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La recuperación está en curso y el crecimiento económico está empezando a repuntar
lentamente en el área de la OCDE. La consolidación fiscal avanza, aunque el desempleo
sigue siendo alto; mientras que el crecimiento de la productividad ha sido insuficiente.
Las desigualdades, en la distribución del ingreso y otros resultados que importan
para el bienestar de la gente, también se están ampliando. Los gobiernos deben enfrentar
esos problemas para proporcionar un crecimiento más fuerte y más incluyente en los
próximos años; se necesita un enfoque multidimensional para la formulación de políticas
públicas.
Los gobiernos poseen muchos recursos de política pública para construir las bases
para sociedades más incluyentes y sostenibles. Sin embargo, sin los mecanismos adecuados
para impedir que grupos con intereses especiales “se apoderen” de la formulación de
políticas públicas, asegurar la aplicación eficaz y promover la vigilancia y evaluación
minuciosas de las políticas públicas, incluso si están bien diseñadas, tal vez no
se produzcan los resultados esperados. En Panorama de las administraciones públicas
2015 se ofrecen indicadores que arrojan luz sobre cómo son los gobiernos incluyentes
en cuanto al empleo, los proceso de formulación de políticas y los resultados de las
políticas.
Principales conclusiones
El equilibrio fiscal general de los países de la OCDE está mejorando
El equilibrio presupuestario de los países de la OCDE mejoró 4.2 puntos porcentuales;
pasó de un déficit de 8.4% del PIB en 2009, a uno de 4.2% en 2013.
En 2013, el equilibrio fiscal estructural alcanzó un déficit promedio de 3.5% como
una parte del PIB potencial en los países de la OCDE, una mejora de 3.6 puntos porcentuales
en comparación con 2009.
Como resultado de los trabajos de consolidación, la mayoría de los países de la OCDE
mejoraron su coeficiente de ahorro neto (la diferencia entre los ingresos corrientes
y los gastos ordinarios) entre 2009 y 2013, inclusive países que tienen coeficientes
muy negativos como Grecia, Irlanda y Portugal.
En 2013, el nivel de deuda promedio en los países de la OCDE llegó a 109.3% del PIB.
De 2013 a 2014, la deuda disminuyó en la República Checa, Irlanda, Noruega y la República
Eslovaca; mientras que los mayores aumentos ocurrieron en Eslovenia, España, Italia
y Bélgica.
La inversión pública es poca y bajó considerablemente a partir de 2009
Entre 2009 y 2013, la inversión pública se redujo en 0.8 puntos porcentuales como
una parte del PIB; y en 1.4 puntos porcentuales como una parte del gasto total en
promedio en los países de la OCDE. En 2013, la inversión pública representó el 3.3%
del PIB y el 7.8 % del gasto total en promedio.
En 2013, los gobiernos subcentrales gastaron, en promedio, aproximadamente el 60%
de la inversión pública total. Sin embargo, en países como Chile, Grecia y la República
Eslovaca más del 70% de la inversión pública fue hecha por el gobierno central.
A pesar de las reformas, el empleo del sector público sigue siendo relativamente estable
como una parte de la fuerza laboral.
En la mayoría de los países de la OCDE, los gobiernos centrales han utilizado de manera
generalizada las reformas al empleo y a las remuneraciones para reducir el gasto.
En las reformas al empleo se han utilizado distintos instrumentos, incluso la sustitución
parcial o ninguna del personal que se jubila, se suspende la contratación, se subcontrata
y se ajustan las remuneraciones; de manera señalada, se reducen las retribuciones
de los funcionarios de alto rango y se congelan los sueldos. En promedio, las reformas
han generado un aumento moderado de los niveles de estrés percibido y de intensidad
del trabajo.
Pese a las reformas, el tamaño del empleo del sector público (no limitado al gobierno
central) como una parte de la fuerza laboral sigue siendo relativamente estable, apenas
por encima del 19% en 2013.
La participación de los interesados en las políticas regulatorias es generalizada,
pero ocurre en una etapa muy tardía.
A través de la Recomendación sobre Prácticas y Políticas Regulatorias de la OCDE de
2012, los países de la OCDE se comprometieron con un enfoque de “gobierno entero”
para dichas prácticas. Muchos han introducido requisitos formales, progresando en
forma considerable al mejorar las prácticas regulatorias y la calidad, además de cumplir
con algunas de las recomendaciones del Consejo de la OCDE.
Sin embargo, el grado en que los gobiernos llevan a cabo las evaluaciones de impacto
regulatorio y las valoraciones a posteriori de los costos y beneficios, las ventajas
y desventajas así como de las sinergias entre las regulaciones varía considerablemente.
Aún queda un margen considerable para aumentar la participación de los interesados
en la reglamentazión. Generalmente se consulta a los ciudadanos, las empresas, las
organizaciones de la sociedad civil, etcétera, en una etapa tardía del proceso; a
menudo cuando el proyecto legislativo se ha presentado al gobierno. Rara vez se les
pide su opinión para que se aporte información para la evaluación del desempeño o
para una mejor aplicación de los reglamentos; tampoco se les incluye de manera sistemática
en las deliberaciones preliminares sobre la naturaleza del problema y las posibles
soluciones.
Los esfuerzos de integridad pública están creciendo; pero persisten vacíos importantes.
Los países de la OCDE cada vez prestan más atención a los conflictos de interés, a
diferencia del empleo posterior al servicio público, el empleo anterior al servicio
público no está reglamentado en gran parte (por ejemplo, ex empleados del sector privado
o cabilderos).
Los requisitos para que los funcionarios públicos con autoridad superior para tomar
decisiones declareen intereses particulares han evolucionado más en la mayoría de
los países de la OCDE, aunque el poder judicial y las áreas “en riesgo” —incluso los
funcionarios de aduana y fiscales, los oficiales de adquisiciones y las autoridades
financieras— muestran un nivel de declaración de intereses más bajo en comparación
con los poderes ejecutivo y legislativo.
La influencia indebida que ejercen los intereses creados en los procesos de formulación
de políticas es un riesgo constante por las lagunas existentes; por ejemplo, la representación
desequilibrada de intereses en los grupos consultivos del gobierno y el movimiento
de gente entre los órganos reguladores y los sujetos regulados (es decir, “puertas
giratorias”).
Desde 2009, ha habido un aumento considerable en la aprobación de leyes de protección
de denunciantes. Sin embargo, en la práctica la protección eficaz sigue siendo un
desafío.
Los países están implementando buenas prácticas en materia de información gubernamental
abierta.
La información gubernamental abierta empodera una nueva generación de ciudadanos,
empresas y servidores públicos para crear valor socioeconómico y puede aumentar la
transparencia del gobierno.
Según el nuevo índice OURdata (siglas en inglés de datos públicos, abiertos, útiles,
reutilizables), los trabajos de datos abiertos fueron mayores en Corea, Francia, el
Reino Unido, Australia, Canadá y España.
Aunque la mayoría de los países han hecho esfuerzos importantes para que los datos
estén disponibles y puedan consultarse con facilidad, el grado en que los gobiernos
apoyan de manera activa la reutilización de datos públicos varía (sobre todo con respecto
a reutilizarlos en las administraciones públicas).
Los sistemas de reducción de impuestos de los gobiernos han disminuido considerablemente
el aumento de desigualdades en los ingresos en el mercado; pero es necesario tomar
medidas en lo referente a las desigualdades que no tienen que ver con los ingresos.
Las transferencias públicas y los pagos de transferencias son un instrumento eficaz
para limitar los efectos de las crecientes desigualdades del mercado. En 2011, la
redistribución del ingreso por parte de los gobiernos de los países de la OCDE redujo
el coeficiente de Gini en más de 16 puntos porcentuales.
En algunos países, los recortes al gasto público han aumentado la proporción de los
gastos que pagan directamente los ciudadanos para tener acceso a los servicios; lo
que puede incrementar más las barreras financieras para la gente con bajos ingresos.
Un enfoque que privilegie a la ciudadanía para brindarles servicios, que se centre
en las personas vulnerables (gente con bajos ingresos, inmigrantes, discapacitados,
jóvenes, etcétera), y que explote plenamente el potencial de las nuevas tecnologías
puede ofrecer oportunidades para proporcionar servicios más incluyentes y para obtener
resultados.
Este resumen no es una traducción oficial de la OCDE.
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