Chile

La pobreza en Chile aumentó del 13.7% en 2015 al 14.2% en 2020 debido, en parte, a las repercusiones de la pandemia de COVID-19, aunque se sitúa por debajo del promedio, 26.3%, registrado en América Latina y el Caribe (ALC). La pobreza extrema también aumentó en ese periodo, pasando del 1.8% al 4.5%, si bien sigue siendo inferior al promediode ALC (8.7%). La población que vive en hogares completamente informales disminuyó del 23.5% en 2009 al 18.2% en 2017, en comparación con el promedio de ALC del 36.3% en 2018. En lo que respecta a los indicadores medioambientales, en 2019 se registraron emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) per cápita de 6.0 toneladas equivalentes de dióxido de carbono (t CO2e), inferiores a los promedios de ALC (6.3) y de los países miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) (9.1). Ese año, la proporción de población expuesta a niveles de contaminación del aire que suponen un riesgo para la salud humana (PM2.5 a más de 10 µg/m3) fue de 98.6%, situándose por encima del 95.4% registrado en ALC y del 61% en los países miembros de la OCDE. La zona marina protegida de Chile representó el 41.3% de sus aguas territoriales en 2021, frente al 7.3% registrado en ALC y al 18.6% en la OCDE. En materia fiscal, los ingresos tributarios ambientales supusieron el 1.4% del producto interno bruto (PIB) en 2020, situándose por encima de ALC (1.0%) y por debajo de la OCDE (2.1%). El total de ingresos tributarios expresado como porcentaje del PIB (19.3%) sigue siendo inferior a los promedios de ALC (21.9%) y de la OCDE (33.5%).

Chile se ha comprometido a adoptar políticas más verdes en varios sectores, principalmente en el de la energía, ya que representa el 77% del total de las emisiones de GEI. En 2021, Chile estableció la Estrategia Climática de Largo Plazo que sienta las bases para las medidas medioambientales de los próximos años.

En cuanto a las medidas de mitigación, la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde tiene como objetivo desarrollar 5 GW de capacidad de electrólisis en 2025, producir el hidrógeno verde más barato del mundo y situarse entre los tres principales exportadores para el año 2040. La Ley 20.571 permite a los hogares con sistemas solares generar su propia energía y vender el excedente en el mercado energético. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo concede subsidios a los hogares vulnerables para que adopten sistemas de energías renovables. En el sector del transporte, las Estrategias Nacionales de Movilidad Sostenible y Electromovilidad pretenden mejorar el uso de los recursos energéticos, el tiempo y el espacio vial y urbano. En 2021 se introdujeron nuevos autobuses eléctricos y de bajas emisiones en el sistema de transporte público y se puso en marcha el programa Mi Taxi Eléctrico. Como iniciativa de economía circular, la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos – Chile 2040 pretende aumentar la tasa de valorización de los residuos orgánicos a nivel municipal del 1% al 66%. Para aumentar la rendición de cuentas, se creó el programa Huella Chile, el cual promueve la cuantificación y el reporte de las emisiones de GEI de las empresas. Entre las políticas de adaptación, el Plan de Adaptación al Cambio Climático en Pesca y Acuicultura adopta un enfoque sistémico para aumentar la resiliencia de los ecosistemas marinos y las comunidades costeras.

En lo que concierne a las alianzas internacionales dentro de la región, como miembro de la Alianza del Pacífico, Chile participa en el Grupo de Trabajo de Finanzas y Desarrollo Sostenible, que organiza la cooperación regional para la adopción de criterios ambientales, sociales y de gobernanza. Fuera de la región de ALC, Chile forma parte de MinSus, un programa para la gestión sostenible de los recursos minerales, en asociación con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ). La Estrategia Nacional de Movilidad Sostenible, que establece la visión de la movilidad y la planificación urbana en 2050, se elaboró con la ayuda de EUROCLIMA+, la agencia GIZ y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD). Asimismo, se creó un Comité Preparatorio para el Desarrollo de una Taxonomía Verde en cooperación con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Iniciativa de Bonos Climáticos (CBI).

En lo que respecta a la financiación verde, entre 2019 y 2022, Chile presentó sus marcos para los bonos verdes, sociales y sostenibles, que están vinculados a una serie de indicadores clave de rendimiento. Desde 2020, el Ministerio de Hacienda está diseñando un marco fiscal, con la asistencia del Programa de Apoyo a las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para medir la eficacia de las inversiones verdes públicas y privadas. En 2019, Chile fue el primer país de la región en emitir bonos verdes; en 2022, fue el primero del mundo en emitir bonos vinculados a la sostenibilidad, que actualmente constituyen el 28.7% de la deuda pública. La iniciativa Mesa Público-Privada de Finanzas Verdes coordina a los sectores público y privado para el desarrollo de capacidades en el ámbito del cambio climático.

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