Guatemala
1. Tendencias actuales
En 2019, se registraron en Guatemala emisiones totales de gases de efecto invernadero (GEI) per cápita de 2.1 toneladas equivalentes de dióxido de carbono (t CO2e), situándose en niveles inferiores a los promedios de América Latina y el Caribe (ALC) (6.3) y de los países miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) (9.1). Ese mismo año, la proporción de población expuesta a niveles de contaminación del aire que suponen un riesgo para la salud humana (PM2.5 a más de 10 µg/m3) fue del 100%, por encima del 95.4% registrado en ALC y del 61.0% en los países miembros de la OCDE. La zona marina protegida de Guatemala representó tan solo el 0.8% de sus aguas territoriales en 2021, frente al 7.3% registrado en ALC y al 18.6% en la OCDE. En materia fiscal, los ingresos tributarios ambientales supusieron el 0.8% del producto interno bruto (PIB) en 2020, situándose por debajo de los promedios de ALC (1.0%) y de la OCDE (2.1%). El total de ingresos tributarios expresado como porcentaje del PIB (12.4%) en 2020 siguió siendo inferior a los promedios de ALC (21.9%) y de la OCDE (33.5%).
2. Políticas de desarrollo a largo plazo para una transición verde
Guatemala se encuentra entre los diez países del mundo más vulnerables frente al cambio climático. La respuesta de política de Guatemala está respaldada por la Política Nacional de Desarrollo 2032 (2015), el Plan Nacional de Desarrollo: “K’atun, Nuestra Guatemala 2032” (2014) y el Plan de Acción Nacional para el Cambio Climático (2016), los cuales establecen objetivos de mitigación y adaptación en materia de conservación del medio ambiente, recursos hídricos, agricultura, ordenamiento territorial, residuos sólidos, sistemas marinos costeros y energía. Desde 2009, Guatemala cuenta con una Política Nacional de Cambio Climático. También cabe destacar que el Decreto Legislativo 7-2013 creó una ley para regular la reducción de la vulnerabilidad, la adaptación al cambio climático y la mitigación de los GEI, siendo una de las primeras leyes ambientales aprobadas en ALC. Posteriormente, se creó la Política Nacional de Educación Ambiental (2017), para reforzar la responsabilidad por el medio ambiente.
En cuanto a las medidas de mitigación de Guatemala, la Estrategia Nacional de Desarrollo con Bajas Emisiones de GEI (2018) promueve un modelo socioeconómico eficiente que desvincula el crecimiento económico del aumento de los niveles de emisión. La Estrategia Nacional de Ganadería Sostenible (2018) regula las emisiones de GEI del sector y previene las vulnerabilidades. En cuanto a la industria y los servicios, Guatemala adoptó una Política Nacional de Producción más Limpia (2010), que crea incentivos, regulación y procesos administrativos más sencillos. La Política Energética 2013-2027 pretende aprovechar el gran potencial del país en materia de producción de energías renovables, pero también promueve la exploración y explotación de las reservas de petróleo. Guatemala cuenta con un Sistema de Áreas Protegidas, compuesto por 348 territorios, cuyo objetivo es conservar los ecosistemas y la biodiversidad, y que es objeto de un seguimiento continuo. En cuanto a las políticas de adaptación, el país desarrolló un Plan Nacional de Adaptación (2018) para sectores prioritarios, como la agricultura, el agua y el saneamiento, la gestión de las zonas costeras y la silvicultura. El Plan de Acción Nacional para el Cambio Climático cuenta con una estrategia de adaptación que prioriza seis sectores: salud, zonas marinas y costeras, agricultura y seguridad alimentaria, bosques y áreas protegidas, infraestructuras y gestión integrada de recursos hídricos. Guatemala también puso en marcha un proyecto para promover prácticas de adaptación basadas en ecosistemas en la producción agrícola y la silvicultura. Recientemente, la OCDE analizó los esfuerzos adoptados por el país para trabajar con el sector privado a fin de fortalecer la resiliencia climática. El análisis destaca enfoques prometedores como el suministro de información, la adopción de tecnologías y el desarrollo de capacidades, al tiempo que constata la necesidad de una cooperación más sólida.
En lo que concierne a las alianzas internacionales, Guatemala se centra fundamentalmente en la conservación del medio ambiente. Dentro de la región, el país promueve tecnologías de adaptación basadas en los ecosistemas en el Corredor Seco Centroamericano, en cooperación con Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá. También ha creado un mecanismo de distribución de riesgos para pequeñas empresas agrícolas con México, el Fondo Verde para el Clima (FVC) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Fuera de la región de ALC, el proyecto ADAPTE (2013), puesto en marcha junto con la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ), apoya la adaptación al cambio climático y el desarrollo rural. Guatemala coopera con el FVC en la adaptación resiliente al clima (proyecto RELIVE) y la gestión de cuencas hidrográficas. También colabora con la organización Rainforest Alliance y el FVC en el desarrollo de mapas de riesgo y la planificación estratégica de la adaptación.
En lo que respecta a la financiación verde, Guatemala desarrolló el Plan de Acción de su Estrategia Nacional REDD+ (Reducción de Emisiones Derivadas de la Deforestación y la Degradación de los bosques) (2020-50) para acceder a recursos del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) y otras fuentes para adoptar medidas orientadas a reducir las emisiones de GEI. Asimismo, firmó un Acuerdo de Pago por Reducción de Emisiones con el Banco Mundial en 2021 para hacer frente a la deforestación y la degradación y fortalecer la gestión de las zonas protegidas, los sistemas agroforestales y las plantaciones forestales.