Resumen ejecutivo

Costa Rica ha logrado un progreso económico considerable, pero enfrenta retos importantes para proteger sus logros y mejorar aún más el nivel de vida. La esperanza de vida está a la par del promedio de la OCDE y la estabilidad política se ha mantenido gracias a instituciones sólidas. El desempleo (Figura 1) y la informalidad, que afectan a casi la mitad de la fuerza laboral, son altos. Las perspectivas de crecimiento se estaban deteriorando antes de la pandemia y, en el futuro, el envejecimiento de la población tendrá un impacto adicional.

Una respuesta fiscal focalizada, una campaña de vacunación exitosa y un excelente desempeño de las exportaciones han contribuido a una recuperación rápida de la pandemia (Figura 2). El crecimiento se desacelerará, ya que el consumo disminuye por el aumento de la inflación (Cuadro 1). Las exportaciones se beneficiarán de la especialización en sectores resilientes de alto valor agregado, pero su dinamismo se reducirá por la pérdida de impulso de la economía global. La reactivación paulatina del turismo mejorará el empleo. La inflación se mantendrá alta, ya que se espera que continúen las presiones inflacionarias externas.

La inflación ha aumentado, agravada por las restricciones de suministro global y la invasión de Ucrania por parte de Rusia, siendo los precios de los alimentos y la energía los que más subieron. Las expectativas de inflación han aumentado de manera significativa, llegando a más del doble de la meta de inflación del 3%. En respuesta, el Banco Central elevó su tasa de política monetaria en 825 puntos base, a 9%. Costa Rica ha puesto en marcha medidas específicas para apoyar a los más afectados por los altos precios de la energía.

Después de una década de aumento del déficit fiscal, el desempeño fiscal mejoró, gracias a una actividad económica más fuerte de lo esperado en 2021 y al hecho de que todos los elementos de la reforma fiscal de 2018, como la regla fiscal y el IVA, entraron en vigencia por primera vez. Con una deuda pública del 70% del PIB y un alto costo en intereses por la deuda (Figura 3), mantener la prudencia fiscal, incluso garantizando la implementación plena de la regla fiscal, es fundamental para la sostenibilidad de la deuda. El costo por las tasas de interés podría aumentar más de lo previsto ante los aumentos constantes en las tasas de interés globales.

Contener el gasto público y mejorar su calidad para contribuir más al crecimiento y la equidad es un reto fundamental. Los esfuerzos continuos de reasignación de gastos, basados en revisiones de gastos, pueden facilitar el uso de gastos de capital para atender las brechas de infraestructura. Se espera que la implementación de la ley marco de empleo público, clave para cumplir con la regla fiscal y mejorar la eficiencia del sector público, genere un ahorro anual de 0,8% del PIB.

El sistema tributario depende demasiado de las contribuciones a la seguridad social. Esto favorece la informalidad, erosiona la base tributaria y genera desigualdades. La ampliación de las bases tributarias promete aumentar los ingresos sin aumentar las tasas, y lograr que el sistema tributario sea más progresivo. Avanzar hacia un sistema de pago y recaudación de impuestos más centralizado y menos fragmentado podría generar ganancias en la eficiencia y facilitar el cumplimiento tributario. Hacer que las cargas de la seguridad social sean más progresivas, al reducirlas para los trabajadores de bajos ingresos, puede permitir la creación de empleos formales.

El fuerte compromiso de Costa Rica con el comercio ha sido clave para atraer inversión extranjera directa, ascender en las cadenas globales de valor y diversificar las exportaciones. Las tendencias de nearshoring están brindando nuevas oportunidades. La matriz eléctrica limpia de Costa Rica (Figura 4) y su plan de descarbonización ofrecen la oportunidad para que se convierta en un líder mundial en exportaciones bajas en carbono. Una agenda de reformas amplia y ambiciosa ayudaría a aprovechar estas nuevas oportunidades y extender los beneficios de la integración comercial a todo Costa Rica.

Impulsar la competencia debería ser un elemento clave de la agenda de reformas del gobierno. La autoridad de la competencia ha recibido menos de una tercera parte del presupuesto otorgado por ley, lo que dificulta el desempeño de sus funciones. Además, hay una gran cantidad de regulaciones complejas y no existen requisitos formales para evaluar el impacto de las nuevas regulaciones sobre la competencia. También existe la necesidad de impulsar la competencia y la eficiencia en sectores donde las empresas estatales juegan un papel preponderante, como la electricidad, la banca y las comunicaciones electrónicas.

Continuar la lucha contra la corrupción también es crucial para extender más ampliamente los beneficios de la integración comercial de Costa Rica. Con frecuencia, el país se ha visto sacudido por escándalos de corrupción y la confianza en el gobierno es relativamente baja. En la actualidad no existe una ley específica que brinde protección a los empleados públicos o privados cuando informan sobre alguna irregularidad.

Reducir la huella de carbono del sector del transporte es un reto fundamental. El sector representa el 42% de las emisiones de carbono. La falta de una red de transporte público eficiente ha fomentado un uso generalizado y creciente del transporte privado para satisfacer las necesidades de movilidad. Poner en marcha un transporte público seguro, eficiente y ecológico es un pilar esencial del plan de descarbonización.

Mejorar los resultados educativos, reducir la informalidad y facilitar la participación femenina en el mercado laboral también son cruciales para aprovechar a cabalidad el potencial de crecimiento de Costa Rica y reducir la desigualdad. Además, hay margen para mejorar la focalización de algunos programas sociales y reducir la fragmentación.

La participación femenina en la fuerza laboral está rezagada con respecto a otros países de la OCDE. Las mujeres que asumen responsabilidades de cuidado familiar enfrentan dificultades para completar la educación o incorporarse a la fuerza laboral. Más del 90% de las mujeres en hogares pobres están fuera de la fuerza laboral. Ampliar el acceso a la educación temprana facilitaría la participación de las mujeres en el mercado laboral y mejoraría los resultados y la equidad en la educación. La cobertura de educación temprana para niños de cinco años aumentó recientemente, pero también debe ampliarse el acceso para niños menores de cuatro años.

El compromiso de Costa Rica con la educación y la formación es fuerte, pero los resultados educativos son débiles. El país ha logrado una matrícula casi total en la educación primaria, pero está rezagado en otros resultados fundamentales. Solo la mitad de la población de 25 a 34 años ha completado la educación secundaria superior, lejos del promedio de la OCDE (85%). Demasiados costarricenses abandonan el sistema educativo antes de completar la educación secundaria. Estos desafíos empeoraron por uno de los cierres de centros educativos más prolongados en los países de la OCDE durante la pandemia.

Las empresas tienen problemas para cubrir las vacantes, en particular, en puestos técnicos y científicos, lo que pone en peligro la capacidad de Costa Rica para atraer inversión extranjera directa. Solo el 16% de los graduados cursan estudios científicos (Figura 5), una proporción similar a la de 2005. La reconsideración de los mecanismos de financiamiento de las universidades puede mejorar la rendición de cuentas y la capacidad de respuesta a las necesidades del mercado laboral. Las reformas recientes en la educación vocacional apuntan a aumentar la oferta y la calidad de los técnicos. Esto reduciría los desajustes en habilidades y ayudaría a acceder a trabajos formales.

La atención médica y la educación primaria prácticamente universales y la alta cobertura de las pensiones han conducido a resultados sociales destacables, pero la desigualdad continúa aumentando. Costa Rica debe hacer más eficiente el sistema de protección social, ya que en la actualidad 21 instituciones ofrecen más de 35 programas. Esto permitiría aumentar la cobertura y reforzar la protección social en algunas áreas clave, como la protección social de los niños.

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