grupos de interés más amplios. Para este fin, la Secretaría tiene oficinas en cada uno de los estados que actúan como intermediarias entre los gobiernos federal y estatales.
La SEP es también responsable de expedir cédulas profesionales para 27 profesiones reguladas y no reguladas, en consulta con órganos profesionales. El gobierno federal también expide autorizaciones para operar programas dentro del sistema de educación superior (Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, RVOE).
Las secretarías de educación estatales son responsables de coordinar la educación superior y de ejecutar políticas en el nivel estatal. Algunas de ellas expiden también cédulas profesionales. Los gobiernos estatales ofrecen, en promedio, 18% del financiamiento para la educación, aunque el porcentaje varía mucho. Hasta 2000, la mayoría de los estados operaban Consejos Estatales para la Planeación de la Educación Superior (COEPES), los cuales asesoraban a sus secretarías correspondientes sobre asuntos estratégicos, apoyaban en la elaboración de políticas y recababan indicadores para analizar y evaluar propuestas de establecimiento de nuevas instituciones y programas de educación superior. Aunque algunos gobiernos estatales descontinuaron el financiamiento, otros siguieron financiando y operando los consejos.
Fuente: Compilación de la OCDE con base en información proporcionada por la SEP.
Desde 2004, los gobiernos federales y estatales han trabajado en conjunto en asuntos educativos mediante el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), cuyos integrantes son la SEP federal (que lo preside) y las 32 secretarías de educación estatales. Este Consejo desarrolla y fomenta consensos en torno a la política educativa, lo cual contribuye al desarrollo y fortalecimiento del Sistema Educativo Nacional, en particular los mecanismos de planificación y evaluación. El Consejo opera en capítulos correspondientes a los diferentes niveles educativos, sin embargo, en el de educación superior no lo ha hecho con eficacia y no ha sostenido reunión alguna en los últimos seis años; aun así, el capítulo de educación media superior ha tenido más éxito.
Regulación del sistema de educación superior
El marco regulatorio de la educación superior en México comprende varios tipos de documentos jurídicos que regulan los diversos aspectos del sistema.
En el nivel más alto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el gobierno impartirá la educación nacional laica necesaria para el desarrollo del país y garantiza la educación pública gratuita. También reconoce la libertad educativa, declarando que cualquier persona u organización podrán impartir educación particular en todos sus tipos y modalidades. Sin embargo, los programas de las instituciones particulares de educación superior requieren el reconocimiento oficial de la Secretaría de Educación federal o estatal para formar parte del sistema educativo nacional.
La Ley General de Educación (LGE) es el documento principal que regula el sistema educativo. Dicho instrumento establece quiénes son los actores del sistema educativo nacional y define las responsabilidades federales y estatales en torno a la materia. Sin embargo, esto solo se observa en la educación primaria y secundaria, con pocas referencias a la educación superior. Todos los estados mexicanos tienen una ley estatal de educación que especifica las responsabilidades del gobierno estatal, pero la mayoría de estas legislaciones estatales no incluyen secciones relativas a la educación superior.
La Ley para la Coordinación de la Educación Superior se promulgó en 1978. Regula y coordina las tareas y el financiamiento entre los gobiernos federal, estatales y locales. La ley se orienta a crear mayor diversidad en los subsistemas de educación superior, velando por que armonicen más con las necesidades nacionales, estatales y locales, y contribuyan al desarrollo local y regional. De esta ley se derivan acuerdos de coordinación, operación y asistencia financiera entre la Federación, los estados y las instituciones.
Las instituciones de educación superior autónomas se establecen mediante leyes orgánicas federales o estatales, en tanto que las de sostenimiento estatal se establecen por medio de estatutos orgánicos o decretos, los cuales determinan los derechos, las estructuras de gobernanza y los activos de la institución. Los convenios de coordinación, operación y apoyo financiero establecidos entre el gobierno federal, los gobiernos estatales y cada una de las universidades públicas estatales (incluidas las de apoyo solidario), conforman la base para organizar, financiar y operar instituciones de educación superior.
El Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública define las funciones y responsabilidades de la secretaría y sus organismos descentralizados. Instrumentos regulatorios adicionales incluyen el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) (Acuerdo 17/11/17, Secretaría de Educación Pública), los trámites y procedimientos relacionados con el reconocimiento de validez oficial de estudios del tipo superior (Acuerdo 279, Secretaría de Educación Pública), y los lineamientos para el reconocimiento de saberes adquiridos para el nivel CINE 6 (Acuerdo 286, Secretaría de Educación Pública).
Otras leyes importantes relativas a la educación superior incluyen la Ley de Ciencia y Tecnología, que describe las responsabilidades del gobierno federal en la materia y los nombres de los actores de ese sistema nacional. Para los egresados, la Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional regula el empleo de profesionistas en todos los estados, incluidos sus derechos, obligaciones y marco reglamentario. Además, las leyes Federal del Trabajo y la de los Trabajadores al Servicio del Estado regulan las relaciones laborales del personal de todas las instituciones públicas y particulares de educación superior.
La Ley de Planeación facilita la coordinación de las actividades de planeación entre el Poder Ejecutivo y los estados. Regula la formulación de un Plan Nacional de Desarrollo y de programas sectoriales, como el Programa Sectorial de Educación, cada seis años.
La SEP formula el Programa Sectorial de Educación en colaboración con otros organismos federales y estatales e instituciones de educación superior. En este se definen los objetivos, metas, estrategias, políticas y líneas de acción para el periodo en cuestión (SEP, 2013[19]) (Recuadro 3.4). También proporciona un marco guía para los gobiernos estatales (incluidos sus organismos) y las instituciones públicas y particulares autónomas de educación superior, que el gobierno federal (y sus órganos descentralizados) debe seguir.
El propósito principal del Programa Sectorial de Educación 2013-2018 es brindar educación de calidad, la cual se entiende como “equitativa, pertinente, flexible, innovadora, diversificada y con amplia cobertura”. Establece los seis objetivos primordiales siguientes:
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Objetivo 1: Asegurar la calidad del aprendizaje en la educación básica y educación para toda la población.
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Objetivo 2: Fortalecer la calidad y relevancia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que los estudiantes contribuyan al desarrollo de México.
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Objetivo 3: Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más inclusiva.
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Objetivo 4: Fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como un componente de la educación integral.
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Objetivo 5: Promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados para impulsar la educación integral.
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Objetivo 6: Impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable para la transformación de México en una sociedad del conocimiento.
Fuente: (SEP, 2013[19]).
Estas leyes, regulaciones, decretos y acuerdos, junto con los manuales administrativos internos, rigen a las instituciones de educación superior en lo que respecta a sus operaciones cotidianas. Sin embargo, los múltiples instrumentos legislativos relacionados con la educación superior, algunos de los cuales carecen de suficiente detalle o claridad, complican y dificultan la labor de sortear la regulación de estos 13 subsistemas. Si bien se han hecho varios intentos de reformar el marco regulatorio en los años recientes, no se ha logrado el consenso requerido para establecer nuevas leyes de educación superior.
Organismos que participan en el aseguramiento de la calidad
El sistema de aseguramiento de la calidad en México es complejo y fragmentado (Gráfica 3.9). No hay un sistema u organismo nacional de aseguramiento de la calidad que autorice, evalúe o acredite a las instituciones de educación superior, los programas y las personas involucradas. Más bien, hay muchos organismos que operan con diferentes marcos de referencia, criterios, indicadores, normas y herramientas de medición. Una comisión federal, que se reactivó a mediados de 2017, coordina a todos los organismos activos en el aseguramiento de la calidad de la educación superior, la Comisión Coordinadora de Organismos de Evaluación de la Educación Superior (COCOEES); sin embargo, aún no se han alcanzado resultados tangibles al respecto. El uso de los diversos mecanismos de aseguramiento de la calidad por medio de estos múltiples organismos es opcional y voluntario. Además, no se aplican de manera sistemática en todos los subsistemas.
Fuente: Compilación de la OCDE con base en información proporcionada por la SEP.
Acreditación de instituciones
Las instituciones públicas de educación superior en México no requieren ninguna forma de acreditación institucional. La Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES), como lo indica su nombre, es una agrupación particular. Las instituciones que desean afiliarse deben someterse a una evaluación institucional con el fin de diferenciarlas de otras instituciones privadas. Desde 2003, las instituciones de educación superior integrantes de la FIMPES gozan del beneficio de trámites administrativos simplificados con las autoridades educativas, así como de procedimientos más sencillos para el otorgamiento de un RVOE en el caso de nuevos programas.
Algunas instituciones privadas son acreditadas por organismos extranjeros, como la Southern Association of Colleges and Schools (SACS) o la Western Association of Schools and Colleges (WASC) de Estados Unidos.
Acreditación de funciones institucionales
Las instituciones de educación superior mexicanas también pueden solicitar la acreditación de varias funciones mediante dos organismos. Los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) garantizan las funciones de administración, cultura y vinculación de las instituciones públicas y particulares de educación superior durante cinco años, renovables por otros cinco (CIEES, 2017[20]). De igual manera, mediante una evaluación centrada en la infraestructura, la Comisión Interinstitucional de Formación de Recursos Humanos en Salud (CIFRHS) determina si las instituciones públicas y privadas pueden ofrecer programas de salud.
Autorización de programas
Los programas de estudios de las instituciones particulares de educación superior que forman parte del sistema educativo nacional son autorizados y oficialmente reconocidos mediante el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE). La SEP otorga el RVOE, el cual permite que un programa se imparta en los 32 estados de México (Acuerdo 17/11/17, Secretaría de Educación Pública). Los gobiernos estatales pueden expedir RVOE para programas impartidos por instituciones ubicadas en su estado respectivo, pero los criterios y los trámites varían de una entidad federativa a otra. Las universidades públicas estatales (12) y las universidades federales (2) también pueden incorporar programas impartidos por instituciones particulares de educación superior, como una manera de validarlos. En la actualidad, 21 981 programas ofrecidos por 1 918 instituciones privadas cuentan con un RVOE.
La autoridad que otorga esta validación es responsable de la supervisión y la vigilancia de los servicios educativos que autorizan y reconocen. Los programas que cuentan con un RVOE pueden ser sometidos a inspecciones aisladas por parte de la autoridad otorgante, con el propósito de evaluar si las condiciones acordadas para validarlos se están respetando. Una evaluación negativa puede generar la anulación del reconocimiento; sin embargo, estas inspecciones rara vez se realizan por falta de recursos, por lo que en 2017 solo se revocaron dos RVOE.
Los programas autorizados con RVOE deben cumplir condiciones básicas relacionadas con su personal, su infraestructura y su contenido. No obstante, dichas condiciones son diferentes en cada estado y en el nivel federal. La SEP reforzó las condiciones para otorgar dichos reconocimientos mediante el Acuerdo 17/11/17; sin embargo, a los grupos de interés aún les preocupa la medida en la que los RVOE pueden garantizar un nivel mínimo de calidad y llevar a cabo un seguimiento periódico.
Fuera del sistema educativo nacional se ofrece un número desconocido de programas de educación superior (es decir, programas sin RVOE). Las instituciones de dicho nivel deben informar a los estudiantes si el programa no cuenta con este reconocimiento y en el sitio web de la SEP se publica la lista de los programas que lo poseen. La página no incluye programas que están en proceso de aprobación.
El RVOE también se relaciona con la expedición de una cédula profesional, pues solo los egresados de programas pertenecientes al sistema educativo nacional pueden obtenerla. Esta es un documento importante en el mercado laboral y resulta esencial para las profesiones reguladas. El RVOE también se usa como criterio de admisión a un nivel de estudios más alto en una institución pública o privada de educación superior. Sin embargo, más de un cuarto (37.5%) de los estudiantes que terminaron los cursos de su programa de licenciatura (es decir, los egresados) no obtuvieron una cédula profesional (es decir, no están titulados).
Acreditación de programas
El Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) se estableció en el año 2000 como una organización sin fines de lucro para reconocer y supervisar a los organismos acreditadores responsables de los programas de pregrado. Actualmente son 30 los reconocidos por el COPAES, el cual determina los lineamientos generales que aquellos deberán seguir y adaptar a un campo de formación académica específico. Se autoriza a los organismos acreditadores operar durante cinco años, con la posibilidad de renovación. Los programas de pregrado impartidos por instituciones públicas de educación superior, o los de instituciones particulares de educación superior con un RVOE, pueden solicitar ser acreditados por estos organismos durante ese periodo (COPAES, 2017[21]). Los organismos del COPAES han acreditado 3 797 programas en 393 instituciones.
Los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) conforman un organismo, establecido en 1991 como organización sin fines de lucro para ofrecer evaluaciones externas realizadas por pares de los programas de pregrado de las instituciones públicas de educación superior, así como de los programas que cuentan con un RVOE de instituciones particulares del mismo nivel. Cada año los siete comités académicos de todas las áreas de conocimiento evalúan entre 200 y 400 programas y los califican según su calidad: Nivel 1 (vigencia de cinco o de tres años) o Nivel 2 (CIEES, 2017[20]). La SEP asigna a los programas del Nivel 1 la categoría de “programas de calidad” y utiliza esto como criterio para algunos programas de financiamiento focalizado, por ejemplo, la proporción de estudiantes matriculados en “programas de calidad” en una institución.
Desde 2012, el número de estudiantes matriculados en programas acreditados por el COPAES, o evaluados como programas de Nivel 1 por los CIEES, aumentó de 2.5 a 3.5 millones. No obstante, debido al gran incremento en la matrícula de educación superior, el porcentaje de estudiantes que participan en programas de calidad se redujo de 63% en 2012 a 46% en 2017 (SEP, 2018[22]). La mayoría de los programas acreditados se imparten en universidades públicas grandes.
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), en colaboración con la SEP, reconoce programas de posgrado de todas las instituciones de educación superior mediante el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). El Consejo utiliza revisiones por pares académicos para evaluar la calidad y la relevancia de los programas, incluidos sus resultados y sus efectos, y clasifica los programas reconocidos en cuatro niveles: de reciente creación; en desarrollo; consolidados, y de competencia internacional (CONACyT, 2017[23]). En la actualidad, el PNPC ha reconocido 2 295 programas y los campos de formación académica más comunes son ingeniería (21.8%), medicina y ciencias de la salud (19.2%), y ciencias sociales (18.5%) (CONACyT, 2018[24]).
La Comisión Interinstitucional de Formación de Recursos Humanos en Salud (CIFRHS) es un organismo de consultoría, asesoría y apoyo técnico de la Secretaría de Salud, establecido en 1983. La CIFRHS fija los requisitos que las instituciones que ofrecen formación y capacitación en el campo de la salud deben cumplir. Evalúa las necesidades en la materia, promueve iniciativas para garantizar la distribución de recursos humanos en diferentes profesiones relacionadas con la salud y fomenta iniciativas que vinculan la enseñanza, la práctica y la investigación. La Comisión también evalúa de manera formal los programas de salud de todos los niveles, así como a sus proveedores. Varios comités de este organismo cuentan con representantes de los sectores público, privado y social (CIFRHS, 2017[25]).
Acreditación del desempeño en investigación del personal académico
Todos los profesores titulares de las instituciones de educación superior mexicanas tienen contratos que incluyen responsabilidades de enseñanza, investigación y vinculación. El CONACyT también acredita la labor individual de investigación de los académicos de todas las instituciones por medio del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Creado en 1984, este sistema utiliza evaluaciones por pares para clasificar a los investigadores en tres niveles dependiendo de su desempeño en investigación, la tecnología transferida a organizaciones externas y horas de enseñanza. No se mide la calidad de la enseñanza. El nivel de clasificación del SNI afecta el nivel de ingresos de los investigadores.
Assessment and certification of student skills
El Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL) evalúa los conocimientos, habilidades y competencias de los estudiantes. El centro se creó en 1994 como una asociación sin fines de lucro para diseñar y administrar exámenes estandarizados a los estudiantes, cuyos resultados analiza y difunde. La Asamblea General del CENEVAL, encabezada por un director general, incluye representantes de instituciones de educación superior, asociaciones profesionales, organizaciones sociales y la SEP (CENEVAL, 2017[26]).
El Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) puede certificar competencias específicas de la población general. En 2017, el CONOCER otorgó 526 000 certificados, la mayoría de competencias en TIC. Un número creciente de estudiantes de educación superior busca contar con certificados de competencias para el mercado laboral que complementen sus títulos académicos, y en 2017 más de un tercio de estos certificados se otorgaron a alumnos o egresados.
Financiamiento del sistema de educación superior
La educación superior es financiada tanto por el gobierno federal, como por los gobiernos estatales. Estos asignan un financiamiento ordinario a todas las instituciones públicas de dicho nivel para apoyar sus operaciones regulares, el cual representa alrededor de 90% del financiamiento total y se asigna con base en costos de insumos previamente aprobados, que incluyen un monto básico y ajustes de costos de remuneración del personal y gastos operativos. Sin embargo, el monto final del financiamiento ordinario está sujeto a una negociación anual entre las instituciones de educación superior individuales y el gobierno.
El porcentaje de financiamiento ordinario por parte de los gobiernos federal y estatales se establece en un convenio tripartita entre estos y la institución pública de educación superior. No obstante, el porcentaje de financiamiento del gobierno federal varía mucho por estado, subsistema e institución y va de 45% a 88%, lo cual genera tensiones en todo el sistema.
El financiamiento ordinario de los institutos tecnológicos estatales, las universidades tecnológicas, las politécnicas y las interculturales es compartido a partes iguales por los gobiernos federal y estatal. Sin embargo, en algunos casos estos últimos no han cumplido con sus compromisos y han pagado a las instituciones con retraso, de manera parcial o no lo han hecho. Esto ha provocado tensión entre ambos niveles de gobierno y las instituciones.
La SEP también brinda financiamiento focalizado para fines específicos con base en criterios explícitos. Las instituciones que lo requieren deben presentar una propuesta que es evaluada por la SEP o por un panel de expertos (véase el Capítulo 6). El CONACyT también asigna financiamiento competitivo a las instituciones por medio de un conjunto de programas de financiamiento para apoyar la investigación y los programas de posgrado reconocidos como de alta calidad por el PNPC.
El gobierno federal ha brindado financiamiento focalizado adicional por medio del Programa de Expansión en la Oferta Educativa para sustentar infraestructura, equipo, gasto corriente y nuevos puestos académicos. No obstante, el programa no otorgó financiamiento en 2018.
Además, las instituciones de educación superior son financiadas, en diferente medida, por fuentes privadas. Por lo general proviene completamente de las familias (por ejemplo, con el pago de colegiaturas), aunque un pequeño porcentaje tiene otros orígenes privados (por ejemplo, pagos de diversos servicios, como formación o aprendizaje basado en el trabajo por parte de empresas y organizaciones sin fines de lucro).
Información sobre el sistema de educación superior
El gobierno mexicano utiliza datos para vigilar el sistema de educación superior y formular políticas. Difunde la información que recaba a los grupos de interés. La SEP reúne información anual sobre el número de instituciones de educación superior, campus y programas autorizados (es decir, con RVOE) y la matrícula de estos últimos. Los datos son proporcionados por las instituciones de educación superior en un formulario estandarizado y se publican en el sitio web del gobierno. También se publican cada año (junto con datos de otros niveles educativos) en el informe “Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos. Principales cifras” (SEP, 2017[2]).
La SEP también recaba información y las cifras de matrícula de las instituciones de educación superior sobre programas que han sido acreditados y evaluados por el COPAES, los CIEES y el CONACyT. La lista de programas de pregrado y de la matrícula en educación superior se recopila junto con el COPAES y los CIEES y se publica cada mes en la página web de la Secretaría. La lista de los programas de posgrado del PNPC se divulga en la página web del CONACyT. Además, el CENEVAL difunde una lista de los programas que han obtenido resultados sobresalientes en los exámenes de dicha institución.
Por su parte, la SEP publica una lista de egresados de educación superior que han obtenido una cédula profesional. Los egresados se identifican con un número único y cualquier persona puede buscar a otra por su nombre y obtener detalles de su cédula profesional.
Además de la información gubernamental, la asociación universitaria más grande de México, la Asociación Nacional de Universidades de Educación Superior (ANUIES), proporciona información integral sobre el sistema nacional de educación superior a través de su Directorio Nacional de Instituciones de Educación Superior, disponible en línea. Este contiene información básica sobre campus, escuelas, centros de investigación, programas, profesores titulares y los principales empleados administrativos.
Centrada en los resultados de educación superior, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social proporciona información sobre los resultados en el mercado laboral de los egresados de ese nivel. La publicación anual Observatorio Laboral presenta información sobre la condición laboral, el sector, los salarios y los puestos de los egresados con base en los datos obtenidos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.
Ninguna agencia recaba o publica información sobre los resultados de los egresados a través de encuestas o información sobre la experiencia de los estudiantes o las opiniones de los empleadores respecto de las competencias de los egresados.
Organización del sistema de educación superior
Cada seis años, se requiere al gobierno federal que consulte al público para desarrollar un Plan Nacional de Desarrollo. Dicho plan es la base para el Programa Sectorial de Educación del Gobierno Federal. Para desarrollarlo, se requiere también que la SEP consulte a grupos de interés en todo el gobierno (por ejemplo, la Secretaría de Salud y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico), así como otros no pertenecientes al gobierno.
Las principales organizaciones no gubernamentales consultadas al desarrollar los componentes de educación superior del Programa Sectorial de Educación son las dos asociaciones de instituciones de educación superior más grandes (ANUIES y FIMPES), rectoras de selectas instituciones de educación superior, academias nacionales, cámaras de comercio y el Consejo Coordinador Empresarial (Recuadro 3.5). La Subsecretaría de Educación Superior del gobierno federal desarrolla su plan anual con base en el Programa Sectorial de Educación.
Desde 2015, el gobierno federal también ha llevado a cabo un ejercicio de planificación en materia de educación superior en colaboración con los gobiernos de los 32 estados e instituciones individuales. La Planeación Integral de la Educación Superior (PIDES) tiene un fuerte enfoque de colaboración basado en varias rondas de talleres y reuniones con las instituciones de educación superior de todo el país.
La SEP consulta a varios grupos de interés mediante reuniones presenciales y seminarios, para diseñar mecanismos de política pública y mantenerse informada sobre las prácticas y necesidades de las instituciones de educación superior y los empleadores. Los principales grupos de interés consultados son los siguientes:
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La Asociación Nacional de Universidades de Educación Superior (ANUIES) representa a 191 instituciones públicas y particulares de educación superior, incluidas las de mayor tamaño, y a más de 60% de la matrícula total. La ANUIES tiene como fin mejorar la educación, la investigación y la vinculación, y participa de manera activa en el desarrollo de políticas, programas y planes públicos, fungiendo a menudo como intermediaria entre las instituciones de educación superior y el gobierno. La ANUIES dirige diversas redes especializadas, seminarios y programas de becas en cooperación con la SEP, o en su representación. Para ser miembro de la ANUIES, las instituciones tienen que cumplir con un conjunto de requisitos en materia de calidad. Los miembros de la ANUIES que cumplen con requisitos de una calidad aun mayor constituyen un subgrupo de la ANUIES llamado Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex).
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La Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES) establecida en 1982, está conformada por 108 instituciones particulares de educación superior que comprenden a 18% de los estudiantes matriculados en educación superior y a cerca de 50% de los matriculados en la educación superior privada. La FIMPES tiene como fin mejorar la comunicación y la colaboración entre sus miembros y con otras instituciones de educación superior. Para poder ingresar y mantenerse en la FIMPES, las instituciones necesitan contar con una acreditación de calidad de una comisión independiente de académicos.
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El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) presenta al gobierno y a otras organizaciones las opiniones de varias asociaciones empresariales de diferentes sectores. El Consejo se orienta a formular políticas que aumenten la competitividad de las empresas, y del país en general, con la esperanza de contribuir al crecimiento económico. El CCE se relaciona con el sistema de educación superior por medio de su Comisión de Educación.
copy the linklink copied!Implicaciones de relevancia para el mercado laboral
La estructura y la gobernanza del sistema educativo mexicano influyen de manera directa e indirecta en su capacidad de desarrollar las competencias de los egresados y aumentar la relevancia del sistema para el mercado laboral.
Es probable que el número de estudiantes que pueden acceder a la educación superior en México aumente tras el establecimiento de la educación media superior obligatoria en 2013. El ingreso previsto de más estudiantes y los bajos niveles de competencias según las mediciones del programa PISA de la OCDE y la prueba nacional PRONAE, ejercerán presión adicional sobre el sistema de educación superior, pues estos estudiantes pueden requerir mucho apoyo para tener buenos resultados académicos.
El acceso a la educación superior es aún desigual debido a diversos requisitos de ingreso y a las variaciones en las colegiaturas entre una institución y otra. Los estudiantes de condición socioeconómica baja tienen más probabilidades de estudiar en escuelas preparatorias de menor calidad y, por tanto, de desarrollar competencias más débiles. Esto solo les deja la opción de registrarse en instituciones de educación superior menos prestigiosas y muchas veces, privadas. Quienes hacen el esfuerzo en términos económicos de inscribirse tienen más probabilidades de abandonar los estudios por razones académicas o financieras, y quienes terminan este nivel educativo tienen probabilidades de ingresar al mercado laboral con menos cualificaciones.
Los estudiantes de poblaciones pequeñas y zonas rurales ahora tienen más oportunidades de ingresar a la educación superior debido al establecimiento de instituciones públicas de educación superior adicionales en estas áreas. Sin embargo, brindar una educación de alta calidad en ellas es un reto, dada la dificultad para conseguir suficiente financiamiento y profesores de alta calidad.
Los estudiantes del subsistema profesional técnico de la educación media superior no pueden acceder a la educación superior y se ofrecen limitados caminos alternativos mediante el reconocimiento de aprendizajes previos fuera de la educación superior (por ejemplo, en el mercado laboral).
El sistema de educación superior tiene diversas rigideces que impiden vínculos entre el subsistema de técnico superior y profesional asociado (CINE 5) y la licenciatura (CINE 6), y entre los programas de especialización y los de maestría (CINE 7). También resulta difícil que los estudiantes cambien de programa o de institución, lo cual aumenta la probabilidad de abandono de la educación superior.
La gran concentración en el nivel licenciatura significa que no hay muchos egresados que cuenten con las competencias técnicas desarrolladas a lo largo del programa de técnico superior universitario y profesional asociado (CINE 5) o con competencias especializadas avanzadas desarrolladas en los programas de maestría y de doctorado (7 y 8). Tener un número insuficiente de trabajadores con diferentes niveles de competencia en México es un gran obstáculo para la productividad, la diversificación y la sofisticación de la producción (OECD, 2017[27]). El actual sistema de financiamiento para las instituciones públicas de educación superior no brinda incentivos para ofrecer una diversa gama de programas en términos de niveles y campo de formación académica.
Un sistema de educación superior de alta calidad ayuda a los estudiantes a desarrollar firmes conocimientos y competencias pertinentes para el mercado laboral de manera que puedan lograr buenos resultados en términos de empleo. Pese a las iniciativas emprendidas para garantizar la calidad en todo el sistema de educación superior mexicano, no se cuenta con mecanismos que garanticen una calidad mínima. El sistema de aseguramiento de la calidad es de carácter voluntario, fragmentado, poco claro, duplicado, rígido y centrado en los insumos, sin un énfasis suficiente en la calidad en general y relevancia para el mercado laboral en particular. Por consiguiente, los empleadores quizá no confíen en que los egresados de educación superior cuenten con las competencias necesarias para desempeñar bien su trabajo.
Hay baches sustanciales en la información recabada por los distintos organismos sobre la educación superior y los resultados obtenidos en el mercado laboral por los estudiantes; asimismo, es difícil acceder a dicha información, pues se pone a disposición mediante diversas publicaciones y en los sitios web de distintos organismos. Los estudiantes tienen dificultades para decidir en qué institución y programa les conviene ingresar y los empleadores no saben con certeza qué competencias esperar de los egresados de distintas instituciones y programas.
La función del gobierno federal de dirigir la educación superior es limitada debido al insuficiente marco regulatorio, el alto grado de autonomía de algunos subsistemas, la participación de múltiples organismos y la necesidad de coordinación con los gobiernos estatales.
Si bien los sistemas de gobernanza descentralizados representan una oportunidad para armonizar la oferta de educación superior y las distintas necesidades del mercado laboral de cada estado, la falta de coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno ha causado tensiones y fragmentación.
Referencias
[29] ANUIES (2017), Visión y acción 2030. Propuesta de ANUIES para renovar la educación superior en México, Asociacion Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Mexico City.
[18] ANUIES (2017), Visión y Acción 2030. Propuesta de ANUIES para Renovar la Educación Superior en México [Vision and Action 2030. ANUIES Proposal to Renew Higher Education in Mexico], Asociacion Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Mexico City.
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[22] SEP (2018), Porcentaje de Estudiantes Inscritos en Programas de Licenciatura Reconocidos por su Calidad [Percentage of Students Enrolled in Bachelor Programs Recognised for their Quality], Secretaría de Educación Pública (Secretariat of Public Education), Mexico City, http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/Calidad.aspx (accessed on 14 November 2018).
[2] SEP (2017), Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos: Principales Cifras 2016-2017 [Educational System of the United Mexican States: Main Figures 2016-2017], Secretaría de Educación Pública (Secretariat of Public Education), Mexico City.
[12] SEP (2017), TresMex: Transformación en la Educación Superior en México: Presentación [TresMex: Transformation in Higher Education in Mexico: Presentation], Secretaría de Educación Pública (Secretariat of Public Education), Mexico City, http://www.pides.mx/tresmex_2017/ (accessed on 10 November 2017).
[19] SEP (2013), Programa Sectorial de Educación, PRONAE 2013-2018 [Sectoral Education Programme, PRONAE 2013-2018], Secretaría de Educación Pública (Secretariat of Public Education), Mexico City, http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4479/4/images/PROGRAMA_SECTORIAL_DE_EDUCACION_2013_2018_WEB.pdf.
Nota
← 1. El umbral de cinco años se observa en los estudiantes universitarios matriculados en un programa de cualquier duración (desde un programa de técnico superior universitario y profesional asociado de dos años hasta uno de licenciatura de cinco años). Esta tasa excluye a los estudiantes universitarios inscritos en programas en línea o a distancia (15% de la matrícula total).
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