Resumen ejecutivo
La corrupción en la administración pública y la captura de los procesos de toma de decisiones públicas son un riesgo para la estabilidad económica y política de cualquier país. Consiente de esta situación, el gobierno de Argentina ha implementado reformas que demuestran el compromiso continuo para combatir la corrupción. La ley de responsabilidad penal empresaria, la ley de acceso a la información pública o la ley del arrepentido son ejemplos de dicho progreso, a su vez, los casos de corrupción se detectan e investigan cada vez más. No obstante, Argentina podría promover una cultura de integridad que garantice un desarrollo sostenible e inclusivo y mayor resistencia a la corrupción, invirtiendo en mayor medida en abordar las debilidades estructurales subyacentes.
Principales hallazgos y recomendaciones
La Oficina Anticorrupción (OA) desempeña un papel clave en el sistema de integridad de Argentina y ha iniciado muchas reformas relevantes. Para que la OA pueda desplegar su potencial para impulsar un cambio sistémico, debería hacer más visible su papel como diseñadora y asesora de políticas. Aumentar su autonomía financiera y administrativa y detallar los criterios para seleccionar y destituir a su máxima autoridad podría fortalecerla aún más. Junto con la OA, también hay otras entidades públicas cruciales para poder dar una respuesta sistémica a la corrupción. La creación de mesas redondas de coordinación y la Secretaría de Fortalecimiento Institucional en la Jefatura de Gabinete de Ministros son avances hacia una mayor y más comprehensiva participación de todas las entidades relevantes. La creación de una Comisión de Integridad y Transparencia en el Poder Ejecutivo podría promover políticas coherentes que se refuercen mutuamente, mientras que una Estrategia Nacional de Integridad podría proporcionar los objetivos estratégicos del sistema de integridad y las bases para el monitoreo y la evaluación. Puntos focales de integridad podrían traducir las leyes a la práctica a nivel organizativo, brindar orientación y compartir experiencias en toda la administración.
Hay obstáculos para un sistema de integridad entre las diferentes ramas y niveles de gobierno. La ley de ética pública no se implementa de manera consistente más allá del Poder Ejecutivo. Al respecto, Argentina debería implementar la ley en todos los poderes del Estado y podría considerar un diálogo de políticas entre las ramas para compartir lecciones aprendidas. A nivel subnacional, la mayoría de las provincias no tienen una ley de ética similar. Un Consejo Federal para la Integridad podría proporcionar el espacio para el diálogo entre los niveles de gobierno en el marco de los mandatos constitucionales, y promover el desarrollo de sistemas de integridad en las provincias adaptados a las realidades subnacionales.
Actualmente, el marco nacional de ética pública está fragmentado y el enfoque legalista orientado al cumplimiento socava la promoción efectiva de los valores en el servicio público. El reclutamiento de personal basado en el mérito podría ser un avance importante para lograr una cultura de integridad. Además, se podrían armonizar las regulaciones de ética, clarificar el proceso de gestión de conflictos de intereses y simplificar y actualizar el código de ética. El sistema de declaraciones juradas y de intereses es sólido, pero la OA podría mejorarlo solicitando información adicional sobre fuentes de conflictos de intereses. La declaración de información más amplia y detallada según el nivel jerárquico del servidor público y una función de búsqueda en línea mejorada podrían facilitar la supervisión por parte de los ciudadanos.
Un marco de control interno y gestión de riesgos sólido es la piedra angular para la defensa contra la corrupción en una organización. El marco de control interno y gestión de riesgos de Argentina está alineado con los estándares internacionales, pero podría integrarse mejor en la gestión diaria de las entidades públicas. En particular, la Sindicatura General de la Nación podría reforzar el marco de gestión de riesgos incorporando explícitamente los riesgos de integridad. Una clara separación de la gestión de riesgos de la función de auditoría permitiría a los gerentes hacerse cargo de los riesgos que afectan a sus objetivos e identificar estos riesgos sin temores. Los comités de control en todas las entidades gubernamentales podrían ayudar a promover el control interno. Finalmente, la Auditoría General de la Nación podría fortalecerse aumentando su poder para seleccionar los tópicos de auditoría externa, destacando su independencia y mandato en una ley orgánica específica y reforzando el seguimiento y monitoreo de las recomendaciones de auditoría.
Las debilidades en el régimen disciplinario contribuyen a la impunidad y socavan la legitimidad del Estado de derecho en Argentina. Para fortalecer la rendición de cuentas el régimen disciplinario podría aplicarse a todas las categorías de funcionarios públicos, como contratistas y asesores, que representan alrededor de un tercio de la fuerza laboral. Las entidades involucradas en los procedimientos disciplinarios deberían coordinarse e intercambiar información de manera más efectiva para mejorar la gestión de los casos. Además, Argentina podría beneficiarse de la recolección de datos relevantes sobre el sistema disciplinario para tener seguimiento a su desempeño e identificar riesgos.
Cuando las decisiones de políticas públicas favorecen intereses particulares en detrimento del interés público, las desigualdades se exacerban y se ven socavadas la democracia, el crecimiento económico y la confianza en el gobierno. Los procesos de formulación de políticas de Argentina son vulnerables a la captura de políticas. Los grupos o individuos poderosos no solo pueden obtener contratos públicos o subsidios; sino que también pueden impedir reformas efectivas para mantener sus beneficios o ventajas. Argentina tiene una regulación sobre lobby, pero solo aplica al Poder Ejecutivo. Además, los funcionarios solo tienen que revelar reuniones con lobistas, lo que deja mucho margen para poder influenciar mediante otras actividades. Argentina debería extender las regulaciones sobre lobby al Poder Legislativo, asegurando un consenso al involucrar a todos los actores interesados relevantes. Junto con la implementación efectiva de la ley de acceso a la información pública, esto podría contribuir a políticas más representativas.
Las debilidades en el financiamiento político y los procesos electorales también pueden conducir a la captura. Aunque las contribuciones anónimas a los partidos están prohibidas, las donaciones en efectivo, que representan el 90% de todas las contribuciones en Argentina, hacen imposible identificar a los donantes y pueden convertirse en un canal de influencia indebida, socavando la legitimidad de las elecciones. Los controles y las sanciones a las regulaciones de financiamiento político son insuficientes para disuadir a los partidos políticos del incumplimiento y las brechas entre las regulaciones nacionales y provinciales brindan oportunidades para los abusos. Al respecto, Argentina podría prohibir las donaciones en efectivo y asegurar el cumplimiento a través del monitoreo y cumplimiento efectivos. Acuerdos entre el nivel nacional y las provincias podrían promover reformas a nivel provincial para asegurar coherencia entre las regulaciones. Además, podría abordarse el clientelismo y la compra de votos implementando el sistema de "boleta australiana", prohibiendo la compra de votos e introduciendo sanciones más efectivas.
Finalmente, Argentina debería promover una cultura de integridad en toda la sociedad. Para lograr esto, la OA podría crear conciencia entre los ciudadanos sobre la integridad y su responsabilidad compartida en fomentar los valores de integridad de la sociedad. La OA también podría proporcionar incentivos y orientación al sector privado para fortalecer la integridad dentro de las empresas. Además, podrían integrarse programas de educación para niños y jóvenes en el plan de estudios de educación cívica existente.